La crisis de salud que atraviesa Colombia ha sido el epicentro de debates nacionales por meses, reflejando profundas desigualdades en el acceso a servicios, mientras que las crisis económicas, sociales y políticas recientes han intensificado la presión sobre el sector salud, convirtiéndolo en un punto clave de preocupación nacional. Con una acumulación de desafíos en la prestación de servicios, acceso a servicios, medicamentos y sostenibilidad financiera, el sistema atraviesa uno de los momentos más retadores de las últimas dos décadas. En este contexto, las recientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos, detonadas el 26 de enero de 2025, han añadido un nivel de incertidumbre que amenaza con agravar los problemas existentes y que pudo haber representado un punto crítico con consecuencias severas para la estabilidad del sistema.
La negativa del presidente Petro a aceptar la llegada de los primeros vuelos de colombianos deportados en este nuevo periodo Trump, escaló rápidamente las tensiones, resultando en la advertencia de imposición de aranceles del 25% a productos colombianos, así como en sanciones adicionales, incluyendo la suspensión de visas y mayores controles fronterizos y aduaneros. Aunque la mayoría de los impactos económicos derivados de estas medidas aún no se han terminado de dimensionar y quedaron en pausa, según lo han expresado ambos gobiernos, la imposición de aranceles habría disminuido la competitividad de las exportaciones colombianas en su mercado más importante, provocando una posible contracción en sectores estratégicos que emplean a miles de personas.
Más allá de los efectos en los sectores industriales y comerciales, las medidas anunciadas por el gobierno Trump habrían generado impactos directos e indirectos profundos en el corto y mediano plazo al sistema de salud del país. La pérdida de empleos y la reducción de ingresos fiscales habrían complicado aún más la situación de un sistema de salud ya debilitado, al reducir la disponibilidad de recursos para la financiación de servicios esenciales y la adquisición de insumos médicos.
Según datos del Banco de la República, Estados Unidos hoy es el principal inversor extranjero en Colombia, con un flujo de IED superior a los US$1,709.1 millones. Las compañías estadounidenses han sido actores fundamentales en la implementación de proyectos de innovación tecnológica y prestación de servicios médicos en Colombia. Un deterioro en las relaciones diplomáticas podría reducir la llegada de capital para nuevas iniciativas, afectando la expansión de clínicas, hospitales y programas de salud digital.
De hecho, según datos de la Organización Mundial del Comercio, el 25% de las importaciones que realiza Colombia en el sector farmacéutico provienen de Estados Unidos, lo que significa que cualquier interrupción en estas importaciones podría tener un efecto dominó en el acceso a tratamientos críticos para millones de pacientes. Dentro de los valores totales de estas importaciones, se destaca la importación de medicamentos, tecnologías sanitarias y dispositivos médicos provenientes de EE.UU. Además, las restricciones diplomáticas habrían limitado el acceso a cooperación técnica y científica, que es crucial para la innovación y el fortalecimiento del sistema. Por ejemplo, según datos de CVN en 2022 el 13,5% de los equipos médicos que se importaron en Colombia fueron adquirido en el país norteamericano. Colombia importa desde Estados Unidos principalmente equipos de anestesia, equipos quirúrgicos, monitores de signos vitales, incubadoras y equipos de ventilación; todos ellos indispensables para la prestación de servicios de salud. Todo esto sin contar los más de USD 1.150 millones importados en tecnologías médicas.
Por su parte, la devaluación del peso colombiano frente al dólar, entendido como un potencial efecto de la crisis diplomática, encarecería dicha importación de medicamentos, insumos médicos y dispositivos de última generación, provocando un gran impacto tanto del sector público, como del privado.
Al igual que otros países en América Latina, Colombia mantiene una estrecha cooperación con EE.UU. en el ámbito de la salud, por medio de diferentes programas financiados por agencias como USAID, así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Cabe mencionar que estos programas han sido fundamentales para el fortalecimiento del sistema de salud pública, especialmente en áreas como la vigilancia epidemiológica, la lucha contra enfermedades infecciosas, la salud materno-infantil y la capacitación del personal médico. Según información del Instituto Nacional de Salud (INS), desde 2016 y producto de la cooperación internacional, se han diversificado las áreas, los recursos y los equipos técnicos destinados para distintos proyectos de investigación y desarrollo.
Una crisis en la relación bilateral podría traducirse en la suspensión o reducción del financiamiento de iniciativas clave. Por ejemplo, el Plan de Emergencia del presidente de los EE. UU. para el Alivio del SIDA (PEPFAR) ha destinado más de $300 millones de dólares a Colombia en las últimas dos décadas, contribuyendo al tratamiento y prevención del VIH/SIDA. De manera similar, programas orientados a la prevención de enfermedades tropicales como el dengue, la malaria y la leishmaniasis han contado con apoyo financiero y técnico de instituciones estadounidenses, lo que ha permitido mejorar las capacidades de diagnóstico y respuesta del país, este es el caso, por ejemplo, de las enfermedades fúngicas y la resistencia a los antifúngicos.
Además, la formación de personal médico y la cooperación en investigación son áreas sensibles de relación bilateral. Actualmente, hospitales universitarios y centros de investigación en Colombia tienen convenios con entidades estadounidenses que facilitan la transferencia de conocimiento y tecnología en áreas como la telemedicina, la genómica y la atención primaria en salud. La interrupción de estos intercambios limitaría el acceso a capacitaciones avanzadas y el desarrollo de nuevas estrategias para el manejo de enfermedades de alto impacto en la población.
Otras áreas del sector salud también podrían verse afectadas negativamente, como el turismo médico. En particular, esto impactaría a los pacientes colombianos que viajan a Estados Unidos para recibir tratamientos médicos especializados. Aunque el flujo de colombianos que acceden a procedimientos médicos en ese país no es significativo en términos absolutos, la situación es diferente si se analiza el ingreso de pacientes estadounidenses a Colombia. Según cifras de ProColombia, en 2022 más de 25.000 extranjeros —principalmente de EE. UU.— ingresaron al país con fines médicos, representando un mercado en crecimiento dentro del sector salud. Sin embargo, las recientes restricciones en materia de visados impuestas por el gobierno estadounidense podrían no solo limitar el acceso de colombianos a tratamientos en ese país, sino también afectar la llegada de pacientes internacionales, lo que tendría un impacto directo en la economía del turismo médico en Colombia.
Además, esta situación podría haber generado obstáculos adicionales en la movilidad de profesionales de la salud y en la realización de investigaciones conjuntas, reduciendo las oportunidades de cooperación científica y transferencia tecnológica y de conocimiento, frentes esenciales para fortalecer las capacidades del ciencia, tecnología, innovación e industria sanitaria del país.
En términos operativos, la reducción de la cooperación también afectaría la provisión de insumos médicos y el acceso a tratamientos innovadores, lo que podría incrementar las brechas en salud pública, especialmente en comunidades vulnerables. La continuidad de estos programas es, por lo tanto, fundamental para garantizar el fortalecimiento del sistema de salud colombiano y la sostenibilidad de los avances logrados en los últimos años.
A mediano plazo, las consecuencias habrían incluido aún mayores dificultades para la sostenibilidad del sistema, así como una presión adicional sobre los servicios de atención primaria y especializada, especialmente en las regiones más vulnerables. La inversión en desarrollo, renovación y reposición de tecnologías sanitarias tales como equipos radiológicos, de diagnóstico, quirúrgicos, de manejo hospitalario y rehabilitación; habría encontrado una barrera en la reducción de disponibilidad de insumos derivada del incremento en sus costos. Es claro que en la actualidad la industria colombiana no está en capacidad de suplir todas las demandas de este tipo de productos del sector salud en el corto ni en el mediano plazo. Así mismo, estas tensiones habrían evidenciado aún más la debilidad de los mecanismos y programas gubernamentales que han sido anunciados para impulsar el fortalecimiento de la industria de tecnologías sanitarias en el país.
Desde INNOS reconocemos esta situación como una oportunidad para reflexionar sobre la interdependencia entre las decisiones de política exterior y su impacto interno, particularmente sectores que, aunque aparentemente lejanos de las relaciones comerciales cotidianas, constituyen un eje central del bienestar y la calidad de vida de una nación, como es el caso de la salud. Es esencial que el gobierno analice cada decisión no solo desde una perspectiva económica o diplomática, sino también considerando su repercusión en la salud de los colombianos y la sostenibilidad del sistema de salud. La protección de los sectores estratégicos, incluida la industria de tecnologías sanitarias, debe ser una prioridad en cualquier negociación futura.
En medio de la incertidumbre, esta es una oportunidad para que Colombia dé pasos firmes hacia un sistema de salud en el que sus actores participen en un ecosistema global de ciencia, tecnología, innovación, industria y servicios de salud que responda de manera más efectiva a las necesidades de su población y aporte al desarrollo humano y económico del país. Para lograrlo, es fundamental que el gobierno, el sector privado y la comunidad internacional trabajen de manera articulada, aportando recursos, experiencia y colaboración para garantizar un impacto significativo y sostenible que en ningún caso se hace viable si el país termina apartado de su principal aliado en materia comercial y de ciencia, tecnología e innovación.
