por Coordinacion Innos | Nov 4, 2026 | Noticias
El informe Estado del Sistema de Salud en las Ciudades Capitales — Línea Base 2026, elaborado por Asocapitales y UNIPS Colombia y publicado hace algunas semanas, presenta una señal de alerta sobre la situación del sistema de salud en las capitales.
Elaborado mediante la aplicación de un cuestionario técnico a los responsables de las Secretarías de Salud de las 31 ciudades capitales, este informe muestra una preocupación generalizada entre las autoridades consultadas, quienes reportaron niveles de riesgo alto o crítico, dificultades extendidas para acceder a los servicios, inestabilidad de las redes prestadoras y problemas de abastecimiento de medicamentos.
Lo más llamativo es que exista coincidencia entre las autoridades sanitarias territoriales frente a una problemática compleja que sobrepasa, en muchos casos, las capacidades de gestión de cada municipio. Las dificultades financieras y contractuales entre las entidades promotoras de salud (EPS) y las instituciones prestadoras de servicios (IPS) derivan en interrupciones en la atención y fallas constantes en la continuidad de los tratamientos, según las respuestas al cuestionario.
Si bien el informe recoge la percepción institucional de las Secretarías de Salud y no constituye una auditoría administrativa o financiera independiente, los resultados permiten establecer una línea de base para identificar alertas y orientar decisiones. A continuación, resumimos los principales datos y resultados de este informe.
- Resultados
Dificultades de acceso: 30 de las 31 ciudades reportaron riesgo alto o crítico en el acceso a los servicios de salud. De ellas, 27 señalaron que las barreras habían aumentado significativamente durante el último año y ninguna reportó mejoría.
Debilitamiento e inestabilidad de la red de prestación de servicios: De las 31 ciudades que conforman el universo de la encuesta, 30 ciudades describieron su red pública y privada como inestable, en deterioro o en riesgo de colapso. Lo anterior se atribuye especialmente al cierre o suspensión de servicios asociados a la cartera de las EPS, las dificultades financieras de las IPS y la terminación de contratos.
Fallas reiteradas en el abastecimiento de medicamentos y otras tecnologías: En 23 de las 31 ciudades se reportaron dificultades críticas en el abastecimiento de medicamentos ambulatorios. Como consecuencia, se reporta un deterioro del acceso, aumento de las quejas, brechas en la continuidad terapéutica y detrimento de los indicadores de salud.
Preocupación por los pacientes de alto costo: La mayoría de las ciudades (27) priorizaron la interrupción de tratamientos de alto costo entre los principales riesgos. Para las autoridades consultadas, las dificultades de suministro son particularmente preocupantes en los medicamentos oncológicos. Así mismo, se mencionaron los problemas de capacidad de la red para atención de enfermedades huérfanas y raras.
Incertidumbre y presión sobre el aseguramiento: Las ciudades reportaron que cerca del 50% de los aseguradores se encuentran bajo intervención del gobierno. Esta situación ha profundizado las dudas sobre la continuidad del aseguramiento y aumenta la presión sobre el sistema.
Prioridades en el acceso y el saneamiento contable: 30 de las 31 ciudades pidieron garantizar el suministro de medicamentos y tecnologías de alto costo y apoyar el saneamiento de la cartera entre EPS e IPS. En segundo lugar, se prioriza revisar la interrupción de contratos con prestadores como amenaza al acceso y, en tercer lugar, abordar el desabastecimiento de medicamentos, insumos y tecnologías como riesgo crítico que requiere intervención.
- Análisis del informe.
Este reporte confirma un círculo de deterioro: las dificultades en el flujo de recursos y las deudas afectan la capacidad financiera de los prestadores, la incertidumbre contractual puede traducirse en reducción o suspensión de servicios y estas interrupciones se convierten en barreras para los pacientes. El impacto puede ser especialmente grave cuando compromete medicamentos o tratamientos que no deben interrumpirse, como ocurre en las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas el cáncer, y en las enfermedades raras y huérfanas.
La convergencia de las respuestas de las autoridades territoriales de salud sugiere que no basta con resolver cada queja de manera aislada. Por el contrario, se requiere actuar sobre las condiciones estructurales y de fondo que interrumpen la atención: la cartera entre aseguradores y prestadores, la continuidad contractual, el abastecimiento de medicamentos y la coordinación para autorizar, remitir y atender a los pacientes.
Si bien el análisis general muestra consistencia y coincidencias entre la mayoría de las capitales, es importante diferenciar casos y situaciones específicas. Los problemas de acceso, el riesgo sistémico y la gobernanza del aseguramiento muestran resultados relativamente homogéneos. No obstante, temas como la estabilidad de las redes prestadoras y la capacidad de inspección, vigilancia y control no se presentan de manera generalizada, aunque aparecen en algunas de las respuestas. Por ello, se requieren diagnósticos y apoyos diferenciados.
- Conclusiones del informe.
Este es un documento de altísimo valor, pues recoge la percepción directa de las autoridades de salud pública de las capitales de departamento del país, entidades territoriales que cuentan con importantes responsabilidades, capacidades de respuesta y recurso para enfrentar las problemáticas del sistema. Contar con respuestas del 100% de las capitales representa un aporte significativo a la discusión nacional sobre el sistema de salud. Por ello, este informe debería ser considerado un insumo clave para la reorientación del sistema y para la priorización que realice el Gobierno nacional haga con miras a la formulación del próximo Plan Nacional de Desarrollo.
De acuerdo con los datos publicados en el informe, el Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud (ITRSS) promedio fue de 71 sobre 100, lo cual se ubica en el rango alto, según la interpretación establecida en el documento. Así mismo, 30 de las 31 ciudades reportaron riesgo alto o crítico en el acceso a los servicios de salud y 30 de las 31 calificaron su red prestadora como “inestable, con signos de deterioro o en riesgo de colapso”.
Por ello, la conclusión más sólida es que las autoridades sanitarias de las capitales están reportando señales convergentes de deterioro y riesgos para la continuidad asistencial. Para establecer su magnitud exacta, sus causas financieras y su impacto clínico, será necesario profundizar y complementar los datos derivados de la percepción territorial con análisis y estudios específicos por regiones.
- Principales recomendaciones de informe.
Como se ha descrito, este informe constituye un primer ejercicio de análisis sobre la percepción de la situación del sistema de salud en las capitales de departamentos del país. Por ello, se entiende como una línea de Base, sin parámetro previo de comparación. En concordancia con el alcance del documento, resaltamos algunas de sus recomendaciones:
- Garantizar el suministro de tecnologías de alto costo, medicamentos y servicios a los pacientes.
- Establecer mecanismos para apoyar el saneamiento de la cartera entre EPS e IPS MinSalud
- Garantizar la continuidad de la contratación entre EPS e IPS. MinSalud
- Normalizar los procesos de autorizaciones, referencia y contrarreferencia.
- Conclusiones.
La Línea Base publicada por Asocapitales y UNIPS aporta una señal de alerta territorial consistente: las capitales describen barreras de acceso extendidas y vinculan buena parte del deterioro con problemas financieros y contractuales que afectan la prestación de los servicios.
La respuesta debe combinar medidas inmediatas para proteger a los pacientes con acciones estructurales relacionada con la cartera, la contratación, el suministro de medicamentos y coordinación entre niveles de gobierno.
Desde INNOS valoramos muy positivamente estos análisis construidos desde el territorio, ya que permiten una comprensión más precisa y detallada de lo que ocurre en el sistema de salud. En los territorios también existen iniciativas y soluciones que pueden contribuir a la estabilización del sistema y a resolver las fallas estructurales y funcionales que tiene actualmente.
Es importante que el Gobierno nacional cuente con los actores locales y con las autoridades sanitarias de ciudades y departamentos para el diseño de las políticas públicas que orientarán el sistema de salud durante los próximos años.
Referencia
Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Colombia (UNIPS Colombia). (2026). Estado del Sistema de Salud en las Ciudades Capitales — Línea Base 2026. Bogotá, D. C. https://www.asocapitales.co/sites/default/files/files/technical_documents/informe-linea-base-2026-estado-del-sistema-de-salud-en-las-ciudades-capitales.pdf
por Coordinacion Innos | Oct 28, 2026 | Noticias, Uncategorized
Cada 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama recuerda que la detección temprana y el acceso oportuno al tratamiento pueden cambiar el curso de una enfermedad que afecta a millones de mujeres. La fecha es una oportunidad para recordar que, mientras la investigación y la innovación continúan ampliando las posibilidades y mejorando las respuestas terapéuticas; los sistemas sanitarios enfrentan los desafíos del acceso oportuno e integral a medios diagnósticos, tratamientos, rehabilitación y paliación para todas las afectadas.
El mayor desafío actual va más allá de la detección del tumor, porque implica garantizar que las mujeres con hallazgos sospechosos obtengan una evaluación diagnóstica rápida, reciban una caracterización biológica adecuada y comiencen el tratamiento indicado sin interrupciones. En Colombia, esta exigencia adquiere especial importancia en un sistema sanitario que enfrenta dificultades financieras y problemas de acceso a medicamentos, procedimientos y servicios especializados.
Una carga mundial que continúa creciendo
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante 2024 se registraron aproximadamente 2,4 millones de nuevos casos de cáncer de mama y 694.000 muertes en el mundo. Es el cáncer más frecuente entre las mujeres en 164 de los 186 países analizados por la organización. Las cifras globales más recientes reflejan la magnitud del problema, aunque las estimaciones de distintos años no deben compararse como si correspondieran a una misma serie estadística.
Como referencia comparable basada en GLOBOCAN 2022, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer estimó 2,3 millones de casos nuevos, 670.000 muertes y una prevalencia a cinco años de alrededor de 8,17 millones de personas con diagnóstico reciente o previo de cáncer de mama. La prevalencia a cinco años no equivale al número total de personas que viven actualmente con la enfermedad: representa a quienes fueron diagnosticadas durante los cinco años anteriores y seguían formando parte de la población contabilizada.
Las tendencias de la mortalidad y la morbilidad, según las agencias internacionales, afectarían de manera desproporcionada a los países con menor desarrollo humano, donde los sistemas sanitarios suelen tener más dificultades para garantizar diagnóstico temprano, tratamiento integral y seguimiento.
La desigualdad se aprecia también en la supervivencia. La OMS informa que, entre la década de 1980 y 2020, la mortalidad estandarizada por edad disminuyó aproximadamente un 40 % en los países de ingresos altos. Esta mejora muestra que la mortalidad no está determinada únicamente por la biología del tumor: también depende de la organización de los servicios, la oportunidad diagnóstica, la disponibilidad de tratamientos eficaces y la continuidad asistencial.
En Colombia, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres y una de las principales causas de mortalidad por cáncer en esta población. Los datos de la Cuenta de Alto Costo (CAC) permiten dimensionar la carga de la enfermedad y, al mismo tiempo, observar los desafíos que persisten en el acceso a la atención:
- Casos prevalentes en mujeres: 112,513
- Casos nuevos reportados: 8,590
- Fallecimientos reportados: 4,322
- Mortalidad estandarizada: 12,91 defunciones por 100.000 mujeres
Fuente: Cuenta de Alto Costo, Situación del cáncer en la población adulta atendida en el SGSSS de Colombia 2024.
Las 4.322 defunciones corresponden a mortalidad general reportada entre las mujeres registradas con cáncer invasivo; no deben interpretarse automáticamente como muertes causadas exclusivamente por el tumor.
Los datos publicados por SaluData, el Observatorio de salud de Bogotá, indican que en 2025 se registraron 2.544 casos nuevos confirmados y una proporción de incidencia de 62,1 por cada 100.000 mujeres. Recordemos que solo entre el 0,5 y el 1% de los casos afecta a hombres. Para 2026 en la ciudad se han registrado en el primer semestre 1.209 casos confirmados.
Uno de los principales indicadores de desempeño es el tiempo transcurrido entre la sospecha de cáncer y el inicio del tratamiento. Según el informe de la CAC para 2024, ese recorrido tomó, en promedio, 93 días. Aunque el informe identifica una mejora en los tiempos de acceso desde 2020, la duración de la ruta sigue siendo una preocupación clínica y organizativa.
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre las demoras en el diagnóstico, el inicio tardío de tratamientos, las interrupciones terapéuticas y las brechas en el acceso a mamografías. Estos problemas son especialmente relevantes en un sistema con dificultades para garantizar el suministro continuo de medicamentos y la realización oportuna de procedimientos. La detección temprana pierde parte de su potencial si una paciente debe esperar semanas o meses para acceder a biopsias, resultados de patología, pruebas moleculares o valoración por oncología.
Tratamientos: de una terapia general a una estrategia adaptada al tumor
El tratamiento del cáncer de mama ha evolucionado hacia una medicina cada vez más personalizada. La elección depende del estadio, de las características biológicas del tumor, de las condiciones clínicas de la paciente y de los objetivos terapéuticos. Las investigaciones más recientes muestran un panorama que exhibe grandes y prometedores avances, así como desafíos persistentes. Los desarrollos más recientes apuntan cada vez más a la medicina personalizada, basada en marcadores específicos de cada paciente, mediante métodos de caracterización molecular, identificación de receptores hormonales, anticuerpos conjugados, inmunoterapia y una atención integral que combina distintas herramientas terapéuticas. También se registran avances en la precisión de las cirugías y en la reducción de la toxicidad y los efectos adversos asociados con la radioterapia y quimioterapia.
No obstante, aunque la innovación terapéutica es prometedora, esto no significa que todas las pacientes necesiten los medicamentos más recientes. Significa que cada paciente debe recibir el tratamiento con mejor balance entre beneficios, riesgos y evidencia para su tipo de tumor.
La brecha decisiva: convertir la innovación en acceso efectivo
Para Colombia, el reto es doble. Por una parte, incorporar de forma apropiada los avances científicos y asegurar que los servicios de patología, cirugía, oncología, radioterapia y diagnóstico por imágenes estén articulados. Por otra, garantizar que la atención no se interrumpa por problemas de financiación, autorizaciones, contratación o disponibilidad de medicamentos.
El sistema de salud debe continuar sus esfuerzos en fortalecer la detección temprana, con rutas claras para evaluar síntomas y hallazgos sospechosos, así como acceso oportuno a mamografías y otras pruebas diagnósticas.
Reducir los tiempos entre impresión diagnóstica y diagnóstico confirmatorio para acelerar el inicio del tratamiento es una de las prioridades que debe incorporar el sistema de salud y los modelos de atención. De la misma manera, es clave asegurar a las pacientes la continuidad terapéutica, con seguimiento a las interrupciones en el suministro de medicamentos, las citas de oncología, las cirugías y las sesiones de radioterapia.
Las autoridades sanitarias deben avanzar en la evaluación técnica y de pertinencia de la incorporación de nuevas tecnologías, considerando la eficacia clínica, la seguridad, la costo-efectividad, el impacto presupuestal y la equidad en el acceso.
La efectividad de estas medidas debe evaluarse con resultados observables, no solo con protocolos publicados o recursos anunciados. El indicador central es que las mujeres reciban el diagnóstico y el tratamiento que necesitan, en el momento adecuado y sin interrupciones evitables.
Conclusión
El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama debe servir para ir más allá de los mensajes de sensibilización. La magnitud mundial de la enfermedad, las cifras colombianas y las desigualdades en los resultados muestran que la respuesta requiere una combinación sostenida de prevención, diagnóstico temprano, atención especializada, innovación terapéutica y protección financiera de las pacientes.
Colombia dispone de capacidades clínicas y de información que permiten medir el problema. El siguiente paso es utilizar esos datos para corregir las brechas que persisten entre territorios y regímenes, mejorar la oportunidad de atención y garantizar que los avances científicos se traduzcan en beneficios reales para las mujeres.
La detección temprana importa, pero solo salva vidas cuando está conectada con un diagnóstico oportuno y un tratamiento completo, adecuado y continuo. El desafío para el sistema de salud colombiano está en reducir la morbilidad y la mortalidad, fortalecer los procesos de diagnóstico temprano y garantizar la continuidad del tratamiento. La ampliación del acceso en territorios rurales y dispersos es, sin duda, una de las mayores tareas pendientes del sistema, que el nuevo gobierno debería asumir entre sus prioridades.
Desde INNOS hacemos el llamado insistente a todos los actores del sistema para que asuman sus compromisos ante una patología de alto impacto en nuestra sociedad.
Fuentes
por Coordinacion Innos | Oct 7, 2026 | Noticias
Los alcances de la reciente sentencia del Consejo de Estado
Mediante sentencia del 17 de septiembre de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó, con algunas modificaciones, la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había declarado vulnerados derechos e intereses colectivos relacionados con la salud, el patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas y los derechos de usuarios y consumidores.
La decisión surge de una acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Industria y Comercio, con vinculación del INVIMA. El proceso comenzó alrededor de los problemas de regulación de precios y sobrecostos de medicamentos, pero, durante su desarrollo, incorporó otras dificultades estructurales, especialmente el desabastecimiento y las debilidades de supervisión de la cadena farmacéutica.
El fallo tiene una importancia que trasciende la controversia judicial concreta. El Consejo de Estado concluyó que no se demostró la existencia de una Política Nacional Farmacéutica vigente que cumpliera integralmente el mandato del artículo 23 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. El CONPES 155 de 2012, que estableció la Política Farmacéutica Nacional, tuvo vigencia hasta 2021 y, según la sentencia, las diferentes políticas que el Ministerio de Salud presentó durante el proceso (soberanía sanitaria, reindustrialización, política nacional de drogas, entre otras) no sustituyen una política farmacéutica nacional integral.
La sentencia abre, por tanto, el camino para una nueva política que deberá responder a un sistema farmacéutico muy diferente del que existía cuando se aprobó el CONPES 155.
Lo que ordena la sentencia es que la nueva política estudie y reformule los mecanismos de control de precios, así como sus metodologías y procedimientos, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y el objetivo de garantizar el acceso de la población a los medicamentos. Señala, además, que la libre competencia no constituye un derecho absoluto y debe ejercerse en armonía con las finalidades sociales del Estado y con el derecho a la salud.
Esto significa que la nueva política tendrá que responder a interrogantes más complejos que la regulación de precios, sin limitarse únicamente a ello. La política pública tendrá que entrar a dirimir conflictos relacionados con compras públicas, competencia, negociación, niveles adecuados de regulación estatal, responsabilidades en la negociación de precios e inventarios, todo ello sin afectar la disponibilidad ni la sostenibilidad del mercado farmacéutico.
Una política integral de medicamentos como la que recomienda el Consejo de Estado deberá, por consiguiente, abordar todos estos aspectos, así como otros que influyen directa o indirectamente en los indicadores de eficiencia y eficacia del mercado farmacéutico. Temas como la producción, adquisición, distribución, investigación e innovación, propiedad intelectual, disponibilidad y viabilidad del mercado, deberán considerarse por el Gobierno, responsable de definir las políticas públicas en este y en otros temas de interés para el país.
Este enfoque representa un cambio importante respecto de una discusión tradicional centrada casi exclusivamente en el precio de los medicamentos. Sin embargo, precisamente la sentencia ordena revisar la política de control de precios y sus metodologías.
Las situaciones problemáticas que el país ha venido enfrentando durante los últimos años, muestran que debe existir una política que tenga en cuenta el impacto sobre pacientes y familias derivado de problemas como la reducción en la producción de medicamentos esenciales, el desabastecimiento, las fallas en los procesos de distribución y desequilibrios en la relación entre oferta y demanda.
Por ello, el Consejo de Estado ordena estudiar diferentes mecanismos de adquisición, que incluyen compras descentralizadas o públicas, acuerdos de precios sobre medicamentos específicos, subastas inversas y otros mecanismos aplicables a estos mercados.
Sin embargo, es importante que también se consideren aspectos como los relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria farmacéutica en el país; así como acuerdos de cooperación con la industria internacional y medidas modernas de regulación que complementen los avances del país en este campo.
El Consejo de Estado plantea la composición de una mesa de trabajo con participación del Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, el INVIMA, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ciencia, la ADRES, la industria farmacéutica, mayoristas, EPS, IPS, usuarios y pacientes, gestores farmacéuticos, academia y Procuraduría.
Además, el Ministerio de Salud deberá liderar la mesa y presentar informes de gestión y avance. La mesa debe constituirse dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia. Esto supone una concepción de la política farmacéutica como política intersectorial y participativa.
El Consejo de Estado agregó un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia, presidido por el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca e integrado por la Procuraduría, representantes de las entidades demandadas y vinculadas y el Ministerio Público. Esto significa que la nueva política no quedará simplemente en manos de la administración.
A partir de la sentencia, sería conveniente que la nueva política se estructurara alrededor de ocho ejes estratégicos:
- Acceso y equidad.
- Regulación económica.
- Abastecimiento.
- Compras públicas.
- Información y trazabilidad.
- Regulación sanitaria.
- Innovación y autonomía sanitaria.
- Financiación sostenible.
Desde INNOS valoramos muy positivamente la orientación del Consejo de Estado para que el Gobierno asuma su responsabilidad con el diseño e implementación de una política pública integral que responda a las necesidades y complejas problemáticas relacionadas con el acceso y la disponibilidad de los medicamentos en el país. Para ello, es esencial tener en cuenta marcos internacionales como las Buenas Prácticas Regulatorias emitidas por la Organización Mundial de la Salud, que plantean principios y facilitadores para el óptimo desarrollo de una política pública coherente con los desafíos sectoriales.
Nuestros análisis en América Latina constituyen un referente para avanzar en la regulación farmacéutica, pues presentan análisis y recomendaciones basadas en datos y validados por expertos del sector. Les invitamos a conocer más del Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias en la regulación de productos farmacéuticos en este enlace.
Referencias
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de segunda instancia del 17 de septiembre de 2026, acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación.
- INNOS (2026). Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias en la regulación de productos farmacéuticos. Disponible en. https://www.observatoriobpr.com/
por Coordinacion Innos | Sep 30, 2026 | Noticias
El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Choque en Salud, conjunto de medidas extraordinarias orientadas a resolver atenciones represadas de más de un millón de pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes.
En coherencia con los anuncios y promesas de la campaña del actual presidente, este plan constituye una intervención operativa y financiera de corto plazo enfocada en restaurar la capacidad de respuesta del sistema frente al incremento de barreras de acceso reportadas por los usuarios.
Deberá enfrentar grandes desafíos como la disponibilidad efectiva de recursos, la capacidad de ejecución de EPS, IPS y operadores farmacéuticos y la necesidad de que se complemente con medidas que aborden las causas estructurales del represamiento.
Respuesta inicial a la crisis desde el nuevo Gobierno.
Menos de 60 días después del inicio del periodo de Gobierno, el presidente De la Espriella y la ministra Vesga avanzan en la publicación del esperado plan de choque, para enfrentar un complejo escenario marcado por un aumento significativo de las reclamaciones de los usuarios ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin precedentes en los últimos años y en los meses recientes. El Gobierno informó que entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos, de los cuales el 92 % estaría relacionado con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud.
Como resultado del cruce de información entre aseguradores, bases administrativas y mecanismos de atención a usuarios, el Ministerio identificó 1.069.196 pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes. La primera fase del plan estará vigente entre septiembre y diciembre de 2026 y tendrá cobertura nacional.
Un plan con cuatro estrategias.
1. Identificación de pacientes con atenciones pendientes.
El Ministerio y las EPS consolidarán información para identificar pacientes con necesidades no resueltas y establecer prioridades de atención.
2. Priorización por riesgo clínico.
La primera fase dará prioridad a pacientes cuya situación clínica pueda deteriorarse rápidamente o generar pérdida irreversible de beneficios terapéuticos.
Entre los grupos priorizados se encuentran pacientes con cáncer, personas en lista de trasplantes, personas con enfermedades huérfanas, pacientes con VIH, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, EPOC y asma, y mujeres gestantes que requieren tratamientos esenciales, entre otros.
3. Seguimiento individual y trazabilidad
Cada caso deberá ser monitoreado hasta verificar que el medicamento fue entregado o que el procedimiento efectivamente se realizó. El Ministerio anunció un proceso de trazabilidad continua que involucra a EPS y aseguradores.
4. Mecanismo extraordinario de liquidez
El Gobierno anunció la implementación de un mecanismo de compra de cartera dirigida con el fin de facilitar pagos a prestadores y proveedores y aliviar restricciones de flujo de caja. Diversas notas periodísticas reportan que la medida contempla condiciones especiales para las EPS, incluyendo un periodo de gracia y financiación con tasa preferencial.
El Gobierno espera resolver las prioridades de pacientes que ya tienen tratamientos definidos y que están a la espera de sus medicamentos o procedimientos que, en caso de seguir aplazándose, ponen en riesgo su condición actual y el curso de su enfermedad.
El plan de choque debe servir para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud, que se ha deteriorado significativamente durante los últimos años. El Gobierno trata así de mostrar resultados que favorezcan la percepción ciudadana y la capacidad de respuesta del sistema.
Para los prestadores de servicios, la adición de nuevos recursos también será un alivio a su situación financiera y a las relaciones entre prestadores, aseguradores y reguladores.
En las condiciones actuales del sistema de salud, un plan de choque diseñado por el Gobierno es, sin dudas, un enorme avance para la superación de la crisis. No obstante, no es la solución completa y requiere de la cooperación y del compromiso de todos los actores del sistema de salud. Aseguradores, prestadores, entidades territoriales, academia, gremios y pacientes, deben aportar para resolver las dificultades actuales y preparar el camino para las reformas mayores que el sistema necesita. El liderazgo de la ministra y el presidente será fundamental en los próximos meses.
Conclusión.
El Plan de Choque en Salud 2026 representa una de las intervenciones operativas más ambiciosas anunciadas recientemente para enfrentar el represamiento de servicios y medicamentos en Colombia. Su fortaleza principal radica en la identificación de más de un millón de pacientes con necesidades específicas de atención y en la focalización sobre grupos clínicamente vulnerables.
No obstante, la medida debe entenderse como una estrategia extraordinaria de recuperación de atenciones pendientes y no como una solución estructural a los problemas de financiación, capacidad operativa y organización del sistema. El indicador clave de éxito será que en los próximos meses se reduzcan los represamientos, disminuyan las quejas por barreras de acceso y se evite la reaparición de nuevos atrasos asistenciales.
Fuentes:
- Plan de Choque en Salud: así funcionará el seguimiento a más de un millón de pacientes con atenciones pendientes [minsalud.gov.co].
- Plan de choque en salud. [ambitojuridico.com].
- Presidente De la Espriella ordena a la ministra Vesga poner en marcha la primera fase del plan de choque en salud [elheraldo.co].
- Abelardo De la Espriella anuncia plan de choque en salud para destrabar la atención de un millón de pacientes. [infobae.com].
por Coordinacion Innos | Sep 30, 2026 | Noticias
La Sala Especial de Seguimiento en un nuevo pronunciamiento sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) le exige al Gobierno que vaya más allá del cálculo de la prima para 2027 y que demuestre técnicamente cuánto necesita el sistema de salud para su funcionamiento. Así mismo, que incorpore en los recursos del próximo año los rezagos acumulados durante las vigencias pasadas y que garantice los recursos necesarios.
El debate para 2027 ya no puede reducirse a cuánto subirá la prima, sino a cuánto debería valer de acuerdo con las necesidades reales de atención.
La Corte Constitucional demuestra su compromiso con el sistema de salud y con el seguimiento permanente a las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008 sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Mediante el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento establece los parámetros que deberán orientar la determinación de la UPC para 2027 y precisa las obligaciones del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El nuevo Auto no fija directamente un porcentaje de incremento para 2027 ni establece que la totalidad de las dificultades financieras de las EPS pueda atribuirse a una UPC insuficiente. Su alcance es diferente y, en cierta forma, más profundo, porque obliga al Gobierno a “(i) superar las deficiencias de la información utilizada para calcular la UPC; (ii) demostrar técnicamente la suficiencia de la prima, y (iii) garantizar que la UPC integral del régimen subsidiado corresponda, como mínimo, al 95 % de la UPC del régimen contributivo”
Durante los últimos años, la discusión sobre la UPC se ha concentrado principalmente en determinar cuál debería ser el porcentaje de incremento anual. Recordemos los numerosos debates, mesas técnicas y foros en los que se ha discutido la metodología y los factores que deberían tenerse en cuenta para ajustar el valor de la prima anual para financiar el Plan Básico de Salud (PBS). Los análisis sobre inflación, comportamiento del gasto, siniestralidad, suficiencia financiera de las EPS y disponibilidad presupuestal, entre otras variables, han sido frecuentes y permanentes.
No obstante, el Auto 1302 modifica el punto de partida y plantea una nueva perspectiva, al proponer una nueva pregunta: ¿Cuál es el valor técnicamente necesario de la UPC para financiar las obligaciones en salud cubiertas por este mecanismo durante 2027 y qué rezago existe respecto de las necesidades de vigencias anteriores?
La Corte, por tanto, no ordena un incremento determinado y tampoco establece que la UPC deba incrementarse automáticamente por encima de la inflación. Lo que exige es que el valor resultante de la decisión gubernamental sea respaldado por una metodología que permita demostrar su suficiencia.
La suficiencia de la UPC debe analizarse respecto de los servicios y tecnologías que deben financiarse mediante esta prima. Por ello, no puede determinarse exclusivamente a partir de la inflación general de la economía.
Por ello, la Corte exige considerar las variables que explican el comportamiento real del gasto sanitario, entre ellas la utilización de servicios, los costos, la carga de enfermedad, los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, medicamentos y tecnologías, así como otras condiciones que afectan las necesidades de atención. La Corte también establece que, para 2027, la UPC integral del régimen subsidiado no deberá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, salvo que exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.
La tarea que plantea la Corte para determinar el valor real del PBS implica que el Gobierno defina con claridad qué parte del problema de suficiencia corresponde efectivamente al valor de la prima y qué parte tiene otras causas.
Entre estas otras causas, se resalta que la Corte le exige al Gobierno establecer si, en años anteriores, la UPC reconocida estuvo por debajo de las necesidades técnicamente determinadas para financiar las obligaciones que debía cubrir.
La Corte, no obstante, permite que la corrección de un eventual rezago histórico pueda realizarse de manera gradual. Esta posibilidad reconoce que una diferencia acumulada puede tener implicaciones fiscales importantes y que su corrección puede requerir una senda de transición.
Así, el cálculo deberá distinguir entre dos componentes:
- Los recursos necesarios para cubrir adecuadamente las obligaciones correspondientes a 2027.
- La recuperación progresiva del eventual rezago acumulado de años anteriores.
Esta separación puede modificar sustancialmente la discusión sobre el valor de la UPC para el próximo año.
Para poder determinar técnicamente el valor de la prima, el Ministerio requiere información suficientemente completa y confiable sobre múltiples aspectos entre los que debemos destacar: la frecuencia de utilización de servicios, los costos directos e indirectos, los precios de medicamentos y tecnologías, el perfil epidemiológico nacional y diferencial por regiones, el comportamiento de los servicios y la evolución de los riesgos sanitarios.
Lo que la Corte ha dicho es que la metodología de cálculo debe ser capaz de capturar la realidad dinámica del aseguramiento y no depender exclusivamente de información histórica que puede haber quedado desactualizada.
Este punto es fundamental para entender las implicaciones y alcances de lo dispuesto por la Corte. En las mesas técnicas realizadas entre marzo y abril de este año, desde INNOS se presentó un análisis de la metodología de cálculo de la UPC mostrando que el método empleado hasta el momento es insuficiente por cuanto se centra en datos históricos, sin tener en cuenta el comportamiento dinámico del sistema de salud. En su momento INNOS demostró que el modelo “Basado en la Experiencia” no permitía identificar la demanda no atendida por el sistema, especialmente en tiempos de crisis en el acceso y de barreras crecientes para la atención.
En el análisis enviado a la Honorable Corte Constitucional, INNOS planteó, entre otras ideas centrales: “es necesario avanzar hacia una evolución del modelo que permita incorporar de manera explícita la necesidad en salud, reducir los rezagos estructurales y fortalecer la capacidad del sistema para garantizar efectivamente el derecho” (INNOS, 2026).
Por ello, es muy valioso este nuevo Auto de la Corte, que apunta en la dirección correcta, asignando responsabilidades en los Ministerios de Salud y de Hacienda, para crear una nueva metodología más consistente con las necesidades del país, que considere las fallas y las barreras de acceso acumuladas. Este cambio en el modelo será clave para superar la crisis que el sistema atraviesa desde hace ya varios años.
Conclusiones
El Auto 1302 de 2026 representa un nuevo punto de referencia en la discusión sobre la financiación del sistema de salud colombiano.
La Corte diferencia en el Auto 1302 las responsabilidades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda. Al Ministerio de Salud le corresponde realizar el cálculo técnico de las necesidades y determinar la suficiencia de la UPC. Para ello debe utilizar información adecuada, explicar la metodología y cuantificar el eventual rezago. El Ministerio de Hacienda debe adoptar las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad de los recursos que resulten necesarios para financiar la UPC.
Su importancia no está en haber fijado un porcentaje concreto de incremento para la UPC de 2027, sino en haber establecido cómo debe construirse y justificarse ese valor.
La Corte reitera las órdenes impartidas previamente a los dos Ministerios y les exige que resuelvan las fallas previamente acumuladas, garantizando al mismo tiempo el financiamiento del PBS 2027 y el ajuste de la UPC del régimen subsidiado en un 95% de la del contributivo, en ausencia de una justificación para asignar un valor distinto.
Fuentes:
- Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, Auto 1302 de 2026, 22 de septiembre de 2026.
- INNOS (2026). Respuesta al Auto del 12 de marzo de 2026 y al Oficio C-102-2026 de la Corte Constitucional. Abril de 2026.
por Coordinacion Innos | Sep 22, 2026 | Noticias
La convocatoria 001-2026 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), denominada “Convocatoria de CTeI para la atención de desafíos en salud derivados de la situación de desastre”, representa una señal relevante sobre el papel que puede desempeñar la ciencia, la tecnología y la innovación frente a problemas públicos concretos. Abierta el 14 de septiembre de 2026, dispone de $109.000 millones provenientes del Fondo de Investigación en Salud (FIS) y está orientada específicamente a responder a las necesidades sanitarias derivadas del desastre ocurrido en agosto de 2026.
Más allá del volumen de recursos, el principal valor de esta convocatoria está en su enfoque misional, dado que no parte exclusivamente de una agenda definida por la oferta académica o por las capacidades previamente instaladas de los grupos de investigación, sino por problemas concretos y específicos de salud pública y con base en unas necesidades territoriales concretas que requieren conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico. Esta orientación permite acercar la política de ciencia, tecnología e innovación a una de sus funciones públicas más importantes: contribuir a resolver problemas sociales complejos y generar capacidades que permanezcan en los territorios después de superada la emergencia.
Es altamente positivo que esta nueva convocatoria, la primera que publica el nuevo gobierno, se oriente a promover investigación, desarrollo tecnológico e innovación en salud como mecanismos para mitigar las afectaciones derivadas del desastre y ampliar la disponibilidad de conocimientos, tecnologías y soluciones para las poblaciones afectadas.
Este enfoque es particularmente pertinente en salud, como lo hemos planteado en todas las ediciones del Panorama de Innovación en Salud (PINNOS). En particular en la edición de 2025, desde este reporte se hacía un llamado a generar propuestas con orientación transectorial, para enfrentar los grandes desafíos de la salud. Recordemos que la edición del año anterior se enfocó en proponer respuestas a la aguda crisis del sistema de salud, que estaba en uno de sus momentos más complicados.
Por ello PINNOS 2025 se construyó desde el enfoque de las Políticas de Innovación Orientadas por Misiones (PIOM), basadas en objetivos ambiciosos y medibles, que promueven la colaboración, el aprendizaje y la acción intersectorial. El diseño de misiones para desarrollar por etapas para enfrentar los retos de la crisis del sistema de salud se complementó con soluciones estructurales y de largo plazo, articuladas con los tiempos del cambio de gobierno y la formulación del nuevo plan de desarrollo en 2026.
PINNOS presentó soluciones concretas para dar respuesta a la crisis (etapa 1) enfocando los recursos en: Gestión de prioridades en salud pública, garantía de acceso inmediato a la atención clínica, rescate financiero inteligente y soluciones inmediatas de interoperabilidad de sistemas de información. En la etapa 2 PINNOS propone 8 misiones, que se sustentan en una visión de salud pública con enfoque territorial, así como la innovación para nuevos desafíos en salud pública, autocuidado y transición demográfica segura; entre otras.
La convocatoria 01-2026 de Minciencias reconoce que los desastres no generan únicamente daños físicos o interrupciones inmediatas de servicios; también pueden producir brotes de enfermedades transmisibles, deterioro de la salud mental, interrupción de tratamientos de enfermedades crónicas, exposición a contaminantes y nuevas barreras de acceso. Por ello, las respuestas científicas y tecnológicas requieren integrar disciplinas y actores que normalmente se encuentran separados.
En consecuencia, la convocatoria entiende esta complejidad y se construye mediante cuatro ejes temáticos:
- Salud mental y rehabilitación.
- Enfermedades transmisibles y brotes en contextos de desastre y albergues temporales.
- Enfermedades no transmisibles y cáncer frentes a situaciones de desastre.
- Salud ambiental frente al manejo de escombros y contaminación.
La amplitud de estas líneas es importante porque evita reducir la respuesta científica a la emergencia epidemiológica inmediata. Por ejemplo, incorporar las enfermedades crónicas y el cáncer permite reconocer que un desastre puede interrumpir tratamientos, controles y procesos de atención de largo plazo. Del mismo modo, incluir salud mental y rehabilitación introduce una perspectiva de recuperación que trasciende la fase estrictamente asistencial de la emergencia.
Hay dos modalidades para macroproyectos y proyectos en esta convocatoria. La modalidad 1 es para macroproyectos departamentales de gran impacto, que involucren mínimo 2 departamentos priorizados. Financia hasta 10.000 millones de pesos y hasta 5 macroproyectos con un plazo máximo de 48 meses.
En la modalidad 2 se financia proyectos territoriales de fortalecimiento local, con su ejecución en un departamento priorizado. El presupuesto des de hasta 5.900 millones de pesos, con un tope de 10 proyectos y hasta 24 meses de ejecución.
La convocatoria invita a presentar los macroproyectos y los proyectos con una evaluación previa de sus niveles de madurez tecnológica. De esta forma, los proyectos deben clasificarse en una de las siguientes categorías:
- A: Investigación y desarrollo tecnológico en fase temprana (menor o igual a 5 en escala TRL)
- B: Desarrollo tecnológico y validación de proyectos con replicabilidad territorial (TRL superior a 5)
Otro elemento particularmente positivo es que la convocatoria no plantea la investigación únicamente para los territorios afectados, sino que busca fortalecer capacidades en esos territorios.
Es muy valioso que el enfoque de la convocatoria sea misional y que además exista coherencia con lo propuesto en el informe PINNOS de 2025. Resaltamos la afinidad de los ejes temáticos de la convocatoria con las misiones propuestas para la etapa 1 y 2 del informe. También es interesante que Minciencias haya incluido el enfoque territorial, que es clave para superar los desafíos en salud pública y es una característica fundamental de las Políticas Orientadas por Misiones, que deben estar situadas en el contexto y articuladas con las necesidades de las regiones.
Los términos de referencia en la convocatoria priorizan cinco departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío; mediante las dos modalidades descritas. Dentro de los criterios de evaluación se asigna un peso considerable al enfoque territorial e impacto, incluyendo la afectación territorial, la cobertura de los departamentos priorizados y las alianzas locales o capacidades instaladas.
Esta arquitectura favorece una concepción de la innovación como ecosistema, y no exclusivamente como producción académica. El conocimiento científico adquiere mayor valor cuando puede conectarse con quienes conocen el territorio, quienes prestan servicios, quienes producen tecnologías y quienes representan a las comunidades afectadas.
Otro atributo destacable es que la convocatoria intenta evitar una separación rígida entre investigación básica, desarrollo tecnológico e innovación. Para ello incorpora los niveles de madurez tecnológica (TRL) y diferencia entre proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en fases tempranas y proyectos de desarrollo tecnológico y validación de pilotos con posibilidades de replicabilidad territorial. La experiencia acumulada de PINNOS facilita la identificación de estos niveles de madurez tecnológica que aplica mediante diversas herramientas, desde sus primeras ediciones.
Este elemento es especialmente relevante para una política científica orientada por misiones. Si la misión es responder a un problema concreto de salud, la producción de artículos científicos no puede constituir el único resultado esperado. Es necesario generar evidencia, modelos de atención, herramientas, tecnologías, prototipos, pilotos y soluciones susceptibles de implementación y adaptación.
El desafío de largo plazo será convertir la financiación en capacidad permanente. Los términos de referencia incluyen condiciones favorables para conseguirlo. Será fundamental que los conocimientos y tecnologías desarrollados encuentren mecanismos de incorporación al sistema de salud, a las políticas territoriales, a los programas de gestión del riesgo y, cuando corresponda, al aparato productivo nacional.
En general, la convocatoria constituye una experiencia relevante de política pública porque conecta emergencia sanitaria, investigación, innovación, territorio, capacidades productivas y soberanía sanitaria dentro de una misma intervención. En este sentido constituye un cambio en sentido positivo en la orientación de la política pública de CTI sectorial, orientando recursos y capital humano para necesidades concretas de una región específica, con objetivos claramente definidos.
Desde INNOS valoramos de manera muy positiva esta nueva convocatoria, así como la nueva perspectiva que asume en el fomento a la CTI en salud en el país. Los proyectos que INNOS ha liderado desde sus inicios, han insistido en la necesidad de un cambio en el enfoque de las políticas de CTI en salud, que, de alguna manera, se pueden observar en esta convocatoria.
La experiencia de INNOS en la construcción del Panorama de Innovación en salud en el país, nos permite identificar múltiples soluciones en distintos grados de madurez, que pueden ser presentadas a esta convocatoria y que tienen el potencial real de contribuir con soluciones eficaces a las problemáticas actuales.
En síntesis, la convocatoria 01-2026 de Minciencias se orienta en el sentido correcto y aborda las necesidades específicas del territorio, derivadas de los efectos devastadores del sismo del 10 de agosto pasado; mediante un enfoque misional para proyectos y macroproyectos que apuntan al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades más afectadas. Constituye así, un avance y una herramienta adecuada de Política Pública para estos territorios.