por INNOS | Sep 19, 2024 | Noticias
Hace unos días, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Financiamiento 2024 (PL 300-2024C), que ha sido recibido como una nueva reforma tributaria. Esta iniciativa tiene como objetivo principal aumentar la recaudación fiscal y promover la sostenibilidad ambiental, lo que podría tener repercusiones en varios sectores de la economía. Sin embargo, resulta llamativo que el proyecto no mencione de manera explícita al sector salud, especialmente en un contexto en el que este enfrenta graves dificultades de financiamiento y escasez de recursos.
A pesar de que el proyecto de ley propone aumentar el recaudo en un 0,7% del PIB en 2025 y un 0,1% en promedio en los años siguientes (2026-2030), este incremento de recursos no está destinado al fortalecimiento del sistema de salud. La falta de nuevas fuentes de financiación específicas para el sector pone de manifiesto que esta reforma tributaria, más conocida como la Ley de Financiamiento[1], no tiene como prioridad abordar los retos del sistema de salud. En cambio, la atención parece centrarse en sectores como la transición energética, la sostenibilidad y el turismo, lo que plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno en términos de política pública. Esta ausencia del sector salud en el proyecto de Ley resulta, al menos, incoherente si se tiene en cuenta además que el Ministerio de Salud ha expresado al Congreso la necesidad de aumentar 27% los recursos de funcionamiento y 83% los recursos de inversión para 2025.
El principal desafío: La ausencia del sector salud en el proyecto de ley de financiamiento
El mayor desafío que plantea esta ley de financiamiento para el sistema de salud es, precisamente, su ausencia en el texto radicado en la Cámara de Representantes. En un contexto de crisis financiera en el sector, la falta de un plan específico para la inversión en infraestructura sanitaria, la actualización del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el pago de los presupuestos máximos, generan una gran incertidumbre. A pesar de la evidente necesidad de recursos, la priorización de otros sectores genera interrogantes importantes sobre el futuro del sistema de salud y abre la posibilidad de que los problemas que hoy enfrenta se sigan profundizando con el tiempo. Se esperaría que, ante los constantes llamados que se han hecho para prestar atención a los problemas de financiamiento actuales y asumir los costos adicionales de una reforma a la salud, el ejecutivo emprendiera acciones para asegurar nuevos recursos que oxigenen el sistema. Sin embargo, este proyecto de Ley no lo hace.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el aumento de impuestos propuesto podría desacelerar la inversión privada en el sector, afectando la capacidad de obtener financiamiento a través de recursos privados y alianzas público-privadas, que han sido importantes para el desarrollo de proyectos en el país. La industria farmacéutica, por su parte, también podría verse afectada por regulaciones ambientales que, aunque necesarias, incrementarán los costos operativos de manera inmediata, reduciendo la competitividad de muchas empresas en el corto plazo.
Si bien el proyecto introduce un componente verde en la Regla Fiscal, que en teoría podría ser aprovechado para financiar infraestructuras ecoeficientes, no se establece claramente cómo estos recursos beneficiarían específicamente al sector salud. Aunque la construcción de hospitales sostenibles podría reducir costos operativos a largo plazo, no parece haber una intención firme de priorizar estos proyectos dentro del marco de la reforma.
En este sentido, el incremento de la recaudación tributaria abre la puerta para explorar alternativas de financiamiento que no han sido contempladas en la propuesta actual. Esta es una oportunidad para innovar en modelos más eficientes y sostenibles, identificando nuevas fuentes de financiamiento y desarrollando mecanismos que aseguren que parte de los recursos generados se destinen al fortalecimiento del sistema de salud, especialmente en las regiones más vulnerables, donde el acceso a servicios de atención primaria sigue siendo insuficiente.
Una oportunidad para la innovación en salud
Aunque el proyecto de ley de financiamiento no atiende directamente las necesidades del sector salud, ofrece la posibilidad de explorar enfoques innovadores en el ámbito sanitario. Una de estas oportunidades sería aprovechar los incentivos de la economía verde para crear un «Ciclo Blanco para la Salud», dentro de la Regla Fiscal. Este concepto podría incluir inversiones específicas en tecnologías sostenibles y soluciones de bajo impacto ambiental para mejorar la infraestructura hospitalaria y los servicios de salud, con especial atención a las zonas rurales.
Además, el proyecto de ley de financiamiento crea un espacio propicio para pensar en modelos financieros innovadores, coherentes con las tendencias globales de sostenibilidad, que aprovechen las nuevas dinámicas internacionales de financiamiento verde y responsabilidad social. Estas nuevas formas de financiamiento podrían alinearse con los objetivos de sostenibilidad, integrando los avances tecnológicos y económicos en modelos más eficientes para el sector salud.
Por último, esta situación ofrece una oportunidad para que el debate público preste mayor atención a las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud. Es fundamental que se priorice en la agenda legislativa la necesidad de abordar de manera directa el financiamiento del sistema de salud, para garantizar que este sector reciba los recursos necesarios para su sostenibilidad.
De este modo, aunque el sector salud sigue ausente en el debate legislativo -al menos en lo que a la Ley de Financiamiento se refiere-, esta podría verse como una oportunidad para repensar su desarrollo, siempre y cuando se logre incorporar propuestas concretas que aseguren que parte de los recursos generados se destinen efectivamente a mejorar el sistema de salud. De no hacerlo, corremos el riesgo de que la salud quede relegada una vez más frente a otras prioridades del gobierno.
[1] Aunque la ley de financiamiento y la reforma tributaria suelen confundirse, no son lo mismo. Es importante conocer algunas de sus diferencias clave. En primer lugar, a diferencia de las reformas tributarias, los proyectos relacionados con leyes de financiamiento cuentan con una mayor variedad de instrumentos (Artículo 347 de la Constitución Política de 1991). Estos proyectos se enfocan principalmente en la necesidad «vinculante» de equilibrar las finanzas públicas para responder a las demandas y asegurar el funcionamiento del sistema político, como señala el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo. En este tipo de leyes, se pueden incluir diversas medidas, desde ajustes en el perfil del gasto público hasta modificaciones en el Estatuto Tributario. Si el objetivo es realizar cambios significativos en este último, se podría recurrir a una reforma exprés. En segundo lugar, las reformas tributarias tienen un alcance más amplio. Su objetivo es modificar el Estatuto Tributario con el fin de optimizar el recaudo.
por INNOS | Jul 30, 2024 | Noticias
Una nueva propuesta de reforma a la salud fue radicada en el Congreso. Este nuevo proyecto, con fecha del 9 de julio de 2024, busca reorganizar el Sistema General de Seguridad Social en Salud para garantizar el derecho fundamental, siguiendo los parámetros establecidos por la Ley Estatutaria 175. Para ello, la iniciativa establece un Modelo de Atención en Salud preventivo, predictivo y resolutivo, fundamentado en la Atención Primaria en Salud (APS) y, entre otras disposiciones relevantes, crea el Consejo Nacional de Salud (CNS) para vigilar y adoptar políticas públicas en salud.
En términos generales, el proyecto que es una iniciativa de la sociedad civil, en este caso representada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, cuenta con el respaldo del gremio de profesionales sanitarios del país, agrupados en 21 asociaciones de salud.
Los aspectos más relevantes de esta iniciativa legislativa pueden analizarse de la siguiente manera:
- Reorganización del sistema de salud: mediante el modelo preventivo, preventivo y resolutivo estructurado desde la APS.
- Creación del Consejo Nacional de Salud: conformado por 15 personas, de las cuales 6 hacen parte del gobierno nacional, 1 de los gobiernos territoriales, 1 de las IPS y de las ISE, 1 de las Gestoras de Salud y 6 representantes de la sociedad civil. También se dispone la creación de Consejos Territoriales. El CNS tendrá como funciones definir la metodología para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y promover políticas de salud, entre otras
- Modelo de atención en salud: centrado en la prevención, predicción y resolución, integrando promoción de salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Incluye servicios complementarios, licencias de maternidad y se fundamenta en los CAPS, con sus equipos básicos de salud EBS y articulado por el Sistema Único de Información en Salud SUIS
- Redes Integrales e Integradas: conjuntos de organizaciones (IPS) integradas para prestar servicios individuales y colectivos con eficiencia, equidad, integralidad y continuidad en un territorio. Funcionarán con un sistema de referencia y contrarreferencia que el Ministerio deberá organizar, así como los términos para conformar las RIISS.
- Fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, financiada con subsidio a la oferta y a la demanda. El MSPS deberá construir un plan integral para su desarrollo.
- Transformación de las EPS y EAPB. Se denominarán Entidades Gestoras de Salud (EGS) y continuarán operando hasta por 2 años más siempre que cumplan las condiciones mínimas de permanencia. Se establecen los parámetros para las actuales EPS que decidan continuar operando.
- Financiamiento del sistema de salud: se adicionan recursos del PGN de forma creciente y anual, el recaudo de los impuestos saludables (Ley 2277) y nuevos recursos que disponga el gobierno. Medicamentos, insumos y tecnologías serán exentas de IVA. La UPC será definida por el CNS anualmente. Con base en estudios técnicos independientes. A la ADRES se le adicionan funciones de gestión del riesgo financiero, giro directo en nombre de las Gestoras a las IPS, pagador único del sistema, giro del valor administrativo a las EGS, giros del subsidio a la oferta a los CAPS por los EBS, gestión de cuentas, pagos y transferencias, auditorías para reconocimiento y pago, garantizar el flujo de recursos para promoción y prevención y a los hospitales; entre otras.
- Política Farmacéutica Nacional. El ministerio emitirá la PFN con base en lo dispuesto en la Ley 1751. El INVIMA estará a cargo del mejoramiento de información y educación sanitaria, transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades, en conjunto con el INS. El gobierno avanzará en el control de precios de medicamentos con base en comparaciones internacionales, de forma progresiva y según lo defina el MSPS. Los Servicios farmacéuticos hacen parte del sistema de salud. El Estado deberá garantizarlos.
- Régimen laboral para el sector salud. Se crea entonces el régimen laboral especial que incluirá la Carrera administrativa especial del sector salud, el régimen salarial especial, pago oportuno, jornada ordinaria máxima de 42 horas semanales, salud y seguridad en el trabajo, teletrabajo, prestaciones económicas, protección contra el acoso laboral, condiciones de desarrollo de la relación docencia-servicio, condiciones del SSO y de los médicos residentes, entre otras disposiciones.
- Autonomía profesional: La autonomía estará garantizada a los profesionales de la salud. No se requerirán autorizaciones administrativas adicionales dentro de las RIISS.
- Política Nacional de Talento Humano en Salud. Se incluirán prioridades de formación, la generación de incentivos para realización de prácticas en zonas rurales y dispersas, estímulos para formación en las áreas priorizadas, mecanismos de ingreso a posgrados según las necesidades sectoriales y territoriales, entre otros. Habrá un Examen único Nacional habilitante para especializades médico quirúrgicas y de salud pública.
- IVC en el sistema de salud. Continuará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de servicios de salud. Se incluyen funciones de análisis de las evaluaciones generales y de los reportes del CNS y los CTS, así como los reportes del SUIS. Se amplían competencias y facultades a la SNS.
- Régimen de Transición: Durante la transición al nuevo sistema de salud ningún ciudadano podrá quedar desprotegido del goce efectivo del derecho a la salud. El periodo de transición será de 3 años. Los Regímenes exceptuados continuarán regidos por las disposiciones vigentes y por la Ley 1751.
Se observan varios aspectos que se habían tratado en los debates en Cámara de Representantes durante la discusión del proyecto de Ley del Gobierno, y que se retoman en esta iniciativa. Por ejemplo, se resalta la definición de la UPC anual por parte del CNS y las nuevas funciones que asumirá esta instancia de dirección del sistema de salud. También la articulación con los Consejos Territoriales, que será todo un desafío para las autoridades locales y nacionales. Allí cobra mucho mayor valor, la necesidad apremiante de un Sistema de Información robusto, en tiempo real e interoperable; que permita hacer el seguimiento de la compleja gestión del sistema y generar los correctivos a tiempo.
Aunque esta propuesta toca al talento humano en salud, no profundiza sobre las condiciones actuales de formación profesional y posgraduada, que han producido muchas preocupaciones recientemente. La relación docencia-servicio sigue sin ser objeto de un debate profundo que se refleje en estos proyectos de reforma al sistema de salud, y tampoco se hacen cambios en las reglas de juego que rigen los convenios entre hospitales y universidades, como punto de partida para avanzar en un recurso humano más cualificado e integralmente mejor reconocido.
Desde INNOS valoramos muy positivamente que la academia y los gremios de la salud hayan logrado esta propuesta consensuada y esperamos que sus aportes sean tenidos en cuenta en las transformaciones que el sistema de salud requiere en nuestro país.
Para consultar el documento de propuesta completo: https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2024/07/Reforma-a-la-Salud_Julio-9-2024-1.pdf
por INNOS | Jul 23, 2024 | Noticias
En abril del presente año, el Ministerio de Salud interpuso ante el Tribunal de Cundinamarca una demanda contra 21 entidades prestadoras de salud, entre las que se encontraban Compensar EPS, Sanitas EPS, Famisanar EPS, Capital Salud, Nueva EPS y SURA entre otras. Entre los argumentos del Ministerio sobresalieron dos, la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso al servicio público a la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como, exigir a las entidades que tomen medidas inmediatas para asegurar el cálculo adecuado, la creación y la actualización mensual de las reservas técnicas. Como dato adicional, en marzo la cartera de salud ya había presentado una demanda, pero esta fue negada. En el concepto negativo, en ese momento, el Tribunal le pidió unas correcciones respecto a las autoridades judiciales que podrían dar estudio a dicha petición.
Ahora bien, el pasado 3 de julio el Tribunal de Cundinamarca respondió al nuevo pedido de medidas cautelares, negándolo, argumentando, que las pruebas presentadas por el Ministerio de Salud no eran suficientes para demostrar una vulneración de los derechos de los usuarios. Al respecto, vale la pena mencionar que, según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, son requisitos para decretar las medidas cautelares en lo referente al control de protección de los derechos e intereses colectivos:
- Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
- Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
- Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
Igualmente, según la providencia del Consejo de Estado del 31 de marzo de 2011, para decretar las medidas cautelares, el juez debe justificar la decisión basándose en elementos de prueba válidos que, además, puedan comprobarse, de ahí la importancia que sean idóneos. También, como se mencionó en la decisión del Consejo de Estado del 17 de marzo de 2015, otro criterio para aceptar las medidas cautelares se fundamenta en el buen derecho, en la existencia del perjuicio de la mora, así como, estudio de ponderación y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Por consiguiente, el Tribunal de Cundinamarca negó las medidas cautelares porque, por un lado, aunque el Ministerio de Salud presentó los argumentos basándose en el “informe sobre las deudas de 26 EPS”, presentado por la Contraloría, no llevó a cabo un análisis comparado con el cual se demostrará la violación de los derechos, es decir, sólo citó o se limitó a citar el informe, pero no presentó los argumentos para sustentar el pedido, sin poder demostrar el riesgo. Por el otro, el Tribunal considera que, si bien el Ministerio de Salud cumple con los requisitos de titularidad de las acciones, según el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, éste no logró comprobar una vulneración de un derecho colectivo como es el derecho a la salud, pues los informes citados no se constituyen en evidencia sumaria, es decir, mencionó los hechos, pero no realizó un análisis.
De esta manera, la demanda no cumplió con los requisitos establecidos para decretar medidas cautelares, pues no se logró demostrar si existen normas superiores que hayan sido señaladas como vulneradas, concluye el Tribunal de Cundinamarca “el debate propuesto es meramente legal y requiere confrontación con los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que se alleguen al expediente, y será la Sala de decisión quien contemplará la totalidad de los elementos que se aporten al proceso y será la sentencia en donde se decidirá el problema jurídico objeto del litigio”.
Este fallo constituye un llamado para que el Ministerio de Salud y Protección Social, profundice en el análisis de las causas que han llevado a las situaciones críticas que atraviesa actualmente el sistema de salud y que, asuma más directamente su función como rector de este. Las problemáticas que hoy viven los pacientes, familiares y ciudadanos en general, requieren intervenciones prontas y decididas de la autoridad competente, más allá de llevarlas a las instancias judiciales, con lo cual pueden generarse efectos contraproducentes que aumentan la desconfianza y la polarización entre los actores públicos y privados.
por INNOS | Feb 5, 2024 | Blog, Noticias
La Procuraduría General de la Nación le ha solicitado al Ministerio de Salud un reporte detallado del inventario actual de vacunas con que cuenta esa entidad, informando detalles como el laboratorio fabricante y la fecha de vencimiento de cada lote de vacunas.
Además de estos datos la PGN le pide al ministerio que informe los costos, presupuesto asignando y presupuesto aprobado para 2023 para la compra de vacunas contra Covid-19. El mismo ministerio de salud y protección social había informado que en su almacén tenía un inventario de más de 6 millones de vacunas de 3 laboratorios farmacéuticos, todas con fechas de vencimiento entre junio y noviembre de 2023.
El ministerio deberá informarle a la PGN cómo ha sido el proceso de distribución de estas vacunas por territorio y de igual forma, que precise cómo está el inventario para la vigencia 2024 y los planes de compra de nuevas vacunas.
Resultaría muy grave que, un gobierno que ha sustentado la reforma al sistema de salud en fortalecer las acciones preventivas y predictivas por encima de los tratamientos curativos deje vencer en sus bodegas un número tan grande de vacunas contra la más reciente pandemia. Esto se agudiza aún más si tenemos en cuenta que durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, se reportó por las autoridades de salud pública un incremento en el número de casos de Covid-19 en varias zonas del país.
Más allá del discurso de la prevención y de que se promuevan acciones para evitar que ocurran las enfermedades, hay que ejecutar las acciones de forma oportuna y hacerlo con base en una planificación organizada que utilice con transparencia el dinero público. En este caso, sería desastroso para la imagen del ministerio y para su credibilidad, que las autoridades competentes encuentren que hubo un detrimento patrimonial y que con ello, se puso en riesgo la salud de millones de personas que requieren esta vacuna.
Recordemos que un par de semanas atrás el mismo ministerio confirmó que se vencieron más de un millón de vacunas pediátricas contra Covid-19 que, según el comunicado, no fueron utilizadas por las entidades territoriales. El ministerio dice allí que 1’121.000 dosis de vacunas se entregaron a cada territorio y que la responsabilidad por no haberlas aplicado y por su vencimiento, recae en las secretarías de salud respectivas. En ese momento la cifra que se publicó de detrimento de recursos públicos fue de cerca de 18 millones de dólares.
Nuevamente preocupa no solo el mensaje contradictorio que esto le envía al país, cuando se defiende la prevención y se pierden vacunas que son una de las medidas más efectivas desarrolladas en salud pública, para evitar enfermedades tan graves como Covid-19.
Defender los recursos públicos y en especial los que se requieren para proteger la salud de las personas es un deber de todas las instituciones del Estado. Es inaceptable que ocurran estas situaciones y que no exista una responsabilidad política ni técnica clara para asumir la gestión con mayor sentido técnico y con mayor transparencia. El llamado al gobierno es a que le dedique el tiempo y el esfuerzo necesarios a la salud pública, que, como lo hemos advertido en otros análisis, se relegado a un segundo plano, como consecuencia del énfasis del ministerio en la defensa del proyecto de reforma al sistema de salud.
por INNOS | Ene 31, 2024 | Blog, Noticias
El pasado 25 de enero de 2024, realizamos el primer evento virtual del año para conversar sobre el panorama de las discusiones que avanzan en torno a la Reforma a la Salud y, en un sentido amplio, sobre el devenir del Sistema en los próximos meses. El panel de expertos estuvo compuesto por representantes de pacientes, EPS y voces académicas del sector.
La reforma a la salud espera su tercer debate en el Congreso; esta vez, iniciará en la Comisión del Senado y, de ser aprobada, será debatida en plenaria. El panorama parece alentador para el Gobierno, pues todo indica que cuenta con los números necesarios para que avance su proceso legislativo. Todo esto, en paralelo con las últimas y preocupantes noticias para el sector:
– Vencimiento de un millón de vacunas, denunció el Representante a la Cámara Andrés Forero.
– Desde diciembre, el INS ha reportado un aumento de casos de la nueva variante de Covid-19, asociado también a un incremento de casos de otros virus respiratorios.
– Interinidad continua en el INVIMA. Sigue sin haber cabeza en la institución.
– ACEMI alerta nuevamente sobre insuficiencia de la UPC y del incremento para 2024.
Por su parte, el Ministro de Salud continúa realizando temerarias declaraciones. En medio de un debate en la Comisión Primera del Senado de la República que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que «todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad». Estas declaraciones han causado gran malestar entre aquellos que han investigado de cerca la seguridad y eficacia de las vacunas. De hecho, muchos científicos y organizaciones no se quedaron callados y manifestaron su inconformidad frente a estas declaraciones que ponen en duda la seguridad de las vacunas contra el COVID-19.
La ACIN, la Asociación Colombiana de Inmunología, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología ACHO, la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, etc., rechazan de plano lo dicho por el [ministro Jaramillo](https://www.minsalud.gov.co/Portada2021/index.html): «Como asociaciones científicas de Colombia e involucradas en la prevención y tratamiento de pacientes, rechazamos enfáticamente el concepto de que los colombianos que se vacunaron contra el Covid-19 fueron parte de un experimento».
La Asociación de Epidemiología de Colombia ASOCEPIC manifiesta «total desacuerdo con las afirmaciones hechas por el señor ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo respecto a las vacunas usadas en el plan nacional de vacunación contra la Covid-19. Estas afirmaciones son contrarias a la evidencia científica, desinforman y menoscaban la confianza de la ciudadanía en la vacunación. Consideramos que afirmaciones como estas, por parte del señor ministro de salud, van en contra de la responsabilidad y conocimiento que conlleva su cargo».
En las últimas semanas, el Gobierno Nacional empezó a realizar movimientos de alistamiento hacia la implementación de la eventual reforma, incluyendo el anuncio por parte del MinInterior sobre la construcción de Centros de Atención Primaria (CAPS), la asignación de recursos para equipos territoriales o la declaración de emergencia en La Guajira.
Durante el webinar, Denis Honorio, vocero de las asociaciones de pacientes, expresó su inquietud por la falta de participación de la sociedad civil en la construcción de soluciones para el sistema de salud. Honorio enfatizó la importancia de colocar a los pacientes en el centro del sistema y abogó por una mayor transparencia y participación de todos los actores involucrados. Su perspectiva puso de manifiesto la necesidad de abordar las preocupaciones y necesidades de los pacientes de manera más efectiva en la toma de decisiones relacionadas con la salud.
Por otro lado, Mario Cruz, de ACEMI, abordó la situación actual de los servicios de salud, señalando los costos elevados, los problemas de financiación y la necesidad de una gestión tecnológica más eficiente. Cruz hizo hincapié en la importancia de la equidad y la capacidad de transformación del sistema para asegurar la accesibilidad y calidad de los servicios. Sus aportes resaltaron la urgencia de mejorar la eficiencia y la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
Los participantes se involucraron activamente en discusiones sobre diversos escenarios futuros, desde la posible aprobación de la reforma en el Senado hasta las implicaciones de las elecciones regionales. Se subrayó la importancia de una reforma participativa que refleje las necesidades y preocupaciones de la población. Además, se llamó la atención sobre las posibles consecuencias económicas y sociales que podrían surgir a raíz de la implementación de cambios en el sistema de salud.
Sin embargo, se señaló que existe una brecha significativa entre la teoría y la práctica, ya que las invitaciones a participar a menudo se extienden a personas con opiniones similares. Los pacientes, a pesar de insistir y desear hacer aportes, sienten que no son escuchados, y la fase del ministro de salud ha sido caracterizada por acusaciones y maltrato hacia los actores del sistema. Esta falta de diálogo y el matoneo político en la conversación han llevado a que los actores se sientan reticentes a manifestarse y comunicar sus preocupaciones.
Para ver todo el webinar completo: https://www.youtube.com/live/Ly6hTdb36VA?si=FRVzNRO2Lox-4URL
