En uno de sus últimos actos públicos como presidente de la República, Gustavo Petro lideró la instalación de la nueva legislatura del Congreso. Este inicio marcará, sin dudas, uno de los debates más trascendentales para el futuro del sistema de salud colombiano.
Un día más tarde y después de tres años de intentos fallidos por aprobar una reforma estructural, el Gobierno y la bancada del Pacto Histórico vuelven a presentar un proyecto que busca transformar el modelo de aseguramiento, reorganizar la prestación de los servicios y fortalecer la Atención Primaria en Salud. Sin embargo, el nuevo texto llega en un momento particularmente complejo: el sistema enfrenta una creciente crisis financiera, desabastecimiento de algunos medicamentos, hospitales con graves problemas de liquidez y varias EPS bajo medidas de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Aunque el proyecto mantiene los principios que han orientado la propuesta del Gobierno desde 2023, introduce ajustes importantes en el régimen de transición. El cambio más llamativo es el papel que se asigna a Nueva EPS, entidad que pasaría a convertirse en el principal vehículo institucional para garantizar la continuidad de la atención mientras se implementa el nuevo modelo.
Lo controversial: Una transición apoyada en una institución en crisis
De acuerdo con el proyecto divulgado, Nueva EPS asumiría funciones estratégicas durante la transición. Entre ellas se encuentran la recepción de afiliados provenientes de otras EPS que desaparezcan o sean transformadas, el apoyo en la organización de las redes territoriales de servicios y el mantenimiento de la continuidad operativa mientras se consolidan los nuevos Centros de Atención Primaria y las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud.
Lo que se buscaría con esta designación de Nueva EPS es, aparentemente, evitar un vacío institucional durante la implementación de la reforma. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, plantea una de las mayores contradicciones del proyecto.
Nueva EPS no es una entidad que llegue a la transición desde una posición de fortaleza. Por el contrario, atraviesa probablemente la situación más compleja desde su creación. La entidad concentra hoy el mayor número de afiliados del país, ha sido objeto de intervención estatal, enfrenta dificultades para garantizar el flujo oportuno de recursos hacia prestadores y proveedores y acumula una creciente presión asistencial derivada del traslado de usuarios provenientes de otras EPS liquidadas o intervenidas.
En otras palabras, la reforma deposita buena parte de la estabilidad del proceso de transición sobre una institución cuya capacidad administrativa, financiera y operativa se encuentra seriamente tensionada.
El riesgo de concentrar aún más la operación
Paradójicamente, uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la reforma ha sido la necesidad de reducir la concentración del aseguramiento y disminuir la dependencia de unas pocas entidades administradoras.
Sin embargo, el nuevo articulado parece producir el efecto contrario durante la transición. El crecimiento de Nueva EPS aumentará aún más la concentración del sistema alrededor de una sola organización. Esto implica riesgos evidentes, como mayor complejidad administrativa, deterioro de indicadores de acceso a los servicios, mayor presión sobre las IPS, dificultades en el flujo de caja y más complicaciones para los usuarios.
La capacidad institucional como principal interrogante
En las actuales circunstancias del sistema, el verdadero desafío es la capacidad institucional del Estado para administrar una transformación de esta magnitud.
El nuevo proyecto de reforma, liderado por el partido del gobierno saliente, supone que la ADRES asumirá nuevas responsabilidades en el flujo de recursos, que las entidades territoriales coordinarán redes integradas de servicios, que los Centros de Atención Primaria reorganizarán la puerta de entrada al sistema y que Nueva EPS garantizará la continuidad operativa durante el cambio. Todo lo cual ya había sido discutido en Cámara y Senado, con los resultados ampliamente conocidos.
Por ello, la principal incertidumbre no radica únicamente en el diseño institucional de la reforma, sino en la capacidad real para ejecutarla sin afectar la atención de millones de pacientes.
Una apuesta de alto riesgo
Durante los últimos años, el Gobierno ha sostenido que el modelo basado en las EPS presenta fallas estructurales que justifican una transformación profunda. Sin embargo, el nuevo proyecto reconoce implícitamente que, al menos durante varios años, el Estado sigue necesitando una organización con experiencia en afiliación, contratación de redes, auditoría de servicios y gestión del riesgo para evitar un colapso operativo.
Esta aparente contradicción revela una realidad poco discutida: desmontar un sistema que cubre a más de 50 millones de personas exige conservar parte de las capacidades institucionales acumuladas durante tres décadas. La dificultad consiste en hacerlo sin reproducir los problemas que precisamente motivaron la reforma.
Más allá del texto de la ley
El debate que comienza en el Congreso no debería limitarse a decidir si desaparecen o no las EPS. La pregunta de fondo es si Colombia cuenta hoy con la capacidad institucional, financiera y tecnológica para ejecutar una transición de esta magnitud sin deteriorar el acceso efectivo a los servicios.
La experiencia internacional muestra que las reformas sanitarias exitosas no dependen únicamente del contenido de las leyes. Su resultado está determinado por la calidad de la implementación, la fortaleza de las instituciones responsables, la disponibilidad de recursos y la confianza de los actores involucrados.
En ese contexto, el rol central asignado a Nueva EPS constituye uno de los componentes más sensibles del nuevo proyecto. Si la entidad logra sostener la continuidad operativa durante la transición, podría convertirse en el principal soporte del nuevo modelo. Pero si las dificultades que hoy enfrenta se profundizan, el riesgo es que la reforma comience precisamente por el punto donde necesita mayor estabilidad.
Es el momento justo para que el nuevo gobierno asuma el liderazgo que le corresponde para enfrentar, desde el próximo 7 de agosto, la crisis del sistema de salud. Esto implica acciones urgentes como la designación de la cabeza del ministerio, la conformación de equipos de trabajo para los distintos frentes de la crisis, la convocatoria amplia de mesas técnicas de actores para definir acciones urgentes y el análisis y puesta en marcha de un plan de corto plazo que tenga en cuenta las propuestas sectoriales que se han presentado y que reflejan, en buena manera, las condiciones actuales, las necesidades más apremiantes y las respuestas que deben implementarse en los próximos meses.
El nuevo Congreso, por su parte, tendrá la responsabilidad esencial de discutir no solo el diseño normativo del sistema, sino también la viabilidad administrativa de su implementación. En materia de salud, una buena reforma no se mide únicamente por sus objetivos, sino por su capacidad de mejorar la atención de los pacientes sin generar nuevas barreras de acceso. Ese será, probablemente, el verdadero examen del legislativo en este periodo que apenas comienza.
Como actor independiente y académico, INNOS reitera el llamado al gobierno actual y al nuevo gobierno, para que aceleren los procesos de transición, priorizando a los pacientes y sus familias, asumiendo los retos y responsabilidades con la salud de todos los colombianos. Es el momento de avanzar hacia un sistema de salud más sólido e innovador para enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y las enfermedades no transmisibles, entre otros grandes desafíos de salud pública.
