por Coordinacion Innos | Ago 21, 2026 | Constitución, Noticias, Uncategorized
En uno de sus últimos actos públicos como presidente de la República, Gustavo Petro lideró la instalación de la nueva legislatura del Congreso. Este inicio marcará, sin dudas, uno de los debates más trascendentales para el futuro del sistema de salud colombiano.
Un día más tarde y después de tres años de intentos fallidos por aprobar una reforma estructural, el Gobierno y la bancada del Pacto Histórico vuelven a presentar un proyecto que busca transformar el modelo de aseguramiento, reorganizar la prestación de los servicios y fortalecer la Atención Primaria en Salud. Sin embargo, el nuevo texto llega en un momento particularmente complejo: el sistema enfrenta una creciente crisis financiera, desabastecimiento de algunos medicamentos, hospitales con graves problemas de liquidez y varias EPS bajo medidas de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Aunque el proyecto mantiene los principios que han orientado la propuesta del Gobierno desde 2023, introduce ajustes importantes en el régimen de transición. El cambio más llamativo es el papel que se asigna a Nueva EPS, entidad que pasaría a convertirse en el principal vehículo institucional para garantizar la continuidad de la atención mientras se implementa el nuevo modelo.
Lo controversial: Una transición apoyada en una institución en crisis
De acuerdo con el proyecto divulgado, Nueva EPS asumiría funciones estratégicas durante la transición. Entre ellas se encuentran la recepción de afiliados provenientes de otras EPS que desaparezcan o sean transformadas, el apoyo en la organización de las redes territoriales de servicios y el mantenimiento de la continuidad operativa mientras se consolidan los nuevos Centros de Atención Primaria y las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud.
Lo que se buscaría con esta designación de Nueva EPS es, aparentemente, evitar un vacío institucional durante la implementación de la reforma. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, plantea una de las mayores contradicciones del proyecto.
Nueva EPS no es una entidad que llegue a la transición desde una posición de fortaleza. Por el contrario, atraviesa probablemente la situación más compleja desde su creación. La entidad concentra hoy el mayor número de afiliados del país, ha sido objeto de intervención estatal, enfrenta dificultades para garantizar el flujo oportuno de recursos hacia prestadores y proveedores y acumula una creciente presión asistencial derivada del traslado de usuarios provenientes de otras EPS liquidadas o intervenidas.
En otras palabras, la reforma deposita buena parte de la estabilidad del proceso de transición sobre una institución cuya capacidad administrativa, financiera y operativa se encuentra seriamente tensionada.
El riesgo de concentrar aún más la operación
Paradójicamente, uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la reforma ha sido la necesidad de reducir la concentración del aseguramiento y disminuir la dependencia de unas pocas entidades administradoras.
Sin embargo, el nuevo articulado parece producir el efecto contrario durante la transición. El crecimiento de Nueva EPS aumentará aún más la concentración del sistema alrededor de una sola organización. Esto implica riesgos evidentes, como mayor complejidad administrativa, deterioro de indicadores de acceso a los servicios, mayor presión sobre las IPS, dificultades en el flujo de caja y más complicaciones para los usuarios.
La capacidad institucional como principal interrogante
En las actuales circunstancias del sistema, el verdadero desafío es la capacidad institucional del Estado para administrar una transformación de esta magnitud.
El nuevo proyecto de reforma, liderado por el partido del gobierno saliente, supone que la ADRES asumirá nuevas responsabilidades en el flujo de recursos, que las entidades territoriales coordinarán redes integradas de servicios, que los Centros de Atención Primaria reorganizarán la puerta de entrada al sistema y que Nueva EPS garantizará la continuidad operativa durante el cambio. Todo lo cual ya había sido discutido en Cámara y Senado, con los resultados ampliamente conocidos.
Por ello, la principal incertidumbre no radica únicamente en el diseño institucional de la reforma, sino en la capacidad real para ejecutarla sin afectar la atención de millones de pacientes.
Una apuesta de alto riesgo
Durante los últimos años, el Gobierno ha sostenido que el modelo basado en las EPS presenta fallas estructurales que justifican una transformación profunda. Sin embargo, el nuevo proyecto reconoce implícitamente que, al menos durante varios años, el Estado sigue necesitando una organización con experiencia en afiliación, contratación de redes, auditoría de servicios y gestión del riesgo para evitar un colapso operativo.
Esta aparente contradicción revela una realidad poco discutida: desmontar un sistema que cubre a más de 50 millones de personas exige conservar parte de las capacidades institucionales acumuladas durante tres décadas. La dificultad consiste en hacerlo sin reproducir los problemas que precisamente motivaron la reforma.
Más allá del texto de la ley
El debate que comienza en el Congreso no debería limitarse a decidir si desaparecen o no las EPS. La pregunta de fondo es si Colombia cuenta hoy con la capacidad institucional, financiera y tecnológica para ejecutar una transición de esta magnitud sin deteriorar el acceso efectivo a los servicios.
La experiencia internacional muestra que las reformas sanitarias exitosas no dependen únicamente del contenido de las leyes. Su resultado está determinado por la calidad de la implementación, la fortaleza de las instituciones responsables, la disponibilidad de recursos y la confianza de los actores involucrados.
En ese contexto, el rol central asignado a Nueva EPS constituye uno de los componentes más sensibles del nuevo proyecto. Si la entidad logra sostener la continuidad operativa durante la transición, podría convertirse en el principal soporte del nuevo modelo. Pero si las dificultades que hoy enfrenta se profundizan, el riesgo es que la reforma comience precisamente por el punto donde necesita mayor estabilidad.
Es el momento justo para que el nuevo gobierno asuma el liderazgo que le corresponde para enfrentar, desde el próximo 7 de agosto, la crisis del sistema de salud. Esto implica acciones urgentes como la designación de la cabeza del ministerio, la conformación de equipos de trabajo para los distintos frentes de la crisis, la convocatoria amplia de mesas técnicas de actores para definir acciones urgentes y el análisis y puesta en marcha de un plan de corto plazo que tenga en cuenta las propuestas sectoriales que se han presentado y que reflejan, en buena manera, las condiciones actuales, las necesidades más apremiantes y las respuestas que deben implementarse en los próximos meses.
El nuevo Congreso, por su parte, tendrá la responsabilidad esencial de discutir no solo el diseño normativo del sistema, sino también la viabilidad administrativa de su implementación. En materia de salud, una buena reforma no se mide únicamente por sus objetivos, sino por su capacidad de mejorar la atención de los pacientes sin generar nuevas barreras de acceso. Ese será, probablemente, el verdadero examen del legislativo en este periodo que apenas comienza.
Como actor independiente y académico, INNOS reitera el llamado al gobierno actual y al nuevo gobierno, para que aceleren los procesos de transición, priorizando a los pacientes y sus familias, asumiendo los retos y responsabilidades con la salud de todos los colombianos. Es el momento de avanzar hacia un sistema de salud más sólido e innovador para enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y las enfermedades no transmisibles, entre otros grandes desafíos de salud pública.
por Coordinacion Innos | Ago 21, 2026 | Noticias, Tratados, Uncategorized
El más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la situación mundial del cáncer presenta algunos datos muy inquietantes y claves para una reflexión profunda. Según el informe, más del 70 % de los países del mundo no dispone de un paquete básico de cobertura para la atención integral del cáncer dentro de sus sistemas de salud. Del artículo se deriva una primera conclusión: el pronóstico del cáncer depende cada vez menos de la biología del tumor y cada vez más de las condiciones sociales, económicas y territoriales de las personas. (El País)
Tal afirmación resulta preocupante, porque implica que nacer en un país rico o en uno de ingresos medios o bajos puede significar la diferencia entre recibir un diagnóstico oportuno y acceder a tratamiento, o enfrentar una enfermedad detectada tarde y con pocas opciones terapéuticas. La desigualdad, en este contexto, se convierte, según los datos, en un determinante de supervivencia.
La evidencia global: brechas que persisten y que tienen consecuencias.
La OMS y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) estiman que en 2022 se registraron aproximadamente 20 millones de nuevos casos de cáncer y cerca de 9,7 millones de muertes en el mundo. Si se mantienen las tendencias actuales, los nuevos casos podrían superar los 35 millones anuales hacia 2050. La carga de la enfermedad se viene incrementando con mucha mayor velocidad en los países de ingresos bajos y medios, en donde existen frecuentemente, menores capacidades de respuesta ante esta y otras patologías de alta complejidad.
El informe citado por el diario El País de España, destaca otra cifra reveladora: la supervivencia a cinco años del cáncer de mama supera el 85 % en muchos países de altos ingresos, mientras que en varios países de menores recursos apenas ronda el 45 %. La diferencia no se explica por una biología distinta del tumor, sino por factores como el diagnóstico tardío o inoportuno, un menor nivel de acceso a pruebas de detección temprana como las mamografías o las citologías, escasez de profesionales especializados en oncología y de centros debidamente dotados para la atención del cáncer, barreras de acceso para el inicio y la continuidad de los tratamientos y gasto de bolsillo que se incrementa ante un diagnóstico oncológico; con consecuencias profundas para el pronóstico de los pacientes.
La OMS estima que alrededor del 40 % de los cánceres podrían prevenirse mediante el control de los factores de riesgo ampliamente conocidos como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, algunas infecciones y la exposición ambiental a contaminantes cancerígenos.
El informe de la OMS también subraya la discrepancia entre los grandes avances científicos para el tratamiento del cáncer y las desigualdades persistentes en cuanto al acceso a estos desarrollos e innovaciones. Para superar estos conflictos, la OMS propone a los países miembros, avanzar en tres grandes cambios estratégicos: mejorar las capacidades para el control del cáncer en los sistemas de salud, con fortalecimiento del talento humano capacitado; mejorar la protección social y los servicios para quienes han tenido un diagnóstico de cáncer y mejorar la relación calidad-precio de medicamentos y tecnologías, coordinando los esfuerzos de innovación e investigación con las necesidades en salud pública.
¿Qué pasa en la región?
En América Latina el panorama es de carácter mixto. En general se ha ampliado la cobertura sanitaria en las últimas décadas en muchos países, pero siguen existiendo grandes diferencias entre países y entre grupos sociales.
Según daos de la IARC, en 2022 América Latina y el Caribe se registraron más de 1,5 millones de nuevos casos de cáncer y alrededor de 700.000 muertes. El más frecuente de ellos, el de cuello uterino, es especialmente importante porque representa una de las expresiones más claras de la inequidad sanitaria: es un cáncer altamente prevenible mediante vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y tamizaje amplio, pero continúa causando miles de muertes en mujeres de bajos ingresos.
La situación de Colombia: el contraste entre cobertura amplia y resultados desiguales.
Si bien es claro que Colombia ha logrado uno de los niveles más altos de cobertura del sistema de salud, superior al 95 % de la población, esta no siempre se traduce en acceso efectivo. Más aún cuando el país atraviesa por una de sus mayores crisis de confiabilidad y oportunidad en el sistema sanitario, que exige soluciones urgentes en los próximos meses.
Con una incidencia anual cercana a 120.000 casos nuevos y aproximadamente 45.000 muertes anuales por cáncer, el país enfrenta desafíos para mejorar el acceso de los pacientes a todo el rango de servicios desde la prevención, la detección temprana, el inicio del tratamiento y la continuidad de este, hasta la rehabilitación y los cuidados paliativos, cuando se requieren. Estos retos se agudizan en zonas rurales, donde los tiempos de espera para diagnóstico confirmatorio y tratamiento son mayores que en áreas urbanas; lo cual tiene efectos muy adversos en las enfermedades oncológicas.
Según los datos del Instituto Nacional de Cancerología, existen brechas evidentes. Ciudades como Bogotá, Medellín o Cali concentran la mayor parte de los servicios especializados, mientras que departamentos amazónicos, de la Orinoquia y algunas zonas del Pacífico tienen menor disponibilidad de oncología, radioterapia y cirugía especializada.
Lo anterior se traduce en que un paciente de una capital de los departamentos más desarrollados puede acceder a estudios diagnósticos en semanas; otro de una zona rural puede tardar meses y tener que recorrer cientos de kilómetros para recibir quimioterapia o radioterapia.
Un debate de fondo: la inversión en medicamentos y en mejores sistemas de salud.
Uno de los puntos más interesantes del informe de la OMS es la crítica al modelo de innovación oncológica. La organización señala que una parte creciente de la inversión mundial se dirige a terapias muy costosas con beneficios clínicos relativamente modestos, mientras siguen subfinanciadas intervenciones de alto impacto poblacional.
Lo anterior dibuja una cierta paradoja en países como Colombia. Si bien los sistemas de salud han logrado niveles altos de protección financiera que permiten que algunos pacientes logren acceder a medicamentos de última generación, miles tienen el riesgo de llegar tarde al diagnóstico y no acceder oportunamente al tratamiento. Los gobiernos deben trabajar por nivelar ambos extremos del proceso de atención, de manera que se garantice el acceso a terapias de última generación, con niveles óptimos de seguridad y eficacia; mientras se financia y se optimiza también la prevención y el diagnóstico temprano para toda la población.
La desigualdad como un gran factor de riesgo
Tanto el informe de la OMS como los análisis posteriores apuntan a que el cáncer se ha convertido en un espejo de las desigualdades contemporáneas. La evidencia de la OMS, de la IARC muestra que la brecha continúa siendo clínica y científica; pero con un alto componente de accesibilidad y continuidad de la atención.
Colombia y otros países de la región han conseguido avances muy valiosos en cobertura y atención oncológica, pero aún enfrentan enormes desafíos por la diversidad territorial y social.
En última instancia, el cáncer no solo depende de la atención médica, sino de las necesidades y prioridades de la sociedad. Los datos confirman que, actualmente, la supervivencia sigue estando demasiado ligada al nivel de ingresos, al lugar donde se vive y a la capacidad de navegar exitosamente en sistemas de salud altamente complejos.
Fuentes
- Organización Mundial de la Salud Informe sobre la situación mundial del cáncer 2026: el futuro que elegimos juntos.
El País – Artículo del 8 de julio de 2026 sobre desigualdad y cáncer. Disponible en: https://elpais.com/salud-y-bienestar/2026-07-08/asi-marca-la-brecha-socioeconomica-el-pronostico-del-cancer-mas-del-70-de-los-paises-no-tiene-cobertura-basica-para-tratarlo.html#google_vignette
por Coordinacion Innos | May 29, 2026 | Noticias
Hace apenas unos días, la Cámara de Diputados de Argentina impulsó formalmente el avance del proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). El bloque oficialista llevó el proyecto a un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, y dictamino positivamente a su tratamiento. Se trata, sin duda, de un momento que merece ser celebrado y analizado con detenimiento desde la perspectiva del ecosistema latinoamericano de innovación, inversión y economía del conocimiento en Argentina.
Argentina ha dsido durante años uno de los grandes ausentes en el principal sistema internacional de patentes. El PCT no es un mecanismo técnico menor: es la arquitectura que permite a inventores, universidades, centros de investigación y empresas proteger sus desarrollos en más de 158 países mediante una sola solicitud internacional, reduciendo costos, plazos y barreras burocráticas. Su propósito es simplificar el proceso de protección internacional de invenciones, facilitando una etapa de presentación unificada que difiere costos, reduce burocracia y permite mejores decisiones estratégicas en el camino.
El contexto que hace este momento posible.
Este avance no ocurre en el vacío. El 5 de febrero de 2026, Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo recíproco de comercio e inversión que, más allá de las reducciones arancelarias, incluyó compromisos explícitos para modernizar el marco de propiedad intelectual argentino y alinearlo con los estándares internacionales. Argentina dio un paso fuerte derogando criterios de patentabilidad que restringian laposibilidad de obtener patentes farmaceuticas. Tambien, la adhesión al PCT fue identificada como una de las prioridades mas urgentes. El resultado político ya es concreto: Estados Unidos retiró a Argentina de su «Priority Watch List», la lista que señala a los principales países con observaciones en materia de propiedad intelectual, poniendo fin a una permanencia de tres décadas. Esta señal no es menor: recuperar credibilidad en el tablero internacional de la propiedad intelectual es habilitador para atraer inversión en innovación de alta complejidad, en sectores intensivos en conocimento y tecnologia.
Un avance significativo en el camino de adhesión al PCT.
La decisión del oficialismo de avanzar con reserva del Capítulo II —que habilita el examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de las invenciones— ha generado debate entre los distintos actores del ecosistema industrial y productivo local. Sin embargo, resulta importante contextualizar esta decisión.
Diversos países que hoy lideran los ecosistemas globales de innovación ingresaron inicialmente al PCT adhirirendo solamente al Capitulo I, para luego avanzar hacia esquemas mas amplios. La adhesión con reserva no es una derrota mí una señal de debilidad; representa un camino gradual de integración al sistema internacional preservado márgenes de adaptación institucional y regulatoria. El punto central no es la perfección del esquema inicial, sino la decisión estrategia de integrarse a una arquitectura global que facilita la protección de activos intangibles, promueve la transferencia tecnológica y mejora las condiciones de competir internacionalmente.
Lo que esto significa para la Argentina y su industria del conocimiento.
Para el ecosistema argentino de innovacion, universidades, centros de investigacion, startups, PyMEs tecnologicas y empresas basadas en conocimeinto, el impacto puede ser significativo.
Por ejemplo, para centros de investigación, startups de salud digital, Biotech y Medtech- el impacto es concreto y positivo: Actualmente los desarrolladores argentinos deben iniciar el trámite de patentamiento desde el exterior, por no contar el país con una oficina receptora. La integración al sistema PCT acelerará los plazos, disminuirá la burocracia y reducirá los costos en los procesos de protección de la propiedad intelectual. Esto resulta especialmente relevante para secotres como software, biotecnologia, inteligencia artiicial, agtech, energia, nanotecnologia, manufactura avanzada y deep tech, donde la capacidad de proteger la propiedad intelectual seuel dser determinante para atraer inversion escalar modelos de negocio y generar exportanciones de alto nivel agregado.
Argentina posee talento científico, capacidad emprendedora y una tradición sólida en investigación y desarrollo. Sin embargo, transformar ese conocimiento en inversión, empleo calificado y crecimiento económico requiere también instituciones y marcos regulatorios que acompañen esa transformación. El PCT no crea innovación por sí mismo, pero sí mejora las condiciones para que esa innovación pueda protegerse, financiarse, transferirse y competir globalmente.
Voces del ecosistema: cuando la ausencia del PCT tiene nombre y costo.
La adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes —PCT— no es un debate técnico distante de quienes innovan en salud. Sus efectos se reflejan directamente en los costos, tiempos y rutas que deben asumir las startups científicas cuando buscan proteger tecnologías con potencial global. Los casos de Gameet y ExoMas, startups argentinas ganadoras del Latam Health Champions, muestran con claridad esta realidad.
Gameet, representada por su CTO, Alejandro Guidobaldi, desarrolló microdispositivos de impresión 3D para reproducción asistida, nacidos del ecosistema científico argentino, con capacidades asociadas al CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, ante la ausencia de Argentina en el sistema PCT, tuvo que iniciar su ruta de protección internacional a través de una oficina receptora en Estados Unidos, asumiendo mayores costos, complejidad operativa y esfuerzos administrativos. En la misma línea, ExoMas, representada por Hugo Gramajo, también debió recurrir a acciones de protección vía patente en Estados Unidos para resguardar internacionalmente su desarrollo en salud. Ambas experiencias evidencian que la no adhesión al PCT obliga a innovadores argentinos a operar desde jurisdicciones extranjeras en etapas tempranas, cuando sus recursos suelen ser más limitados.
Si Argentina completa su adhesión al PCT, el próximo innovador en salud podrá presentar una única solicitud internacional desde territorio argentino, ganar tiempo y prioridad global, y decidir posteriormente en qué mercados avanzar según la evolución de su tecnología y modelo de negocio. Esto facilitaría la gestión de costos, la atracción de inversión y la protección de activos estratégicos en sectores intensivos en conocimiento. Los casos de Gameet y ExoMas confirman que Argentina cuenta con ciencia, talento y soluciones capaces de competir globalmente. El PCT no cambia la calidad de esa ciencia; cambia las condiciones para que pueda protegerse, transferirse y escalarse en el mundo.
Una señal de confianza hacia el mundo.
Desde INNOS, vemos en este avance argentino una señal que trasciende lo jurídico y lo comercial, implica comunicar que Argentina busca integrarse al sistema global de innovación con reglas compatibles con las economías que más invierten en tecnología, investigación y desarrollo. La confianza de los inversores no se construye únicamente con incentivos económicos. Se construye con previsibilidad, estabilidad institucional y marcos regulatorios claros. En industrias intensivas en conocimiento, la protección de activos intangibles forma parte central de esa ecuación.
Argentina combina una larga tradición de educación científica y técnica con capacidades destacadas en sectores estratégicos como biotecnología, software, servicios basados en conocimiento y manufactura avanzada. El desafío consiste en generar condiciones para que ese potencial pueda traducirse en empresas globales, exportaciones tecnológicas y mayor competitividad internacional. En ese contexto, la adhesión al PCT representa una señal positiva para el ecosistema emprendedor, tecnológico y productivo argentino. América Latina tiene una oportunidad histórica de construir un ecosistema regional de innovación en salud robusto, conectado globalmente y capaz de generar soluciones a los desafíos sanitarios propios de la región.
Argentina combina una larga tradición de educación científica con recursos naturales y tecnológicos abundantes, y sigue generando innovación en sectores como biotecnología, agrotech, software y manufactura avanzada. Ese potencial necesitaba una arquitectura de PI que lo acompañara. El PCT es esa arquitectura. La confianza de los inversores en el ecosistema innovador de un país no se construye con declaraciones: se construye con reglas predecibles, instituciones sólidas y señales coherentes de largo plazo. La adhesión al PCT, aunque parcial en esta primera etapa, es precisamente ese tipo de señal.
Una invitación a continuar
Este momento debe leerse como el inicio de un proceso, no como su conclusión. Celebramos el avance y llamamos a los actores del ecosistema —empresas, universidades, fondos de inversión, emprendedores y tomadores de decisión— e incentivamos a acompañar a empresas, universidades, emprendedores, inversores y actores del sistema científico-tecnológico quienes pueden tomar esta oportunidad de ser parte activa de esta etapa, promoviendo un ecosistema más conectado globalmente y con mejores condiciones para transformar conocimiento en desarrollo económico. La región necesita más actores trabajando articuladamente, más ecosistemas conectados globalmente y más confianza institucional que atraiga la inversión que transforma sistemas de salud. Este paso, aunque perfectible, apunta en la dirección correcta. Y eso, en el mundo de la política de innovación, vale mucho.
por Coordinacion Innos | May 29, 2026 | Noticias
Cada año, entre abril y mayo, los países del Caribe lideran la Semana de Acción contra los Mosquitos, una campaña regional impulsada por organismos de salud pública para prevenir enfermedades transmitidas por vectores como el Aedes aegypti. Este año 2026 la semana se celebra entre el 6 y el 12 de mayo. Aunque nació en el Caribe, su relevancia se ha extendido a toda América Latina, y hoy Colombia es uno de los países donde su mensaje resulta especialmente crítico.
Una campaña regional con impacto local
La iniciativa surgió en 2016 en respuesta a emergencias sanitarias como el brote de zika, con el objetivo de movilizar a gobiernos y comunidades para reducir criaderos de mosquitos y prevenir enfermedades como dengue, chikunguña y fiebre amarilla.
Su enfoque es claro:
- Eliminar agua estancada
- Educar a la población
- Promover acción comunitaria
Más que una campaña puntual, se trata de una estrategia de salud pública preventiva basada en participación social.
Colombia: un país en alerta epidemiológica
El mensaje de esta semana cobra especial relevancia en Colombia, donde el dengue atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas.
- En 2025 se registraron más de 123.000 casos y 118 muertes, lo que llevó a declarar alerta nacional (infobae).
- El brote se suma a un ciclo epidémico más amplio: en 2024 se superaron los 320.000 casos, el nivel más alto en años recientes
- En lo corrido de 2026, aunque los casos han disminuido respecto al pico, el virus sigue circulando con miles de contagios reportados en las primeras semanas del año (Instagram).
Además, el dengue no afecta de manera uniforme. Las regiones más impactadas incluyen:
- Caribe y nororiente (Santander, Córdoba, Norte de Santander)
- Zonas urbanas con alta densidad
- Territorios con dificultades en saneamiento básico
Un problema estructural, no solo estacional
El aumento del dengue en Colombia no es un fenómeno aislado. Forma parte de una tendencia regional: en 2024, América Latina registró más de 13 millones de casos, un récord histórico (Organización Panamericana de la Salud).
Varios factores explican este crecimiento:
- Cambio climático: El aumento de temperaturas y lluvias favorece la reproducción del mosquito.
- Urbanización acelerada: Barrios con acceso limitado a agua potable o recolección de residuos crean condiciones ideales para criaderos.
- Almacenamiento de agua: En muchas zonas, los hogares almacenan agua en recipientes que pueden convertirse en focos de reproducción.
- Circulación simultánea de serotipos: La presencia de varios tipos del virus aumenta el riesgo de formas graves.
Impacto en el sistema de salud
El dengue no solo es un problema epidemiológico, sino también un desafío para los servicios de salud:
- Miles de hospitalizaciones cada año
- Presión sobre urgencias y cuidados intensivos
- Aumento del gasto sanitario
En 2025, por ejemplo, se reportaron decenas de miles de hospitalizaciones asociadas al dengue, evidenciando la carga sobre el sistema. Este contexto refuerza la importancia de estrategias preventivas como la Semana de Acción contra los Mosquitos.
Nuevas herramientas: vacunas y prevención
Colombia ha comenzado a incorporar nuevas estrategias, como la introducción de la vacuna contra el dengue en zonas endémicas, dirigida inicialmente a población infantil. (El País). Sin embargo, los expertos coinciden en que estas medidas no reemplazan el control vectorial: la eliminación de criaderos sigue siendo la intervención más efectiva.
El papel de la comunidad
Uno de los principales mensajes de la Semana de Acción contra los Mosquitos es que la prevención no depende solo del sistema de salud.
Acciones simples pueden marcar la diferencia:
- Vaciar recipientes con agua acumulada
- Limpiar patios y techos
- Tapar tanques de almacenamiento
- Usar repelente y protección personal
En términos de salud pública, esto refleja un cambio de enfoque: del tratamiento de la enfermedad a la gestión del riesgo en el entorno cotidiano.
Más allá de la campaña: una lección para Colombia
La experiencia del Caribe muestra que las campañas sostenidas, combinadas con participación comunitaria, pueden reducir significativamente la transmisión de enfermedades vectoriales.
Para Colombia, esto plantea tres aprendizajes clave:
- La prevención debe ser continua, no estacional
- La salud pública requiere acción intersectorial (agua, vivienda, educación)
- La comunidad es un actor central, no un receptor pasivo
Conclusión
La Semana de Acción contra los Mosquitos no es solo una campaña simbólica. En el contexto colombiano, es un recordatorio urgente de que el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores siguen siendo una amenaza creciente. En un país que ha enfrentado cifras récord de casos y presión sobre su sistema de salud, la lucha contra el mosquito no se gana únicamente en hospitales, sino en hogares, barrios y comunidades. Porque, como resume el lema de la campaña: una pequeña picadura puede ser una gran amenaza, pero también una oportunidad para prevenir.
por Coordinacion Innos | May 27, 2026 | Noticias
El Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias (OBPR) se caracteriza por recoger la percepción de actores con amplia experiencia en la regulación de productos farmacéuticos. En su edición 2024, el grupo de interés con mayor participación fue la Industria Farmacéutica Internacional, que representó aproximadamente el 65% de los participantes, seguida por consultores y asesores regulatorios, con cerca del 15%. Un aspecto relevante del estudio es el alto nivel de experiencia de quienes participaron. El 44% de los encuestados contaba con entre 16 y 20 años de trayectoria y conocimiento en el sector farmacéutico, lo que refuerza la robustez técnica de los resultados obtenidos. Este perfil de participación permite que los hallazgos del Observatorio se basen en experiencias reales y prácticas, acumuladas a lo largo de años de interacción con marcos regulatorios nacionales y regionales. De esta manera, el OBPR 2.0 versión 2026 se amplía a 10 países de la región y se consolida como una herramienta informada por la experiencia, más allá de aproximaciones meramente normativas o teóricas.
Las instituciones y profesionales del sector regulatorio están invitados a participar en el Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias 2.0 y a contribuir con su experiencia al fortalecimiento de la regulación en América Latina.
Participa en el estudio diligenciando la siguiente encuesta: https://forms.cloud.microsoft/r/UbgvD3WRSd?origin=lprLink
por Coordinacion Innos | May 27, 2026 | Noticias
En 2024 se desarrolló el primer estudio regional sobre la adopción de las Buenas Prácticas Regulatorias (BPR) en América Latina, abarcando ocho países de la región. Este ejercicio marcó un hito al ofrecer, por primera vez, un diagnóstico comparativo y sistemático sobre cómo se perciben e implementan las BPR en distintos contextos regulatorios. El Observatorio evidenció una amplia participación de actores clave del sector farmacéutico. Los países con mayor número de participantes fueron México y Colombia, lo que reflejó un alto interés técnico en estos contextos por analizar y fortalecer los marcos regulatorios. Asimismo, el estudio mostró que las BPR no son un asunto exclusivo de las autoridades regulatorias. Por el contrario, su evaluación se nutre de la experiencia de múltiples actores que interactúan con los sistemas regulatorios y que aportan perspectivas complementarias sobre su funcionamiento, coherencia y desafíos. Los resultados de esta primera edición constituyen una línea base regional, fundamental para monitorear avances, identificar brechas y orientar estrategias de mejora continua en materia regulatoria en América Latina.
Este año estamos desarrollando la segunda edición con 10 países participantes. Si haces parte de las instituciones y profesionales del sector regulatorio, puedes ingresar a la encuesta del Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias 2.0 y contribuir con tu experiencia al fortalecimiento de la regulación en América Latina.
Accede a la encuesta en: https://forms.cloud.microsoft/r/UbgvD3WRSd?origin=lprLink
