Hace unos días, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Financiamiento 2024 (PL 300-2024C), que ha sido recibido como una nueva reforma tributaria. Esta iniciativa tiene como objetivo principal aumentar la recaudación fiscal y promover la sostenibilidad ambiental, lo que podría tener repercusiones en varios sectores de la economía. Sin embargo, resulta llamativo que el proyecto no mencione de manera explícita al sector salud, especialmente en un contexto en el que este enfrenta graves dificultades de financiamiento y escasez de recursos.
A pesar de que el proyecto de ley propone aumentar el recaudo en un 0,7% del PIB en 2025 y un 0,1% en promedio en los años siguientes (2026-2030), este incremento de recursos no está destinado al fortalecimiento del sistema de salud. La falta de nuevas fuentes de financiación específicas para el sector pone de manifiesto que esta reforma tributaria, más conocida como la Ley de Financiamiento[1], no tiene como prioridad abordar los retos del sistema de salud. En cambio, la atención parece centrarse en sectores como la transición energética, la sostenibilidad y el turismo, lo que plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno en términos de política pública. Esta ausencia del sector salud en el proyecto de Ley resulta, al menos, incoherente si se tiene en cuenta además que el Ministerio de Salud ha expresado al Congreso la necesidad de aumentar 27% los recursos de funcionamiento y 83% los recursos de inversión para 2025.
El principal desafío: La ausencia del sector salud en el proyecto de ley de financiamiento
El mayor desafío que plantea esta ley de financiamiento para el sistema de salud es, precisamente, su ausencia en el texto radicado en la Cámara de Representantes. En un contexto de crisis financiera en el sector, la falta de un plan específico para la inversión en infraestructura sanitaria, la actualización del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el pago de los presupuestos máximos, generan una gran incertidumbre. A pesar de la evidente necesidad de recursos, la priorización de otros sectores genera interrogantes importantes sobre el futuro del sistema de salud y abre la posibilidad de que los problemas que hoy enfrenta se sigan profundizando con el tiempo. Se esperaría que, ante los constantes llamados que se han hecho para prestar atención a los problemas de financiamiento actuales y asumir los costos adicionales de una reforma a la salud, el ejecutivo emprendiera acciones para asegurar nuevos recursos que oxigenen el sistema. Sin embargo, este proyecto de Ley no lo hace.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el aumento de impuestos propuesto podría desacelerar la inversión privada en el sector, afectando la capacidad de obtener financiamiento a través de recursos privados y alianzas público-privadas, que han sido importantes para el desarrollo de proyectos en el país. La industria farmacéutica, por su parte, también podría verse afectada por regulaciones ambientales que, aunque necesarias, incrementarán los costos operativos de manera inmediata, reduciendo la competitividad de muchas empresas en el corto plazo.
Si bien el proyecto introduce un componente verde en la Regla Fiscal, que en teoría podría ser aprovechado para financiar infraestructuras ecoeficientes, no se establece claramente cómo estos recursos beneficiarían específicamente al sector salud. Aunque la construcción de hospitales sostenibles podría reducir costos operativos a largo plazo, no parece haber una intención firme de priorizar estos proyectos dentro del marco de la reforma.
En este sentido, el incremento de la recaudación tributaria abre la puerta para explorar alternativas de financiamiento que no han sido contempladas en la propuesta actual. Esta es una oportunidad para innovar en modelos más eficientes y sostenibles, identificando nuevas fuentes de financiamiento y desarrollando mecanismos que aseguren que parte de los recursos generados se destinen al fortalecimiento del sistema de salud, especialmente en las regiones más vulnerables, donde el acceso a servicios de atención primaria sigue siendo insuficiente.
Una oportunidad para la innovación en salud
Aunque el proyecto de ley de financiamiento no atiende directamente las necesidades del sector salud, ofrece la posibilidad de explorar enfoques innovadores en el ámbito sanitario. Una de estas oportunidades sería aprovechar los incentivos de la economía verde para crear un “Ciclo Blanco para la Salud”, dentro de la Regla Fiscal. Este concepto podría incluir inversiones específicas en tecnologías sostenibles y soluciones de bajo impacto ambiental para mejorar la infraestructura hospitalaria y los servicios de salud, con especial atención a las zonas rurales.
Además, el proyecto de ley de financiamiento crea un espacio propicio para pensar en modelos financieros innovadores, coherentes con las tendencias globales de sostenibilidad, que aprovechen las nuevas dinámicas internacionales de financiamiento verde y responsabilidad social. Estas nuevas formas de financiamiento podrían alinearse con los objetivos de sostenibilidad, integrando los avances tecnológicos y económicos en modelos más eficientes para el sector salud.
Por último, esta situación ofrece una oportunidad para que el debate público preste mayor atención a las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud. Es fundamental que se priorice en la agenda legislativa la necesidad de abordar de manera directa el financiamiento del sistema de salud, para garantizar que este sector reciba los recursos necesarios para su sostenibilidad.
De este modo, aunque el sector salud sigue ausente en el debate legislativo -al menos en lo que a la Ley de Financiamiento se refiere-, esta podría verse como una oportunidad para repensar su desarrollo, siempre y cuando se logre incorporar propuestas concretas que aseguren que parte de los recursos generados se destinen efectivamente a mejorar el sistema de salud. De no hacerlo, corremos el riesgo de que la salud quede relegada una vez más frente a otras prioridades del gobierno.
[1] Aunque la ley de financiamiento y la reforma tributaria suelen confundirse, no son lo mismo. Es importante conocer algunas de sus diferencias clave. En primer lugar, a diferencia de las reformas tributarias, los proyectos relacionados con leyes de financiamiento cuentan con una mayor variedad de instrumentos (Artículo 347 de la Constitución Política de 1991). Estos proyectos se enfocan principalmente en la necesidad “vinculante” de equilibrar las finanzas públicas para responder a las demandas y asegurar el funcionamiento del sistema político, como señala el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo. En este tipo de leyes, se pueden incluir diversas medidas, desde ajustes en el perfil del gasto público hasta modificaciones en el Estatuto Tributario. Si el objetivo es realizar cambios significativos en este último, se podría recurrir a una reforma exprés. En segundo lugar, las reformas tributarias tienen un alcance más amplio. Su objetivo es modificar el Estatuto Tributario con el fin de optimizar el recaudo.
