por Coordinacion Innos | Nov 4, 2026 | Noticias
El informe Estado del Sistema de Salud en las Ciudades Capitales — Línea Base 2026, elaborado por Asocapitales y UNIPS Colombia y publicado hace algunas semanas, presenta una señal de alerta sobre la situación del sistema de salud en las capitales.
Elaborado mediante la aplicación de un cuestionario técnico a los responsables de las Secretarías de Salud de las 31 ciudades capitales, este informe muestra una preocupación generalizada entre las autoridades consultadas, quienes reportaron niveles de riesgo alto o crítico, dificultades extendidas para acceder a los servicios, inestabilidad de las redes prestadoras y problemas de abastecimiento de medicamentos.
Lo más llamativo es que exista coincidencia entre las autoridades sanitarias territoriales frente a una problemática compleja que sobrepasa, en muchos casos, las capacidades de gestión de cada municipio. Las dificultades financieras y contractuales entre las entidades promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de servicios (IPS) derivan en interrupciones en la atención y fallas constantes en la continuidad de los tratamientos, según las respuestas al cuestionario.
Si bien el informe recoge la percepción institucional de las Secretarías de Salud y no constituye una auditoría administrativa o financiera independiente, los resultados permiten establecer una línea de base para identificar alertas y orientar decisiones. A continuación, resumimos los principales datos y resultados de este informe.
- Resultados
Dificultades de acceso: 30 de las 31 ciudades reportaron riesgo alto o crítico en el acceso a los servicios de salud. De ellas, 27 señalaron que las barreras habían aumentado significativamente durante el último año y ninguna reportó mejoría.
Debilitamiento e inestabilidad de la red de prestación de servicios: De las 31 ciudades que conforman el universo de la encuesta, 30 ciudades describieron su red pública y privada como inestable, en deterioro o en riesgo de colapso. Lo anterior se atribuye especialmente al cierre o suspensión de servicios asociados a la cartera de las EPS, las dificultades financieras de las IPS y la terminación de contratos.
Fallas reiteradas en el abastecimiento de medicamentos y otras tecnologías: En 23 de las 31 ciudades se reportaron dificultades críticas en el abastecimiento de medicamentos ambulatorios. Como consecuencia, se reporta un deterioro del acceso, aumento de las quejas, brechas en la continuidad terapéutica y detrimento de los indicadores de salud.
Preocupación por los pacientes de alto costo: La mayoría de las ciudades (27) priorizaron la interrupción de tratamientos de alto costo entre los principales riesgos. Para las autoridades consultadas, las dificultades de suministro son particularmente preocupantes en los medicamentos oncológicos. Así mismo, se mencionaron los problemas de capacidad de la red para atención de enfermedades huérfanas y raras.
Incertidumbre y presión sobre el aseguramiento: Las ciudades reportaron que cerca del 50% de los aseguradores se encuentran bajo intervención del gobierno. Esta situación ha profundizado las dudas sobre la continuidad del aseguramiento y aumenta la presión sobre el sistema.
Prioridades en el acceso y el saneamiento contable: 30 de las 31 ciudades pidieron garantizar el suministro de medicamentos y tecnologías de alto costo y apoyar el saneamiento de la cartera entre EPS e IPS. En segundo lugar, se prioriza revisar la interrupción de contratos con prestadores como amenaza al acceso y, en tercer lugar, abordar el desabastecimiento de medicamentos, insumos y tecnologías como riesgo crítico que requiere intervención.
- Análisis del informe.
Este reporte confirma un círculo de deterioro: las dificultades en el flujo de recursos y las deudas afectan la capacidad financiera de los prestadores, la incertidumbre contractual puede traducirse en reducción o suspensión de servicios y estas interrupciones se convierten en barreras para los pacientes. El impacto puede ser especialmente grave cuando compromete medicamentos o tratamientos que no deben interrumpirse, como ocurre en las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas el cáncer, y en las enfermedades raras y huérfanas.
La convergencia de las respuestas de las autoridades territoriales de salud sugiere que no basta con resolver cada queja de manera aislada. Por el contrario, se requiere actuar sobre las condiciones estructurales y de fondo que interrumpen la atención: la cartera entre aseguradores y prestadores, la continuidad contractual, el abastecimiento de medicamentos y la coordinación para autorizar, remitir y atender a los pacientes.
Si bien el análisis general muestra consistencia y coincidencias entre la mayoría de las capitales, es importante diferenciar casos y situaciones específicas. Los problemas de acceso, el riesgo sistémico y la gobernanza del aseguramiento muestran resultados relativamente homogéneos. No obstante, temas como la estabilidad de las redes prestadoras y la capacidad de inspección, vigilancia y control no se presentan de manera generalizada, aunque aparecen en algunas de las respuestas. Por ello, se requieren diagnósticos y apoyos diferenciados.
- Conclusiones del informe.
Este es un documento de altísimo valor, pues recoge la percepción directa de las autoridades de salud pública de las capitales de departamento del país, entidades territoriales que cuentan con importantes responsabilidades, capacidades de respuesta y recurso para enfrentar las problemáticas del sistema. Contar con respuestas del 100% de las capitales representa un aporte significativo a la discusión nacional sobre el sistema de salud. Por ello, este informe debería ser considerado un insumo clave para la reorientación del sistema y para la priorización que realice el Gobierno nacional haga con miras a la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo.
De acuerdo con los datos publicados en el informe, el Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud (ITRSS) promedio fue de 71 sobre 100, lo cual se ubica en el rango alto, según la interpretación establecida en el documento. Así mismo, 30 de las 31 ciudades reportaron riesgo alto o crítico en el acceso a los servicios de salud y 30 de las 31 calificaron su red prestadora como “inestable, con signos de deterioro o en riesgo de colapso”.
Por ello, la conclusión más sólida es que las autoridades sanitarias de las capitales están reportando señales convergentes de deterioro y riesgos para la continuidad asistencial. Para establecer su magnitud exacta, sus causas financieras y su impacto clínico, será necesario profundizar y complementar los datos derivados de la percepción territorial con análisis y estudios específicos por regiones.
- Principales recomendaciones de informe.
Como se ha descrito, este informe constituye un primer ejercicio de análisis sobre la percepción de la situación del sistema de salud en las capitales de departamentos del país. Por ello, se entiende como una línea de Base, sin parámetro previo de comparación. En concordancia con el alcance del documento, resaltamos algunas de sus recomendaciones:
- Garantizar el suministro de tecnologías de alto costo, medicamentos y servicios a los pacientes.
- Establecer mecanismos para apoyar el saneamiento de la cartera entre EPS e IPS MinSalud
- Garantizar la continuidad de la contratación entre EPS e IPS. MinSalud
- Normalizar los procesos de autorizaciones, referencia y contrarreferencia.
- Conclusiones.
La Línea Base publicada por Asocapitales y UNIPS aporta una señal de alerta territorial consistente: las capitales describen barreras de acceso extendidas y vinculan buena parte del deterioro con problemas financieros y contractuales que afectan la prestación de los servicios.
La respuesta debe combinar medidas inmediatas para proteger a los pacientes con acciones estructurales relacionada con la cartera, la contratación, el suministro de medicamentos y coordinación entre niveles de gobierno.
Desde INNOS valoramos muy positivamente estos análisis construidos desde el territorio, ya que permiten una comprensión más precisa y detallada de lo que ocurre en el sistema de salud. En los territorios también existen iniciativas y soluciones que pueden contribuir a la estabilización del sistema y a resolver las fallas estructurales y funcionales que tiene actualmente.
Es importante que el Gobierno nacional cuente con los actores locales y con las autoridades sanitarias de ciudades y departamentos para el diseño de las políticas públicas que orientarán el sistema de salud durante los próximos años.
Referencia
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Colombia (UNIPS Colombia). (2026). Estado del Sistema de Salud en las Ciudades Capitales — Línea Base 2026. Bogotá, D. C. https://www.asocapitales.co/sites/default/files/files/technical_documents/informe-linea-base-2026-estado-del-sistema-de-salud-en-las-ciudades-capitales.pdf
por Coordinacion Innos | Oct 28, 2026 | Noticias, Uncategorized
Cada 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama recuerda que la detección temprana y el acceso oportuno al tratamiento pueden cambiar el curso de una enfermedad que afecta a millones de mujeres. La fecha es una oportunidad para recordar que, mientras la investigación y la innovación continúan ampliando las posibilidades y mejorando las respuestas terapéuticas; los sistemas sanitarios enfrentan los desafíos del acceso oportuno e integral a medios diagnósticos, tratamientos, rehabilitación y paliación para todas las afectadas.
El mayor desafío actual va más allá de la detección del tumor, porque implica garantizar que las mujeres con hallazgos sospechosos obtengan una evaluación diagnóstica rápida, reciban una caracterización biológica adecuada y comiencen el tratamiento indicado sin interrupciones. En Colombia, esta exigencia adquiere especial importancia en un sistema sanitario que enfrenta dificultades financieras y problemas de acceso a medicamentos, procedimientos y servicios especializados.
Una carga mundial que continúa creciendo
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante 2024 se registraron aproximadamente 2,4 millones de nuevos casos de cáncer de mama y 694.000 muertes en el mundo. Es el cáncer más frecuente entre las mujeres en 164 de los 186 países analizados por la organización. Las cifras globales más recientes reflejan la magnitud del problema, aunque las estimaciones de distintos años no deben compararse como si correspondieran a una misma serie estadística.
Como referencia comparable basada en GLOBOCAN 2022, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer estimó 2,3 millones de casos nuevos, 670.000 muertes y una prevalencia a cinco años de alrededor de 8,17 millones de personas con diagnóstico reciente o previo de cáncer de mama. La prevalencia a cinco años no equivale al número total de personas que viven actualmente con la enfermedad: representa a quienes fueron diagnosticadas durante los cinco años anteriores y seguían formando parte de la población contabilizada.
Las tendencias de la mortalidad y la morbilidad, según las agencias internacionales, afectarían de manera desproporcionada a los países con menor desarrollo humano, donde los sistemas sanitarios suelen tener más dificultades para garantizar diagnóstico temprano, tratamiento integral y seguimiento.
La desigualdad se aprecia también en la supervivencia. La OMS informa que, entre la década de 1980 y 2020, la mortalidad estandarizada por edad disminuyó aproximadamente un 40 % en los países de ingresos altos. Esta mejora muestra que la mortalidad no está determinada únicamente por la biología del tumor: también depende de la organización de los servicios, la oportunidad diagnóstica, la disponibilidad de tratamientos eficaces y la continuidad asistencial.
En Colombia, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres y una de las principales causas de mortalidad por cáncer en esta población. Los datos de la Cuenta de Alto Costo (CAC) permiten dimensionar la carga de la enfermedad y, al mismo tiempo, observar los desafíos que persisten en el acceso a la atención:
- Casos prevalentes en mujeres: 112,513
- Casos nuevos reportados: 8,590
- Fallecimientos reportados: 4,322
- Mortalidad estandarizada: 12,91 defunciones por 100.000 mujeres
Fuente: Cuenta de Alto Costo, Situación del cáncer en la población adulta atendida en el SGSSS de Colombia 2024.
Las 4.322 defunciones corresponden a mortalidad general reportada entre las mujeres registradas con cáncer invasivo; no deben interpretarse automáticamente como muertes causadas exclusivamente por el tumor.
Los datos publicados por SaluData, el Observatorio de salud de Bogotá, indican que en 2025 se registraron 2.544 casos nuevos confirmados y una proporción de incidencia de 62,1 por cada 100.000 mujeres. Recordemos que solo entre el 0,5 y el 1% de los casos afecta a hombres. Para 2026 en la ciudad se han registrado en el primer semestre 1.209 casos confirmados.
Uno de los principales indicadores de desempeño es el tiempo transcurrido entre la sospecha de cáncer y el inicio del tratamiento. Según el informe de la CAC para 2024, ese recorrido tomó, en promedio, 93 días. Aunque el informe identifica una mejora en los tiempos de acceso desde 2020, la duración de la ruta sigue siendo una preocupación clínica y organizativa.
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre las demoras en el diagnóstico, el inicio tardío de tratamientos, las interrupciones terapéuticas y las brechas en el acceso a mamografías. Estos problemas son especialmente relevantes en un sistema con dificultades para garantizar el suministro continuo de medicamentos y la realización oportuna de procedimientos. La detección temprana pierde parte de su potencial si una paciente debe esperar semanas o meses para acceder a biopsias, resultados de patología, pruebas moleculares o valoración por oncología.
Tratamientos: de una terapia general a una estrategia adaptada al tumor
El tratamiento del cáncer de mama ha evolucionado hacia una medicina cada vez más personalizada. La elección depende del estadio, de las características biológicas del tumor, de las condiciones clínicas de la paciente y de los objetivos terapéuticos. Las investigaciones más recientes muestran un panorama que exhibe grandes y prometedores avances, así como desafíos persistentes. Los desarrollos más recientes apuntan cada vez más a la medicina personalizada, basada en marcadores específicos de cada paciente, mediante métodos de caracterización molecular, identificación de receptores hormonales, anticuerpos conjugados, inmunoterapia y una atención integral que combina distintas herramientas terapéuticas. También se registran avances en la precisión de las cirugías y en la reducción de la toxicidad y los efectos adversos asociados con la radioterapia y quimioterapia.
No obstante, aunque la innovación terapéutica es prometedora, esto no significa que todas las pacientes necesiten los medicamentos más recientes. Significa que cada paciente debe recibir el tratamiento con mejor balance entre beneficios, riesgos y evidencia para su tipo de tumor.
La brecha decisiva: convertir la innovación en acceso efectivo
Para Colombia, el reto es doble. Por una parte, incorporar de forma apropiada los avances científicos y asegurar que los servicios de patología, cirugía, oncología, radioterapia y diagnóstico por imágenes estén articulados. Por otra, garantizar que la atención no se interrumpa por problemas de financiación, autorizaciones, contratación o disponibilidad de medicamentos.
El sistema de salud debe continuar sus esfuerzos en fortalecer la detección temprana, con rutas claras para evaluar síntomas y hallazgos sospechosos, así como acceso oportuno a mamografías y otras pruebas diagnósticas.
Reducir los tiempos entre impresión diagnóstica y diagnóstico confirmatorio para acelerar el inicio del tratamiento es una de las prioridades que debe incorporar el sistema de salud y los modelos de atención. De la misma manera, es clave asegurar a las pacientes la continuidad terapéutica, con seguimiento a las interrupciones en el suministro de medicamentos, las citas de oncología, las cirugías y las sesiones de radioterapia.
Las autoridades sanitarias deben avanzar en la evaluación técnica y de pertinencia de la incorporación de nuevas tecnologías, considerando la eficacia clínica, la seguridad, la costo-efectividad, el impacto presupuestal y la equidad en el acceso.
La efectividad de estas medidas debe evaluarse con resultados observables, no solo con protocolos publicados o recursos anunciados. El indicador central es que las mujeres reciban el diagnóstico y el tratamiento que necesitan, en el momento adecuado y sin interrupciones evitables.
Conclusión
El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama debe servir para ir más allá de los mensajes de sensibilización. La magnitud mundial de la enfermedad, las cifras colombianas y las desigualdades en los resultados muestran que la respuesta requiere una combinación sostenida de prevención, diagnóstico temprano, atención especializada, innovación terapéutica y protección financiera de las pacientes.
Colombia dispone de capacidades clínicas y de información que permiten medir el problema. El siguiente paso es utilizar esos datos para corregir las brechas que persisten entre territorios y regímenes, mejorar la oportunidad de atención y garantizar que los avances científicos se traduzcan en beneficios reales para las mujeres.
La detección temprana importa, pero solo salva vidas cuando está conectada con un diagnóstico oportuno y un tratamiento completo, adecuado y continuo. El desafío para el sistema de salud colombiano está en reducir la morbilidad y la mortalidad, fortalecer los procesos de diagnóstico temprano y garantizar la continuidad del tratamiento. La ampliación del acceso en territorios rurales y dispersos es, sin duda, una de las mayores tareas pendientes del sistema, que el nuevo gobierno debería asumir entre sus prioridades.
Desde INNOS hacemos el llamado insistente a todos los actores del sistema para que asuman sus compromisos ante una patología de alto impacto en nuestra sociedad.
Fuentes
por Coordinacion Innos | Oct 13, 2026 | Uncategorized
El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha promovida para llamar la atención sobre los problemas de salud mental, reducir el estigma y movilizar esfuerzos para mejorar la atención. En 2026, la Organización Mundial de la Salud propone un mensaje particularmente significativo: “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real”. La campaña busca que quienes han vivido directamente problemas de salud mental no sean solamente escuchados, sino que participen en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y servicios que les afectan.
El mensaje resulta pertinente porque la discusión sobre salud mental ha dejado de ser exclusivamente una conversación sobre enfermedades o trastornos individuales. Hoy existe un consenso creciente en torno a que la salud mental está condicionada también por factores sociales, económicos, familiares, laborales, educativos, ambientales y territoriales. La pobreza, la violencia, la discriminación, el aislamiento social y la exposición a situaciones adversas pueden incrementar los riesgos y dificultar la recuperación.
En el mundo, la magnitud del problema es considerable. La OMS estima que más de 1.000 millones de personas viven actualmente con una condición de salud mental. Los trastornos de ansiedad y depresión se encuentran entre los más frecuentes. En 2019, antes de la pandemia, se estimaba que alrededor de 970 millones de personas vivían con algún trastorno mental. Estas condiciones representan además una parte importante de la discapacidad mundial y pueden afectar las relaciones familiares, el desempeño educativo y laboral, así como la participación social.
Sin embargo, los sistemas sanitarios siguen teniendo dificultades para responder a esta demanda. El Mental Health Atlas 2024 de la OMS, publicado en 2025 con información de 144 países, encontró que la salud mental continúa recibiendo alrededor del 2% de los presupuestos de salud, una proporción que prácticamente no ha cambiado desde 2017. También persisten grandes diferencias en disponibilidad de recursos humanos y financiación entre países.
En Colombia, según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025, desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social, existe una situación compleja. Aunque una proporción importante de la población mantiene una percepción positiva de su vida y sus relaciones, se observan simultáneamente mayores niveles de ansiedad, depresión, soledad, discriminación y diferentes formas de sufrimiento emocional. Algunos análisis de los resultados de la ENSM 2025 señalan que los diagnósticos de depresión se habrían triplicado frente a la medición de 2015 y los de trastorno de ansiedad generalizada se habrían cuadruplicado.
La encuesta también pone de manifiesto la importancia de factores que tradicionalmente han permanecido en segundo plano en las políticas sanitarias: soledad, discriminación, condiciones económicas, dinámicas familiares, entornos digitales, violencia y desigualdades territoriales. Esto obliga a superar una concepción de la salud mental centrada exclusivamente en la consulta con psicología o psiquiatría.
La conducta suicida ofrece uno de los indicadores más preocupantes. De acuerdo con información del Ministerio de Salud, en el país, en 2025, se notificaron 38.791 casos de intento de suicidio y, en 2026, con corte a la semana epidemiológica 35, se registraban 26.412 casos en Sivigila.
La información epidemiológica permite observar además que los problemas familiares, los conflictos de pareja, las dificultades económicas y los problemas escolares o educativos aparecen entre los principales factores asociados a los intentos de suicidio. Preocupa, además, que exista una concentración especialmente elevada entre personas de 15 a 29 años.
Uno de los mayores desafíos colombianos es la desigual distribución de las capacidades de atención. Un análisis del Ministerio de Salud señala que los especialistas en psiquiatría se concentran fundamentalmente en las grandes ciudades y que existen departamentos con una disponibilidad extremadamente baja.
La brecha es particularmente visible en territorios afectados simultáneamente por pobreza, violencia, desplazamiento, conflicto armado y dificultades de acceso a servicios. Esto evidencia una cuestión central: la salud mental es también una expresión de las desigualdades sociales y territoriales. No resulta suficiente aumentar las consultas de psiquiatría en las capitales si las comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto, niños y adolescentes continúan enfrentando dificultades para acceder a atención oportuna.
La crisis del sistema de salud también es una crisis de salud mental
La discusión adquiere una dimensión adicional en el contexto actual del sistema sanitario colombiano. Las dificultades financieras y operativas de algunos actores, las deudas con prestadores, las barreras administrativas, las demoras en autorizaciones y la falta de continuidad de determinados tratamientos terminan teniendo consecuencias que van más allá de una enfermedad específica.
El Gobierno reportó que entre enero y julio de 2026 la Superintendencia Nacional de Salud recibió 1.220.142 reclamos, equivalentes a alrededor de 5.700 reclamos diarios, y que el 92% estaba relacionado con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. Esta cifra corresponde a la información presentada por el Gobierno para justificar el Plan de Choque y debe entenderse como un indicador de problemas de acceso reportados por los usuarios, no por sí sola como una medición integral de todas las dimensiones de la crisis del sistema.
En salud mental, las consecuencias de estas barreras pueden ser especialmente graves. Una consulta psicológica o psiquiátrica aplazada, la interrupción de un medicamento, la dificultad para acceder a hospitalización cuando existe riesgo suicida o la ausencia de seguimiento después de una crisis pueden romper la continuidad de un tratamiento precisamente en el momento en que el paciente presenta mayor vulnerabilidad.
El Plan de Choque es una oportunidad que debe llegar también a la salud mental
El 21 de septiembre de 2026 el Gobierno Nacional puso en marcha la primera fase del Plan de Choque en Salud, concebido como una estrategia extraordinaria y temporal para resolver atenciones represadas y recuperar la continuidad de los tratamientos.
Esta primera fase prioriza a pacientes con enfermedades que pueden comprometer la vida o producir pérdida irreversible de la respuesta terapéutica, entre ellas cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH. También incluye patologías con alto riesgo de hospitalización, como EPOC, asma, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, además de gestantes que requieren tratamientos esenciales.
Pero existe un elemento particularmente relevante para el Día Mundial de la Salud Mental: el propio Gobierno ha incluido la salud mental entre las condiciones contempladas dentro del Plan de Choque. La Presidencia señaló expresamente que entre los pacientes afectados se encuentran personas con problemas de salud mental.
La importancia del Plan de Choque para la salud mental dependerá, sin embargo, de que la identificación de pendientes no se limite a procedimientos y medicamentos. Debería permitir también identificar consultas de psicología y psiquiatría aplazadas, tratamientos interrumpidos, hospitalizaciones pendientes, controles posteriores a intentos de suicidio y pacientes que han quedado sin continuidad terapéutica.
El Código Dorado: una respuesta específica frente al suicidio
El Plan de Choque coincide con otra decisión reciente del Ministerio de Salud: la creación del Código Dorado, mediante la Resolución 0347 de 2026, como parte de la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de las Personas con Conducta Suicida.
El objetivo es garantizar atención inmediata, continua e integral, reducir las barreras de acceso e incorporar seguimiento antes, durante y después de una crisis.
La existencia simultánea del Código Dorado y del Plan de Choque ofrece una oportunidad para articular dos problemas que tradicionalmente han sido tratados por separado: la respuesta clínica a la crisis y la capacidad efectiva del sistema para garantizar continuidad del cuidado.
¿Qué debería significar el Día Mundial de la Salud Mental para Colombia?
La principal conclusión que dejan los datos disponibles en 2026 es que Colombia no enfrenta únicamente un problema de mayor demanda de servicios de psicología y psiquiatría. Enfrenta un desafío de transformación del modelo de atención.
Cinco prioridades parecen especialmente relevantes:
- Integrar efectivamente la salud mental en la atención primaria. La detección temprana de depresión, ansiedad, consumo problemático de sustancias y riesgo suicida no puede depender exclusivamente de especialistas.
- Convertir la prevención del suicidio en una política territorial. Los datos muestran diferencias importantes según edad, sexo y territorio. Las estrategias deben incorporar escuelas, familias, comunidades, atención primaria y redes sociales de apoyo.
- Garantizar continuidad asistencial. La oportunidad de una consulta, la entrega de medicamentos y el seguimiento posterior a una crisis deben formar parte de indicadores explícitos de desempeño del sistema.
- Reducir las desigualdades territoriales. Colombia necesita fortalecer capacidades de salud mental en municipios y departamentos con menor oferta, utilizando equipos comunitarios, telemedicina, agentes comunitarios y mecanismos de referencia y contrarreferencia.
- Incorporar a las personas con experiencia vivida en las decisiones. Esta es precisamente la invitación de la OMS para 2026: pasar de hablar sobre las personas con problemas de salud mental a construir las políticas con ellas.
Conclusiones
El aumento de los problemas de salud mental, las brechas de atención y las dificultades para garantizar tratamientos oportunos convierten la salud mental en uno de los grandes desafíos de los sistemas sanitarios. En Colombia, la nueva Encuesta Nacional de Salud Mental, el incremento de la conducta suicida y las barreras de acceso evidencian la necesidad de pasar de las declaraciones a una respuesta sostenida. El reciente Plan de Choque en Salud abre una oportunidad, pero su alcance dependerá de que la salud mental sea incorporada de manera efectiva a la recuperación de la continuidad asistencial.
En 2026, el mensaje de la OMS resulta especialmente oportuno para Colombia: escuchar las experiencias de quienes viven los problemas de salud mental debe ser el punto de partida para transformar los servicios. Escuchar, sin embargo, solo adquiere sentido cuando se traduce en decisiones, recursos y atención efectiva.
Fuentes
- Organización Mundial de la Salud. Mental health – datos y respuesta mundial. OMS – Salud mental
por Coordinacion Innos | Oct 7, 2026 | Noticias
Los alcances de la reciente sentencia del Consejo de Estado
Mediante sentencia del 17 de septiembre de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó, con algunas modificaciones, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había declarado vulnerados derechos e intereses colectivos relacionados con la salud, el patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas y los derechos de usuarios y consumidores.
La decisión surge de una acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio, con vinculación del INVIMA. El proceso comenzó alrededor de los problemas de regulación de precios y sobrecostos de medicamentos, pero, durante su desarrollo, incorporó otras dificultades estructurales, especialmente el desabastecimiento y las debilidades de supervisión de la cadena farmacéutica.
El fallo tiene una importancia que trasciende la controversia judicial concreta. El Consejo de Estado concluyó que no se demostró la existencia de una Política Nacional Farmacéutica vigente que cumpliera integralmente el mandato del artículo 23 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. El CONPES 155 de 2012, que estableció la Política Farmacéutica Nacional, tuvo vigencia hasta 2021 y, según la sentencia, las diferentes políticas que el Ministerio de Salud presentó durante el proceso (soberanía sanitaria, reindustrialización, política nacional de drogas, entre otras) no sustituyen una política farmacéutica nacional integral.
La sentencia abre, por tanto, el camino para una nueva política que deberá responder a un sistema farmacéutico muy diferente del que existía cuando se aprobó el CONPES 155.
Lo que ordena la sentencia es que la nueva política estudie y reformule los mecanismos de control de precios, así como sus metodologías y procedimientos, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y el objetivo de garantizar el acceso de la población a los medicamentos. Señala, además, que la libre competencia no constituye un derecho absoluto y debe ejercerse en armonía con las finalidades sociales del Estado y con el derecho a la salud.
Esto significa que la nueva política tendrá que responder a interrogantes más complejos que la regulación de precios, sin limitarse únicamente a ello. La política pública tendrá que entrar a dirimir conflictos relacionados con compras públicas, competencia, negociación, niveles adecuados de regulación estatal, responsabilidades en la negociación de precios e inventarios, todo ello sin afectar la disponibilidad ni la sostenibilidad del mercado farmacéutico.
Una política integral de medicamentos como la que recomienda el Consejo de Estado deberá, por consiguiente, abordar todos estos aspectos, así como otros que influyen directa o indirectamente en los indicadores de eficiencia y eficacia del mercado farmacéutico. Temas como la producción, adquisición, distribución, investigación e innovación, propiedad intelectual, disponibilidad y viabilidad del mercado, deberán considerarse por el Gobierno, responsable de definir las políticas públicas en este y en otros temas de interés para el país.
Este enfoque representa un cambio importante respecto de una discusión tradicional centrada casi exclusivamente en el precio de los medicamentos. Sin embargo, precisamente la sentencia ordena revisar la política de control de precios y sus metodologías.
Las situaciones problemáticas que el país ha venido enfrentando durante los últimos años, muestran que debe existir una política que tenga en cuenta el impacto sobre pacientes y familias derivado de problemas como la reducción en la producción de medicamentos esenciales, el desabastecimiento, las fallas en los procesos de distribución y desequilibrios en la relación entre oferta y demanda.
Por ello, el Consejo de Estado ordena estudiar diferentes mecanismos de adquisición, que incluyen compras descentralizadas o públicas, acuerdos de precios sobre medicamentos específicos, subastas inversas y otros mecanismos aplicables a estos mercados.
Sin embargo, es importante que también se consideren aspectos como los relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria farmacéutica en el país; así como acuerdos de cooperación con la industria internacional y medidas modernas de regulación que complementen los avances del país en este campo.
El Consejo de Estado plantea la composición de una mesa de trabajo con participación del Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, el INVIMA, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ciencia, la ADRES, la industria farmacéutica, mayoristas, EPS, IPS, usuarios y pacientes, gestores farmacéuticos, academia y Procuraduría.
Además, el Ministerio de Salud deberá liderar la mesa y presentar informes de gestión y avance. La mesa debe constituirse dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia. Esto supone una concepción de la política farmacéutica como política intersectorial y participativa.
El Consejo de Estado agregó un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, presidido por el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca e integrado por la Procuraduría, representantes de las entidades demandadas y vinculadas y el Ministerio Público. Esto significa que la nueva política no quedará simplemente en manos de la administración.
A partir de la sentencia, sería conveniente que la nueva política se estructurara alrededor de ocho ejes estratégicos:
- Acceso y equidad.
- Regulación económica.
- Abastecimiento.
- Compras públicas.
- Información y trazabilidad.
- Regulación sanitaria.
- Innovación y autonomía sanitaria.
- Financiación sostenible.
Desde INNOS valoramos muy positivamente la orientación del Consejo de Estado para que el Gobierno asuma su responsabilidad con el diseño e implementación de una política pública integral que responda a las necesidades y complejas problemáticas relacionadas con el acceso y la disponibilidad de los medicamentos en el país. Para ello, es esencial tener en cuenta marcos internacionales como las Buenas Prácticas Regulatorias emitidas por la Organización Mundial de la Salud, que plantean principios y facilitadores para el óptimo desarrollo de una política pública coherente con los desafíos sectoriales.
Nuestros análisis en América Latina constituyen un referente para avanzar en la regulación farmacéutica, pues presentan análisis y recomendaciones basadas en datos y validados por expertos del sector. Les invitamos a conocer más del Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias en la regulación de productos farmacéuticos en este enlace.
Referencias
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de segunda instancia del 17 de septiembre de 2026, acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación.
- INNOS (2026). Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias en la regulación de productos farmacéuticos. Disponible en. https://www.observatoriobpr.com/
por Coordinacion Innos | Sep 30, 2026 | Noticias
El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Choque en Salud, conjunto de medidas extraordinarias orientadas a resolver atenciones represadas de más de un millón de pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes.
En coherencia con los anuncios y promesas de la campaña del actual presidente, este plan constituye una intervención operativa y financiera de corto plazo enfocada en restaurar la capacidad de respuesta del sistema frente al incremento de barreras de acceso reportadas por los usuarios.
Deberá enfrentar grandes desafíos como la disponibilidad efectiva de recursos, la capacidad de ejecución de EPS, IPS y operadores farmacéuticos y la necesidad de que se complemente con medidas que aborden las causas estructurales del represamiento.
Respuesta inicial a la crisis desde el nuevo Gobierno.
Menos de 60 días después del inicio del periodo de Gobierno, el presidente De la Espriella y la ministra Vesga avanzan en la publicación del esperado plan de choque, para enfrentar un complejo escenario marcado por un aumento significativo de las reclamaciones de los usuarios ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin precedentes en los últimos años y en los meses recientes. El Gobierno informó que entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos, de los cuales el 92 % estaría relacionado con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud.
Como resultado del cruce de información entre aseguradores, bases administrativas y mecanismos de atención a usuarios, el Ministerio identificó 1.069.196 pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes. La primera fase del plan estará vigente entre septiembre y diciembre de 2026 y tendrá cobertura nacional.
Un plan con cuatro estrategias.
1. Identificación de pacientes con atenciones pendientes.
El Ministerio y las EPS consolidarán información para identificar pacientes con necesidades no resueltas y establecer prioridades de atención.
2. Priorización por riesgo clínico.
La primera fase dará prioridad a pacientes cuya situación clínica pueda deteriorarse rápidamente o generar pérdida irreversible de beneficios terapéuticos.
Entre los grupos priorizados se encuentran pacientes con cáncer, personas en lista de trasplantes, personas con enfermedades huérfanas, pacientes con VIH, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, EPOC y asma, y mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales, entre otros.
3. Seguimiento individual y trazabilidad
Cada caso deberá ser monitoreado hasta verificar que el medicamento fue entregado o que el procedimiento efectivamente se realizó. El Ministerio anunció un proceso de trazabilidad continua que involucra a EPS y aseguradores.
4. Mecanismo extraordinario de liquidez
El Gobierno anunció la implementación de un mecanismo de compra de cartera dirigida con el fin de facilitar pagos a prestadores y proveedores y aliviar restricciones de flujo de caja. Diversas notas periodísticas reportan que la medida contempla condiciones especiales para las EPS, incluyendo un periodo de gracia y financiación con tasa preferencial.
El Gobierno espera resolver las prioridades de pacientes que ya tienen tratamientos definidos y que están a la espera de sus medicamentos o procedimientos que, en caso de seguir aplazándose, ponen en riesgo su condición actual y el curso de su enfermedad.
El plan de choque debe servir para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud, que se ha deteriorado significativamente durante los últimos años. El Gobierno trata así de mostrar resultados que favorezcan la percepción ciudadana y la capacidad de respuesta del sistema.
Para los prestadores de servicios, la adición de nuevos recursos también será un alivio a su situación financiera y a las relaciones entre prestadores, aseguradores y reguladores.
En las condiciones actuales del sistema de salud, un plan de choque diseñado por el Gobierno es, sin dudas, un enorme avance para la superación de la crisis. No obstante, no es la solución completa y requiere de la cooperación y del compromiso de todos los actores del sistema de salud. Aseguradores, prestadores, entidades territoriales, academia, gremios y pacientes, deben aportar para resolver las dificultades actuales y preparar el camino para las reformas mayores que el sistema necesita. El liderazgo de la ministra y el presidente será fundamental en los próximos meses.
Conclusión.
El Plan de Choque en Salud 2026 representa una de las intervenciones operativas más ambiciosas anunciadas recientemente para enfrentar el represamiento de servicios y medicamentos en Colombia. Su fortaleza principal radica en la identificación de más de un millón de pacientes con necesidades específicas de atención y en la focalización sobre grupos clínicamente vulnerables.
No obstante, la medida debe entenderse como una estrategia extraordinaria de recuperación de atenciones pendientes y no como una solución estructural a los problemas de financiación, capacidad operativa y organización del sistema. El indicador clave de éxito será que en los próximos meses se reduzcan los represamientos, disminuyan las quejas por barreras de acceso y se evite la reaparición de nuevos atrasos asistenciales.
Fuentes:
- Plan de Choque en Salud: así funcionará el seguimiento a más de un millón de pacientes con atenciones pendientes [minsalud.gov.co].
- Plan de choque en salud. [ambitojuridico.com].
- Presidente De la Espriella ordena a la ministra Vesga poner en marcha la primera fase del plan de choque en salud [elheraldo.co].
- Abelardo De la Espriella anuncia plan de choque en salud para destrabar la atención de un millón de pacientes. [infobae.com].