por INNOS | Ene 30, 2025 | Noticias
Transcurridas apenas dos semanas del nuevo año, se percibe en el sector salud del país un estado de crisis continuada que amenaza con empeorar con el paso de los días. Recibimos el año con un anuncio que ha dejado muchas inquietudes, por lo que muchos consideran un aumento a todas luces, insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación para este año. Se han generado por cuenta del anuncio del gobierno, toda serie de reacciones en contra del porcentaje que se decretó para incrementar los recursos que se pagan por cada afiliado al sistema, con el fin de garantizar su acceso en condiciones óptimas de calidad, a los servicios de salud que requiera.
Recordemos que con la UPC se cubre la totalidad de los servicios que demanda la población durante todo el año, desde las acciones individuales de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, hasta el tratamiento, rehabilitación y paliación de aquellas patologías que así lo requieran. Por ello, la posible desfinanciación del plan de beneficios (PBS) constituye un enorme problema de salud pública para todo el país, con consecuencias muy graves en términos de incremento de morbilidad, crecimiento de la carga de enfermedad e incluso, posibles aumentos de las tasas de mortalidad; en los casos en que se afecte el acceso oportuno y eficaz a medicamentos, insumos y tratamientos.
Desde el año pasado, diversos centros de pensamiento e investigación han advertido sobre la necesidad de que el gobierno adopte medidas urgentes para mitigar la crisis financiera del sistema de salud. En este contexto, el presupuesto del sistema inició con un déficit estimado en aproximadamente $9,2 billones, mientras que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) fue del 5,36 %, muy por debajo del 16,9 % requerido para cubrir los costos proyectados. Adicionalmente, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) registraron pérdidas operativas acumuladas de $3,1 billones al cierre del tercer trimestre de 2024, siendo el régimen contributivo el principal factor de este déficit, con una participación del 64 %. Igualmente, El presupuesto máximo asignado para 2025 se establece en $502.000 millones, lo que representa una reducción significativa en comparación con los $2,3 billones ejecutados en 2024. Esta disminución supone un recorte del 78,2 %, lo que podría afectar la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa del sistema en el corto y mediano plazo.
Así lo ha advertido la propia Superintendencia Nacional de Salud, que en un reporte publicado dos días atrás, ha alertado sobre un incremento de las quejas y reclamos de los usuarios por fallas en los procesos de atención en salud en el país. Las quejas aumentaron cerca de un 18% entre 2023 y 2024 (Tasa por 10.000 afiliados). Estos datos muestran que, en efecto, la percepción que los colombianos tienen sobre el desempeño del sistema de salud, está seriamente deteriorada, especialmente, porque han aumentado los casos de negación de citas médicas con especialistas, así como un incremento significativo de los tiempos de asignación de citas tanto de medicina general como de especialidades médicas y por una reducción palpable de la entrega de medicamentos, dispositivos médicos e insumos necesarios para el tratamiento de todo tipo de enfermedades, especialmente las crónicas y las raras.
Más allá de la discusión que se ha generado entorno al aumento de la UPC, los hechos recientes muestran que hay un deterioro real de la calidad de la atención en salud y que los mayores afectados son los pacientes y sus familias, que han tenido que asumir costos adicionales para proveer los medicamentos que no les son entregados, y con ello evitar un mayor deterioro en la condición clínica de sus allegados. Es el caso de los pacientes con enfermedades huérfanas, quienes no solo dependen de los recursos que el gobierno asigna mediante la UPC, sino que, además, han manifestado su preocupación por el descenso de los recursos de los presupuestos máximos, que justamente deben cubrir los gastos de la atención de estas patologías de baja frecuencia y alto impacto en la calidad de vida de pacientes y familiares. En 2024 fue permanente la denuncia del retraso en el giro de los presupuestos máximos por parte del gobierno, lo cual ha llevado a la pérdida de continuidad en los tratamientos y, en muchos casos, al abandono de estos por parte de los pacientes, según lo han reportado los grupos de expertos.
En este sentido se han expresado algunas asociaciones de pacientes e incluso, de profesionales de la salud, que han advertido sobre los efectos negativos que pueden derivarse de generar brechas de continuidad en la atención de patologías huérfanas y crónicas. De una parte, en el corto plazo, los pacientes podrían sufrir un deterioro de su situación personal que, de no ser resuelto adecuadamente, podría afectarles de forma irreversible. En el mediano y en el largo plazo, los pacientes que no reciben oportunamente su tratamiento quedan descompensados porque no acceden a los procedimientos y terapias que necesitan, lo cual va a producir, entre otros efectos, un aumento sobre los costos del sistema de salud y, lo que es más grave, un gran problema de salud pública para todo el país.
Son estos gremios los que han alertado reiteradamente sobre el deterioro generalizado en los procesos de atención, en la continuidad de los tratamientos y en la integralidad que requieren los pacientes con patologías más complejas. Según lo han expresado, no hay bases de datos confiables y accesibles que hagan posible acceder al diagnóstico temprano, a los medios diagnósticos más adecuados y a un seguimiento directo a los pacientes para que no queden aislados y cuenten con el apoyo médico y de salud mental que necesitan. Estas limitaciones se acentúan en los territorios periféricos de las grandes ciudades y en municipios y zonas dispersas.
Casos tan graves como la muerte en 2024 de dos pacientes en Bogotá, uno con enfermedad de Gaucher tipo 2 y otro con Epilepsia, debido a la falta de sus medicamentos; son un llamado de alerta y un recordatorio de que el acceso a medicamentos es un derecho fundamental. De igual manera, los pacientes trasplantados se encuentran en grave riesgo por el desabastecimiento y no entrega de medicamentos esenciales para mantenerse con vida.
Reconocemos la importancia del debate político y de la reflexión sobre los ajustes que el sistema requiere en cuanto a su diseño y su estructura. No obstante, es claro que no se podrá avanzar si no se cuenta con información confiable y oportuna sobre el desempeño y la sostenibilidad de todas y cada una de las instituciones que lo componen. Este es un llamado para que las autoridades, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud, hagan visibles los datos que están utilizando para tomar las decisiones que tienen efectos sobre todos los colombianos. Además, como se ha venido mencionando desde INNOS, es importante que los cálculos, por ejemplo, de la UPC se hagan de manera responsable, respondiendo no sólo a los factores propios del sistema de salud, sino también, de acuerdo con las características demográficas y epidemiológicas de la población colombiana, teniendo en cuenta, el envejecimiento progresivo de la población y efecto postpandemia que produjo el resurgimiento de enfermedades crónicas no trasmisibles. Es preocupante que sean las personas más vulnerables y con mayores necesidades en salud, quienes sufran de forma más rigurosa el impacto de la insuficiencia en los recursos y de las fallas administrativas que el sistema viene experimentando desde hace meses.
No es, por todo lo anterior, un panorama optimista el que se observa en este inicio del nuevo año. Ante una de las crisis más profundas que ha vivido el sistema de salud colombiano, se requieren respuestas eficaces y urgentes de parte del gobierno nacional, que reviertan la tendencia negativa de estos indicadores y que devuelvan la confianza de los actores, protegiendo de forma prioritaria a quienes más lo necesitan.
por INNOS | Ene 30, 2025 | Noticias
La semana pasada la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, de la Corte Constitucional, emitió el Auto 007 de 2025 (23 de enero) por medio del cual hace una evaluación del cumplimiento de las ordenes impartidas en la Sentencia, en particular las órdenes 21 y 22, relativas al cálculo y la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con la cual se financia el Plan Básico de Salud (PBS). Algunas semanas atrás la Corte había declarado el incumplimiento general respecto a la suficiencia de presupuestos máximos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y abrió un incidente de desacato al ministro de salud, al tiempo que le ordenó al Ministerio pagar los presupuestos máximos pendientes de 2024 y 2025.
Este nuevo Auto de la Corte se produce como consecuencia de las expresiones de preocupación y de las demandas de muchos actores del sector salud, quienes han aportado análisis y documentos que fueron tenidos en cuenta para sus conclusiones y para emitir una serie de órdenes que se presentan a continuación:
Antecedentes:
- En 2023 la Sala Especial declaró que continuaban las debilidades del sistema de información y baja calidad de los datos reportados por las EPS. Estos sistemas no registran ni actualizan fielmente las necesidades de la población. Los registros de frecuencias de uso de servicios son deficientes. Minsalud no demostraba la suficiencia de la UPC ni que la UPC del Régimen Subsidiado llegara al 95% de la del Régimen Contributivo.
- En la evaluación de los Presupuestos Máximos la Corte también declaró bajo cumplimiento de lo referente a este componente.
- La Corte le solicitó al MSPS la metodología de cálculo de la UPC en marzo de 2024.
- Con base en estos y otros documentos y fuentes de información la Sala Especial hizo un análisis al cumplimiento de sus órdenes y una valoración integral sobre el cálculo y la suficiencia de la UPC, así como la equiparación de la UPC-S al 95% de la UPC-C.
- La Corte considera que, aunque se ha reportado que existen falencias en las fuentes de información que se utilizan para el cálculo de la prima desde 2011, no se han desarrollado correctivos suficientes que resuelvan esta situación y que no hay medidas adecuadas al respecto.
- La inclusión de servicios y tecnologías en el Plan Básico de Salud cubierto por la UPC, que previamente se financiaban por medio de los PM, ha generado un nuevo déficit en la prima. Estas inclusiones se han hecho por varios años y se resalta en el Auto, la realizada en enero de 2022 cuando se aumentó el número de principios activos financiados por la UPC en un 130%.
- El Ministerio ha reportado, junto con la Supersalud, casos de desviación de recursos de la UPC, que también han sido puestos en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía. Al respecto, la Corte tiene en cuenta estos reportes, pero considera que no se ha logrado demostrar la magnitud e impacto de estas conductas.
Conclusiones de la Sala:
- La metodología utilizada para calcular al UPC debe ser actualizada de forma permanente, incluyendo los cambios y necesidades del sistema de salud y de la población a la que atiende. Debe ampliarse la participación a otros sectores.
- La metodología que viene aplicándose debe complementarse también con mecanismos ex post.
- La información suministrada por el MSPS no deja claro de qué forma se incorporan mecanismos de ajuste por el aumento en la siniestralidad. Los datos del sistema muestran que esta ha aumentado, llegando en 2022 al 105% en el régimen contributivo y al 106% en el subsidiado.
- El análisis del aumento de la UPC en 2024 que hizo la Sala Especial muestra que no hubo un incremento real de los recursos, que era lo esperado dadas las dinámicas de siniestralidad, costos de operación e inflación específica del sector salud; lo cual afectó a todos los actores del sistema.
- A este déficit se sumó la destinación que hizo el MSPS del 5% de la UPC para el desarrollo de los Equipos Básicos de Salud (EBS). La Corte considera que no es válido desfinanciar la UPC con el argumento de fortalecer la promoción y la prevención. Más aún, la Corte considera que “esta es una disposición abiertamente inconstitucional”
- De acuerdo con la Corte, los EBS no deben cubrirse con la UPC y no podrán desarrollar funciones ni prestar servicios cubiertos por esta prima.
- Existe evidencia de un rezago en la información que se utiliza para el cálculo de la UPC que afecta la viabilidad financiera del sistema de salud. Esto se advierte, entre otros aspectos, debido a las inclusiones de procedimientos, intervenciones, tecnologías y medicamentos que son cubiertos por la UPC. Por ello el MSPS deberá ajustarla, partiendo de un análisis de suficiencia desde el año 2021.
- El Ministerio deberá definir un periodo de transición para que las EPS restablezcan sus reseras técnicas, una vez se hagan los ajustes ordenados a la UPC.
Decisiones de la Corte:
- Declara el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC en ambos regímenes.
- Declara la insuficiencia de la UPC de 2024.
- Ordena al MSPS:
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- Crear una mesa de trabajo para revisar la UPC 2024 y lograr su suficiencia. Lo anterior, considerando aspectos mencionados previamente como:
- El rezago de la UPC desde 2021
- El aumento de la siniestralidad y de las frecuencias de uso
- El impacto de las inclusiones en el PBS-UPC
- Las variables de ajuste de riesgo
- La definición de criterios para realizar los ajustes ex post y el reconocimiento del ajuste de la UPC 2024 a las EPS, con porcentajes y fechas máximas de pago.
- La mesa tendrá un plazo máximo de 2 meses para definir el ajuste a la UPC de 2024.
- Esta mesa será orientada por el MSPS quien presentará informe mensual a la Sala Especial, sobre el desarrollo de sus funciones.
- Establecer un periodo de transición para el restablecimiento de las reservas técnicas de las EPS.
- Reajustar la metodología del cálculo de la UPC, teniendo en cuenta todos los criterios mencionados en el Auto 007. Lo anterior deberá además considerar:
- Un proceso participativo y transparente
- Tener en cuenta el IPC proyectado para la vigencia y la inflación
- Las nuevas inclusiones
- El rezago existente en la prima
- No fraccionar ni realizar destinaciones diferentes de la UPC.
- Incluir ajustadores ex ante y ex post.
- Equiparar al 95% el valor de la UPC del RS con respecto a la del RC.
- También ordena a la SNS, la CGR y la Fiscalía que desplieguen las investigaciones para establecer responsabilidades en el posible uso indebido de la UPC. Para ello le ordena a fiscalía y Contraloría que conformen un equipo de trabajo destinado a investigar los malos manejos de la UPC en el sistema de salud.
- La Corte le ordena al Ministerio de Hacienda que disponga y garantice los recursos necesarios para cumplir los mandatos de la Sentencia T-760 de 2008, a los que hace alusión el presente Auto.
Si bien es cierto que este Auto no aborda la problemática de la UPC del año 2025, las órdenes que emite deberían tener efectos posteriores en su reajuste, luego de resolver las inconsistencias que vienen desde hace más de 10 años atrás y que se han agudizado recientemente. La decisión del alto tribunal constituye un paso importante para encontrar soluciones al problema de la suficiencia de la UPC, la cual se destina a cubrir los costos de los servicios y tecnologías en salud.
Sin lugar a duda, este pronunciamiento de la Corte muestra con claridad que es urgente una acción correctiva de parte del gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, coordinada con la Superintendencia Nacional de Salud y con el Ministerio de Hacienda; así como de los organismos de control como la Contraloría y la Fiscalía en lo de sus competencias.
El mensaje de transparencia en la gestión de los recursos que hace la Corte es fundamental para que el gobierno asuma su rol de rectoría del sistema de una manera más clara y participativa y, para que todos los demás actores contribuyan activamente a resolver una gama de problemáticas acumuladas que actualmente tienen al sistema de salud en una de sus peores crisis. No obstante, todo ello requiere el fortalecimiento de los sistemas de información disponibles, que también hace parte de las órdenes de emitidas en la Sentencia T-760 de 2008. No se puede pasar por alto que la sostenibilidad del sistema de salud depende en gran medida de un cálculo adecuado de la UPC, el cual debe hacerse bajo metodologías claras que reduzcan la incertidumbre de los actores y permitan tomar decisiones que beneficien el sistema de salud y a sus usuarios.
¿Cómo se entienden las intervenciones a las EPS luego de este fallo de la Corte?
Es evidente que las órdenes impartidas por la Corte constituyen un paso decisivo para resolver la crisis actual, pero los desafíos del sistema exigen también un gran trabajo de parte de las EPS quienes deben garantizar la continuidad en la prestación de los servicios y salvaguardar el derecho a la atención en salud. Si bien las aseguradoras tienen autonomía en el manejo de los recursos, la misma Corte ha establecido que esta autonomía debe estar sujeta a controles para garantizar que los recursos no se destinen a finalidades distintas de la prestación de los servicios de salud. El aumento de la UPC que ha ordenado la Corte contribuye a estos mismos objetivos y, es una medida absolutamente necesaria pero no suficiente, ya que el sistema depende de la operación responsable y transparente de muchos actores para proteger el bienestar de todos los ciudadanos.
por INNOS | Ene 30, 2025 | Noticias
Varias asociaciones de pacientes convocaron a una manifestación pacífica ayer 29 de enero, para expresar sus preocupaciones ante la crisis que vive actualmente el sistema de salud. La convocatoria busca crear conciencia en el gobierno nacional y que se generen de forma inmediata los correctivos necesarios para:
- Evitar las muertes que están ocurriendo debido a la falta de recursos que el gobierno debe girar a aseguradores y prestadores.
- Las deficiencias en asignación de citas y entrega de insumos y medicamentos de forma completa y oportuna.
- Las barreras de acceso que los gremios de IPS y EPS están creando para limitar aún más la prestación de los servicios.
- La moratoria en el pago de los salarios al personal médico y de la salud en general, lo cual afecta profundamente la calidad y la oportunidad de la atención.
Esta convocatoria se produce poco tiempo después de conocer el Auto 007 de la Corte Constitucional que ordena corregir el déficit acumulado de la UPC, que viene afectando la sostenibilidad del sistema de salud desde hace varios años y que hoy en día, ha provocado una situación crítica que requiere acciones inmediatas. Este fallo de la Corte respalda los reclamos justificados de los pacientes y en este sentido, define una ruta clara y de corto plazo para el gobierno.
También se han unido a esta manifestación algunos gremios de profesionales quienes tienen más críticas a la gestión de la salud de este gobierno. Algunos consideran que se le está dando un manejo clientelista al sistema, con la conformación de los Equipos Básicos de Salud y que, esto además ha dejado desfinanciados los servicios que los pacientes requieren con mayor premura.
Desde INNOS respaldamos este llamado de la sociedad civil y consideramos que el gobierno debe atender la inconformidad de pacientes y trabajadores del sector salud, dando respuesta inmediata a lo dispuesto por la Corte y a los requerimientos que se le hacen desde todas las organizaciones del sistema de salud.
por INNOS | Ene 29, 2025 | Noticias
La crisis de salud que atraviesa Colombia ha sido el epicentro de debates nacionales por meses, reflejando profundas desigualdades en el acceso a servicios, mientras que las crisis económicas, sociales y políticas recientes han intensificado la presión sobre el sector salud, convirtiéndolo en un punto clave de preocupación nacional. Con una acumulación de desafíos en la prestación de servicios, acceso a servicios, medicamentos y sostenibilidad financiera, el sistema atraviesa uno de los momentos más retadores de las últimas dos décadas. En este contexto, las recientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos, detonadas el 26 de enero de 2025, han añadido un nivel de incertidumbre que amenaza con agravar los problemas existentes y que pudo haber representado un punto crítico con consecuencias severas para la estabilidad del sistema.
La negativa del presidente Petro a aceptar la llegada de los primeros vuelos de colombianos deportados en este nuevo periodo Trump, escaló rápidamente las tensiones, resultando en la advertencia de imposición de aranceles del 25% a productos colombianos, así como en sanciones adicionales, incluyendo la suspensión de visas y mayores controles fronterizos y aduaneros. Aunque la mayoría de los impactos económicos derivados de estas medidas aún no se han terminado de dimensionar y quedaron en pausa, según lo han expresado ambos gobiernos, la imposición de aranceles habría disminuido la competitividad de las exportaciones colombianas en su mercado más importante, provocando una posible contracción en sectores estratégicos que emplean a miles de personas.
Más allá de los efectos en los sectores industriales y comerciales, las medidas anunciadas por el gobierno Trump habrían generado impactos directos e indirectos profundos en el corto y mediano plazo al sistema de salud del país. La pérdida de empleos y la reducción de ingresos fiscales habrían complicado aún más la situación de un sistema de salud ya debilitado, al reducir la disponibilidad de recursos para la financiación de servicios esenciales y la adquisición de insumos médicos.
Según datos del Banco de la República, Estados Unidos hoy es el principal inversor extranjero en Colombia, con un flujo de IED superior a los US$1,709.1 millones. Las compañías estadounidenses han sido actores fundamentales en la implementación de proyectos de innovación tecnológica y prestación de servicios médicos en Colombia. Un deterioro en las relaciones diplomáticas podría reducir la llegada de capital para nuevas iniciativas, afectando la expansión de clínicas, hospitales y programas de salud digital.
De hecho, según datos de la Organización Mundial del Comercio, el 25% de las importaciones que realiza Colombia en el sector farmacéutico provienen de Estados Unidos, lo que significa que cualquier interrupción en estas importaciones podría tener un efecto dominó en el acceso a tratamientos críticos para millones de pacientes. Dentro de los valores totales de estas importaciones, se destaca la importación de medicamentos, tecnologías sanitarias y dispositivos médicos provenientes de EE.UU. Además, las restricciones diplomáticas habrían limitado el acceso a cooperación técnica y científica, que es crucial para la innovación y el fortalecimiento del sistema. Por ejemplo, según datos de CVN en 2022 el 13,5% de los equipos médicos que se importaron en Colombia fueron adquirido en el país norteamericano. Colombia importa desde Estados Unidos principalmente equipos de anestesia, equipos quirúrgicos, monitores de signos vitales, incubadoras y equipos de ventilación; todos ellos indispensables para la prestación de servicios de salud. Todo esto sin contar los más de USD 1.150 millones importados en tecnologías médicas.
Por su parte, la devaluación del peso colombiano frente al dólar, entendido como un potencial efecto de la crisis diplomática, encarecería dicha importación de medicamentos, insumos médicos y dispositivos de última generación, provocando un gran impacto tanto del sector público, como del privado.
Al igual que otros países en América Latina, Colombia mantiene una estrecha cooperación con EE.UU. en el ámbito de la salud, por medio de diferentes programas financiados por agencias como USAID, así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Cabe mencionar que estos programas han sido fundamentales para el fortalecimiento del sistema de salud pública, especialmente en áreas como la vigilancia epidemiológica, la lucha contra enfermedades infecciosas, la salud materno-infantil y la capacitación del personal médico. Según información del Instituto Nacional de Salud (INS), desde 2016 y producto de la cooperación internacional, se han diversificado las áreas, los recursos y los equipos técnicos destinados para distintos proyectos de investigación y desarrollo.
Una crisis en la relación bilateral podría traducirse en la suspensión o reducción del financiamiento de iniciativas clave. Por ejemplo, el Plan de Emergencia del presidente de los EE. UU. para el Alivio del SIDA (PEPFAR) ha destinado más de $300 millones de dólares a Colombia en las últimas dos décadas, contribuyendo al tratamiento y prevención del VIH/SIDA. De manera similar, programas orientados a la prevención de enfermedades tropicales como el dengue, la malaria y la leishmaniasis han contado con apoyo financiero y técnico de instituciones estadounidenses, lo que ha permitido mejorar las capacidades de diagnóstico y respuesta del país, este es el caso, por ejemplo, de las enfermedades fúngicas y la resistencia a los antifúngicos.
Además, la formación de personal médico y la cooperación en investigación son áreas sensibles de relación bilateral. Actualmente, hospitales universitarios y centros de investigación en Colombia tienen convenios con entidades estadounidenses que facilitan la transferencia de conocimiento y tecnología en áreas como la telemedicina, la genómica y la atención primaria en salud. La interrupción de estos intercambios limitaría el acceso a capacitaciones avanzadas y el desarrollo de nuevas estrategias para el manejo de enfermedades de alto impacto en la población.
Otras áreas del sector salud también podrían verse afectadas negativamente, como el turismo médico. En particular, esto impactaría a los pacientes colombianos que viajan a Estados Unidos para recibir tratamientos médicos especializados. Aunque el flujo de colombianos que acceden a procedimientos médicos en ese país no es significativo en términos absolutos, la situación es diferente si se analiza el ingreso de pacientes estadounidenses a Colombia. Según cifras de ProColombia, en 2022 más de 25.000 extranjeros —principalmente de EE. UU.— ingresaron al país con fines médicos, representando un mercado en crecimiento dentro del sector salud. Sin embargo, las recientes restricciones en materia de visados impuestas por el gobierno estadounidense podrían no solo limitar el acceso de colombianos a tratamientos en ese país, sino también afectar la llegada de pacientes internacionales, lo que tendría un impacto directo en la economía del turismo médico en Colombia.
Además, esta situación podría haber generado obstáculos adicionales en la movilidad de profesionales de la salud y en la realización de investigaciones conjuntas, reduciendo las oportunidades de cooperación científica y transferencia tecnológica y de conocimiento, frentes esenciales para fortalecer las capacidades del ciencia, tecnología, innovación e industria sanitaria del país.
En términos operativos, la reducción de la cooperación también afectaría la provisión de insumos médicos y el acceso a tratamientos innovadores, lo que podría incrementar las brechas en salud pública, especialmente en comunidades vulnerables. La continuidad de estos programas es, por lo tanto, fundamental para garantizar el fortalecimiento del sistema de salud colombiano y la sostenibilidad de los avances logrados en los últimos años.
A mediano plazo, las consecuencias habrían incluido aún mayores dificultades para la sostenibilidad del sistema, así como una presión adicional sobre los servicios de atención primaria y especializada, especialmente en las regiones más vulnerables. La inversión en desarrollo, renovación y reposición de tecnologías sanitarias tales como equipos radiológicos, de diagnóstico, quirúrgicos, de manejo hospitalario y rehabilitación; habría encontrado una barrera en la reducción de disponibilidad de insumos derivada del incremento en sus costos. Es claro que en la actualidad la industria colombiana no está en capacidad de suplir todas las demandas de este tipo de productos del sector salud en el corto ni en el mediano plazo. Así mismo, estas tensiones habrían evidenciado aún más la debilidad de los mecanismos y programas gubernamentales que han sido anunciados para impulsar el fortalecimiento de la industria de tecnologías sanitarias en el país.
Desde INNOS reconocemos esta situación como una oportunidad para reflexionar sobre la interdependencia entre las decisiones de política exterior y su impacto interno, particularmente sectores que, aunque aparentemente lejanos de las relaciones comerciales cotidianas, constituyen un eje central del bienestar y la calidad de vida de una nación, como es el caso de la salud. Es esencial que el gobierno analice cada decisión no solo desde una perspectiva económica o diplomática, sino también considerando su repercusión en la salud de los colombianos y la sostenibilidad del sistema de salud. La protección de los sectores estratégicos, incluida la industria de tecnologías sanitarias, debe ser una prioridad en cualquier negociación futura.
En medio de la incertidumbre, esta es una oportunidad para que Colombia dé pasos firmes hacia un sistema de salud en el que sus actores participen en un ecosistema global de ciencia, tecnología, innovación, industria y servicios de salud que responda de manera más efectiva a las necesidades de su población y aporte al desarrollo humano y económico del país. Para lograrlo, es fundamental que el gobierno, el sector privado y la comunidad internacional trabajen de manera articulada, aportando recursos, experiencia y colaboración para garantizar un impacto significativo y sostenible que en ningún caso se hace viable si el país termina apartado de su principal aliado en materia comercial y de ciencia, tecnología e innovación.
por INNOS | Ene 3, 2025 | Noticias
El reciente anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 ha generado una fuerte controversia en el sector salud. Las expectativas previas al anuncio apuntaban a un aumento cercano al 16%, respaldado por gremios como la ANDI, la ANIF, y organizaciones como Pacientes Colombia, que enfatizaron la urgencia de ajustar la UPC en proporción a los crecientes costos operativos del sistema de salud. Sin embargo, la decisión del gobierno de establecer un aumento del 5,36%, claramente por debajo de estas recomendaciones, pone en evidencia una desconexión entre los análisis técnicos y las prioridades políticas que parecen haber guiado esta determinación.
El presidente Petro ha respondido a las críticas calificándolas de exageradas y afirmando que un aumento mayor beneficiaría principalmente a las EPS, a las que ha señalado reiteradamente por una presunta mala gestión de los recursos públicos. Sin embargo, estas declaraciones parecen priorizar un mensaje político sobre la eficiencia y transparencia del sistema, ignorando las recomendaciones técnicas y los aspectos humanitarios que deberían prevalecer en una decisión de esta magnitud. Este enfoque político no solo es cuestionable desde el punto de vista de la gestión pública, sino que también resulta alarmante en un contexto donde el sistema de salud ya enfrenta una crisis financiera que ha comenzado a restringir el acceso a servicios de salud y medicamentos. *Estas restricciones afectan de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, exacerbando inequidades y poniendo en riesgo a millones de colombianos que dependen del sistema.*
El incremento del 5,36% no solo es insuficiente para cubrir el impacto de la inflación y el crecimiento de costos en el sector, sino que también resulta incongruente con el aumento decretado para el salario mínimo, fijado en 9,54% para 2025. Mientras los costos laborales y operativos del sector salud se ajustan a este mayor incremento, los recursos asignados mediante la UPC no logran compensar la brecha financiera histórica ni las necesidades del contexto actual. Esta decisión, si bien puede interpretarse como una forma de contener el gasto público en el corto plazo, inevitablemente intensificará las dificultades de las EPS y las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), muchas de las cuales ya enfrentan serias limitaciones para mantener sus operaciones.
El 2024 ha sido descrito por muchos actores del sector como el año más complejo desde la instauración del sistema de salud colombiano. Las consecuencias de un incremento de la UPC tan limitado en medio de esta crisis presagian que el 2025 será incluso más desafiante. Las proyecciones indican que las barreras en el acceso a servicios de salud y medicamentos continuarán agravándose, afectando de manera directa la calidad de vida de los pacientes, en especial aquellos de menores recursos.
Desde INNOS, hacemos un llamado a analizar esta decisión con criterios estrictamente técnicos, desprendidos de cualquier sesgo ideológico o intención populista. Es fundamental que actores como el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación, las cortes y la academia ejerzan una vigilancia activa sobre las implicaciones de esta política, promoviendo una discusión constructiva que coloque a la salud, los pacientes y a la sociedad en el centro de las decisiones. Así mismo, insistimos en que el gobierno debe abrir espacios de diálogo con los diferentes actores del sistema, pacientes, gremios y expertos del sector para encontrar soluciones viables que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema y el derecho a la salud de los colombianos.
La sostenibilidad del sistema de salud no puede seguir siendo relegada en favor de mensajes políticos. Es imperativo construir una estrategia integral que priorice el bienestar de los pacientes y asegure la viabilidad de un sistema que, aunque enfrenta grandes retos, sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país.
por INNOS | Dic 19, 2024 | Noticias
En medio de una de las mayores crisis financieras que ha enfrentado el sistema de salud colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social presenta su Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034 para comentarios en consulta pública. Este documento, aunque ambicioso en su alcance, se aleja de la compleja realidad que viven a diario tanto el sistema como el personal de salud en todo el país. El diagnóstico es claro: el déficit de talento humano, las brechas en su distribución territorial y las condiciones laborales precarias son problemas estructurales que requieren intervención urgente. Sin embargo, lanzar una política de esta magnitud en un contexto donde los recursos financieros son insuficientes y la gobernabilidad del sistema está en entredicho, resulta un acto que puede distraer la atención de la urgencia de la sostenibilidad del sistema.
Uno de los pilares de esta política es el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS), un enfoque que compartimos y que ha sido ampliamente reconocido como la base para garantizar un sistema equitativo y eficiente. Se plantean estrategias como la formación de equipos interdisciplinarios, la atracción de talento humano hacia zonas rurales y la implementación de modelos de formación integral y continua. Pero aquí surge la primera gran contradicción: ¿cómo garantizar la implementación efectiva de estas líneas estratégicas si el sistema no tiene los recursos para asegurar la continuidad de los pagos a prestadores y profesionales de salud?
Además, a lo largo del documento se hace referencia constante a líneas estratégicas que se encuentran definidas en el anexo técnico: Documento de Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034. Esta fragmentación hace que sea difícil realizar un análisis profundo y completo de la propuesta, ya que el documento no es no describe en su cuerpo estrategias concretas y obliga a consultar múltiples documentos no estructurados en formato XL. La falta de acceso al anexo técnico mencionado impide evaluar las acciones concretas para cada línea estratégica, lo que debilita la transparencia y dificulta su comprensión para los actores involucrados en la formación y desarrollo del talento humano en salud.
Si bien el documento reconoce los desafíos estructurales del talento humano, no aborda con suficiente claridad cómo articular estas propuestas con la reforma a la salud que se debate en el Congreso. La reforma propone centralizar los servicios y recursos bajo un modelo estatizado, mientras que la política de talento humano parece depender de una articulación territorial y de alianzas con actores públicos y privados. La desconexión entre ambas iniciativas muchas inquietudes, por ejemplo: ¿cómo se financiarán las nuevas estrategias de formación y distribución si el modelo propuesto por la reforma compromete la sostenibilidad del sistema?
Por otro lado, la situación actual de las IPS y los profesionales que sostienen el sistema es crítica. Las deudas acumuladas por las EPS con hospitales y clínicas superan cifras alarmantes, llevando a circunstancias críticas de sostenibilidad a muchas instituciones. Esta falta de liquidez amenaza la prestación de servicios y ha precarizado las condiciones laborales del talento humano en salud. Mientras el documento menciona con énfasis la necesidad de ofrecer trabajo digno y decente, en la práctica, el personal de salud enfrenta contratos temporales, bajos salarios y condiciones de trabajo poco seguras, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, situación agravada hoy por la incertidumbre que viven muchas de las instituciones del sistema de salud de diferente índole. Es aquí donde la política pierde contacto con la realidad: no se puede hablar de “condiciones dignas y equitativas” cuando el propio sistema no tiene la capacidad financiera para responder a sus compromisos actuales.
Un aspecto crítico que la Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034 pasa por alto es la grave brecha en la disponibilidad de especialidades médico-quirúrgicas, un problema que impacta profundamente la atención en salud en todo el territorio nacional. El documento no menciona estrategias específicas para abordar el déficit en especialidades y otras áreas esenciales que presentan una baja cobertura, especialmente en regiones rurales y apartadas. Este vacío es relevante, pues las especialidades médico-quirúrgicas son pilares del sistema de salud y, sin un plan claro para incentivar su formación, redistribución y retención, la política queda incompleta. Una respuesta integral debería incluir incentivos financieros y logísticos para los médicos en formación, además de alianzas entre universidades y hospitales que garanticen la ampliación de cupos y la creación de nuevas plazas en especialidades críticas.
Además, el documento aborda una visión tradicional del talento humano en salud, centrándose principalmente en los roles clínicos convencionales mientras ignora los campos emergentes que están transformando la forma en que se presta la atención en salud. Profesionales como bioingenieros, analistas de datos en salud, especialistas en inteligencia artificial aplicada, ingenieros sanitarios y gestores en innovación tecnológica son cruciales para enfrentar los desafíos contemporáneos del sistema. La ausencia de estrategias dirigidas a promover y desarrollar estas áreas limita la capacidad del sistema de adaptarse a las exigencias del siglo XXI.
Por otro lado, el documento promueve la ampliación del Servicio Social Obligatorio (SSO) y su rediseño como herramienta estratégica. Aunque esto podría cerrar algunas brechas de disponibilidad, la implementación carece de incentivos que garanticen su efectividad. Atraer y retener talento en zonas rurales no puede limitarse a propuestas normativas; se requieren incentivos financieros, acceso a tecnologías que faciliten su trabajo, y programas de soporte emocional ante la presión de trabajar en contextos complejos.
Adicionalmente, la política resulta ajena a la crisis de la educación superior, particularmente en relación con las dificultades que atraviesa el ICETEX. Esta crisis afecta el acceso a la educación superior de miles de estudiantes, incluidos aquellos que buscan formación en áreas de la salud. Las universidades privadas, que juegan un rol fundamental en la formación de profesionales de la salud en Colombia, no son mencionadas ni reconocidas como actores estratégicos. Desconocer esta realidad es contradictorio con el interés de fortalecer la formación del talento humano, especialmente cuando la educación superior privada representa una de las principales alternativas de acceso en regiones donde la oferta pública es insuficiente y donde la expansión de oferta por parte de las instituciones de alta calidad existentes es una de las oportunidades más obvias de atender el cierre de brechas que requiere la formación y oferta de talento humano en salud. En ese sentido, la universidades públicas también deben seguir fortaleciéndose en acceso, equidad, sostenimiento, calidad y sobre todo en el trabajo colaborativo con las universidades privadas.
Asimismo, en la política no se está abordando la ausencia de estrategias para la atracción del talento humano fugado del país. En los últimos años, la migración de profesionales altamente calificados ha aumentado debido a la falta de oportunidades, condiciones laborales inadecuadas y el contexto de incertidumbre económica. Recuperar este talento, así como posicionar a Colombia como un destino atractivo para la formación de profesionales extranjeros, podría mejorar la disponibilidad de talento humano local y contribuir al desarrollo académico y tecnológico del país.
Por otra parte, la política no aborda un tema central: las condiciones de regulación de la docencia-servicio y los mecanismos de financiamiento asociados a ella en Colombia. La formación de profesionales de la salud depende de un modelo en el que la relación entre universidades e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) es clave. Sin embargo, este modelo enfrenta costos elevados, complejidad en los procesos de aprobación de cupos y trabas burocráticas impuestas por la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud, integrada por los Ministerios de Salud y Educación.
Otro aspecto que merece atención es la gobernanza. El documento insiste en la necesidad de planificación, rectoría y monitoreo del talento humano, lo cual resulta acertado. Pero el contexto político actual añade una capa de incertidumbre. Aún hoy el país carece de un observatorio cierto que sustente las brechas de oferta de talento humano en los diferentes territorios. De otra parte, el manejo de la crisis ha generado serios cuestionamientos hacia el Ministro de Salud, hasta el punto de que su continuidad en la cartera ha sido puesta en duda. Esto no es un detalle menor. La implementación de políticas públicas requiere estabilidad política, continuidad en la gestión y liderazgo sólido.
Asimismo, preocupa la ausencia de estrategias innovadoras para preparar al talento humano en competencias emergentes. La formación debe alinearse con la transformación tecnológica global, incorporando programas robustos de reentrenamiento en áreas como medicina personalizada, inteligencia artificial, biotecnología y analítica de grandes datos en salud. Ignorar estos avances pone en riesgo la pertinencia y calidad de los profesionales formados en el país frente a las exigencias de un entorno cada vez más tecnificado y digital, proyectándose entonces desaprovechar las oportunidades de transformación e innovación que hoy concentran las estrategias de “re-skilling” de los equipos profesionales de salud en muchos países del mundo.
En medio de esta complejidad, es necesario que una política pública sobre el talento humano del sector tenga en cuenta el estado crítico del sistema de salud. Los pacientes con enfermedades de alto costo y crónicas sufren las consecuencias de un sistema que no puede garantizar tratamientos oportunos. Los hospitales están al borde del cierre, y el personal de salud, exhausto y subvalorado, continúa sosteniendo con sacrificio un sistema que cada vez le cuesta más sostenerse.
Así las cosas, la discusión de la Política Pública del Talento Humano en Salud debe aplazarse. Antes de hablar de estrategias a largo plazo, el gobierno debe priorizar la resolución de la crisis financiera que hoy amenaza la sostenibilidad del sistema de salud y garantizar que exista una visión integral y realista del talento humano. Es necesario que esta política sea reformulada, incorporando estrategias que respondan a los desafíos de la educación superior, las nuevas tecnologías, y la movilidad internacional del talento humano, mientras aborda las barreras burocráticas y financieras que limitan el desarrollo de la docencia-servicio en el país.
Recomendaciones
La formulación de una Política Pública del Talento Humano en Salud debe partir de un proceso profundamente técnico, inclusivo y colaborativo, que permita integrar las múltiples perspectivas de los sectores académico, público y privado en todos los niveles de la educación terciaria. Es indispensable que esta política refleje las necesidades reales del sistema de salud colombiano y cuente con el respaldo de los actores clave para garantizar su implementación efectiva. A continuación, presentamos recomendaciones propositivas para guiar esta discusión:
- Articulación entre formación y necesidades del sistema de salud
Incorporar un análisis detallado del déficit de especialidades médico-quirúrgicas y diseñar estrategias específicas para cerrarlo, incluyendo incentivos financieros, logísticos y educativos para los profesionales en formación. Ampliar la oferta de especialidades debe ser una prioridad, especialmente en regiones donde la falta de especialistas limita la capacidad resolutiva del sistema.
- Ampliación de la perspectiva del talento humano
Reconocer y promover la importancia de los campos emergentes del talento humano en salud, como bioingenieros, analistas de datos en salud, expertos en inteligencia artificial aplicada, ingenieros sanitarios y gestores en innovación tecnológica. Estos perfiles son fundamentales para abordar los retos contemporáneos y deben ser incluidos como actores estratégicos en la política de talento humano.
- Fortalecimiento de la docencia-servicio y su financiamiento
Abordar las barreras estructurales relacionadas con la regulación de la docencia-servicio, incluyendo los costos asociados y los procesos burocráticos de aprobación de cupos. Es necesario establecer mecanismos de financiación sostenibles y ágiles que permitan a las universidades y a las instituciones prestadoras de servicios de salud cumplir con su rol en la formación de talento humano.
- Alineación con la educación superior y sus desafíos actuales
Considerar las dificultades del ICETEX y su impacto en el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de áreas rurales y disciplinas de salud. La política debe incluir estrategias para mitigar estas barreras, reforzando el papel de las universidades privadas como actores clave en la formación de talento humano en salud.
- Estrategias para la atracción y retención de talento humano
Diseñar programas que promuevan el retorno del talento humano migrado y posicionen a Colombia como un destino atractivo para la formación de profesionales de otros países. Esto no solo aumentaría la disponibilidad local de talento, sino que también fortalecería el sistema educativo y la capacidad tecnológica del país.
- Innovación en la formación y reentrenamiento
Incorporar tecnologías digitales y estrategias innovadoras en los programas de formación y educación continua, adaptando al talento humano a un sistema de salud híbrido que combine atención presencial y virtual. Esto incluye el reentrenamiento en áreas como inteligencia artificial, medicina personalizada, biotecnología y analítica de datos, esenciales para la modernización del sistema.
- Estructura accesible y autocontenida del documento de política
Garantizar que la política sea un documento autocontenido, evitando referencias fragmentadas a anexos técnicos no disponibles. Una estructura clara y completa facilitará su análisis, comprensión y discusión por parte de los actores involucrados.
- Un enfoque colaborativo y multisectorial
Convocar un espacio de diálogo amplio, técnico y participativo que incluya a las universidades, colegios profesionales, asociaciones científicas, IPS, EPS, gobiernos locales y actores internacionales. Este enfoque permitirá construir una política representativa, con base en evidencia y adaptada a las necesidades de todos los actores del sistema.
- Plan de implementación con priorización de acciones urgentes
Establecer un plan de implementación escalonado que priorice acciones inmediatas para responder a la crisis actual, mientras desarrolla estrategias a largo plazo. Esto incluye garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud y el fortalecimiento institucional necesario para implementar la política.
- Monitoreo y evaluación participativa
Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación continua, con indicadores claros y acceso a información pública. Este sistema debe incluir la participación activa de la academia y los actores del sector para asegurar que los avances sean medibles, transparentes y alineados con los objetivos propuestos.
A manera de conclusión, resaltamos que la construcción de una política de talento humano en salud debe ser un proceso participativo e integral, donde la colaboración entre los sectores público, privado y académico asegure una política que no solo sea técnicamente sólida, sino también ampliamente representativa. Estas recomendaciones buscan orientar un debate profundo y propositivo, generando una política que responda a los desafíos actuales y proyecte un futuro sostenible y equitativo para el sistema de salud colombiano.
Colombia necesita una política de talento humano que sea más que un marco teórico. Debe ser una herramienta real, respaldada por recursos concretos, estabilidad institucional y un compromiso firme con la transformación estructural que el sistema de salud demanda. Mientras no se resuelvan las urgencias inmediatas, esta política corre el riesgo de ser un ejercicio estéril, desconectado de las prioridades que el país necesita enfrentar hoy.
