Entre la reforma frustrada y la crisis del derecho a la salud: gestión, política y tensiones institucionales en el gobierno de Gustavo Petro

por Coordinacion Innos | May 11, 2026 | Noticias, Publicaciones

Durante los casi cuatro años de gobierno del presidente Gustavo Petro, la gestión del sistema de salud en Colombia se ha desarrollado en un contexto de crisis estructural persistente, alta polarización política y profundas tensiones institucionales. Este escenario ha derivado en un intenso debate nacional, con repercusiones que han trascendido incluso al ámbito internacional. La convergencia entre los informes de la Defensoría del Pueblo, el artículo: How politics destroyed Colombia’s model healthcare system publicado por el British Medical Journal, y el accidentado trámite legislativo de la reforma a la salud, permiten comprender que el momento actual del sistema sanitario es particularmente complejo y ha tenido efectos concretos sobre la garantía del derecho fundamental a la salud, como lo evidencian distintas cifras. 

Desde una perspectiva de derechos humanos, el informe de la Defensoría del Pueblo: Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados; ha advertido sobre un deterioro sostenido en el acceso efectivo a los servicios de salud, reflejado en un aumento significativo de quejas ciudadanas, acciones de tutela y desacatos judiciales. Entre 2022 y 2025 las reclamaciones relacionadas con la no entrega oportuna de medicamentos, las demoras en la atención especializada y las barreras administrativas crecieron de manera acelerada, afectando con mayor intensidad a poblaciones vulnerables y territorios históricamente marginados. Como se muestra en la Tabla 1, las acciones de tutela en salud presentan un crecimiento sostenido y agudizado entre 2022 y 2024, tendencia que no solo se mantiene, sino que se profundiza en 2025, aun con cifras parciales. 

Este comportamiento refuerza el diagnóstico reiterado de la Corte Constitucional sobre la persistencia de barreras estructurales en el acceso, la oportunidad y la calidad de los servicios de salud, y se articula con las alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo y la literatura internacional reciente. 

Evolución de las acciones de tutela en salud en Colombia (2022–2025) 

Nota: elaboración propia con base en Corte Constitucional de Colombia. (2025). Estadísticas de tutelas en salud 2022–2025.

Consulta en https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/estadisticas 

Aunque la Defensoría ha sido enfática en señalar que, si bien muchos de estos problemas anteceden al actual gobierno y se relacionan con fallas estructurales del modelo instaurado por la Ley 100 de 1993, durante el periodo reciente la crisis se ha profundizado, comprometiendo, por un lado, la continuidad y, por el otro, la calidad del servicio. En este sentido, el llamado ha sido claro, más allá del debate ideológico, el Estado debe adoptar medidas y, acciones inmediatas para garantizar el derecho a la salud, con o sin reforma estructural. Por ejemplo, la tabla 2 evidencia que las principales causas de interposición de tutelas en salud durante 2025 se concentran en fallas operativas del sistema, particularmente en la entrega oportuna de medicamentos, la realización de procedimientos médicos y la asignación de citas, lo que sugiere problemas estructurales de acceso efectivo y oportunidad en la atención. 

Principales pretensiones reclamadas en tutelas por derecho a la salud en Colombia (2025) 

Fuente: Corte Constitucional de Colombia, estadísticas de tutelas por derecho fundamental a la salud, 2025. 

Este diagnóstico de la Defensoría dialoga con el reportaje de opinión periodístico presentado por el British Medical Journal. En este artículo, “How politics destroyed Colombia’s model healthcare system”, el sistema colombiano es descrito como un referente regional que, pese a sus deficiencias estructurales, había logrado una cobertura cercana al 98 % de la población y niveles relativamente bajos de gasto de bolsillo.  

Según este reportaje, las decisiones políticas adoptadas desde 2022, en particular la incertidumbre generada por la reforma a la salud, las intervenciones estatales a grandes EPS y los cambios en las reglas de juego del aseguramiento, aceleraron el deterioro financiero y operativo del sistema. Desde el análisis periodístico, el artículo documenta episodios de desabastecimiento de medicamentos, cierres de servicios hospitalarios, saturación de los servicios de urgencias y crecientes dificultades en los pagos a los prestadores, atribuyendo estas situaciones principalmente a una transición mal gestionada del sistema y a la ruptura de los mecanismos tradicionales de intermediación. 

Aunque desde el Gobierno Nacional se ha rechazado esta interpretación, ya que la considera parcial y carente de rigor metodológico, la comparación entre el relato del informe periodístico y los datos de la Defensoría resulta revelador, mientras uno enfatiza el impacto de las decisiones políticas de los últimos tres años, el documento de la Defensoría evidencia las consecuencias concretas sobre el derecho a la salud. En ambos informes, el foco termina puesto en el paciente y en la fragilidad del sistema para responderle de manera oportuna y equitativa. 

En este contexto, también resulta pertinente ampliar el análisis del trámite de los distintos proyectos de reforma presentados durante el actual gobierno ante el Congreso de la República de Colombia. A lo largo del período legislativo se radicaron un número importante de iniciativas orientadas a transformar el sistema de salud, las cuales, aunque compartían el propósito general de corregir fallas estructurales del modelo vigente, diferían puntualmente en sus mecanismos institucionales y en el alcance de los cambios propuestos. Mientras algunos proyectos planteaban una transformación profunda del sistema mediante el fortalecimiento del rol directo del Estado en la gestión y financiación de los servicios, como fue el caso de los proyectos presentados por el gobierno, otros proponían ajustes graduales que preservaban elementos centrales del modelo de aseguramiento establecido por la Ley 100 de 1993. 

El análisis comparado de estas iniciativas permite identificar tanto similitudes como diferencias. Entre las similitudes, varios proyectos coincidían en la necesidad de fortalecer la atención primaria en salud, mejorar los mecanismos de regulación estatal y reducir las barreras administrativas en el acceso a servicios y medicamentos. No obstante, las diferencias de fondo se concentraron en aspectos como el papel de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el grado de centralización de los recursos en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la estructura de gobernanza del sistema y el alcance de la transición institucional propuesta. Estas discrepancias reflejaron visiones contrapuestas sobre el futuro del sistema de salud y contribuyeron a explicar las dificultades para alcanzar consensos legislativos amplios, lo que finalmente derivó en el estancamiento o fracaso reiterado de las iniciativas de reforma. 

Análisis comparativo entre los proyectos de Ley de reforma a la salud y sus principales aspectos. 

Fuente: Elaboración propia con base en investigaciones desarrolladas por INNOS (2023–2025). 

De esta manera, el debate legislativo trascendió el ámbito técnico y se convirtió en uno de los principales escenarios de confrontación política del país. Para el gobierno, la oposición al proyecto reflejaba la defensa de intereses privados y de un modelo mercantilizado de la salud. Así lo mencionó en diferentes intervenciones el ministro de salud. Para sus críticos y opositores del gobierno de turno, la reforma adolecía de improvisación y podía poner en riesgo la continuidad del servicio. El resultado fue un estancamiento normativo que dejó al sistema en una suerte de transición inconclusa, sin una ley marco que definiera con claridad las reglas del nuevo modelo. 

La posición del gobierno cerró las puertas del diálogo intersectorial y por ello, los demás actores del sistema de salud y los actores políticos representados en el Congreso, no tuvieron participación real ni influencia en las iniciativas presentadas para su discusión, llevando al país a una permanente expectativa e incertidumbre sobre el futuro próximo del sistema, lo cual agudizó la crisis y las debilidades ya existentes. 

Ante el consecuente bloqueo legislativo, el Ejecutivo en cabeza del gobierno, optó por avanzar en la implementación de algunos elementos de la reforma a través de decretos y resoluciones expedidos por el Ministerio de Salud, especialmente en el último año. Para algunos, esta estrategia ha sido interpretada por sectores críticos como una “reforma por vía administrativa”. Normas como el Decreto 858 de 2025, así lo evidencian. Éste, buscaba formalizar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo a través de la creación de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS) y la creación de Centros de Atención Primaria (CAPS), entre otras medidas. No obstante, en octubre del año pasado el Consejo de Estado suspendió el decreto al considerar que el Ejecutivo excedió sus facultades al intentar reformar el sistema sin el aval del Congreso. Este ejemplo muestra con claridad, que la insistencia del gobierno lo llevó a un intento (hasta ahora fallido) de modificar aspectos estructurales del sistema, evitando la discusión en el Congreso. Si bien su argumentación para la reforma se sustentaba en la Ley Estatutaria (1751 de 2025) y en la propia Constitución de 1993; el fracaso de sus proyectos de Ley derivó en la generación masiva de actos administrativos provenientes del Ministerio. 

Prueba de ello es el importante número de resoluciones orientadas a fortalecer el modelo pensado desde el Ejecutivo. En esta misma línea, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 2161 de 2025, mediante la cual se establecen los criterios y estándares que deberán cumplir las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para mantener su autorización de funcionamiento dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta resolución se inscribe explícitamente en el marco del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, definido previamente por el Decreto anteriormente señalado, y constituye uno de los instrumentos más significativos de reorganización del aseguramiento sin mediación legislativa. 

Uno de los ejes centrales de la norma es la territorialización del aseguramiento, al redefinir el ámbito de operación de las EPS a partir de subregiones funcionales clasificadas como metropolitanas, nodales, rurales y especiales. Este enfoque introduce restricciones diferenciadas al número de EPS que pueden operar en cada tipo de subregión, limitando de manera particular la competencia en zonas rurales, de alta dispersión o con características etnoculturales particulares.  

La Resolución 2161 también redefine las reglas de asignación obligatoria de afiliados, otorgando al Ministerio y a la ADRES la facultad de redistribuir usuarios entre EPS según criterios territoriales, sin posibilidad de negativa por parte de las entidades receptoras. Igualmente, algunos críticos del modelo impuesto por vía administrativa advierten que estas reasignaciones forzadas pueden generar tensiones operativas, especialmente en un contexto de capacidad instalada desigual y dificultades financieras persistentes. 

Desde una perspectiva analítica, la Resolución 2161 de 2025 evidencia cómo el Gobierno ha avanzado en la reconfiguración estructural del sistema de salud por vía regulatoria, a pesar del bloqueo reiterado de la reforma en el Congreso. Así mismo, otras resoluciones, como la Resolución 1811 de 2025, la cual define las regiones y subregiones funcionales para la Gestión Territorial Integral de la Salud Pública y se establece la metodología para su tipificación, organización y actualización en el marco del proceso de territorialización del Cuidado Integral de la salud en el Modelo de Salud Preventivo. Predictivo y Resolutivo. La Resolución 1968 de 2025 con la cual se crea el Sistema Integral de Información Financiera y Asistencial (SIIFA) para seguimiento del sistema, en otras, refuerzan los señalamientos planteados tanto por la Defensoría del Pueblo como por el artículo del British Medical Journal, mientras el Ejecutivo impulsa una transformación profunda del modelo, la transición normativa y operativa se desarrolla en un contexto de fragilidad institucional que ha coincidido con dificultades en el acceso efectivo a los servicios, tensiones financieras y una percepción creciente de incertidumbre entre actores del sistema y usuarios. 

Principales resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para avanzar en los aspectos centrales de la reforma sin pasar por el Congreso. Año 2025.  

Fuente: elaboración propia con la información del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Resoluciones 1811, 2161, 1968, 1962, 2606, 2640 y 2628 de 2025. Publicadas en el Diario Oficial y en el Normograma del Ministerio de Salud. 

En consecuencia, las resoluciones se convierten en un punto clave para comprender las tensiones actuales del sistema de salud colombiano: por un lado, representa un intento de materializar un enfoque preventivo y territorial orientado a la equidad; por otro, ilustra los riesgos de implementar cambios estructurales de gran alcance sin una ley marco aprobada por el Congreso, en un contexto donde los problemas señalados por los organismos de control y la crítica internacional continúan afectando el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. 

Por consiguiente, esta vía ha generado tensiones jurídicas e institucionales, evidenciadas en decisiones judiciales que han cuestionado el alcance de estas normas por posible vulneración del principio de reserva de ley. Asimismo, la implementación gradual de estas resoluciones ha coincidido, además, con los problemas señalados por la Defensoría del Pueblo: demoras en la atención, dificultades en la entrega de medicamentos y una percepción creciente de desarticulación del sistema. Para algunos analistas, este fenómeno confirma la tesis del BMJ sobre los efectos negativos de una transición mal gestionada; para el gobierno, se trata de resistencias propias de un proceso de transformación estructural que busca corregir décadas de fallas acumuladas. 

En conclusión, la gestión del sistema de salud durante el gobierno de Gustavo Petro se sitúa en la intersección de una crisis estructural histórica, un proyecto de reforma ambicioso, pero políticamente bloqueado y una implementación administrativa que ha generado efectos controversiales. Los informes de la Defensoría del Pueblo evidencian que, más allá de las disputas políticas, la crisis tiene un impacto directo sobre el goce efectivo del derecho a la salud. Al mismo tiempo, el debate internacional reflejado en el artículo del British Medical Journal pone de relieve cómo las decisiones políticas recientes han influido en la percepción y el funcionamiento del sistema.  

En ese sentido desde INNOS se pueden considerar los siguientes escenarios:  

De cara al cierre del actual gobierno, que culmina el 7 de agosto de 2026, el panorama de la reforma al sistema de salud en Colombia pareció estar marcado por una combinación de limitaciones legislativas y activismo regulatorio del Ejecutivo. Tras las dificultades que enfrentaron los proyectos de reforma estructural en el Congreso, el gobierno saliente concentró sus esfuerzos en instrumentos regulatorios de menor jerarquía normativa, como decretos y resoluciones administrativas, con el objetivo de introducir cambios graduales en el funcionamiento del sistema.  

En este orden de ideas, desde inicios de 2025 se implementaron diversas iniciativas regulatorias que se orientaron a profundizar transformaciones en al menos tres frentes. En primer lugar, el fortalecimiento del papel financiero y operativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a través de la creación de mecanismos que ampliaron su capacidad para realizar pagos directos a prestadores y gestionar de forma más centralizada los recursos del sistema. En segundo lugar, la reorganización territorial del modelo de atención a través del fortalecimiento de redes integradas de servicios y estrategias de atención primaria, promovidas desde el Ministerio de Salud y Protección Social. En tercer lugar, la redefinición progresiva del rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), particularmente en lo relacionado con funciones de auditoría, coordinación de servicios y administración del riesgo en salud. 

Ahora bien, vale la pena recordar que, el alcance de estas medidas enfrenta límites institucionales y políticos. Por un lado, los decretos y resoluciones no pueden sustituir plenamente las reformas legislativas necesarias para modificar la arquitectura del sistema establecida desde la Ley 100 de 1993. Por otro lado, la fragmentación política y la proximidad del ciclo electoral tienden a reducir los incentivos para promover transformaciones estructurales de gran escala en los últimos meses de gobierno. 

En este escenario, el nuevo gobierno heredará un sistema de salud marcado por tensiones institucionales, debates ideológicos no resueltos y presiones crecientes sobre el acceso efectivo a servicios y especialmente, el tema de los medicamentos. Entre los temas que probablemente se posicionen como prioritarios para la siguiente administración desde INNOS se destacan cuatro:

• Primero, la definición del modelo de gobernanza del sistema y el papel futuro de las EPS, cuestión que ha sido uno de los principales ejes de conflicto político en los últimos años.  

• Segundo, la sostenibilidad financiera del sistema y los mecanismos de flujo de recursos entre aseguradores, prestadores y el Estado.  

• Tercero, el fortalecimiento de la atención primaria y la reducción de las brechas territoriales en el acceso a servicios de salud, particularmente en regiones rurales y periferias urbanas.  

• Finalmente, la reconstrucción de consensos políticos e institucionales que permitan avanzar hacia reformas viables y sostenibles, evitando los bloqueos legislativos que han caracterizado el debate reciente y el activismo regulatorio por parte del Ejecutivo.   

En suma, más que una reforma estructural inmediata, el cierre de la actual administración probablemente estará marcado por ajustes regulatorios graduales, mientras que la definición de una transformación más profunda del sistema de salud colombiano quedará como uno de los principales desafíos de política pública para el próximo ciclo gubernamental. 

Podemos postular lecciones que quedan para los próximos gobiernos, como la necesidad ineludible de concertar una reforma de tales alcances y profundidad para el país, dadas las consecuencias que ha generado para el gobierno y, más aún, para el sistema de salud, esta negativa al diálogo abierto y constructivo. También es esencial que el próximo gobierno y el nuevo congreso construyan un acuerdo más allá de las posiciones ideológicas, para recuperar el sistema de salud y fortalecerlo. Por ello hemos propuesto que se adopte un marco de políticas orientadas por misiones para el corto, mediano y largo plazos, que enfrenten decididamente las emergencias actuales, cierren en los primeros meses las fallas en el flujo de recursos y los rezagos acumulados en acceso, integralidad y oportunidad de la atención y definan las líneas principales del nuevo plan de desarrollo y de la reforma concertada y articulada que requiere el sistema.  

El compromiso desde INNOS es continuar analizando este complejo panorama y aportar propuestas, análisis y alternativas para superar la crisis y reorientar el sistema de salud, base fundamental para la convivencia y el bienestar.   

Referencias 

Corte Constitucional de Colombia. (2025). Estadísticas de tutelas en salud 2022–2025. Consulta en https://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/estadisticas 

How politics destroyed Colombia’s model healthcare system. BMJ 2026; 392 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.s76 (Published 26 January 2026) 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Resoluciones 1811, 2161, 1968, 1962, 2606, 2640 y 2628 de 2025. Publicadas en el Diario Oficial y en el Normograma del Ministerio de Salud. 

Elaboración: Profesora Margarita Martínez G. 

Revisión y edición: Luis Alejandro Gómez B 

La ciencia detrás de cada victoria: el rol de la Propiedad Intelectual en Salud

por Coordinacion Innos | May 11, 2026 | Noticias, Publicaciones

En el marco de la iniciativa Latam Health Champions 2026 (LHC), adelantada por FIFARMA con el apoyo de INNOS y el HUB IEX de la Universidad El Bosque, y a partir de la experiencia internacional de los ganadores en Boston, se realizó el webinar “La ciencia detrás de cada victoria: el rol de la Propiedad Intelectual en Salud”. Este espacio de alto nivel reunió a líderes internacionales, representantes de organismos multilaterales y autoridades de propiedad intelectual en América Latina, conmemorando el día mundial de la Propiedad Intelectual. El encuentro, moderado por el Dr. Carlos Felipe Escobar, director de INNOS, permitió posicionar la propiedad intelectual (PI) como un elemento estratégico para transformar el conocimiento científico en soluciones de impacto en salud, así como un habilitador clave para el escalamiento de innovaciones en la región. 

Un ecosistema en transformación: tendencias globales y oportunidades para Latinoamérica: 

Durante su intervención, Marco Matías Alemán, subdirector de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), presentó un panorama global que evidenció el crecimiento sostenido del ecosistema de innovación en salud. Destacó que, solo en el contexto de la pandemia por COVID-19, se registraron cerca de 8.000 patentes relacionadas con vacunas y tecnologías terapéuticas, lo que refleja la capacidad del sistema de PI para movilizar inversión, acelerar el desarrollo tecnológico y articular actores públicos y privados. Asi mismo, resaltó tendencias clave como el crecimiento de las tecnologías de apoyo, cuya demanda podría duplicarse hacia 2050, lo que abre oportunidades significativas en áreas como envejecimiento, discapacidad e inclusión. En este contexto, América Latina se posiciona como una región con alto potencial de crecimiento, aunque aún enfrenta retos estructurales para consolidar su capacidad innovadora. Uno de los mensajes más relevantes fue la persistente brecha entre la producción académica y la generación de activos de propiedad intelectual, lo que plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de transferencia tecnológica, así como las capacidades institucionales para proteger y escalar la innovación. 

América Latina: avances, desafíos y agenda pendiente: 

El panel regional, con la participación de representantes de las oficinas nacionales de propiedad intelectual de Argentina, Perú y México, permitió analizar el estado actual de la PI en salud en la región. 

Entre los principales avances, se destacó el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la creación de redes de apoyo a innovadores (como los CATI) y una mayor articulación entre academia, industria y Estado. Asimismo, se identificaron áreas dinámicas de innovación, como dispositivos médicos, tecnologías digitales en salud y soluciones basadas en datos. Además, se enfatizó la necesidad de establecer medidas e incentivos, a través de políticas públicas, que faciliten el acceso a soluciones innovadoras para el público en general. 

 No obstante, los panelistas coincidieron en desafíos estructurales comunes: 

• La necesidad de fortalecer la cultura de propiedad intelectual en investigadores y emprendedores 

• Limitaciones en financiamiento para etapas tempranas 

• Brechas en talento especializado y capacidades técnicas 

• El reto de equilibrar protección, acceso y sostenibilidad en los sistemas de salud 

Como elemento transversal, se resaltó la importancia de avanzar en políticas públicas que promuevan la innovación en salud basada en PI, y que generen condiciones habilitantes para el desarrollo local y la competitividad regional. 

Conoce a los ganadores de Latam Health Champions 2026

por Coordinacion Innos | May 11, 2026 | Noticias, Publicaciones

Ante el aumento de las enfermedades crónicas, las limitaciones de acceso y los elevados costos de las tecnologías médicas, los sistemas de salud de América Latina enfrentan una presión creciente. En este escenario, ocho iniciativas provenientes de países como Guatemala, México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú están desarrollando soluciones innovadoras de alto impacto. 

Estas innovaciones fueron seleccionadas entre 234 iniciativas identificadas en la región como parte de Latam Health Champions, una convocatoria liderada por FIFARMA e INNOS con el objetivo de detectar soluciones en salud que generen una transformación real y beneficien a pacientes en Latinoamérica mediante el uso estratégico de la propiedad intelectual. Entre las propuestas finalistas se encuentran desde un dispositivo portátil que detecta el cáncer de mama de manera rápida e indolora, hasta una terapia biológica regenerativa basada en exosomas para tratar enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Todas coinciden en su propósito de abordar problemas concretos a través de la innovación y el uso de estrategias de propiedad intelectual que garanticen su sostenibilidad en el tiempo. 

“En América Latina existe capacidad demostrada para innovar en salud, como lo evidencian iniciativas de alto impacto en esta tercera edición de Latam Health Champions, que revela nuevas historias de innovación aplicada al contexto regional.” - Yaneth Giha, directora ejecutiva de FIFARMA. 

Como parte del reconocimiento, las iniciativas ganadoras asistieron del 21 al 24 de abril de 2026 a una misión de innovación en salud en Boston. Durante esos días recorrieron algunos de los principales centros de innovación del mundo, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Instituto Broad, LabCentral, entre otras, intercambiando aprendizajes con especialistas sobre cómo la ciencia y la tecnología están transformando la atención médica. El objetivo central de esta misión fue exponer a los emprendedores a un ecosistema único donde la colaboración simbiótica entre la academia, la industria y el gobierno acelera el desarrollo de soluciones de alto impacto, para inspirar la creación de redes similares en América Latina. Además, presentaron sus soluciones y recibieron retroalimentación de expertos en un entorno de formación, diálogo e inspiración para seguir impulsando innovaciones que transformen el futuro de la salud en la región. 

Estos son los LatamHealthChampions 2026: 

• PREMIA (Guatemala): Dispositivo portátil que detecta cáncer de mama de forma rápida y sin dolor usando tecnología termo analítica. Entrega resultados inmediatos sin radiación ni necesidad de múltiples visitas. 

• Meddi (México): Ecosistema digital que conecta pacientes, médicos, farmacias y aseguradoras en una sola plataforma. Centraliza expedientes clínicos, consultas médicas, recetas electrónicas y acceso a medicamentos, enfocándose en prevención y acceso a la salud. 

• Neomed, IA Cardiología Remota (Brasil): Plataforma integrada con inteligencia artificial para clasificar electrocardiogramas en 13 segundos y ofrece cardiología remota 24/7. Integra diagnóstico rápido con rutas clínicas completas para mejorar la detección de arritmias cardíacas. 

• Dispositivo de Reexpansión Pulmonar de Quintero (Colombia): Dispositivo médico que funciona como una «glotis artificial» para reexpandir los pulmones de manera segura y progresiva en pacientes con traqueostomía o debilidad neuromuscular. 

• SkinGo (Colombia): Guante ergonómico con superficie abrasiva controlada para desbridamiento mecánico seguro, portátil y accesible en pacientes con quemaduras. 

• Exomas (Argentina): Terapia biológica regenerativa con exosomas para tratar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer, administrada por vía intranasal o intravenosa. 

• COPESILCUP (Chile): Catéter urinario de silicona con tecnología avanzada que combina una superficie especial (PEG) y nanopartículas de cobre para prevenir infecciones urinarias hospitalarias. 

• Sistema Potabilización Arsénico (INS) (Perú): Tecnología de adsorción selectiva con residuos vegetales para remover arsénico en agua rural, de bajo consumo energético y sin generar residuos tóxicos. 

Las ocho iniciativas de Latam Health Champions 2026 evidencian que en la región hay talento y soluciones concretas para enfrentar retos, combinando ciencia, tecnología y creatividad para generar un impacto sostenible en los sistemas de salud. 

En este proceso, la propiedad intelectual (PI) se ha consolidado como un eje estratégico fundamental, ya que no solo protege el conocimiento y las innovaciones, sino que permite que estas soluciones escalen, se integren a redes globales y trasciendan fronteras. La gestión estratégica de la PI facilita acuerdos de colaboración, abre puertas a inversión responsable y evita que desarrollos con alto potencial se detengan por falta de estructura o acompañamiento.