La incertidumbre política en Colombia cada día se alimenta de nuevas noticias y nuevas decisiones que se dan en las altas esferas del poder. La reciente transmisión del Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro dejó en evidencia un gabinete fragmentado, con poca capacidad de ejecución y con una preocupante ausencia de liderazgo en decisiones importantes. No se trata solo de problemas administrativos o disputas internas del gobierno; esta crisis de gobernabilidad tiene implicaciones directas y devastadoras sobre la vida de millones de colombianos. Y en este contexto, el sistema de salud se encuentra en un punto crítico, sin que el gobierno parezca reconocer la magnitud del problema.
De hecho, anoche, en más de dos horas de transmisión, no hubo una sola mención a la crisis del sistema de salud. No se habló del desfinanciamiento de los hospitales, de los retrasos en los pagos a prestadores, de la escasez de medicamentos o de la incertidumbre que enfrentan los pacientes. Es inaceptable que un tema que afecta la vida de todos los ciudadanos no sea una prioridad en la agenda gubernamental.
A esto se suma la incertidumbre generada por la tensión diplomática con Estados Unidos. La salud no solo depende de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras; el acceso a medicamentos, tecnologías médicas y equipos esenciales está intrínsecamente ligado a nuestras relaciones internacionales. La posibilidad de restricciones comerciales y sanciones económicas pone en riesgo el abastecimiento de tratamientos críticos para enfermedades como el cáncer, la diabetes o las enfermedades huérfanas. ¿Dónde está la estrategia del gobierno para garantizar que los colombianos no se queden sin estos insumos?
A pesar de este panorama, en los últimos meses han surgido medidas desde el Congreso y la Rama Judicial para corregir algunos de los problemas estructurales del sistema. La Corte Constitucional, en una decisión clave, ha emitido fallos sobre los presupuestos máximos y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismos que definen cómo se financia la atención de los pacientes en el país. Estas decisiones podrían significar un alivio para la estabilidad del sistema. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Salud ha sido lenta y ambigua, postergando la implementación de estos cambios y dilatando el proceso. Cada día que se retrasa una decisión, hay pacientes que dejan de recibir sus tratamientos. Cada mes que pasa sin que se desembolsen los recursos adeudados, hay hospitales que cierran servicios. La inacción tiene consecuencias reales, y es precisamente en momentos de crisis cuando se necesita un liderazgo con decisión.
El país no puede darse el lujo de permitir que la salud de sus ciudadanos quede atrapada en disputas políticas o luchas de poder dentro del gobierno. La crisis de gobernabilidad no puede convertirse en una excusa para la parálisis institucional. La salud no espera, las enfermedades no esperan, los pacientes no pueden esperar. Por su lado, el Congreso y la Corte Constitucional tienen la responsabilidad de garantizar que las decisiones necesarias se tomen y se implementen sin dilaciones. Los actores del sector salud, tanto públicos como privados, deben seguir aportando soluciones y denunciando los vacíos de gestión. Y la sociedad civil no puede perder el impulso por la defensa del derecho a la salud. El sistema en Colombia ha demostrado resiliencia en múltiples crisis, pero cada vez está más cerca de puntos de no retorno. No se puede seguir postergando lo impostergable. Es momento de que el gobierno asuma su responsabilidad, escuche a los actores del sistema y actúe con la urgencia que esta crisis exige.
