El nuevo acuerdo de la OMS sobre futuras pandemias y su relevancia para Colombia

El nuevo acuerdo de la OMS sobre futuras pandemias y su relevancia para Colombia

En medio de un panorama global cada vez más consciente de los riesgos sistémicos que representan las pandemias, la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS ha adoptado, en mayo de 2025, un acuerdo internacional sin precedentes sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias. Un instrumento jurídicamente vinculante que pretende corregir errores del pasado y ofrecer un marco global de coordinación más sólido, pero que también nos desafía localmente.

El acuerdo plantea estándares ambiciosos en temas como acceso a tecnologías sanitarias, vigilancia epidemiológica, gobernanza en salud y equidad global. Su adopción por 124 países (con 11 abstenciones y sin participación de Estados Unidos) marca un nuevo consenso global. Sin embargo, la clave de su efectividad está en su implementación nacional y local.

¿Por qué deben importarle estos acuerdos a los gobiernos locales?

Primero, porque muchas de las acciones necesarias para prevenir y contener futuras pandemias son, en la práctica, responsabilidad de autoridades locales: el acceso al agua potable, la vacunación comunitaria, la vigilancia de enfermedades trópicas, la gestión de residuos médicos, o la detección temprana de eventos inusuales en salud pública.

Segundo, porque el acuerdo propone una visión integral y preventiva de la salud pública —el enfoque “Una Sola Salud”— que requiere articulación con sectores como ambiente, agricultura, educación, saneamiento básico, infraestructura, y gestión del riesgo. En otras palabras, interpela la acción intersectorial de los Gobiernos en la escala local.

Y tercero, porque el fortalecimiento de los sistemas de salud, especialmente de la atención primaria, será condición para acceder al acompañamiento técnico y financiero que se prevé desde la OMS y otras agencias internacionales. En este sentido, los municipios y departamentos que logren desarrollar planes locales robustos de preparación y respuesta estarán en mejor posición para canalizar esos recursos.

 

Lo que Colombia gana (y lo que debe cuidar)

Desde la perspectiva nacional, el acuerdo representa una oportunidad estratégica: acceso más equitativo a tecnologías sanitarias en emergencias, mayor transferencia tecnológica, y un marco legal internacional que puede respaldar la defensa de salvaguardas sanitarias en negociaciones comerciales. Para un país con alta biodiversidad y capacidades científicas emergentes, también se abren oportunidades para participar en el sistema de beneficios por uso de patógenos y fortalecer su industria biotecnológica.

No obstante, hay retos importantes: tensiones con acuerdos comerciales existentes, ambigüedades sobre propiedad intelectual, y altos costos de implementación. A nivel territorial, los retos se multiplican por la fragmentación del sistema, las brechas de capacidades técnicas y la asimetría entre regiones.

¿Qué pueden hacer los gobiernos locales desde ya?

  1. Evaluar capacidades: Muchos municipios aún no cuentan con planes actualizados de respuesta a pandemias. Es urgente diagnosticar fortalezas y vacíos.
  2. Actualizar planes de salud pública territorial: Integrar la perspectiva de preparación pandémica y el enfoque Una Sola Salud, promoviendo articulación multisectorial.
  3. Fortalecer vigilancia comunitaria: Invertir en capacidades locales para la detección temprana de brotes, con participación activa de la comunidad.
  4. Proteger al talento humano en salud: Garantizar condiciones dignas de trabajo, acceso a EPP y protocolos claros ante emergencias.
  5. Participar en la conversación nacional: Los gobiernos locales deben incidir en la construcción del Plan Nacional de Implementación del acuerdo. Ninguna estrategia será efectiva si no recoge las voces del territorio.

El nuevo acuerdo de la OMS implica una agenda internacional, entendida como una hoja de ruta para la transformación de nuestros sistemas de salud desde lo preventivo, lo intersectorial y lo comunitario. Las autoridades locales tienen un rol insustituible en ese proceso. Pero deben actuar con celeridad, además, involucrando a los demás actores de los ecosistemas de salud.

¿Hacia dónde va la Inteligencia Artificial? Conclusiones de la Primera Cumbre Mundial en Ruanda

¿Hacia dónde va la Inteligencia Artificial? Conclusiones de la Primera Cumbre Mundial en Ruanda

La Primera Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial en África, celebrada en Kigali, Ruanda, ha marcado un hito en el desarrollo tecnológico del continente, fue organizada por varias entidades internacionales, entre ellas el Foro Económico Mundial. Participaron más de mil expertos, líderes gubernamentales y representantes de empresas de 95 países, para analizar el impacto de la IA en la economía africana y en la necesidad de fortalecer la soberanía digital.

La Carrera Global de la IA

Uno de los puntos clave de la cumbre fue la necesidad de que África se posicione como un actor relevante en la revolución de la inteligencia artificial. El enorme potencial que la IA tiene para fortalecer sistemas socioeconómicos en países de bajos y medianos ingresos fue uno de los temas centrales en esta cumbre. Es el caso de África y de otras regiones del mundo como América Latina, donde la IA puede aportar recursos sustanciales y generar miles de empleos en los próximos años. Al tiempo, se discutieron los desafíos más importantes como las debilidades en la infraestructura tecnológica, el acceso limitado a datos y la dependencia de recursos de los países más desarrollados.

Soberanía Digital

Sobre este último aspecto, en estas regiones del mundo hay una dependencia casi absoluta de las plataformas extranjeras para almacenar y procesar datos, lo que hace muy difícil su avance y limita el crecimiento de su capacidad autóctona. De igual forma, la dependencia tecnológica se expresa en la insuficiente cantidad de recursos humanos capacitados para el uso y desarrollo de soluciones digitales, que abarcan diversos campos entre ellos el de la salud.

Esta cumbre resaltó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, así como la necesidad de establecer marcos regulatorios que garanticen el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Estas alianzas se promueven en diversos temas como las problemáticas de salud pública, que afectan con mucha severidad a varios países y regiones africanas, así como ocurre en el contexto latinoamericano. En cuanto a salud, algunos de los acuerdos y proyectos destacados producto de la cumbre incluyen:

  1. Creación de Infraestructura de Datos en Salud

Se acordó impulsar la construcción de plataformas de datos sanitarios, con el objetivo de mejorar la recopilación y análisis de información epidemiológica. Esto permitirá una respuesta más rápida ante brotes de enfermedades y facilitará la toma de decisiones basada en datos.

  1. Uso de IA para Diagnóstico y Telemedicina

Se anunciaron iniciativas para integrar inteligencia artificial en el diagnóstico médico, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a especialistas. También se promoverá la expansión de servicios de telemedicina, permitiendo que más personas reciban atención médica sin necesidad de desplazarse.

  1. Programas de IA para la Detección Temprana de Enfermedades

Se acordó desarrollar algoritmos de IA para la detección temprana de enfermedades como la malaria, tuberculosis y cáncer, mejorando la precisión de los diagnósticos y reduciendo costos en los sistemas de salud.

  1. Capacitación en IA para Profesionales de la Salud

Se establecieron programas de formación para médicos y personal sanitario en el uso de herramientas de IA, con el fin de mejorar la eficiencia en hospitales y centros de salud.

Transformación digital e Inteligencia Artificial en América Latina.

Desde hace algunos años la OPS ha construido una serie de documentos técnicos para orientar a los países en el avance de la salud digital y la incorporación de las nuevas tecnologías, promoviendo la transformación de los sistemas sanitarios, así como de las prácticas clínicas desde la atención primaria hasta los servicios más especializados. Ante el crecimiento de la telemedicina, la integración de historias clínicas electrónicas, el desarrollo de aplicaciones móviles para el monitoreo y autocuidado, el uso de inteligencia artificial para análisis predictivo y mejora de los procesos de diagnóstico constituye a la vez, un avance y una preocupación para los sistemas de salud de la región, teniendo en cuenta su potencial y su acelerado avance en los años recientes.

La misma OPS generó una serie de recomendaciones para la transformación digital del sector salud, que plantea 8 principios rectores de la transformación digital en el sector salud:

  1. Aseguramiento de la conectividad universal del sector salud para 2030
  2. Creación cooperativa de bienes de salud pública digitales, como software de código abierto que puedan ser escalados en poblaciones y contextos diversos.
  3. Salud digital inclusiva, que llegue a las personas y comunidades más vulnerables, junto con los procesos de alfabetización digital necesarios.
  4. Implementar sistemas de información y salud digital interoperables, abiertos y sostenibles.
  5. Protección de los derechos humanos en los procesos y áreas de la digitalización en salud
  6. Participar en las redes de cooperación sobre inteligencia artificial y tecnologías emergentes.
  7. Establecer mecanismos de confianza y seguridad de la información.
  8. Diseñar la arquitectura de la salud pública en la era de la interdependencia digital.

En Colombia hace pocas semanas, se emitió el documento CONPES 4144 que es la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Esta política busca generar capacidades de investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA. Se estructura desde 6 objetivos específicos y define un plan de acción con metas a 2030. Este es un avance muy importante en términos de regulación, que marcará las pautas de adopción y desarrollo de esta nueva tecnología. El CONPES aplica para todos los sectores y entidades del Estado y entre ellas, asigna responsabilidades al Ministerio de Salud y Protección Social en temas como la aplicación de la IA en el modelo de atención preventivo, predictivo y resolutivo, diseño de soluciones con IA para optimizar costos y resultados en salud, distribución de medicamentos y acceso a servicios. De igual manera Minsalud deberá hacer seguimiento a los posibles riesgos y afectaciones que el uso de la IA genere en la salud mental.

Es claro que los desafíos son muy grandes y que requieren avances regulatorios y procesos de concertación amplios para que la llegada de las nuevas tecnologías y, en particular, de la IA, no se convierta en un problema nuevo para los sistemas de salud de los países en desarrollo y que, por el contrario, permitan su progreso de forma más dinámica aportando soluciones novedosas y eficaces a las problemáticas de salud que más les afectan.

Por: Dr. Luis Alejandro Gómez – Coord. Académico de INNOS

¿Avanza la reforma a la salud por decreto? Este es el análisis

¿Avanza la reforma a la salud por decreto? Este es el análisis

El pasado 25 de abril, el gobierno nacional publicó para comentarios y observaciones, el proyecto de Decreto que adopta un nuevo modelo de atención en salud. Este proyecto de acto administrativo llega justo cuando está por reiniciar el debate del proyecto de Ley 312 (Senado) que propone una reforma estructural al sistema general de seguridad social en salud.

A continuación, resaltamos y analizamos los principales aspectos de este documento.

Proyecto de Decreto: “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”

El proyecto de decreto tiene como objetivo adoptar, como política nacional, un nuevo modelo de salud basado en la prevención, la predicción y la resolución, fundamentado en el enfoque de Atención Primaria en Salud (APS) y orientado a garantizar el derecho a la salud. Su aplicación abarca todo el territorio nacional e involucra a entidades territoriales, EPS, IPS públicas, privadas y mixtas, ARL, proveedores de tecnología, IETS, INS, ADRES y demás actores del sistema. La iniciativa se apoya en principios clave como la accesibilidad, el primer contacto, la longitudinalidad, la integralidad, la coordinación, la interdisciplinariedad y la participación social. Esta política busca fortalecer la gobernanza territorial, la integración y coordinación de redes de servicios, y promover acciones intersectoriales que atiendan los determinantes sociales de la salud.

Disposiciones Generales y Objetivos del Modelo de Atención.

El Título I del decreto establece las disposiciones generales. En él se define el modelo como un esfuerzo integral que parte de la APS para lograr un servicio de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Entre sus fundamentos se incluyen la accesibilidad y la coordinación, lo que se traduce en la garantía del derecho a la salud mediante el fortalecimiento de la gobernanza territorial y de redes de servicios de salud. También se enfatiza el trabajo colaborativo y la participación social como elementos fundamentales para la correcta implementación del modelo. Los pilares del proyecto abarcan aspectos de gobernabilidad y territorialización, el desarrollo de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), la mejora en las condiciones laborales del personal de salud, la soberanía sanitaria y la gestión del conocimiento, junto con el fortalecimiento de la calidad y un sistema unificado de información en salud.

Pilares del Modelo y Estrategias de Implementación

El Título II se centra en los pilares del modelo, organizados en cinco secciones fundamentales:

  1. Gobernabilidad, Gobernanza y Territorialización

Esta sección contempla el papel central del Ministerio de Salud y de las entidades territoriales en la adopción, implementación y evaluación del nuevo modelo. Se establece una estructura de gobernanza a dos niveles:

  • Nivel Nacional: Liderado por el Ministerio de Salud y la Comisión Intersectorial de Salud Pública, encargados de la regulación y formulación de políticas.
  • Nivel Territorial: Constituido por Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud y Comités de Participación Comunitaria en Salud, enfocados en articular la participación social y la organización de los servicios de salud en base a una redefinición de territorios y microterritorios que considere determinantes sociales, culturales y ambientales.
  1. Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS)

Este pilar organiza a los prestadores de salud (públicos, privados y mixtos) en redes estructuradas en dos niveles:

  • Nivel Primario: Representado por los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que reciben un impulso a través de inversiones en infraestructura, dotación y formalización del personal.
  • Nivel Complementario: Comprende IPS de mediana y alta complejidad, donde se promoverá la modernización y el fortalecimiento de especialidades. El Ministerio de Salud habilitará estas redes en un plazo de seis meses y se fortalecerá el sistema de referencia y contrarreferencia mediante Centros Reguladores de Urgencias (CRUE). Además, se busca la integración de programas de salud pública para abordar eventos o condiciones de interés.
  1. Trabajo Digno y Decente para el Personal de Salud

Con el fin de garantizar condiciones laborales justas, se prioriza la formalización progresiva del personal, sobre todo en el primer nivel de atención. Se introduce un modelo obligatorio de planificación del talento humano con perspectiva de género y diferencial, y se crea un Observatorio Nacional de Talento Humano en Salud que permita monitorear la disponibilidad, distribución y condiciones laborales. También se impulsa la estandarización de las ocupaciones en el sector y se desarrollan estrategias de fortalecimiento de competencias en APS, complementadas con programas específicos de salud mental y prevención de violencias dirigidos al personal sanitario.

  1. Soberanía Sanitaria y Gestión del Conocimiento

Este componente del modelo enfatiza la necesidad de impulsar la investigación y la producción local de tecnologías estratégicas en salud (TES). Se busca reforzar instituciones científicas nacionales y mixtas, tales como el INS, IETS, INVIMA, INC, y otros centros de referencia. Se plantea la creación de ecosistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación en salud, así como estrategias para la transferencia y apropiación social del conocimiento, lo que permitirá consolidar la soberanía sanitaria.

  1. Calidad y Sistema Unificado de Información en Salud

La última sección aborda la mejora continua de la calidad asistencial a través de la actualización de estándares, los cuales incorporarán enfoques poblacionales, diferenciales y la participación social. Asimismo, se establece la integración de distintas fuentes de información (demográficas, epidemiológicas, clínicas, administrativas y financieras) en un Sistema Unificado de Información en Salud. Se implementa asimismo el Sistema Integrado de Información de Atención Primaria en Salud (SI-APS), orientado al registro, monitoreo y análisis de la operación de la APS.

Disposiciones Finales, Financiamiento y Transición

El Título III organiza las directrices finales del decreto. Entre los puntos claves, se destaca la necesidad de que las EPS se ajusten a una nueva organización territorial definida por el Ministerio, asegurando que el modelo responda a las realidades de las subregiones funcionales del país. El financiamiento provendrá de diversas fuentes: ADRES, el Sistema General de Participaciones, el Presupuesto General de la Nación, regalías, cooperación internacional y mecanismos como obras por impuestos. Además, se fortalecerán las facultades de inspección y control por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, para asegurar la correcta implementación y operación de las redes y la participación social.

La transición a este nuevo modelo se establece como un proceso progresivo, con un plazo máximo de un año para la adaptación de todos los actores involucrados. Finalmente, el decreto deroga disposiciones normativas anteriores contrarias, en particular la Parte 11 del Decreto 780 de 2016, estableciendo así un marco normativo renovado y coherente para la política de salud.

Conclusión

El Proyecto de Decreto 2025 presenta un ambicioso e integral Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, que se propone transformar el sistema de salud del país. Al centrarse en la APS, el proyecto refuerza la importancia de la gobernanza territorial y la integración de redes, al mismo tiempo que impulsa la formación y condiciones dignas para el personal de salud, la soberanía sanitaria y la gestión del conocimiento. Esto, integrado a un sistema unificado de información y calidad, aspira a garantizar el derecho a la salud mediante estrategias que contemplen tanto la prevención como la respuesta oportuna a las necesidades sanitarias de la población.

Este nuevo marco normativo no solo promete modernizar la atención sanitaria, sino que también busca construir una estructura sólida, participativa y adaptada a los desafíos actuales y futuros, asegurando que todas las regiones del país puedan acceder a una salud de calidad, basada en principios éticos y de equidad.

Análisis.

Ante la dificultad para avanzar legislativamente, el Gobierno ha optado por un camino regulatorio alternativo: un decreto que reforma sustancialmente el Libro 2, Parte 11 del Decreto 780 de 2016, para adoptar el “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo”. Este movimiento normativo busca, de facto, implementar varios de los pilares del proyecto de ley sin pasar por el Congreso, utilizando las facultades de reglamentación derivadas de normas previas.

Asimismo, el decreto modifica la Ley 1438 de 2011, (artículos 12 a 16) que adopta la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) y se desarrollan los aspectos para su implementación, así como el fortalecimiento de los servicios de baja complejidad, los equipos básicos de salud y sus funciones.

Al comparar los elementos centrales del proyecto de Decreto con los del proyecto de Ley que está actualmente en discusión en el Congreso, se observan las siguientes diferencias y semejanzas:

 

Elemento Proyecto de Ley 312/2024 Proyecto de Decreto (PD) 2025
Enfoque Reforma estructural del sistema Desarrollo programático del modelo APS
Canal normativo Proyecto de Ley (Congreso) Decreto reglamentario (Ejecutivo)
Rol del Estado Dirección y operación central Rectoría y gobernanza territorial
Papel de EPS Elimina su rol financiero y organizador Se mantiene su existencia con ajustes territoriales
Redes de servicios Redes integrales estatales Redes integrales territoriales con actores mixtos
Financiamiento Fondos públicos centralizados Uso de fuentes diversas (ADRES, SGP, Regalías, etc.)
Participación Consejos regionales y comunitarios Instancias de gobernanza participativa
Tiempo de implementación Transición de 2 años Transición de 1 año para su entrada en vigencia.

 

En cuanto a los alcances y efectos normativos, este Decreto entraría sustituir, modificar y derogar varias normas vigentes como el Decreto 1599 de 2022, las Resoluciones 429 de 2016 y 2626 de 2019.  Para el desarrollo de la política que plantea el nuevo Decreto, deberá hacerse un ajuste a la Resolución 3280 de 2018.

Aunque el proyecto de Decreto intenta construir una narrativa renovada, al hablar de un modelo «preventivo, predictivo y resolutivo», no logra articular una base conceptual clara ni operacionalizar sus componentes. Asimismo, se distancia de una comprensión sólida de la Atención Primaria en Salud como estrategia organizadora del sistema de salud, y de los lineamientos tal como la conciben la OPS/OMS o los marcos latinoamericanos de Salud Colectiva, y esto puede derivar en incoherencias en la implementación territorial, ambigüedad en las responsabilidades institucionales y fragmentación en la comprensión de los actores locales.

El decreto menciona que el modelo se construye “desde el territorio”, pero no establece mecanismos concretos para la participación de los actores locales ni cómo se armoniza con los planes territoriales de salud ya existentes. No se explica en detalle cómo se integran las rutas de atención (RIAS) existentes, con las acciones preventivas y predictivas del nuevo modelo. Tampoco se explicita cómo se asegura la resolutividad del primer nivel de atención dentro de redes integradas, lo cual debería ser un propósito explícito, para fortalecer la capacidad de respuesta del nivel primario y aportar a la descongestión de los servicios de urgencias y de las instituciones de mediana y alta complejidad.

Aunque se plantean la atención interdisciplinaria y la participación comunitaria, no se definen nuevas competencias, perfiles, ni estrategias de formación o despliegue del talento humano en consonancia con el modelo.

Según lo publicó el gobierno, el Decreto no genera gastos adicionales ni implica apropiaciones presupuestales nuevas, porque está ajustado a los supuestos de crecimiento de ingresos del Marco Fiscal de Mediano Plazo. No obstante, hace falta mayor claridad sobre la forma en que se va a financiar lo referente a la modernización de infraestructura hospitalaria, formalización laboral del personal de salud, centros reguladores de urgencias y emergencias (CRUE) y funcionamiento de las RIITS; así como la creación de los Ecosistemas regionales de innovación en salud y otras disposiciones.

Es claro que toda política pública requiere recursos para su implementación adecuada y en este caso, el gobierno considera que con los recursos existentes se podrán sufragar los costos de la implementación de este nuevo modelo de atención, lo cual deja dudas sobre su aplicación real.

Aunque el gobierno confía en que no habrá gastos adicionales, se identifican 3 puntos críticos de análisis para su adecuada implementación:

  1. Las transformaciones que propone (infraestructura, talento humano, tecnología, participación, gobernanza territorial), no van acompañadas de una expansión presupuestal proporcional. En este punto es clave recordar que, aunque el MFMP da un marco general, no se especifican mecanismos de financiación para ítems críticos como:
  • Modernización de infraestructura hospitalaria (particularmente en zonas rurales y dispersas).
  • Formalización laboral del talento humano (incluidos promotores, auxiliares, equipos interdisciplinarios).
  • Funcionamiento y sostenibilidad de los CRUE y las RIITS.
  • Creación y operación de los ecosistemas regionales de innovación en salud.
  • Inversión en tecnologías predictivas y sistemas de información comunitarios.
  1. Riesgo de descentralización del gasto sin recursos adicionales

Si bien el decreto habla de “despliegue territorial”, no establece compromisos financieros específicos por parte del nivel nacional. Esto podría trasladar la carga de implementación a las entidades territoriales, muchas de los cuales no tienen capacidad técnica, financiera ni humana para asumirla. Adicionalmente la experiencia histórica muestra que este tipo de reformas terminan siendo asimétricas e inequitativas en su implementación si no hay cofinanciación o incentivos fiscales claros.

  1. Ausencia de una matriz de costos o cronograma financiero

No se presenta una estimación de inversión por fases, ni una matriz de costos por componente estratégico. Lo que debilita la evaluación ex ante de la viabilidad del modelo y puede dificultar su seguimiento desde una perspectiva

De igual manera, el proyecto de Decreto deja de lado asuntos urgentes como los que están poniendo en riesgo actualmente la prestación de servicios de salud esenciales, la accesibilidad y la integralidad de la atención en todo el territorio nacional. No aborda los problemas de desabastecimiento de medicamentos, ni resuelve las demoras en la atención de patologías crónicas y de alto costo, entre otros asuntos críticos, que son motivo de quejas y reclamos por parte de la ciudadanía. El Decreto no enfrenta ni resuelve la sostenibilidad del sistema que está hoy en el centro del debate público y es una de las mayores preocupaciones para la sociedad.

Preocupan también los procesos de coordinación intersectorial, la carga administrativa y de gestión que se asigna a los CAPS, el rol de las EPS en este nuevo modelo, que no desaparecen como fue planteado en el PL 312 sino que continúan asumiendo otras funciones y dejando todos los procesos de pago y gestión del gasto a la ADRES y a las Redes de servicios. En este sentido, el nuevo Decreto puede generar conflictos de competencias entre EPS y RIITS sobre sus roles de coordinación y en el flujo de recursos.

Sumado a lo anterior, la coexistencia del modelo de aseguramiento vigente definido desde la Ley 100 de 1993, con ajustes y reformas posteriores en Leyes, Decretos y Resoluciones; con este nuevo modelo de atención, genera dudas en cuanto a su implementación eficaz y a las nuevas controversias y problemáticas que puedan surgir en caso de entrar en vigor. Deja, igualmente, la sensación de que el gobierno busca imponer a como dé lugar, su idea de transformación al sistema de salud, por encima del poder Legislativo, lo cual le puede acarrear más conflictos y profundizar las diferencias que ya existen en el país.

A manera de conclusión, se observan varios aspectos a tener en cuenta:

El marco conceptual débil e impreciso. El decreto propone un modelo con ambición transformadora (preventivo, predictivo y resolutivo), pero no desarrolla con claridad los fundamentos conceptuales ni operativos de esos tres pilares. Se utiliza el lenguaje de la Atención Primaria en Salud (APS) renovada, pero sin consolidarla como estrategia rectora ni como estructura articuladora del sistema de salud. Existe confusión entre modelo y estrategia, y entre atributos de la APS y principios del sistema. Esto presenta el riesgo de ambigüedad conceptual que puede dificultar la implementación coherente, la evaluación de impacto y la apropiación por parte de los actores territoriales.

Inconsistencias operativas en el despliegue territorial. No se especifican los mecanismos para la participación incidente, ni la articulación efectiva con los planes territoriales de salud. No se definen claramente las relaciones funcionales entre actores (CRUE, redes, EPS, secretarías de salud, comunidad). Tampoco se presentan indicadores o instrumentos concretos para traducir el modelo en políticas locales adaptadas a los contextos socioculturales y epidemiológicos. Esto implica un riesgo de fragmentación entre niveles, verticalización de decisiones, implementación asimétrica e ineficaz.

Insuficiencia en la planeación financiera. El decreto afirma que no requiere apropiaciones nuevas, ya que se enmarca en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, no hay estimaciones de costos ni mecanismos específicos de financiación para aspectos clave como: Infraestructura hospitalaria, Formalización laboral, Operación de RIITS y CRUE, Ecosistemas regionales de innovación, se omite una matriz de costos o fases de inversión, lo que dificulta el monitoreo y el control fiscal. Como riesgo a estas falencias se puede presentar imposibilidad de implementación real, sobrecarga territorial, pérdida de credibilidad política y técnica.

Participación social e intersectorialidad. Si bien se reconocen como principios la participación social y la acción transectorial, no se desarrollan mecanismos formales para garantizar su incidencia real en la toma de decisiones. Tampoco se especifican las responsabilidades concretas de otros sectores en el abordaje de los determinantes sociales de la salud. Lo que puede derivar en la simulación de participación sin capacidad transformadora, y mantenimiento del aislamiento del sector salud frente a las políticas sociales integrales.

Finalmente, reiteramos desde INNOS la recomendación de abrir los canales de diálogo y concertación amplia sobre los cambios al sistema de salud. Contar con un modelo de atención claro y basado en la APS puede ser un aporte valioso para generar mayor claridad en el sistema de salud y tendría, en principio, el apoyo de varios sectores.  La mayoría de los actores consideran que deben hacerse ajustes al sistema, algunos de ellos en la ruta planteada por el PL 312 y también, de alguna forma, por este proyecto de Decreto. Sin embargo, ante la decisión de introducir los cambios por vía administrativa, se quedan por fuera otras opciones y las voces de academia, centros de pensamiento, territorios, pacientes, prestadores de servicios y demás actores claves del sistema; debilitando la concertación, afectando la legitimidad institucional y dando la espalda a la construcción participativa de las políticas públicas.

La participación de los pacientes: una deuda pendiente en la reforma a la salud

La participación de los pacientes: una deuda pendiente en la reforma a la salud

El sistema de salud en Colombia enfrenta desafíos urgentes: 80.000 tutelas anuales, demoras de hasta seis meses en la autorización de tratamientos y una infraestructura de atención desbordada en muchas regiones del país. Estos síntomas son el reflejo de una crisis más profunda: la desconexión entre las políticas públicas de salud y las necesidades reales de los pacientes.

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En este contexto, desde el Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud (INNOS) hemos llevado a la Mesa Técnica de Reforma a la Salud en el Congreso de la República una propuesta concreta: fortalecer la participación genuina de los pacientes en el diseño, implementación y supervisión del sistema de salud colombiano.

La participación genuina va mucho más allá de escuchar opiniones. Implica involucrar a los pacientes de manera real, incluyente y representativa, otorgándoles poder de decisión en todas las fases de la política pública: desde la identificación de necesidades y la priorización de problemas, hasta la construcción de alternativas, su implementación y la evaluación de los resultados.

En el marco del debate del Proyecto de Ley 312 de 2024, hemos propuesto:

  • Ampliar el Consejo Nacional de Salud, incorporando la representación de asociaciones de pacientes organizadas como Pacientes Unidos, la Organización Nacional de Pacientes (ONSP), ACOPEH, entre otras.

  • Crear subcomités liderados por pacientes para definir prioridades, diseñar soluciones y evaluar alternativas en la ejecución de la política de salud.

  • Integrar la participación de los pacientes en la supervisión de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y las Redes Integrales de Servicios de Salud que plantea el proyecto de ley.

  • Fortalecer la figura del Defensor del Usuario en Salud, dándole facultades reales para canalizar propuestas ciudadanas, identificar riesgos de salud, financieros y de experiencia de los usuarios en el sistema.

Nuestra propuesta parte de una premisa simple pero poderosa: el rediseño estructural del sistema de salud será sostenible si incorpora la voz de quienes viven a diario los aciertos y las fallas del modelo actual. Los pacientes no deben ser vistos únicamente como usuarios o beneficiarios, sino como actores centrales en la construcción de un sistema de salud más justo, eficiente y humano.

Hoy Colombia tiene la oportunidad de abordar una deuda con sus ciudadanos. La participación genuina de los pacientes no puede ser un principio sin seguimiento: debe ser una práctica concreta, medible y garantizada en el proyecto de ley de cualquier reforma a la salud.

Consulta nuestros aportes completos en la Mesa en:

Participación efectiva de usuarios y pacientes en el sistema de salud

La importancia de las innovaciones para la detección temprana del cáncer

La importancia de las innovaciones para la detección temprana del cáncer

Autor: Dr. Luis Alejandro Gómez

Cada 31 de marzo se celebra el día mundial de la lucha contra el cáncer de colon y recto. Este es uno de los cánceres de mayor incidencia y prevalencia en el mundo y se ha asociado con factores de riesgo como dieta baja en fibra, alto consumo de alcohol, así como de carnes procesadas y el hábito de fumar.  Una vida sedentaria es otro de los factores que incrementa el riesgo de desarrollar este cáncer, además de los factores genéticos no modificables mediante cambios en las costumbres.

Algunos datos de la OMS muestran que las tasas de incidencia más altas se encuentran en Europa, Australia y Nueva Zelanda, mientras que las tasas de mortalidad más elevadas se registran en Europa oriental. Algunos de los países con mayor incidencia de cáncer en general incluyen Eslovenia, Países Bajos, Corea del Sur, Irlanda, Estados Unidos y Noruega. Aunque estos datos abarcan distintos tipos de cáncer, el cáncer colorrectal es una de las principales causas de muerte en muchos de estos países.

Se estima que para 2040, la carga del cáncer colorrectal aumentará a 3,2 millones de casos nuevos por año (un incremento del 63%) y a 1,6 millones de muertes por año (un aumento del 73%). En Colombia este es uno de los cánceres de mayor frecuencia. Según los datos oficiales, ocupa el tercer lugar en número de casos nuevos, con casi 35.000 registrados en el año 2023. La prevalencia también ha mostrado un crecimiento en los últimos años.

Nuevas estrategias y técnicas para prevención y diagnóstico.

Algunas innovaciones recientes en la prevención y diagnóstico temprano del cáncer de colon y recto son:

  • Tamizaje poblacional con inteligencia artificial, para mejorar la detección de pólipos precancerosos en colonoscopias, aumentando la precisión y reduciendo falsos negativos.
  • Promoción de hábitos saludables como dietas ricas en fibra y reducción del consumo de carnes procesadas, además de campañas de concienciación sobre la importancia de la detección temprana, utilizando dispositivos personales (wearables) y análisis de datos con Big Data e IA.
  • Colonoscopia virtual: La colonografía por tomografía computarizada permite obtener imágenes detalladas del colon, reduciendo las incomodidades y el rechazo que puede generar la colonoscopia tradicional.
  • Pruebas de ADN en heces: Estas pruebas analizan mutaciones genéticas asociadas con el cáncer de colon, permitiendo una detección más temprana y menos invasiva.
  • Uso de biomarcadores: Se están desarrollando pruebas basadas en biomarcadores que pueden detectar señales del cáncer en muestras de sangre o heces sin necesidad de procedimientos invasivos.
  • Estudios para desarrollar pruebas de fácil utilización para la detección de sangre oculta en heces, que permiten identificar lesiones premalignas antes de que evolucionen a cáncer.

En este último punto vale la pena señalar que se publicó un estudio el 28 de marzo de 2025 en The Lancet, que ha demostrado que la colonoscopia y la prueba de sangre oculta en heces tienen una eficacia equivalente en la detección del cáncer colorrectal. Esta investigación fue desarrollada en España, en un trabajo coordinado entre el Hospital Clínico de Barcelona y el Hospital Universitario de Canarias.

El estudio además enfatiza en la necesidad de ampliar los programas de detección temprana mediante pruebas masivas y demuestra que la prueba de sangre oculta en heces es una herramienta muy útil, de bajo costo y fácil utilización para la detección precoz del cáncer colorrectal, mejorando así las tasas de supervivencia y reduciendo la mortalidad asociada a esta enfermedad.

Innovaciones para detección temprana y diagnóstico de otros tipos de cáncer.

Estas innovaciones se están aplicando masivamente a muchas enfermedades, incluyendo por supuesto, otros tipos de cáncer. Por ejemplo, la IA se está utilizando para ayudar a mejorar el diagnóstico del cáncer y ofrece una alternativa eficaz a las biopsias invasivas. De hecho, en el tratamiento del cáncer de mama específicamente, Google Health ha desarrollado soluciones con IA para ayudar en el diagnóstico de varios tipos de cáncer, mediante el análisis de imágenes diagnósticas como radiografías de tórax y mamografías. La IA ha permitido revisar las mamografías 30 veces más rápido, con una precisión del 99%, lo cual es un avance muy valioso que reduce la necesidad de biopsias, con la consecuente reducción de riesgos de infección, molestias para las pacientes y costos para el sistema de salud.

A manera de conclusión, desde INNOS resaltamos el valor de la investigación y de la innovación aplicada a resolver problemas de salud pública de alto impacto en la morbilidad y la mortalidad. Los gobiernos y la industria deben continuar invirtiendo en la investigación clínica de alto nivel, para mejorar el acceso a un diagnóstico temprano, que, en el caso del cáncer, resulta ser de enorme impacto en la reducción de la mortalidad y de la carga global de la enfermedad; además de que disminuye los costos y favorece la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

Esta es la situación de desabastecimiento de medicamentos en el país

Esta es la situación de desabastecimiento de medicamentos en el país

En los últimos meses, Colombia ha enfrentado una situación crítica en cuanto al desabastecimiento de medicamentos esenciales, lo que ha generado preocupación tanto en la comunidad médica como en la población en general. Este fenómeno afecta la continuidad de la atención en salud y pone en riesgo el manejo adecuado de diversas patologías, desde enfermedades crónicas hasta condiciones de emergencia.

Un nuevo capítulo en esta problemática se produjo juego de que se publicaron los resultados de una auditoría por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a Audifarma, uno de los gestores farmacéuticos más grande del país. Según lo informado, habría prácticas irregulares de esta empresa porque estaría almacenando inventarios considerables de medicamentos que se han reportado en escasez; por lo cual el gobierno ha hecho numerosos comentarios en redes sociales, acusando a Audifarma de estar atentando contra la salud pública y provocando el deterioro de la condición de miles de pacientes que requieren de medicamentos, como la insulina, indispensables para mantenerse con vida. Algunos de estos comentarios provienen directamente del presidente de la República.

Aunque la empresa Audifarma emitió un comunicado explicando las razones del hallazgo de la Supersalud en su visita, esta situación se suma a la larga lista de quejas de pacientes por medicamentos agotados, que no se entregan oportunamente en las farmacias contratadas por las EPS y que tampoco les son enviados a su domicilio posteriormente. Lo que está pasando actualmente es tan grave, que se han reportado filas de pacientes afiliados a la Nueva EPS en Cali, que esperan durante toda la noche, poder lograr un turno para recibir sus medicamentos. No es, desde luego, un problema sólo de Cali, sino de todo el país.

De cualquier manera, los resultados de la auditoría de la Supersalud, al menos, ponen en debate los procedimientos de control y seguimiento de inventarios por parte de los gestores farmacéuticos y su cadena de distribución y entrega final al público. Quedan dudas sobre sus responsabilidades en este escenario de desabastecimiento que sigue sin resolverse. En este sentido se acaba de informar que el Ministerio de Salud ha interpuesto el pasado 26 de marzo, una denuncia penal contra Audifarma por el presunto delito de acaparamiento. Desde luego es lamentable que este problema haya tomado el curso de la justicia penal y que no se construyan respuestas eficaces sin llegar a los tribunales.

De otra parte, si bien el gobierno asegura haber pagado a las EPS y a los distribuidores farmacéuticos, algunos gremios señalan deudas de 4 billones de pesos con las EPS por concepto de presupuestos máximos, a lo cual se suma la insuficiencia declarada de la Unidad de Pago por Capitación.

Sumado a estas situaciones coyunturales que se han ido profundizando en los últimos meses, están otras más estructurales como los problemas de planeación de la distribución y dispensación de insumos, dispositivos médicos y medicamentos en general, aumento de la demanda de algunas sustancias específicas, problemas internacionales en la cadena de producción y distribución y fallas en los sistemas de información y de gestión de los recursos para la salud. Varias asociaciones de pacientes, como Pacientes Colombia, han alertado sobre esta situación que ya es insostenible, al tiempo que denuncian interrupciones en tratamientos vitales, afectando a millones, y culpan al manejo gubernamental, con casos de filas y plantones en ciudades como Bogotá y Cali. De fondo también se han identificado demoras regulatorias en el Invima, que retrasan significativamente la aprobación de nuevos tratamientos y nuevas tecnologías para la atención de los pacientes en el país.

Los pacientes son los más afectados.

Aunque la falta de medicamentos afecta a todas las personas afiliadas al sistema de salud, en los casos de enfermedades crónicas, de enfermedades graves y de enfermedades raras y huérfanas, la situación es mucho más preocupante y crítica. En este último grupo de pacientes en muchos casos no se dispone de medicamentos específicos para sus patologías, que son de baja frecuencia, pero de muy alto impacto, y se recurre a medicamentos que se utilizan para enfermedades similares de mayor ocurrencia. Al fallar la cadena de suministros de estas medicinas, se afectan ambos grupos de pacientes, con consecuencias que pueden ser más graves para los que tienen como diagnóstico una Enfermedad Rara.

En otros casos, aunque existan medicamentos ya desarrollados para tratar las Enfermedades Raras y Huérfanas, estos son de muy alto costo, su producción es limitada y la mayor parte de estos se fabrican en el exterior. Todo lo anterior, hace que los pacientes que no los reciben por parte de su EPS y de su gestor farmacéutico, tampoco puedan adquirirlos directamente, poniendo en grave riesgo su salud y en muchos casos, su vida.

Las asociaciones de pacientes con Enfermedades Raras y Huérfanas han hecho numerosos llamados de atención al gobierno para que resuelva las dificultades que atraviesan. Además de las fallas en el acceso a medicamentos se suman otras como la carencia de un sistema de información adecuado que facilite el abordaje integra de sus patologías y el desconocimiento mismo de estas enfermedades por parte de la sociedad e incluso, de algunas instituciones y profesionales del sector salud.

También se han expresado con preocupación por el desabastecimiento, algunos grupos de profesionales y de pacientes con otras patologías como la diabetes, hipertensión y condiciones cardiovasculares, cáncer y problemas de salud mental. Es evidente que el problema es altamente complejo y que requiere intervenciones urgentes.

Algunos de los factores que han generado esta situación son los siguientes:

  • Interrupciones en las cadenas internacionales de suministro
  • Problemas y demoras en los trámites regulatorios
  • Decisiones estratégicas de farmacéuticas
  • Desfinanciación del sistema de salud
  • Aumento de la demanda en enfermedades crónicas
  • Aumento de la carga de enfermedades crónicas y de alto costo

Las autoridades sanitarias del país deben enfrentar de manera prioritaria esta situación, independientemente del curso que tome la discusión de la reforma al sistema en el Congreso. Se requieren acciones en el corto plazo como:

  • Incentivos a la producción local de medicamentos e insumos farmacéuticos mediante políticas de estímulo, alianzas público-privadas y mejor acceso a la tecnología adecuada para reducir la dependencia de importaciones.
  • Mejorar la coordinación y la regulación, mediante una optimización de los procesos de registro, aprobación y control de inventarios a través de sistemas de información integrados y la interoperabilidad entre las diferentes entidades involucradas en la cadena de suministro.
  • Nuevas estrategias de financiamiento, mediante políticas que permitan sostener los márgenes económicos de los fabricantes y distribuidores, garantizando precios competitivos sin sacrificar la calidad de los productos.
  • Transparencia y monitoreo con seguimiento en tiempo real sobre el flujo de medicamentos, que permita detectar a tiempo las áreas de riesgo y tomar medidas correctivas antes de que se generen crisis de abastecimiento.
  • Promover la colaboración interinstitucional, desde el sector público, los laboratorios y distribuidores, así como con organismos internacionales, para mejorar la planificación y anticipar posibles interrupciones en la cadena de suministro.

Esta problemática no da espera. Insistimos en el llamado al gobierno y a todos los actores que intervienen en todo el proceso, a asumir un compromiso inmediato que solucione esta crisis que pone en grave riesgo la salud pública.