Esto es lo que debe saber sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano

Esto es lo que debe saber sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano

 

El pasado 14 de febrero, llevamos a cabo nuestro segundo webinar del año para discutir los diversos retos económicos y de sostenibilidad que trae la reforma a la salud, y cómo esto se perfila como un desafío importante para el panorama de la salud en los próximos años. El panel de expertos estuvo integrado por académicos y representantes de diferentes instituciones del sector salud.

La sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano ha sido un tema que ha permanecido en la periferia del debate público durante muchos años. Sin embargo, ha tomado una importancia fundamental en el contexto actual, con la reforma a la salud pendiente de discusión en el Senado. Aunque la reforma ha generado controversia en diversos aspectos sociales y políticos, el componente económico no se queda atrás. Mecanismos como la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos se han convertido en el foco de atención. Esto se refuerza con noticias como:

– La Corte Constitucional declaró un nivel de cumplimiento bajo respecto a la suficiencia de los presupuestos máximos.
– Existe un estancamiento en el flujo de recursos hacia los prestadores del servicio de salud, sumado a que los bancos no les otorgan préstamos.
– La Andi dice que el incremento de la UPC para 2024 es insuficiente, puesto que debe responder a la necesidad actual del sector.

Durante el webinar, Anwar Rodriguez, vicepresidente de salud de la Andi, expresó cómo los sistemas de salud del mundo demandan más recursos debido al envejecimiento y los estragos causados por la pandemia, lo que genera presiones para el sistema de salud. El sistema de salud colombiano tiene un balance financiero frágil y requiere una gestión activa del Ministerio de Salud para encontrar los recursos adecuados. Se han realizado múltiples esfuerzos para obtener más recursos, pero los presupuestos máximos han presentado problemas en su implementación.

Por otro lado, el profesor Hernán Castellanos sostiene que el mayor daño de la reforma ha sido la incertidumbre. Esta incertidumbre ha afectado a todos los actores en la cadena de valor del sistema de salud, ya que los recursos se encuentran estancados, situación que, a largo plazo, puede generar importantes estragos para el sistema.

Finalmente, el doctor Clímaco Pérez hizo referencia a las diferentes arandelas o situaciones que han generado un deterioro en los recursos destinados a la prestación del servicio de salud. Esto se debe a la excesiva burocracia gubernamental y a la falta de transparencia en los diferentes rubros, incluidos en el presupuesto general de la nación. Su perspectiva dejó en evidencia que la esfera económica está muy conectada con el ámbito político, y que mientras exista una alta polarización política en el país, analizar qué cosas se pueden mantener y qué otras se pueden mejorar resulta muy complejo.

Para ver el webinar completo: https://www.youtube.com/watch?v=dBEUqbYyKOU 

La Corte Constitucional ordena al Gobierno cumplir «presupuestos máximos» para financiar servicios de salud

La Corte Constitucional ordena al Gobierno cumplir «presupuestos máximos» para financiar servicios de salud

En 2008, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-760. Esta Sentencia tuvo como objetivo, en su momento, analizar diferentes aspectos «Derecho a la Salud» con el fin de valorar las implicaciones que este tiene respecto a la garantía del goce universal equitativo y efectivo de este derecho.

A diferencia de otros pronunciamientos de la Corte, esta sentencia compiló situaciones en las cuales el derecho a la salud fue perjudicado. Los criterios para considerar estas situaciones fueron, por ejemplo, la negación en un procedimiento médico, la libertad de elección de la entidad encargada de prestar los servicios y los obstáculos que evitaron el acceso a ciertos médicos.

En ese entonces, la Corte hizo un llamado para que las entidades responsables corrigieran las diferentes fallas que presentaba el sistema de salud pública. En total para ese entonces, la corte acumuló alrededor de 22 acciones de tutela. En todas, los magistrados concluyeron que, cada uno de los casos tratados en ellas representaban violaciones originadas por problemas estructurales. De esta manera, la sentencia marcó un antes y un después para explicar las necesidades que debían solventarse en el sistema de salud. Algunos de los expedientes mencionados por la Sentencia son los siguientes:

  • Expediente T-1281247 (acceso de un menor a un servicio no incluido en el POS –implante coclear).
  • Expediente T-1310408 (acceso a un servicio de salud necesario para preservar la vida o la integridad personal no incluido en el POS, cuando no se tiene la capacidad económica para costearlo –Mamoplastia–).
  • Expediente T-1328235 (acceso a servicios de salud no incluidos en el POS –medicamentos para diabetes–, solicitud ante el Comité Técnico Científico).
  • Expediente T-1335279 (acceso a servicios de salud –exámenes diagnósticos– de persona vinculada al Sistema de salud).
  • Expediente T-1337845 (acceso a servicio de salud no incluido dentro del POSS – resonancia magnética de la columna)
  • Expediente T-1338650 (medios necesarios para que una persona vinculada acceda a un servicio de salud –trasplante de tráquea– en lugar distinto a su domicilio).

 

¿Quiénes interpusieron estas tutelas? Según la Corte Constitucional, 20 de las 22 tutelas interpuestas tuvieron como protagonistas usuarios del sistema, ciudadanos que consideraron que su derecho a la salud había sido vulnerado. Las dos restantes fueron interpuestas por Sanitas contra, por una parte, el consejo Superior de la Judicatura y, por la otra, del Ministerio de la Protección Social. La razón, Sanitas consideraba que ambas entidades no eran claras sobre las reglas de recobro por prestaciones no incluidas en el POS.

De esta manera, a medida que las tutelas eran interpuestas, la Corte decidió acumularlas por dos razones, la primera razón, lograr una muestra significativa sobre los diferentes tipos de problemas que se pueden presentar en el sistema de salud. En segundo lugar, la Corte buscó llevar a cabo un análisis profundo para entender los diferentes aspectos relacionados con el Derecho a la Salud. A través de este análisis la Corte evidenció tres tipos de problemas jurídicos, un problema en el cual las entidades encargadas de prestar los servicios de salud desconocen el derecho, porque el servicio no está incluido en el plan obligatorio o sencillamente, porque la persona no puede pagarlo. Un segundo problema, en el cual el la Corte reconoció que, en ocasiones, las entidades prestadoras de servicios no reconocen cuando un tratamiento o medicamente fue ordenado por un médico que no estaba adscrito a la entidad. El tercer problema jurídico es cuando las entidades niegan la prestación, porque la persona dejó de cotizar y ahora es desempleado.

Una vez analizados los tres problemas jurídicos mencionados con anterioridad, la Corte emitió 16 órdenes para que el Estado a través del sistema de salud no se constituyera en un obstáculo para la prestación de los servicios. Estas 16 órdenes quedaron compiladas en tres medidas: 1) medidas relacionadas con el plan de beneficios; 2) medidas con el derecho al recobro de servicios no POS; 3) medidas para la protección del derecho a la información en salud; carta de derechos y carta de desempeño.

En 2009, la Corte creó la Sala Especial de Seguimiento. Esta sala tiene como finalidad supervisar el cumplimiento de dicho fallo y desde su creación ha emitido un número importante de Autos, 16 Autos específicos y más de 100 Autos genéricos de seguimiento. Al respecto, el día primero de febrero de 2024 la Corte emitió el Auto 2881 de 2023. Este Auto ha centrado su atención en la suficiencia de los Presupuestos Máximos para la financiación de servicios y tecnologías en salud, excluidos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), específicamente, en garantizar si se esta haciendo lo suficiente en cuanto a fijación, reajuste y pagos de los presupuestos, ya que no hacerlo como establece la normatividad afecta a las EPS y a la liquidez del sistema.

De esta manera, la Corte responsabiliza a MinSalud y lo obliga a cumplir con una serie de condiciones, entre esas, dentro de los 45 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, cancele efectivamente los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos reconocidos para la vigencia del año 2021, reconocer y pagar los valores pendientes por concepto de reajustes a los techos de la vigencia 2022. Igualmente, que MinSalud expida y notifique el acto administrativo de reconocimiento de los techos correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2023, así como, crear una metodología unificada de definición y reajuste de los Presupuestos Máximos y reajustes.

 

¿Cómo inicia el año para el sistema de salud colombiano?

¿Cómo inicia el año para el sistema de salud colombiano?

El pasado 25 de enero de 2024, realizamos el primer evento virtual del año para conversar sobre el panorama de las discusiones que avanzan en torno a la Reforma a la Salud y, en un sentido amplio, sobre el devenir del Sistema en los próximos meses. El panel de expertos estuvo compuesto por representantes de pacientes, EPS y voces académicas del sector.

La reforma a la salud espera su tercer debate en el Congreso; esta vez, iniciará en la Comisión del Senado y, de ser aprobada, será debatida en plenaria. El panorama parece alentador para el Gobierno, pues todo indica que cuenta con los números necesarios para que avance su proceso legislativo. Todo esto, en paralelo con las últimas y preocupantes noticias para el sector:

– Vencimiento de un millón de vacunas, denunció el Representante a la Cámara Andrés Forero.
– Desde diciembre, el INS ha reportado un aumento de casos de la nueva variante de Covid-19, asociado también a un incremento de casos de otros virus respiratorios.
– Interinidad continua en el INVIMA. Sigue sin haber cabeza en la institución.
– ACEMI alerta nuevamente sobre insuficiencia de la UPC y del incremento para 2024.

Por su parte, el Ministro de Salud continúa realizando temerarias declaraciones. En medio de un debate en la Comisión Primera del Senado de la República que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que «todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad». Estas declaraciones han causado gran malestar entre aquellos que han investigado de cerca la seguridad y eficacia de las vacunas. De hecho, muchos científicos y organizaciones no se quedaron callados y manifestaron su inconformidad frente a estas declaraciones que ponen en duda la seguridad de las vacunas contra el COVID-19.

La ACIN, la Asociación Colombiana de Inmunología, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología ACHO, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, etc., rechazan de plano lo dicho por el [ministro Jaramillo](https://www.minsalud.gov.co/Portada2021/index.html): «Como asociaciones científicas de Colombia e involucradas en la prevención y tratamiento de pacientes, rechazamos enfáticamente el concepto de que los colombianos que se vacunaron contra el Covid-19 fueron parte de un experimento».

La Asociación de Epidemiología de Colombia ASOCEPIC manifiesta «total desacuerdo con las afirmaciones hechas por el señor ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo respecto a las vacunas usadas en el plan nacional de vacunación contra la Covid-19. Estas afirmaciones son contrarias a la evidencia científica, desinforman y menoscaban la confianza de la ciudadanía en la vacunación. Consideramos que afirmaciones como estas, por parte del señor ministro de salud, van en contra de la responsabilidad y conocimiento que conlleva su cargo».

En las últimas semanas, el Gobierno Nacional empezó a realizar movimientos de alistamiento hacia la implementación de la eventual reforma, incluyendo el anuncio por parte del MinInterior sobre la construcción de Centros de Atención Primaria (CAPS), la asignación de recursos para equipos territoriales o la declaración de emergencia en La Guajira.

Durante el webinar, Denis Honorio, vocero de las asociaciones de pacientes, expresó su inquietud por la falta de participación de la sociedad civil en la construcción de soluciones para el sistema de salud. Honorio enfatizó la importancia de colocar a los pacientes en el centro del sistema y abogó por una mayor transparencia y participación de todos los actores involucrados. Su perspectiva puso de manifiesto la necesidad de abordar las preocupaciones y necesidades de los pacientes de manera más efectiva en la toma de decisiones relacionadas con la salud.

Por otro lado, Mario Cruz, de ACEMI, abordó la situación actual de los servicios de salud, señalando los costos elevados, los problemas de financiación y la necesidad de una gestión tecnológica más eficiente. Cruz hizo hincapié en la importancia de la equidad y la capacidad de transformación del sistema para asegurar la accesibilidad y calidad de los servicios. Sus aportes resaltaron la urgencia de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.

Los participantes se involucraron activamente en discusiones sobre diversos escenarios futuros, desde la posible aprobación de la reforma en el Senado hasta las implicaciones de las elecciones regionales. Se subrayó la importancia de una reforma participativa que refleje las necesidades y preocupaciones de la población. Además, se llamó la atención sobre las posibles consecuencias económicas y sociales que podrían surgir a raíz de la implementación de cambios en el sistema de salud.

Sin embargo, se señaló que existe una brecha significativa entre la teoría y la práctica, ya que las invitaciones a participar a menudo se extienden a personas con opiniones similares. Los pacientes, a pesar de insistir y desear hacer aportes, sienten que no son escuchados, y la fase del ministro de salud ha sido caracterizada por acusaciones y maltrato hacia los actores del sistema. Esta falta de diálogo y el matoneo político en la conversación han llevado a que los actores se sientan reticentes a manifestarse y comunicar sus preocupaciones.

Para ver todo el webinar completo: https://www.youtube.com/live/Ly6hTdb36VA?si=FRVzNRO2Lox-4URL

Convocatoria abierta: Latam Health Champions 2025

Convocatoria abierta: Latam Health Champions 2025

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Comentarios y conclusiones del debate de control político: Crisis en la gestión del INVIMA y sus posibles efectos en el desabastecimiento de medicamentos en el país

Comentarios y conclusiones del debate de control político: Crisis en la gestión del INVIMA y sus posibles efectos en el desabastecimiento de medicamentos en el país

El día 28 de noviembre de 2023 la Comisión Primera del Senado de la República, citó al Ministro de Salud, el director del INVIMA y el director de la ADRES a un debate de control político sobre la situación crítica de escases de medicamentos en el país.

En este debate el senador David Luna hizo una presentación sobre la situación que vive el país con respecto al desabastecimiento de medicamentos, donde señaló las responsabilidades de las tres entidades citadas. Primero, identificó las fallas que el INVIMA presenta y que son, a su juicio, las causantes principales de la falta de medicamentos necesarios para la atención en salud en el país. Dentro de estas falencias se destacan:

  • Un marco regulatorio desactualizado (de 1995) que no se armoniza con estándares internacionales y afecta el trámite ágil de los procesos de análisis y aprobación de medicamentos.
  • Tiempos de trámite para registros sanitarios que exceden hasta en 30 meses lo dispuesto en la norma vigente, lo cual es mucho más grave en casos como los medicamentos oncológicos.
  • Personal e infraestructuras insuficientes para la realización oportuna de estos trámites.
  • Agudización en el retraso de los trámites que ya venía de años anteriores, durante lo corrido de 2023 y durante 2022.
  • Interinidad en el cargo de dirección del Instituto desde el inicio del actual gobierno, en agosto de 2022, aunque se anunció un director en propiedad desde hace más de un mes.
  • Necesidad de que el INVIMA se articule con procesos más ágiles, modernos y acordes con entidades como la FDA y la EMA.
  • Marco regulatorio de medicamentos completamente desactualizado.

El senador formuló también una serie de recomendaciones para fortalecer la gestión del INVIMA. Entre ellas:

  • Armonización con estándares de agencias internacionales como FDA y EMA
  • Agilizar trámites para favorecer el acceso a nuevos medicamentos.
  • Tener en cuenta las guías de la OMS para nuevos medicamentos.
  • Generar guías de evaluación por parte de la sala especializada, para facilitar y hacer más transparentes los trámites.
  • No negar autorización a tratamientos que ya han sido autorizados en países de referencia.
  • Mejorar la colaboración con las entidades privadas para identificar amenazas y riesgos de situaciones como las que se está viviendo actualmente.
  • Fortalecer la seguridad informática del sector salud para evitar los ciberataques que ha sufrido el INVIMA y que han agravado la crisis sectorial.

A su turno el Ministro de Salud presentó sus respuestas. Algunas de ellas fueron las siguientes:

  • Hay un debate político e ideológico que está vinculado directamente con los temas de estas preguntas.
  • No confundir desabastecimiento con escases. Actualmente hay escases, pero no desabastecimiento.
  • Se han resuelto, al día de hoy, la mayor parte de los riesgos de desabastecimiento que se estaban presentando.
  • No es este un tema de Colombia exclusivamente ni es un asunto que haya comenzado este año. Hay antecedentes en el país desde 2004.
  • El ministerio tiene en efecto, la responsabilidad de regular la política farmacéutica; pero el gobierno no hace compra directa de medicamentos. Solo lo hace con algunas moléculas para patologías de interés en salud pública (Leishmaniasis, tuberculosis, malaria, entre otras).
  • El ministerio entonces no es un regulador del mercado.
  • La mayor parte de los medicamentos se financian actualmente mediante los recursos de la UPC y de los presupuestos máximos.
  • El 66% de los medicamentos que se consumen en el país son importados. Se debe promover la seguridad farmacéutica y la producción nacional.
  • Se buscarán alternativas como la regulación de precios.
  • El ministerio no puede aprobar inmediatamente los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos o Europa. Esa presión no la puede manejar el ministerio ni el Instituto.

El ministro presentó una serie de actos administrativos que ha generado el gobierno para enfrentar las problemáticas de disponibilidad de medicamentos en el país. También defendió el nombramiento del nuevo director del INVIMA y aclaró que ni él, ni el gobierno son enemigos de la industria.

El director del INVIMA en funciones también tuvo una intervención en la que explicó la situación de la entidad que tiene a cargo muchas funciones que van más allá de las relacionadas con los medicamentos. Agregó que, en efecto, los ataques cibernéticos agravaron condiciones que ya venían ocurriendo desde hace varios años, retrasando procesos del Instituto y generando las preocupaciones actuales. Explicó también que se han resuelto la mayoría de los trámites urgentes para resolver los riesgos de desabastecimiento, siguiendo las orientaciones del ministerio.

Se acordó crear una subcomisión que acompañe el proceso de modernización y de mejoramiento de procesos del INVIMA. Esto surgió como uno de los acuerdos del debate y se espera que se ponga en marcha en el corto plazo. Igualmente, esta subcomisión deberá hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el ministerio y por el INVIMA enfocando los esfuerzos específicamente en superar los riesgos de desabastecimiento de medicamentos en el país.

La discusión que se generó en medio del debate de control político debe servir para avanzar en la resolución de las condiciones adversas que están ocurriendo actualmente en el sistema. Más allá de las diferencias ideológicas que son comprensibles y que, de alguna forma hacen parte del proceso democrático, el sistema sanitario tiene la responsabilidad fundamental de garantizar el derecho a la salud y el acceso equitativo de todas las personas a los servicios que requieran. Por momentos queda la sensación de que se ha perdido de vista este propósito, en medio de las diferencias el interés principal que es el bienestar de la población.

Por ello, el llamado es nuevamente, a fortalecer los procesos de concertación, de diálogo y de construcción colectiva con todos los actores del sistema, buscando el equilibrio entre las distintas posiciones y los intereses legítimos que están vinculados con la atención en salud.