por Coordinacion Innos | Sep 30, 2026 | Noticias
El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Choque en Salud, conjunto de medidas extraordinarias orientadas a resolver atenciones represadas de más de un millón de pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes.
En coherencia con los anuncios y promesas de la campaña del actual presidente, este plan constituye una intervención operativa y financiera de corto plazo enfocada en restaurar la capacidad de respuesta del sistema frente al incremento de barreras de acceso reportadas por los usuarios.
Deberá enfrentar grandes desafíos como la disponibilidad efectiva de recursos, la capacidad de ejecución de EPS, IPS y operadores farmacéuticos y la necesidad de que se complemente con medidas que aborden las causas estructurales del represamiento.
Respuesta inicial a la crisis desde el nuevo Gobierno.
Menos de 60 días después del inicio del periodo de Gobierno, el presidente De la Espriella y la ministra Vesga avanzan en la publicación del esperado plan de choque, para enfrentar un complejo escenario marcado por un aumento significativo de las reclamaciones de los usuarios ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin precedentes en los últimos años y en los meses recientes. El Gobierno informó que entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos, de los cuales el 92 % estaría relacionado con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud.
Como resultado del cruce de información entre aseguradores, bases administrativas y mecanismos de atención a usuarios, el Ministerio identificó 1.069.196 pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes. La primera fase del plan estará vigente entre septiembre y diciembre de 2026 y tendrá cobertura nacional.
Un plan con cuatro estrategias.
1. Identificación de pacientes con atenciones pendientes.
El Ministerio y las EPS consolidarán información para identificar pacientes con necesidades no resueltas y establecer prioridades de atención.
2. Priorización por riesgo clínico.
La primera fase dará prioridad a pacientes cuya situación clínica pueda deteriorarse rápidamente o generar pérdida irreversible de beneficios terapéuticos.
Entre los grupos priorizados se encuentran pacientes con cáncer, personas en lista de trasplantes, personas con enfermedades huérfanas, pacientes con VIH, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, EPOC y asma, y mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales, entre otros.
3. Seguimiento individual y trazabilidad
Cada caso deberá ser monitoreado hasta verificar que el medicamento fue entregado o que el procedimiento efectivamente se realizó. El Ministerio anunció un proceso de trazabilidad continua que involucra a EPS y aseguradores.
4. Mecanismo extraordinario de liquidez
El Gobierno anunció la implementación de un mecanismo de compra de cartera dirigida con el fin de facilitar pagos a prestadores y proveedores y aliviar restricciones de flujo de caja. Diversas notas periodísticas reportan que la medida contempla condiciones especiales para las EPS, incluyendo un periodo de gracia y financiación con tasa preferencial.
El Gobierno espera resolver las prioridades de pacientes que ya tienen tratamientos definidos y que están a la espera de sus medicamentos o procedimientos que, en caso de seguir aplazándose, ponen en riesgo su condición actual y el curso de su enfermedad.
El plan de choque debe servir para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud, que se ha deteriorado significativamente durante los últimos años. El Gobierno trata así de mostrar resultados que favorezcan la percepción ciudadana y la capacidad de respuesta del sistema.
Para los prestadores de servicios, la adición de nuevos recursos también será un alivio a su situación financiera y a las relaciones entre prestadores, aseguradores y reguladores.
En las condiciones actuales del sistema de salud, un plan de choque diseñado por el Gobierno es, sin dudas, un enorme avance para la superación de la crisis. No obstante, no es la solución completa y requiere de la cooperación y del compromiso de todos los actores del sistema de salud. Aseguradores, prestadores, entidades territoriales, academia, gremios y pacientes, deben aportar para resolver las dificultades actuales y preparar el camino para las reformas mayores que el sistema necesita. El liderazgo de la ministra y el presidente será fundamental en los próximos meses.
Conclusión.
El Plan de Choque en Salud 2026 representa una de las intervenciones operativas más ambiciosas anunciadas recientemente para enfrentar el represamiento de servicios y medicamentos en Colombia. Su fortaleza principal radica en la identificación de más de un millón de pacientes con necesidades específicas de atención y en la focalización sobre grupos clínicamente vulnerables.
No obstante, la medida debe entenderse como una estrategia extraordinaria de recuperación de atenciones pendientes y no como una solución estructural a los problemas de financiación, capacidad operativa y organización del sistema. El indicador clave de éxito será que en los próximos meses se reduzcan los represamientos, disminuyan las quejas por barreras de acceso y se evite la reaparición de nuevos atrasos asistenciales.
Fuentes:
- Plan de Choque en Salud: así funcionará el seguimiento a más de un millón de pacientes con atenciones pendientes [minsalud.gov.co].
- Plan de choque en salud. [ambitojuridico.com].
- Presidente De la Espriella ordena a la ministra Vesga poner en marcha la primera fase del plan de choque en salud [elheraldo.co].
- Abelardo De la Espriella anuncia plan de choque en salud para destrabar la atención de un millón de pacientes. [infobae.com].
por Coordinacion Innos | Sep 30, 2026 | Noticias
La Sala Especial de Seguimiento en un nuevo pronunciamiento sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) le exige al Gobierno que vaya más allá del cálculo de la prima para 2027 y que demuestre técnicamente cuánto necesita el sistema de salud para su funcionamiento. Así mismo, que incorpore en los recursos del próximo año los rezagos acumulados durante las vigencias pasadas y que garantice los recursos necesarios.
El debate para 2027 ya no puede reducirse a cuánto subirá la prima, sino a cuánto debería valer de acuerdo con las necesidades reales de atención.
La Corte Constitucional demuestra su compromiso con el sistema de salud y con el seguimiento permanente a las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008 sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Mediante el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento establece los parámetros que deberán orientar la determinación de la UPC para 2027 y precisa las obligaciones del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El nuevo Auto no fija directamente un porcentaje de incremento para 2027 ni establece que la totalidad de las dificultades financieras de las EPS pueda atribuirse a una UPC insuficiente. Su alcance es diferente y, en cierta forma, más profundo, porque obliga al Gobierno a “(i) superar las deficiencias de la información utilizada para calcular la UPC; (ii) demostrar técnicamente la suficiencia de la prima, y (iii) garantizar que la UPC integral del régimen subsidiado corresponda, como mínimo, al 95 % de la UPC del régimen contributivo”
Durante los últimos años, la discusión sobre la UPC se ha concentrado principalmente en determinar cuál debería ser el porcentaje de incremento anual. Recordemos los numerosos debates, mesas técnicas y foros en los que se ha discutido la metodología y los factores que deberían tenerse en cuenta para ajustar el valor de la prima anual para financiar el Plan Básico de Salud (PBS). Los análisis sobre inflación, comportamiento del gasto, siniestralidad, suficiencia financiera de las EPS y disponibilidad presupuestal, entre otras variables, han sido frecuentes y permanentes.
No obstante, el Auto 1302 modifica el punto de partida y plantea una nueva perspectiva, al proponer una nueva pregunta: ¿Cuál es el valor técnicamente necesario de la UPC para financiar las obligaciones en salud cubiertas por este mecanismo durante 2027 y qué rezago existe respecto de las necesidades de vigencias anteriores?
La Corte, por tanto, no ordena un incremento determinado y tampoco establece que la UPC deba incrementarse automáticamente por encima de la inflación. Lo que exige es que el valor resultante de la decisión gubernamental sea respaldado por una metodología que permita demostrar su suficiencia.
La suficiencia de la UPC debe analizarse respecto de los servicios y tecnologías que deben financiarse mediante esta prima. Por ello, no puede determinarse exclusivamente a partir de la inflación general de la economía.
Por ello, la Corte exige considerar las variables que explican el comportamiento real del gasto sanitario, entre ellas la utilización de servicios, los costos, la carga de enfermedad, los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, medicamentos y tecnologías, así como otras condiciones que afectan las necesidades de atención. La Corte también establece que, para 2027, la UPC integral del régimen subsidiado no deberá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, salvo que exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.
La tarea que plantea la Corte para determinar el valor real del PBS implica que el Gobierno defina con claridad qué parte del problema de suficiencia corresponde efectivamente al valor de la prima y qué parte tiene otras causas.
Entre estas otras causas, se resalta que la Corte le exige al Gobierno establecer si, en años anteriores, la UPC reconocida estuvo por debajo de las necesidades técnicamente determinadas para financiar las obligaciones que debía cubrir.
La Corte, no obstante, permite que la corrección de un eventual rezago histórico pueda realizarse de manera gradual. Esta posibilidad reconoce que una diferencia acumulada puede tener implicaciones fiscales importantes y que su corrección puede requerir una senda de transición.
Así, el cálculo deberá distinguir entre dos componentes:
- Los recursos necesarios para cubrir adecuadamente las obligaciones correspondientes a 2027.
- La recuperación progresiva del eventual rezago acumulado de años anteriores.
Esta separación puede modificar sustancialmente la discusión sobre el valor de la UPC para el próximo año.
Para poder determinar técnicamente el valor de la prima, el Ministerio requiere información suficientemente completa y confiable sobre múltiples aspectos entre los que debemos destacar: la frecuencia de utilización de servicios, los costos directos e indirectos, los precios de medicamentos y tecnologías, el perfil epidemiológico nacional y diferencial por regiones, el comportamiento de los servicios y la evolución de los riesgos sanitarios.
Lo que la Corte ha dicho es que la metodología de cálculo debe ser capaz de capturar la realidad dinámica del aseguramiento y no depender exclusivamente de información histórica que puede haber quedado desactualizada.
Este punto es fundamental para entender las implicaciones y alcances de lo dispuesto por la Corte. En las mesas técnicas realizadas entre marzo y abril de este año, desde INNOS se presentó un análisis de la metodología de cálculo de la UPC mostrando que el método empleado hasta el momento es insuficiente por cuanto se centra en datos históricos, sin tener en cuenta el comportamiento dinámico del sistema de salud. En su momento INNOS demostró que el modelo “Basado en la Experiencia” no permitía identificar la demanda no atendida por el sistema, especialmente en tiempos de crisis en el acceso y de barreras crecientes para la atención.
En el análisis enviado a la Honorable Corte Constitucional, INNOS planteó, entre otras ideas centrales: “es necesario avanzar hacia una evolución del modelo que permita incorporar de manera explícita la necesidad en salud, reducir los rezagos estructurales y fortalecer la capacidad del sistema para garantizar efectivamente el derecho” (INNOS, 2026).
Por ello, es muy valioso este nuevo Auto de la Corte, que apunta en la dirección correcta, asignando responsabilidades en los Ministerios de Salud y de Hacienda, para crear una nueva metodología más consistente con las necesidades del país, que considere las fallas y las barreras de acceso acumuladas. Este cambio en el modelo será clave para superar la crisis que el sistema atraviesa desde hace ya varios años.
Conclusiones
El Auto 1302 de 2026 representa un nuevo punto de referencia en la discusión sobre la financiación del sistema de salud colombiano.
La Corte diferencia en el Auto 1302 las responsabilidades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda. Al Ministerio de Salud le corresponde realizar el cálculo técnico de las necesidades y determinar la suficiencia de la UPC. Para ello debe utilizar información adecuada, explicar la metodología y cuantificar el eventual rezago. El Ministerio de Hacienda debe adoptar las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad de los recursos que resulten necesarios para financiar la UPC.
Su importancia no está en haber fijado un porcentaje concreto de incremento para la UPC de 2027, sino en haber establecido cómo debe construirse y justificarse ese valor.
La Corte reitera las órdenes impartidas previamente a los dos Ministerios y les exige que resuelvan las fallas previamente acumuladas, garantizando al mismo tiempo el financiamiento del PBS 2027 y el ajuste de la UPC del régimen subsidiado en un 95% de la del contributivo, en ausencia de una justificación para asignar un valor distinto.
Fuentes:
- Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, Auto 1302 de 2026, 22 de septiembre de 2026.
- INNOS (2026). Respuesta al Auto del 12 de marzo de 2026 y al Oficio C-102-2026 de la Corte Constitucional. Abril de 2026.
por Coordinacion Innos | Sep 22, 2026 | Noticias
La convocatoria 001-2026 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), denominada “Convocatoria de CTeI para la atención de desafíos en salud derivados de la situación de desastre”, representa una señal relevante sobre el papel que puede desempeñar la ciencia, la tecnología y la innovación frente a problemas públicos concretos. Abierta el 14 de septiembre de 2026, dispone de $109.000 millones provenientes del Fondo de Investigación en Salud (FIS) y está orientada específicamente a responder a las necesidades sanitarias derivadas del desastre ocurrido en agosto de 2026.
Más allá del volumen de recursos, el principal valor de esta convocatoria está en su enfoque misional, dado que no parte exclusivamente de una agenda definida por la oferta académica o por las capacidades previamente instaladas de los grupos de investigación, sino por problemas concretos y específicos de salud pública y con base en unas necesidades territoriales concretas que requieren conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Esta orientación permite acercar la política de ciencia, tecnología e innovación a una de sus funciones públicas más importantes: contribuir a resolver problemas sociales complejos y generar capacidades que permanezcan en los territorios después de superada la emergencia.
Es altamente positivo que esta nueva convocatoria, la primera que publica el nuevo gobierno, se oriente a promover investigación, desarrollo tecnológico e innovación en salud como mecanismos para mitigar las afectaciones derivadas del desastre y ampliar la disponibilidad de conocimientos, tecnologías y soluciones para las poblaciones afectadas.
Este enfoque es particularmente pertinente en salud, como lo hemos planteado en todas las ediciones del Panorama de Innovación en Salud (PINNOS). En particular en la edición de 2025, desde este reporte se hacía un llamado a generar propuestas con orientación transectorial, para enfrentar los grandes desafíos de la salud. Recordemos que la edición del año anterior se enfocó en proponer respuestas a la aguda crisis del sistema de salud, que estaba en uno de sus momentos más complicados.
Por ello PINNOS 2025 se construyó desde el enfoque de las Políticas de Innovación Orientadas por Misiones (PIOM), basadas en objetivos ambiciosos y medibles, que promueven la colaboración, el aprendizaje y la acción intersectorial. El diseño de misiones para desarrollar por etapas para enfrentar los retos de la crisis del sistema de salud se complementó con soluciones estructurales y de largo plazo, articuladas con los tiempos del cambio de gobierno y la formulación del nuevo plan de desarrollo en 2026.
PINNOS presentó soluciones concretas para dar respuesta a la crisis (etapa 1) enfocando los recursos en: Gestión de prioridades en salud pública, garantía de acceso inmediato a la atención clínica, rescate financiero inteligente y soluciones inmediatas de interoperabilidad de sistemas de información. En la etapa 2 PINNOS propone 8 misiones, que se sustentan en una visión de salud pública con enfoque territorial, así como la innovación para nuevos desafíos en salud pública, autocuidado y transición demográfica segura; entre otras.
La convocatoria 01-2026 de Minciencias reconoce que los desastres no generan únicamente daños físicos o interrupciones inmediatas de servicios; también pueden producir brotes de enfermedades transmisibles, deterioro de la salud mental, interrupción de tratamientos de enfermedades crónicas, exposición a contaminantes y nuevas barreras de acceso. Por ello, las respuestas científicas y tecnológicas requieren integrar disciplinas y actores que normalmente se encuentran separados.
En consecuencia, la convocatoria entiende esta complejidad y se construye mediante cuatro ejes temáticos:
- Salud mental y rehabilitación.
- Enfermedades transmisibles y brotes en contextos de desastre y albergues temporales.
- Enfermedades no transmisibles y cáncer frentes a situaciones de desastre.
- Salud ambiental frente al manejo de escombros y contaminación.
La amplitud de estas líneas es importante porque evita reducir la respuesta científica a la emergencia epidemiológica inmediata. Por ejemplo, incorporar las enfermedades crónicas y el cáncer permite reconocer que un desastre puede interrumpir tratamientos, controles y procesos de atención de largo plazo. Del mismo modo, incluir salud mental y rehabilitación introduce una perspectiva de recuperación que trasciende la fase estrictamente asistencial de la emergencia.
Hay dos modalidades para macroproyectos y proyectos en esta convocatoria. La modalidad 1 es para macroproyectos departamentales de gran impacto, que involucren mínimo 2 departamentos priorizados. Financia hasta 10.000 millones de pesos y hasta 5 macroproyectos con un plazo máximo de 48 meses.
En la modalidad 2 se financia proyectos territoriales de fortalecimiento local, con su ejecución en un departamento priorizado. El presupuesto des de hasta 5.900 millones de pesos, con un tope de 10 proyectos y hasta 24 meses de ejecución.
La convocatoria invita a presentar los macroproyectos y los proyectos con una evaluación previa de sus niveles de madurez tecnológica. De esta forma, los proyectos deben clasificarse en una de las siguientes categorías:
- A: Investigación y desarrollo tecnológico en fase temprana (menor o igual a 5 en escala TRL)
- B: Desarrollo tecnológico y validación de proyectos con replicabilidad territorial (TRL superior a 5)
Otro elemento particularmente positivo es que la convocatoria no plantea la investigación únicamente para los territorios afectados, sino que busca fortalecer capacidades en esos territorios.
Es muy valioso que el enfoque de la convocatoria sea misional y que además exista coherencia con lo propuesto en el informe PINNOS de 2025. Resaltamos la afinidad de los ejes temáticos de la convocatoria con las misiones propuestas para la etapa 1 y 2 del informe. También es interesante que Minciencias haya incluido el enfoque territorial, que es clave para superar los desafíos en salud pública y es una característica fundamental de las Políticas Orientadas por Misiones, que deben estar situadas en el contexto y articuladas con las necesidades de las regiones.
Los términos de referencia en la convocatoria priorizan cinco departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío; mediante las dos modalidades descritas. Dentro de los criterios de evaluación se asigna un peso considerable al enfoque territorial e impacto, incluyendo la afectación territorial, la cobertura de los departamentos priorizados y las alianzas locales o capacidades instaladas.
Esta arquitectura favorece una concepción de la innovación como ecosistema, y no exclusivamente como producción académica. El conocimiento científico adquiere mayor valor cuando puede conectarse con quienes conocen el territorio, quienes prestan servicios, quienes producen tecnologías y quienes representan a las comunidades afectadas.
Otro atributo destacable es que la convocatoria intenta evitar una separación rígida entre investigación básica, desarrollo tecnológico e innovación. Para ello incorpora los niveles de madurez tecnológica (TRL) y diferencia entre proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en fases tempranas y proyectos de desarrollo tecnológico y validación de pilotos con posibilidades de replicabilidad territorial. La experiencia acumulada de PINNOS facilita la identificación de estos niveles de madurez tecnológica que aplica mediante diversas herramientas, desde sus primeras ediciones.
Este elemento es especialmente relevante para una política científica orientada por misiones. Si la misión es responder a un problema concreto de salud, la producción de artículos científicos no puede constituir el único resultado esperado. Es necesario generar evidencia, modelos de atención, herramientas, tecnologías, prototipos, pilotos y soluciones susceptibles de implementación y adaptación.
El desafío de largo plazo será convertir la financiación en capacidad permanente. Los términos de referencia incluyen condiciones favorables para conseguirlo. Será fundamental que los conocimientos y tecnologías desarrollados encuentren mecanismos de incorporación al sistema de salud, a las políticas territoriales, a los programas de gestión del riesgo y, cuando corresponda, al aparato productivo nacional.
En general, la convocatoria constituye una experiencia relevante de política pública porque conecta emergencia sanitaria, investigación, innovación, territorio, capacidades productivas y soberanía sanitaria dentro de una misma intervención. En este sentido constituye un cambio en sentido positivo en la orientación de la política pública de CTI sectorial, orientando recursos y capital humano para necesidades concretas de una región específica, con objetivos claramente definidos.
Desde INNOS valoramos de manera muy positiva esta nueva convocatoria, así como la nueva perspectiva que asume en el fomento a la CTI en salud en el país. Los proyectos que INNOS ha liderado desde sus inicios, han insistido en la necesidad de un cambio en el enfoque de las políticas de CTI en salud, que, de alguna manera, se pueden observar en esta convocatoria.
La experiencia de INNOS en la construcción del Panorama de Innovación en salud en el país, nos permite identificar múltiples soluciones en distintos grados de madurez, que pueden ser presentadas a esta convocatoria y que tienen el potencial real de contribuir con soluciones eficaces a las problemáticas actuales.
En síntesis, la convocatoria 01-2026 de Minciencias se orienta en el sentido correcto y aborda las necesidades específicas del territorio, derivadas de los efectos devastadores del sismo del 10 de agosto pasado; mediante un enfoque misional para proyectos y macroproyectos que apuntan al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades más afectadas. Constituye así, un avance y una herramienta adecuada de Política Pública para estos territorios.
por Coordinacion Innos | Sep 17, 2026 | Noticias
Varias instituciones colombianas mantienen una posición de élite regional.
La más reciente publicación de la clasificación de hospitales y clínicas de América Latina, que realizó la organización IntelLat, ratifica que Colombia es una de las principales potencias hospitalarias de la región.
En la edición de 2026, el listado se amplió de la versión 2025 con 80 a 105 instituciones evaluadas en diez países. De las 105, 37 son colombianas y 8 se ubican entre las 25 primeras de América Latina. La Fundación Santa Fe de Bogotá ocupa el tercer lugar regional, mientras que el Hospital Internacional de Colombia-Fundación Cardiovascular y la Fundación Cardioinfantil-La Cardio aparecen séptimo y octavo, respectivamente.
Pero el estudio arroja datos interesantes que van más allá de la clasificación. Permite observar en qué dimensiones de desempeño los hospitales de Colombia son más competitivos y cuáles son sus principales fortalezas comparativamente con otras instituciones de alta complejidad de la región.
Así mismo, no debe confundirse esta clasificación con una evaluación estructural del sistema de salud ni del conjunto de instituciones hospitalarias de cada país. Las fortalezas que muestran los hospitales pueden desarrollarse en entornos con grandes desafíos y dificultades estructurales, como en el caso colombiano.
¿Qué mide el ranking y cómo lo mide?
Primero es importante recalcar lo que no mide. No está diseñado para evaluar la calidad de todos los sistemas hospitalarios de cada país ni de la región en su conjunto. Tampoco pretende establecer una medición de calidad de todos los hospitales existentes, porque se concentra en instituciones de alta complejidad que participan en el estudio y que cumplen los criterios establecidos por IntelLat. En 2026 fueron evaluadas 105 instituciones de diez países latinoamericanos.
La metodología contempla nueve dimensiones:
- Seguridad y resultados clínicos
- Personas
- Gestión/creación de conocimiento
- Eficiencia operacional y financiera
- Tecnología
- Telemedicina y Home Hospital
- Sostenibilidad
- Experiencia del paciente
- Prestigio
Además, la edición 2026 incluye rankings específicos en ocho especialidades: oncología, cardiología, ginecología y obstetricia, pediatría, neurología, neumología, ortopedia y traumatología, y endocrinología/diabetología.
IntelLat diseñó un modelo que utiliza información suministrada por las propias instituciones junto con información pública y bibliométrica. Mediante cuestionarios cuantitativos y cualitativos y procesos de revisión y validación se hace un análisis estadístico que se complementa con solicitud de evidencias, cuando corresponde.
Los hospitales son comparados entre sí y los puntajes se normalizan sobre una escala de 0 a 100. La institución con el mejor resultado en cada ranking recibe 100 y las demás obtienen un puntaje relativo a ese máximo.
Por lo anterior, no deben interpretarse los resultados como un porcentaje de calidad, sino como una posición relativa con respecto al hospital con el mayor puntaje en cada categoría.
Con estas precisiones en mente, es importante resaltar que 8 hospitales colombianos están entre los 25 primeros:
- Fundación Santa Fe de Bogotá (3°.)
- Hospital Internacional-FCV (7°.)
- Fundación Cardioinfantil-La Cardio (8°.)
- Clínica Imbanaco (11°.)
- Hospital Pablo Tobón Uribe (17°.)
- Clínica Reina Sofía Colsanitas (22°.)
- Hospital de San Vicente Fundación (24°.)
- Méderi Hospital Universitario (25°.)
¿Dónde destacan específicamente los hospitales colombianos?
Eficiencia.
El HOMI Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia ocupa el primer lugar latinoamericano en eficiencia y la Fundación Santa Fe es segunda.
Es un resultado particularmente relevante porque la eficiencia combina aspectos operacionales y financieros. En un sistema sanitario que enfrenta importantes problemas de flujo de recursos, cartera y sostenibilidad, demostrar eficiencia hospitalaria constituye una fortaleza significativa.
Experiencia del paciente.
La Fundación Cardioinfantil-La Cardio ocupa el segundo lugar regional, mientras que la Fundación Santa Fe aparece tercera.
Telemedicina y Home Hospital
El Hospital Internacional de Colombia-FCV ocupa el cuarto lugar latinoamericano y la Fundación Santa Fe el sexto.
Este resultado muestra una gran fortaleza estratégica de Colombia, que también es una enorme oportunidad para las demás instituciones hospitalarias del país: la utilización de tecnología para ampliar el acceso a servicios complejos.
En cuanto a las especialidades, el resultado más notable está en pediatría, porque el HOMI ocupa el segundo lugar latinoamericano; la Fundación Santa Fe es quinta; La Cardio, novena; Imbanaco, undécima; y el Hospital Internacional-FCV, decimotercero.
Es decir, Colombia coloca cuatro instituciones entre las primeras 13 de la región en esta especialidad.
En Neurología la Fundación Santa Fe ocupa el tercer lugar regional, la Clínica La Colina aparece quinta y el Hospital Internacional-FCV séptimo. La Cardio ocupa el décimo lugar.
Mensajes para analizar.
El ranking no contradice la existencia de una crisis sanitaria en el país. Lo que hace es mostrar que, a pesar de la crisis, las capacidades en la prestación de servicios especializados han seguido consolidándose y son un activo de alto valor para el sistema de salud.
No es una evaluación de todo el sistema hospitalario, ya que está enfocada en hospitales de alta complejidad. Es clave recordar que los sistemas de salud se basan en la articulación de todos los niveles de atención, iniciando por el nivel primario que no fue evaluado en este análisis. Por lo tanto, las fortalezas de la atención especializada deberían servir de referente para avanzar hacia un sistema más robusto en todos los niveles de atención.
El resultado de eficiencia de dos hospitales colombianos también debe resaltarse, por cuanto demuestra que es posible alcanzar altos estándares clínicos y de gestión en Colombia aún bajo las restricciones del entorno nacional.
Por último, es necesario tener en cuenta que este ranking es una muestra, no un censo ni un estudio probabilístico. IntelLat evaluó 105 instituciones, no todos los hospitales latinoamericanos. Así mismo, los puntajes son relativos y deben leerse con cautela para evitar malas interpretaciones.
Sin duda, la experiencia de los hospitales colombianos continúa siendo un pilar esencial del sistema de salud y, como tal, debe ser una palanca para avanzar en la superación de la crisis que atraviesa desde hace varios años. Demuestra la robustez institucional necesaria para subsistir y fortalecerse en un entorno adverso, logrando resultados sobresalientes en la región.
Estos indicadores hacen visible que, con un trabajo coordinado y colaborativo, la experiencia y conocimiento acumulados serán muy útiles para las demás instituciones de prestación de servicios y para consolidar el sistema de salud que necesita el país.
por Coordinacion Innos | Ago 21, 2026 | Constitución, Noticias, Uncategorized
En uno de sus últimos actos públicos como presidente de la República, Gustavo Petro lideró la instalación de la nueva legislatura del Congreso. Este inicio marcará, sin dudas, uno de los debates más trascendentales para el futuro del sistema de salud colombiano.
Un día más tarde y después de tres años de intentos fallidos por aprobar una reforma estructural, el Gobierno y la bancada del Pacto Histórico vuelven a presentar un proyecto que busca transformar el modelo de aseguramiento, reorganizar la prestación de los servicios y fortalecer la Atención Primaria en Salud. Sin embargo, el nuevo texto llega en un momento particularmente complejo: el sistema enfrenta una creciente crisis financiera, desabastecimiento de algunos medicamentos, hospitales con graves problemas de liquidez y varias EPS bajo medidas de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Aunque el proyecto mantiene los principios que han orientado la propuesta del Gobierno desde 2023, introduce ajustes importantes en el régimen de transición. El cambio más llamativo es el papel que se asigna a Nueva EPS, entidad que pasaría a convertirse en el principal vehículo institucional para garantizar la continuidad de la atención mientras se implementa el nuevo modelo.
Lo controversial: Una transición apoyada en una institución en crisis
De acuerdo con el proyecto divulgado, Nueva EPS asumiría funciones estratégicas durante la transición. Entre ellas se encuentran la recepción de afiliados provenientes de otras EPS que desaparezcan o sean transformadas, el apoyo en la organización de las redes territoriales de servicios y el mantenimiento de la continuidad operativa mientras se consolidan los nuevos Centros de Atención Primaria y las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud.
Lo que se buscaría con esta designación de Nueva EPS es, aparentemente, evitar un vacío institucional durante la implementación de la reforma. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, plantea una de las mayores contradicciones del proyecto.
Nueva EPS no es una entidad que llegue a la transición desde una posición de fortaleza. Por el contrario, atraviesa probablemente la situación más compleja desde su creación. La entidad concentra hoy el mayor número de afiliados del país, ha sido objeto de intervención estatal, enfrenta dificultades para garantizar el flujo oportuno de recursos hacia prestadores y proveedores y acumula una creciente presión asistencial derivada del traslado de usuarios provenientes de otras EPS liquidadas o intervenidas.
En otras palabras, la reforma deposita buena parte de la estabilidad del proceso de transición sobre una institución cuya capacidad administrativa, financiera y operativa se encuentra seriamente tensionada.
El riesgo de concentrar aún más la operación
Paradójicamente, uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la reforma ha sido la necesidad de reducir la concentración del aseguramiento y disminuir la dependencia de unas pocas entidades administradoras.
Sin embargo, el nuevo articulado parece producir el efecto contrario durante la transición. El crecimiento de Nueva EPS aumentará aún más la concentración del sistema alrededor de una sola organización. Esto implica riesgos evidentes, como mayor complejidad administrativa, deterioro de indicadores de acceso a los servicios, mayor presión sobre las IPS, dificultades en el flujo de caja y más complicaciones para los usuarios.
La capacidad institucional como principal interrogante
En las actuales circunstancias del sistema, el verdadero desafío es la capacidad institucional del Estado para administrar una transformación de esta magnitud.
El nuevo proyecto de reforma, liderado por el partido del gobierno saliente, supone que la ADRES asumirá nuevas responsabilidades en el flujo de recursos, que las entidades territoriales coordinarán redes integradas de servicios, que los Centros de Atención Primaria reorganizarán la puerta de entrada al sistema y que Nueva EPS garantizará la continuidad operativa durante el cambio. Todo lo cual ya había sido discutido en Cámara y Senado, con los resultados ampliamente conocidos.
Por ello, la principal incertidumbre no radica únicamente en el diseño institucional de la reforma, sino en la capacidad real para ejecutarla sin afectar la atención de millones de pacientes.
Una apuesta de alto riesgo
Durante los últimos años, el Gobierno ha sostenido que el modelo basado en las EPS presenta fallas estructurales que justifican una transformación profunda. Sin embargo, el nuevo proyecto reconoce implícitamente que, al menos durante varios años, el Estado sigue necesitando una organización con experiencia en afiliación, contratación de redes, auditoría de servicios y gestión del riesgo para evitar un colapso operativo.
Esta aparente contradicción revela una realidad poco discutida: desmontar un sistema que cubre a más de 50 millones de personas exige conservar parte de las capacidades institucionales acumuladas durante tres décadas. La dificultad consiste en hacerlo sin reproducir los problemas que precisamente motivaron la reforma.
Más allá del texto de la ley
El debate que comienza en el Congreso no debería limitarse a decidir si desaparecen o no las EPS. La pregunta de fondo es si Colombia cuenta hoy con la capacidad institucional, financiera y tecnológica para ejecutar una transición de esta magnitud sin deteriorar el acceso efectivo a los servicios.
La experiencia internacional muestra que las reformas sanitarias exitosas no dependen únicamente del contenido de las leyes. Su resultado está determinado por la calidad de la implementación, la fortaleza de las instituciones responsables, la disponibilidad de recursos y la confianza de los actores involucrados.
En ese contexto, el rol central asignado a Nueva EPS constituye uno de los componentes más sensibles del nuevo proyecto. Si la entidad logra sostener la continuidad operativa durante la transición, podría convertirse en el principal soporte del nuevo modelo. Pero si las dificultades que hoy enfrenta se profundizan, el riesgo es que la reforma comience precisamente por el punto donde necesita mayor estabilidad.
Es el momento justo para que el nuevo gobierno asuma el liderazgo que le corresponde para enfrentar, desde el próximo 7 de agosto, la crisis del sistema de salud. Esto implica acciones urgentes como la designación de la cabeza del ministerio, la conformación de equipos de trabajo para los distintos frentes de la crisis, la convocatoria amplia de mesas técnicas de actores para definir acciones urgentes y el análisis y puesta en marcha de un plan de corto plazo que tenga en cuenta las propuestas sectoriales que se han presentado y que reflejan, en buena manera, las condiciones actuales, las necesidades más apremiantes y las respuestas que deben implementarse en los próximos meses.
El nuevo Congreso, por su parte, tendrá la responsabilidad esencial de discutir no solo el diseño normativo del sistema, sino también la viabilidad administrativa de su implementación. En materia de salud, una buena reforma no se mide únicamente por sus objetivos, sino por su capacidad de mejorar la atención de los pacientes sin generar nuevas barreras de acceso. Ese será, probablemente, el verdadero examen del legislativo en este periodo que apenas comienza.
Como actor independiente y académico, INNOS reitera el llamado al gobierno actual y al nuevo gobierno, para que aceleren los procesos de transición, priorizando a los pacientes y sus familias, asumiendo los retos y responsabilidades con la salud de todos los colombianos. Es el momento de avanzar hacia un sistema de salud más sólido e innovador para enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y las enfermedades no transmisibles, entre otros grandes desafíos de salud pública.
