por Coordinacion Innos | Oct 13, 2026 | Uncategorized
El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha promovida para llamar la atención sobre los problemas de salud mental, reducir el estigma y movilizar esfuerzos para mejorar la atención. En 2026, la Organización Mundial de la Salud propone un mensaje particularmente significativo: “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real”. La campaña busca que quienes han vivido directamente problemas de salud mental no sean solamente escuchados, sino que participen en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y servicios que les afectan.
El mensaje resulta pertinente porque la discusión sobre salud mental ha dejado de ser exclusivamente una conversación sobre enfermedades o trastornos individuales. Hoy existe un consenso creciente en torno a que la salud mental está condicionada también por factores sociales, económicos, familiares, laborales, educativos, ambientales y territoriales. La pobreza, la violencia, la discriminación, el aislamiento social y la exposición a situaciones adversas pueden incrementar los riesgos y dificultar la recuperación.
En el mundo, la magnitud del problema es considerable. La OMS estima que más de 1.000 millones de personas viven actualmente con una condición de salud mental. Los trastornos de ansiedad y depresión se encuentran entre los más frecuentes. En 2019, antes de la pandemia, se estimaba que alrededor de 970 millones de personas vivían con algún trastorno mental. Estas condiciones representan además una parte importante de la discapacidad mundial y pueden afectar las relaciones familiares, el desempeño educativo y laboral, así como la participación social.
Sin embargo, los sistemas sanitarios siguen teniendo dificultades para responder a esta demanda. El Mental Health Atlas 2024 de la OMS, publicado en 2025 con información de 144 países, encontró que la salud mental continúa recibiendo alrededor del 2% de los presupuestos de salud, una proporción que prácticamente no ha cambiado desde 2017. También persisten grandes diferencias en disponibilidad de recursos humanos y financiación entre países.
En Colombia, según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025, desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social, existe una situación compleja. Aunque una proporción importante de la población mantiene una percepción positiva de su vida y sus relaciones, se observan simultáneamente mayores niveles de ansiedad, depresión, soledad, discriminación y diferentes formas de sufrimiento emocional. Algunos análisis de los resultados de la ENSM 2025 señalan que los diagnósticos de depresión se habrían triplicado frente a la medición de 2015 y los de trastorno de ansiedad generalizada se habrían cuadruplicado.
La encuesta también pone de manifiesto la importancia de factores que tradicionalmente han permanecido en segundo plano en las políticas sanitarias: soledad, discriminación, condiciones económicas, dinámicas familiares, entornos digitales, violencia y desigualdades territoriales. Esto obliga a superar una concepción de la salud mental centrada exclusivamente en la consulta con psicología o psiquiatría.
La conducta suicida ofrece uno de los indicadores más preocupantes. De acuerdo con información del Ministerio de Salud, en el país, en 2025, se notificaron 38.791 casos de intento de suicidio y, en 2026, con corte a la semana epidemiológica 35, se registraban 26.412 casos en Sivigila.
La información epidemiológica permite observar además que los problemas familiares, los conflictos de pareja, las dificultades económicas y los problemas escolares o educativos aparecen entre los principales factores asociados a los intentos de suicidio. Preocupa, además, que exista una concentración especialmente elevada entre personas de 15 a 29 años.
Uno de los mayores desafíos colombianos es la desigual distribución de las capacidades de atención. Un análisis del Ministerio de Salud señala que los especialistas en psiquiatría se concentran fundamentalmente en las grandes ciudades y que existen departamentos con una disponibilidad extremadamente baja.
La brecha es particularmente visible en territorios afectados simultáneamente por pobreza, violencia, desplazamiento, conflicto armado y dificultades de acceso a servicios. Esto evidencia una cuestión central: la salud mental es también una expresión de las desigualdades sociales y territoriales. No resulta suficiente aumentar las consultas de psiquiatría en las capitales si las comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto, niños y adolescentes continúan enfrentando dificultades para acceder a atención oportuna.
La crisis del sistema de salud también es una crisis de salud mental
La discusión adquiere una dimensión adicional en el contexto actual del sistema sanitario colombiano. Las dificultades financieras y operativas de algunos actores, las deudas con prestadores, las barreras administrativas, las demoras en autorizaciones y la falta de continuidad de determinados tratamientos terminan teniendo consecuencias que van más allá de una enfermedad específica.
El Gobierno reportó que entre enero y julio de 2026 la Superintendencia Nacional de Salud recibió 1.220.142 reclamos, equivalentes a alrededor de 5.700 reclamos diarios, y que el 92% estaba relacionado con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud. Esta cifra corresponde a la información presentada por el Gobierno para justificar el Plan de Choque y debe entenderse como un indicador de problemas de acceso reportados por los usuarios, no por sí sola como una medición integral de todas las dimensiones de la crisis del sistema.
En salud mental, las consecuencias de estas barreras pueden ser especialmente graves. Una consulta psicológica o psiquiátrica aplazada, la interrupción de un medicamento, la dificultad para acceder a hospitalización cuando existe riesgo suicida o la ausencia de seguimiento después de una crisis pueden romper la continuidad de un tratamiento precisamente en el momento en que el paciente presenta mayor vulnerabilidad.
El Plan de Choque es una oportunidad que debe llegar también a la salud mental
El 21 de septiembre de 2026 el Gobierno Nacional puso en marcha la primera fase del Plan de Choque en Salud, concebido como una estrategia extraordinaria y temporal para resolver atenciones represadas y recuperar la continuidad de los tratamientos.
Esta primera fase prioriza a pacientes con enfermedades que pueden comprometer la vida o producir pérdida irreversible de la respuesta terapéutica, entre ellas cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, diabetes insulinodependiente y VIH. También incluye patologías con alto riesgo de hospitalización, como EPOC, asma, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, además de gestantes que requieren tratamientos esenciales.
Pero existe un elemento particularmente relevante para el Día Mundial de la Salud Mental: el propio Gobierno ha incluido la salud mental entre las condiciones contempladas dentro del Plan de Choque. La Presidencia señaló expresamente que entre los pacientes afectados se encuentran personas con problemas de salud mental.
La importancia del Plan de Choque para la salud mental dependerá, sin embargo, de que la identificación de pendientes no se limite a procedimientos y medicamentos. Debería permitir también identificar consultas de psicología y psiquiatría aplazadas, tratamientos interrumpidos, hospitalizaciones pendientes, controles posteriores a intentos de suicidio y pacientes que han quedado sin continuidad terapéutica.
El Código Dorado: una respuesta específica frente al suicidio
El Plan de Choque coincide con otra decisión reciente del Ministerio de Salud: la creación del Código Dorado, mediante la Resolución 0347 de 2026, como parte de la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de las Personas con Conducta Suicida.
El objetivo es garantizar atención inmediata, continua e integral, reducir las barreras de acceso e incorporar seguimiento antes, durante y después de una crisis.
La existencia simultánea del Código Dorado y del Plan de Choque ofrece una oportunidad para articular dos problemas que tradicionalmente han sido tratados por separado: la respuesta clínica a la crisis y la capacidad efectiva del sistema para garantizar continuidad del cuidado.
¿Qué debería significar el Día Mundial de la Salud Mental para Colombia?
La principal conclusión que dejan los datos disponibles en 2026 es que Colombia no enfrenta únicamente un problema de mayor demanda de servicios de psicología y psiquiatría. Enfrenta un desafío de transformación del modelo de atención.
Cinco prioridades parecen especialmente relevantes:
- Integrar efectivamente la salud mental en la atención primaria. La detección temprana de depresión, ansiedad, consumo problemático de sustancias y riesgo suicida no puede depender exclusivamente de especialistas.
- Convertir la prevención del suicidio en una política territorial. Los datos muestran diferencias importantes según edad, sexo y territorio. Las estrategias deben incorporar escuelas, familias, comunidades, atención primaria y redes sociales de apoyo.
- Garantizar continuidad asistencial. La oportunidad de una consulta, la entrega de medicamentos y el seguimiento posterior a una crisis deben formar parte de indicadores explícitos de desempeño del sistema.
- Reducir las desigualdades territoriales. Colombia necesita fortalecer capacidades de salud mental en municipios y departamentos con menor oferta, utilizando equipos comunitarios, telemedicina, agentes comunitarios y mecanismos de referencia y contrarreferencia.
- Incorporar a las personas con experiencia vivida en las decisiones. Esta es precisamente la invitación de la OMS para 2026: pasar de hablar sobre las personas con problemas de salud mental a construir las políticas con ellas.
Conclusiones
El aumento de los problemas de salud mental, las brechas de atención y las dificultades para garantizar tratamientos oportunos convierten la salud mental en uno de los grandes desafíos de los sistemas sanitarios. En Colombia, la nueva Encuesta Nacional de Salud Mental, el incremento de la conducta suicida y las barreras de acceso evidencian la necesidad de pasar de las declaraciones a una respuesta sostenida. El reciente Plan de Choque en Salud abre una oportunidad, pero su alcance dependerá de que la salud mental sea incorporada de manera efectiva a la recuperación de la continuidad asistencial.
En 2026, el mensaje de la OMS resulta especialmente oportuno para Colombia: escuchar las experiencias de quienes viven los problemas de salud mental debe ser el punto de partida para transformar los servicios. Escuchar, sin embargo, solo adquiere sentido cuando se traduce en decisiones, recursos y atención efectiva.
Fuentes
- Organización Mundial de la Salud. Mental health – datos y respuesta mundial. OMS – Salud mental
por Coordinacion Innos | Ago 21, 2026 | Constitución, Noticias, Uncategorized
En uno de sus últimos actos públicos como presidente de la República, Gustavo Petro lideró la instalación de la nueva legislatura del Congreso. Este inicio marcará, sin dudas, uno de los debates más trascendentales para el futuro del sistema de salud colombiano.
Un día más tarde y después de tres años de intentos fallidos por aprobar una reforma estructural, el Gobierno y la bancada del Pacto Histórico vuelven a presentar un proyecto que busca transformar el modelo de aseguramiento, reorganizar la prestación de los servicios y fortalecer la Atención Primaria en Salud. Sin embargo, el nuevo texto llega en un momento particularmente complejo: el sistema enfrenta una creciente crisis financiera, desabastecimiento de algunos medicamentos, hospitales con graves problemas de liquidez y varias EPS bajo medidas de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Aunque el proyecto mantiene los principios que han orientado la propuesta del Gobierno desde 2023, introduce ajustes importantes en el régimen de transición. El cambio más llamativo es el papel que se asigna a Nueva EPS, entidad que pasaría a convertirse en el principal vehículo institucional para garantizar la continuidad de la atención mientras se implementa el nuevo modelo.
Lo controversial: Una transición apoyada en una institución en crisis
De acuerdo con el proyecto divulgado, Nueva EPS asumiría funciones estratégicas durante la transición. Entre ellas se encuentran la recepción de afiliados provenientes de otras EPS que desaparezcan o sean transformadas, el apoyo en la organización de las redes territoriales de servicios y el mantenimiento de la continuidad operativa mientras se consolidan los nuevos Centros de Atención Primaria y las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud.
Lo que se buscaría con esta designación de Nueva EPS es, aparentemente, evitar un vacío institucional durante la implementación de la reforma. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, plantea una de las mayores contradicciones del proyecto.
Nueva EPS no es una entidad que llegue a la transición desde una posición de fortaleza. Por el contrario, atraviesa probablemente la situación más compleja desde su creación. La entidad concentra hoy el mayor número de afiliados del país, ha sido objeto de intervención estatal, enfrenta dificultades para garantizar el flujo oportuno de recursos hacia prestadores y proveedores y acumula una creciente presión asistencial derivada del traslado de usuarios provenientes de otras EPS liquidadas o intervenidas.
En otras palabras, la reforma deposita buena parte de la estabilidad del proceso de transición sobre una institución cuya capacidad administrativa, financiera y operativa se encuentra seriamente tensionada.
El riesgo de concentrar aún más la operación
Paradójicamente, uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para justificar la reforma ha sido la necesidad de reducir la concentración del aseguramiento y disminuir la dependencia de unas pocas entidades administradoras.
Sin embargo, el nuevo articulado parece producir el efecto contrario durante la transición. El crecimiento de Nueva EPS aumentará aún más la concentración del sistema alrededor de una sola organización. Esto implica riesgos evidentes, como mayor complejidad administrativa, deterioro de indicadores de acceso a los servicios, mayor presión sobre las IPS, dificultades en el flujo de caja y más complicaciones para los usuarios.
La capacidad institucional como principal interrogante
En las actuales circunstancias del sistema, el verdadero desafío es la capacidad institucional del Estado para administrar una transformación de esta magnitud.
El nuevo proyecto de reforma, liderado por el partido del gobierno saliente, supone que la ADRES asumirá nuevas responsabilidades en el flujo de recursos, que las entidades territoriales coordinarán redes integradas de servicios, que los Centros de Atención Primaria reorganizarán la puerta de entrada al sistema y que Nueva EPS garantizará la continuidad operativa durante el cambio. Todo lo cual ya había sido discutido en Cámara y Senado, con los resultados ampliamente conocidos.
Por ello, la principal incertidumbre no radica únicamente en el diseño institucional de la reforma, sino en la capacidad real para ejecutarla sin afectar la atención de millones de pacientes.
Una apuesta de alto riesgo
Durante los últimos años, el Gobierno ha sostenido que el modelo basado en las EPS presenta fallas estructurales que justifican una transformación profunda. Sin embargo, el nuevo proyecto reconoce implícitamente que, al menos durante varios años, el Estado sigue necesitando una organización con experiencia en afiliación, contratación de redes, auditoría de servicios y gestión del riesgo para evitar un colapso operativo.
Esta aparente contradicción revela una realidad poco discutida: desmontar un sistema que cubre a más de 50 millones de personas exige conservar parte de las capacidades institucionales acumuladas durante tres décadas. La dificultad consiste en hacerlo sin reproducir los problemas que precisamente motivaron la reforma.
Más allá del texto de la ley
El debate que comienza en el Congreso no debería limitarse a decidir si desaparecen o no las EPS. La pregunta de fondo es si Colombia cuenta hoy con la capacidad institucional, financiera y tecnológica para ejecutar una transición de esta magnitud sin deteriorar el acceso efectivo a los servicios.
La experiencia internacional muestra que las reformas sanitarias exitosas no dependen únicamente del contenido de las leyes. Su resultado está determinado por la calidad de la implementación, la fortaleza de las instituciones responsables, la disponibilidad de recursos y la confianza de los actores involucrados.
En ese contexto, el rol central asignado a Nueva EPS constituye uno de los componentes más sensibles del nuevo proyecto. Si la entidad logra sostener la continuidad operativa durante la transición, podría convertirse en el principal soporte del nuevo modelo. Pero si las dificultades que hoy enfrenta se profundizan, el riesgo es que la reforma comience precisamente por el punto donde necesita mayor estabilidad.
Es el momento justo para que el nuevo gobierno asuma el liderazgo que le corresponde para enfrentar, desde el próximo 7 de agosto, la crisis del sistema de salud. Esto implica acciones urgentes como la designación de la cabeza del ministerio, la conformación de equipos de trabajo para los distintos frentes de la crisis, la convocatoria amplia de mesas técnicas de actores para definir acciones urgentes y el análisis y puesta en marcha de un plan de corto plazo que tenga en cuenta las propuestas sectoriales que se han presentado y que reflejan, en buena manera, las condiciones actuales, las necesidades más apremiantes y las respuestas que deben implementarse en los próximos meses.
El nuevo Congreso, por su parte, tendrá la responsabilidad esencial de discutir no solo el diseño normativo del sistema, sino también la viabilidad administrativa de su implementación. En materia de salud, una buena reforma no se mide únicamente por sus objetivos, sino por su capacidad de mejorar la atención de los pacientes sin generar nuevas barreras de acceso. Ese será, probablemente, el verdadero examen del legislativo en este periodo que apenas comienza.
Como actor independiente y académico, INNOS reitera el llamado al gobierno actual y al nuevo gobierno, para que aceleren los procesos de transición, priorizando a los pacientes y sus familias, asumiendo los retos y responsabilidades con la salud de todos los colombianos. Es el momento de avanzar hacia un sistema de salud más sólido e innovador para enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y las enfermedades no transmisibles, entre otros grandes desafíos de salud pública.
por Coordinacion Innos | Ago 21, 2026 | Noticias, Tratados, Uncategorized
El más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la situación mundial del cáncer presenta algunos datos muy inquietantes y claves para una reflexión profunda. Según el informe, más del 70 % de los países del mundo no dispone de un paquete básico de cobertura para la atención integral del cáncer dentro de sus sistemas de salud. Del artículo se deriva una primera conclusión: el pronóstico del cáncer depende cada vez menos de la biología del tumor y cada vez más de las condiciones sociales, económicas y territoriales de las personas. (El País)
Tal afirmación resulta preocupante, porque implica que nacer en un país rico o en uno de ingresos medios o bajos puede significar la diferencia entre recibir un diagnóstico oportuno y acceder a tratamiento, o enfrentar una enfermedad detectada tarde y con pocas opciones terapéuticas. La desigualdad, en este contexto, se convierte, según los datos, en un determinante de supervivencia.
La evidencia global: brechas que persisten y que tienen consecuencias.
La OMS y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) estiman que en 2022 se registraron aproximadamente 20 millones de nuevos casos de cáncer y cerca de 9,7 millones de muertes en el mundo. Si se mantienen las tendencias actuales, los nuevos casos podrían superar los 35 millones anuales hacia 2050. La carga de la enfermedad se viene incrementando con mucha mayor velocidad en los países de ingresos bajos y medios, en donde existen frecuentemente, menores capacidades de respuesta ante esta y otras patologías de alta complejidad.
El informe citado por el diario El País de España, destaca otra cifra reveladora: la supervivencia a cinco años del cáncer de mama supera el 85 % en muchos países de altos ingresos, mientras que en varios países de menores recursos apenas ronda el 45 %. La diferencia no se explica por una biología distinta del tumor, sino por factores como el diagnóstico tardío o inoportuno, un menor nivel de acceso a pruebas de detección temprana como las mamografías o las citologías, escasez de profesionales especializados en oncología y de centros debidamente dotados para la atención del cáncer, barreras de acceso para el inicio y la continuidad de los tratamientos y gasto de bolsillo que se incrementa ante un diagnóstico oncológico; con consecuencias profundas para el pronóstico de los pacientes.
La OMS estima que alrededor del 40 % de los cánceres podrían prevenirse mediante el control de los factores de riesgo ampliamente conocidos como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, algunas infecciones y la exposición ambiental a contaminantes cancerígenos.
El informe de la OMS también subraya la discrepancia entre los grandes avances científicos para el tratamiento del cáncer y las desigualdades persistentes en cuanto al acceso a estos desarrollos e innovaciones. Para superar estos conflictos, la OMS propone a los países miembros, avanzar en tres grandes cambios estratégicos: mejorar las capacidades para el control del cáncer en los sistemas de salud, con fortalecimiento del talento humano capacitado; mejorar la protección social y los servicios para quienes han tenido un diagnóstico de cáncer y mejorar la relación calidad-precio de medicamentos y tecnologías, coordinando los esfuerzos de innovación e investigación con las necesidades en salud pública.
¿Qué pasa en la región?
En América Latina el panorama es de carácter mixto. En general se ha ampliado la cobertura sanitaria en las últimas décadas en muchos países, pero siguen existiendo grandes diferencias entre países y entre grupos sociales.
Según daos de la IARC, en 2022 América Latina y el Caribe se registraron más de 1,5 millones de nuevos casos de cáncer y alrededor de 700.000 muertes. El más frecuente de ellos, el de cuello uterino, es especialmente importante porque representa una de las expresiones más claras de la inequidad sanitaria: es un cáncer altamente prevenible mediante vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y tamizaje amplio, pero continúa causando miles de muertes en mujeres de bajos ingresos.
La situación de Colombia: el contraste entre cobertura amplia y resultados desiguales.
Si bien es claro que Colombia ha logrado uno de los niveles más altos de cobertura del sistema de salud, superior al 95 % de la población, esta no siempre se traduce en acceso efectivo. Más aún cuando el país atraviesa por una de sus mayores crisis de confiabilidad y oportunidad en el sistema sanitario, que exige soluciones urgentes en los próximos meses.
Con una incidencia anual cercana a 120.000 casos nuevos y aproximadamente 45.000 muertes anuales por cáncer, el país enfrenta desafíos para mejorar el acceso de los pacientes a todo el rango de servicios desde la prevención, la detección temprana, el inicio del tratamiento y la continuidad de este, hasta la rehabilitación y los cuidados paliativos, cuando se requieren. Estos retos se agudizan en zonas rurales, donde los tiempos de espera para diagnóstico confirmatorio y tratamiento son mayores que en áreas urbanas; lo cual tiene efectos muy adversos en las enfermedades oncológicas.
Según los datos del Instituto Nacional de Cancerología, existen brechas evidentes. Ciudades como Bogotá, Medellín o Cali concentran la mayor parte de los servicios especializados, mientras que departamentos amazónicos, de la Orinoquia y algunas zonas del Pacífico tienen menor disponibilidad de oncología, radioterapia y cirugía especializada.
Lo anterior se traduce en que un paciente de una capital de los departamentos más desarrollados puede acceder a estudios diagnósticos en semanas; otro de una zona rural puede tardar meses y tener que recorrer cientos de kilómetros para recibir quimioterapia o radioterapia.
Un debate de fondo: la inversión en medicamentos y en mejores sistemas de salud.
Uno de los puntos más interesantes del informe de la OMS es la crítica al modelo de innovación oncológica. La organización señala que una parte creciente de la inversión mundial se dirige a terapias muy costosas con beneficios clínicos relativamente modestos, mientras siguen subfinanciadas intervenciones de alto impacto poblacional.
Lo anterior dibuja una cierta paradoja en países como Colombia. Si bien los sistemas de salud han logrado niveles altos de protección financiera que permiten que algunos pacientes logren acceder a medicamentos de última generación, miles tienen el riesgo de llegar tarde al diagnóstico y no acceder oportunamente al tratamiento. Los gobiernos deben trabajar por nivelar ambos extremos del proceso de atención, de manera que se garantice el acceso a terapias de última generación, con niveles óptimos de seguridad y eficacia; mientras se financia y se optimiza también la prevención y el diagnóstico temprano para toda la población.
La desigualdad como un gran factor de riesgo
Tanto el informe de la OMS como los análisis posteriores apuntan a que el cáncer se ha convertido en un espejo de las desigualdades contemporáneas. La evidencia de la OMS, de la IARC muestra que la brecha continúa siendo clínica y científica; pero con un alto componente de accesibilidad y continuidad de la atención.
Colombia y otros países de la región han conseguido avances muy valiosos en cobertura y atención oncológica, pero aún enfrentan enormes desafíos por la diversidad territorial y social.
En última instancia, el cáncer no solo depende de la atención médica, sino de las necesidades y prioridades de la sociedad. Los datos confirman que, actualmente, la supervivencia sigue estando demasiado ligada al nivel de ingresos, al lugar donde se vive y a la capacidad de navegar exitosamente en sistemas de salud altamente complejos.
Fuentes
- Organización Mundial de la Salud Informe sobre la situación mundial del cáncer 2026: el futuro que elegimos juntos.
El País – Artículo del 8 de julio de 2026 sobre desigualdad y cáncer. Disponible en: https://elpais.com/salud-y-bienestar/2026-07-08/asi-marca-la-brecha-socioeconomica-el-pronostico-del-cancer-mas-del-70-de-los-paises-no-tiene-cobertura-basica-para-tratarlo.html#google_vignette
por Coordinacion Innos | Dic 2, 2025 | Publicaciones, Uncategorized
JOSE VLADIMIR GUZMAN RIVERA
Candidato a Doctor en Salud Pública, Magister en Epidemiología, Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional, Enfermero
El análisis del comportamiento histórico del VIH y de su evolución en Colombia permite dimensionar la magnitud de los retos actuales. Desde 1981, cuando surgieron los primeros casos de inmunodeficiencia en Estados Unidos, hasta hoy, el mundo ha sido testigo de avances científicos y transformaciones sustanciales en los sistemas de salud. Lo que inicio como una enfermedad asociada a alta mortalidad, estigma y desconocimiento, se convirtió progresivamente en una condición crónica manejable gracias al desarrollo del tratamiento antirretroviral en 1987 y, de manera decisiva, con la llegada de la terapia antirretroviral de gran actividad en 1996. Esta transformación constituye uno de los logros más significativos de la medicina moderna.
En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, durante 2024 se notificaron 19.344 casos de personas que viven con VIH (PVV) confirmados por laboratorio, una reducción del 2,5 % frente a los 19.833 registrados en 2023. Sin embargo, esta tendencia no es similar en el territorio nacional: ciudades como Neiva, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Valledupar, Bucaramanga y Medellín reportaron incrementos en las notificaciones respecto al año anterior. De acuerdo con estimaciones de ONUSIDA y el Ministerio de Salud, en el país viven alrededor de 185.954 personas con VIH, de las cuales cerca del 70 % conocen su diagnóstico, el 64 % reciben tratamiento antirretroviral y aproximadamente el 57 % logran supresión viral. Aunque estos indicadores reflejan avances, evidencian también una brecha considerable frente a la meta internacional 95-95-95 para 2030. El cual busca que, para esa fecha, el 95% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, el 95% de ellas reciban terapia antirretroviral, y el 95% de las que reciben tratamiento tengan supresión viral.
Los avances terapéuticos han sido determinantes: actualmente existen medicamentos con menor toxicidad y esquemas que facilitan la adherencia y mejoran la calidad de vida. Asimismo, la evidencia científica ha demostrado que una persona con carga viral indetectable no transmite el virus, lo que representa un hito para la reducción del estigma y la prevención. Sin embargo, estos logros dependen de un elemento esencial: la continuidad, oportunidad y calidad de la atención en salud. La interrupción del tratamiento, incluso por lapsos breves, puede revertir años de control clínico y comprometer la salud individual y colectiva.
En este contexto, preocupa de manera particular la posible suspensión de los servicios que la IPS SIES Salud presta a los afiliados de Nueva EPS. La atención especializada para personas que viven con VIH/SIDA no puede ser reemplazada de forma inmediata ni en condiciones equivalentes, y su interrupción implica riesgos clínicos severos: aumento de la carga viral, aparición de resistencias, progresión a SIDA y mayor mortalidad. En pacientes con supresión viral, la suspensión del tratamiento compromete la estabilidad lograda; en quienes inician proceso terapéutico, afecta la etapa crítica de adherencia.
Estas interrupciones también deterioran la confianza en el sistema de salud, incrementan la ansiedad de los pacientes y profundizan las barreras de acceso, especialmente en poblaciones vulnerables. Desde la perspectiva epidemiológica, las consecuencias son aún más graves: el aumento de la carga viral en los pacientes que viven con VIH eleva el riesgo de transmisión y amenaza con hacer retroceder los avances alcanzados durante más de dos décadas. La literatura internacional señala que la discontinuidad del tratamiento antirretroviral, incluso por pocas semanas, puede incrementar la transmisión entre un 12 % y 15 % en escenarios urbanos de alta prevalencia.
Para el sistema de salud colombiano, la eventual salida de un prestador especializado como SIES Salud generaría una sobrecarga para otras instituciones, afectaría la cadena de suministro de medicamentos y obligaría a un proceso complejo de reasignación de miles de pacientes. Esto suele traducirse en retrasos, pérdida de seguimiento clínico y deterioro de la calidad de la atención. En este marco, la continuidad del tratamiento antirretroviral es un derecho fundamental protegido por el artículo 49 de la Constitución Política, además la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula este derecho, estableciendo que la salud es un derecho fundamental autónomo y que los servicios deben ser garantizados con oportunidad, continuidad, eficacia y calidad.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas de salud que han hecho avances sostenidos frente al VIH se caracterizan por modelos de atención integrados, estables y centrados en la persona. Mientras países como Brasil y Argentina operan con provisiones estatales robustas, Colombia continúa dependiendo de modelos fragmentados y de prestadores privados cuya capacidad técnica y financiera es variable. En este escenario, una eventual interrupción de los servicios de SIES Salud no constituiría una reestructuración administrativa, sino un evento de alto impacto clínico y epidemiológico con riesgo de aumentar la morbilidad, la mortalidad, la transmisión del virus y el retroceso en indicadores de salud pública.
El país no puede permitir retrocesos epidemiológicos evitables ni interrupciones en la atención de una condición que requiere continuidad absoluta. Es por esto que desde la academia hacemos un llamado urgente a los tomadores de decisiones del país para que se adopten las medidas necesarias que eviten la interrupción de los servicios prestados por SIES Salud, una situación que podría desencadenar una crisis mayor en el sistema de salud dada la eventual suspensión de una red de atención especializada. Es indispensable fortalecer las políticas públicas, consolidar modelos de atención estables y garantizar que los avances terapéuticos construidos durante cuatro décadas no se vean comprometidos por fallas administrativas o estructurales. En un país donde miles de personas dependen diariamente de la continuidad de su tratamiento.
por Coordinacion Innos | Dic 2, 2025 | Uncategorized
Continuando con el análisis del informe de la OCDE sobre los sistemas de salud de sus integrantes, que comenzamos hace algunos días con el análisis de los indicadores del Estado de Salud; ahora revisaremos algunos de los indicadores de Determinantes sociales, Factores de Riesgo, Acceso y Calidad de la atención, de Colombia, tomando referencias a otros países con desempeño sobresaliente y a los promedios generales de la OCDE.
Factores de riesgo y determinantes sociales
- En Colombia, solo el 9,8% de las personas fuma a diario, un poco menos que el promedio de la OCDE, que es 14,8%. No obstante, este promedio es mucho más alto que el de Islandia (5,6%) y Costa Rica (6,2%). También es importante señalar que en Colombia la diferencia entre hombres y mujeres es muy grande. El promedio de fumadores hombres fue de 13,8% y el de mujeres 6,0%. Según el reporte, este dato es de 2019, lo cual también debe tenerse en cuenta al momento de tomar decisiones o diseñar estrategias de intervención.
- El uso de drogas ilícitas (en general) no tiene dato para Colombia en este reporte. Es importante mencionar que sí hay datos del uso de cocaína y opioides en el último año. Con respecto a cocaína, Colombia presenta un promedio de consumo de 0,62% en población de 15 a 65 años. Este dato es la mitad del promedio OCDE, con 1,3%. El mayor promedio es de Australia con 4,5%. En cuanto a los opioides, el comportamiento del indicador es similar, con un 0,3%, mientras la media de OCDE es 0,7% y el dato más alto es de Estados Unidos, con 3,6%
- El consumo de alcohol también es menor en Colombia con 4,2 litros por persona al año, frente a 8,5 en promedio en la OCDE. El consumo muestra un aumento en Colombia entre 2013 con un promedio de 3,5 hasta el de 4,2 de 2023. El país con el mayor promedio de los 37 analizados es Rumania con 12,3.
- Contaminación atmosférica: Los datos OCDE 2025 muestran exposición poblacional a la contaminación por material particulado de 2,5 micras en el aire. En promedio, la gente en los países de la OCDE estuvo expuesta a 11,2 microgramos de partículas finas (PM2.5) por metro cúbico en 2020. Solo Finlandia logró estar por debajo del límite recomendado por la OMS, que es de 5 microgramos por metro cúbico. En cuanto a Colombia, el dato publicado es de 14 microgramos por metro cúbico en 2020, lo que ubica al país por encima del promedio OCDE. India tiene el nivel más alto con 47.
- De otra parte, se presentaron datos de emisión de gases de efecto invernadero. En este indicador Colombia está dentro de los países con menor aporte de estos contaminantes con 2,8%. Este indicador es el resultado de un modelo que calcula cuántas emisiones se generan por la demanda de servicios de salud, que incluyen las que se producen dentro de los hospitales y clínicas y las que surgen al suministrarles energía, fabricar los insumos que usan y en toda la cadena de suministro. El promedio de OCDE fue: 4,4% y Estados Unidos en el nivel más alto con 6,8%
- En promedio, el 35% de los adultos en Colombia no hace suficiente actividad física. Este dato es menor en hombres (28%) que en mujeres (41%). El porcentaje promedio es más alto que el de la OCDE (30%). El mejor resultado es de Suecia con 11%.
Acceso, calidad y satisfacción ciudadana
- El Acceso a los servicios de salud (cobertura de afiliación) en Colombia llega hasta el 99%, que es un punto más alto que el promedio OCDE. En este informe, con datos de 2024, 21 países reportaron cobertura del 100%. El dato más bajo es de México con 78%. Llama la atención que el tercer dato más bajo es de Estados Unidos, con 92%.
- Sin embargo, la Satisfacción de los usuarios con el servicio en Colombia solo alcanza a ser del 46% de las personas que opinan que la accesibilidad a la atención es buena, mientras que el promedio de la OCDE es de 67%.
- La disponibilidad de camas hospitalarias por 1.000 habitantes para Colombia fue de 1,9 en 2023. El promedio OCDE es de 4,2 y el dato más alto es de Corea con 12,6 camas por cada 1.000 habitantes. El resultado más bajo es de México con 1,0.
- Se presentan porcentajes de niños elegibles que han recibido dos dosis de una vacuna contra el sarampión y tres dosis de la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina, en 2024. El 89% de los niños elegibles fueron vacunados contra DTP en Colombia, cifra inferior al promedio de la OCDE que es 93%. En cuanto a sarampión, Colombia llegó al 86% y el promedio OCDE es de 89%.
Datos no disponibles para Colombia:
La ausencia de algunos datos del país en este reporte es un aspecto para analizar. Sería importante establecer las causas de no contar con estos datos, porque, según se indica, provienen de fuentes oficiales y de estadísticas que deberían estar disponibles para su análisis y para que sirvan de base en la definición de estrategias e intervenciones. A continuación, presentamos un breve listado de algunos datos que no aparecen en el informe, con respecto a los indicadores que previamente se han revisado.
- No hay datos sobre la frecuencia de uso de vapeadores en población de 15 años o más.
- No hay datos comparables sobre cuántas personas se consideran obesas.
- No hay datos comparables disponibles sobre consumo de alcohol en adolescentes.
- No hay datos disponibles sobre necesidades en salud no atendidas.
- No hay datos sobre población mayor de 65 años vacunada contra influenza.
- No hay datos sobre cobertura de tamizaje de cáncer de colon, cervicouterino ni de mamografías.
Análisis y conclusiones.
Colombia presenta una cobertura sanitaria cercana al 99%, pero los resultados en salud siguen rezagados frente al promedio de la OCDE. La satisfacción ciudadana alcanza solo el 46%, frente al 67% en la OCDE. Se recomienda fortalecer la atención primaria, la prevención, la inversión en recursos humanos y la calidad del servicio.
Aunque la cobertura poblacional es muy alta no se traduce en resultados proporcionales en satisfacción ni en los resultados analizados anteriormente, sobre morbilidad y mortalidad.
Los datos sobre algunos factores de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol son positivos al compararlos con el resto de los países de la OCDE, pero deben analizarse con mayor profundidad, revisando distribución poblacional, por zonas geográficas y distintos rangos de edad y grupos específicos. No pueden considerarse un triunfo del sistema ni bajar la guardia en su seguimiento y control.
Algo similar ocurre con la contaminación por material particulado, que no es muy alta al compararla con el resto de los países. Sin embargo, no es de ninguna forma, un resultado positivo y, seguramente si se analiza por regiones y se comparan zonas urbanas e industriales con zonas rurales, los niveles serán preocupantes para los centros con mayor población, lo cual aumenta significativamente la exposición a este contaminante, y a otros no evaluados en este reporte.
La vacunación también debe revisarse con cuidado, porque Colombia históricamente ha tenido niveles muy altos y coberturas útiles en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Aún así, los datos que muestra la OCDE no reflejan estas tendencias y hacen pensar en que debe mejorar la cobertura de vacunación en el país.
Finalmente, este informe debe considerarse como un insumo útil para su revisión en espacios académicos y del gobierno, de forma tal que sirva para resolver las brechas de información (datos ausentes) y para revisar y fortalecer las intervenciones y las políticas públicas del país en materia de salud y bienestar general. Los datos muestran avances, así como debilidades y grandes oportunidades de mejora para Colombia.
*Fuente principal: OECD Health at a Glance 2025 – Country Notes (Colombia) y OECD Health Statistics 2025.
por INNOS | Nov 24, 2025 | Uncategorized
Las ENT son las principales causantes de mortalidad en Colombia y en el Mundo. La innovación ofrece nuevas perspectivas y respuestas para enfrentarlas.
En este grupo encontramos las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas. A nivel global son las responsables de más de 43 millones de muertes al año. En Colombia el DANE informó que ocurrieron más de 63.000 muertes en 2024, por enfermedades del cardio y cerebro vasculares.
En América Latina, las ENT constituyen uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud. Para enfrentarlas se re requieren recursos adicionales a los disponibles, porque estas enfermedades generan costos muy altos a los sistemas sanitarios y tienen efectos profundos en el crecimiento económico. Según el estudio publicado por el DANE, en 2022 las enfermedades cardiovasculares generaron una pérdida entre el 0,5% y el 1% del PIB del país.
Según un estudio reciente publicado por FIFARMA el impacto socioeconómico de las ENT es muy significativo en las economías de varios países de la región:
| País |
% PIB |
Monto (USD millones) |
Enfermedades destacadas |
| Argentina |
6,4 |
38.200 |
Cardiovasculares |
| Brasil |
4,1 |
77.100 |
Neoplasias |
| México |
3,6 |
46.700 |
Diabetes |
| Colombia |
3,1 |
10.900 |
Cardiovasculares, Neoplasias, Diabetes |
| Chile |
4,1 |
11.700 |
Neoplasias, Diabetes |
| Ecuador |
3,5 |
3.600 |
Diabetes, Cardiovasculares, Neoplasias |
| Costa Rica |
4 |
2.800 |
Diabetes, Cardiovasculares, Neoplasias |
| Perú |
2,5 |
5.600 |
Neoplasias |
Fuente: FIFARMA- WIFOR. Carga socioeconómica de las principales enfermedades en ocho países de América Latina. (https://fifarma.org/wp-content/uploads/2024/07/TR-EN-ES-SoC-burden-in-Latinoamerica-General-White-paper.-110620241.pdf)
La inversión y la investigación en ENT en el mundo están entre las prioridades de gobiernos y sector privado. De esta forma, ha sido posible desarrollar permanentemente, nuevas estrategias y nuevos medicamentos y dispositivos para intervenir desde la prevención hasta la rehabilitación y el cuidado paliativo. Todo ello acompañado de grandes apuestas económicas en la investigación básica biomédica y en la farmacéutica.
Así mismo, se han desarrollado acciones exitosas de salud pública, que incluyen la promoción de Ambientes libres de humo, el desarrollo de etiquetado nutricional frontal y campañas de información y comunicación del riesgo, que han mostrado resultados positivos en varios países.
Todo lo anterior, acompañado por políticas de fomento al consumo de alimentos saludables, especialmente en niños, niñas y jóvenes, y restricciones a la publicidad de tabaco y alcohol están siendo implementadas con éxito en muchos países del mundo, incluyendo algunos en América Latina.
Las ENT, además, tienen relación directa con la salud mental y actualmente se desarrollan enfoques de atención primaria, que integran las intervenciones también en este campo, para lograr mejores resultados.
Nuevas tecnologías para las ENT.
Múltiples soluciones basadas en inteligencia artificial apoyan actualmente la vigilancia epidemiológica para detectar amenazas sanitarias, incluyendo ENT, de forma más rápida y precisa. Junto con estas nuevas estrategias, la utilización cada vez mayor de dispositivos personalizados para el monitoreo de hábitos que se potencializan con el manejo y análisis de grandes bases de datos; constituyen avances importantes en el enfoque y tratamiento de las ENT.
También es importante destacar los avances en salud digital, que han ampliado la cobertura y el acceso en zonas rurales y en zonas urbanas periféricas con déficit en la prestación de servicios de atención primaria. Con ello se ha ampliado el acceso a pruebas diagnósticas para el cáncer, mejorando la oportunidad en la identificación de la enfermedad en etapas tempranas.
Nuestros invitados a este nuevo episodio de Territorios de Innovación en salud, la doctora Diana Marcela Forero, experta en salud pública y el doctor Wilson Cubides Martínez, conocedor en profundidad de la problemática del cáncer en nuestro país, nos aportan valiosos conceptos y sus conocimientos en el campo de la prevención, haciendo énfasis en la necesidad de un trabajo colaborativo intersectorial, que fortalezca las estrategias preventivas y aproveche las nuevas tecnologías para mejorar la identificación temprana y la gestión global del riesgo para las ENT. Ambos reconocen los grandes avances de nuestro país en prevención y tratamiento y los aportes de los emprendedores y de la industria para enfrentar el aumento y el gran impacto de estas enfermedades.
De esta forma les invitamos a escuchar este nuevo episodio de Territorios de Innovación en Salud.
Bienvenidos.
