En lo que podría considerarse una nueva derrota para el gobierno, su convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 11 y el 13 de febrero, que buscaba avanzar rápidamente en la aprobación del proyecto de Ley 312 de 2024; no fue acatada por la presidencia de la Cámara, para evitar un vicio de trámite. Lo anterior debido a que no se ha resuelto formalmente el nombramiento del nuevo ministro del interior, quien no cuenta aún con el acto administrativo que lo designa en este cargo, incluso en calidad de encargado. No se entiende cómo, en plena crisis ministerial y en ausencia del presidente, se hace esta convocatoria sobre el tiempo, para terminar en un intento fallido de aprobar el proyecto.
Este hecho es el más reciente de una secuencia que ha sumado, en pocas semanas, varias situaciones que continúan profundizado la crisis del sistema de salud y que tienen relación también con una crisis de gobernabilidad que el país está percibiendo cada vez con mayor intensidad. El domingo anterior el presidente de la República les pidió renuncia protocolaria a todos sus ministros, poco después de la discusión que se generó al interior del Consejo de ministros de la semana pasada. Allí mismo, hubo algunas renuncias de colaboradores cercanos, que anticipaban en cierta forma, la crisis ministerial que se consolidó hace solo unos días.
Fue evidente para el país que existen profundas discrepancias al interior del gobierno nacional y que, como lo advertimos desde INNOS, la situación crítica del sistema de salud ni siquiera entró en la agenda del ya reseñado Consejo. Esto hace pensar que tal problemática, no está dentro de las prioridades a resolver y que todo el esfuerzo se concentra en presionar la aprobación de la reforma en la Cámara, para llevarla luego a su debate en el Senado. Solo unos días antes habíamos advertido, sobre las consecuencias que pudo haber generado la crisis diplomática con Estados Unidos para toda la economía nacional y para la continuidad de los programas sociales, lo cual se ha venido agravando con las decisiones que se tomaron posteriormente y de forma unilateral, en cuanto al cierre de la agencia de cooperación USAID; de la cual Colombia recibe una cantidad considerable de ayuda, mucha de esta destinada a programas de salud pública.
Otro de los episodios previos, fue el Auto de la Corte Constitucional, que se pronunció de fondo con respecto a la insuficiencia de los presupuestos máximos y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); que son las fuentes principales de recursos para el pago de la atención en salud en todas las instituciones públicas y privadas del país. Lo que inicialmente se valoró como una decisión positiva y alentadora para comenzar a resolver la crisis actual, ha sido relegada a segundo plano por el ministerio, que decidió aplazar sus respuestas y tomar más tiempo del dispuesto por la Corte, para resolver las fallas encontradas y para comenzar a cumplir las ordenes que allí le impartió al gobierno.
Entretanto, el déficit en las cuentas del sistema de salud no se ha resuelto, aumentan las críticas al gobierno por la gestión de los recursos y los pacientes han expresado una vez más su descontento convocando a una manifestación masiva hace algunos días, para reclamar su derecho a la atención en salud de manera digna, oportuna e integral. Ya se había advertido el inconformismo generalizado por parte de la propia Supersalud, que en su informe anual mostró una elevación importante del número de quejas y reclamos entre 2023 y 2024.
Al observar todo este panorama de forma general, es inevitable preguntarse ¿cuáles son las estrategias del gobierno nacional frente a la crisis del sector salud?. No es claro para la mayoría de los actores del sistema, de qué forma se va a cerrar el vacío que ha provocado la insuficiencia en los recursos y los retrasos en los pagos, agravados durante los dos últimos años. La Corte alertó sobre esta situación y mostró que este es un problema acumulado por mucho tiempo, a la vez que le ordenó al gobierno resolver de fondo estas inconsistencias. Las acciones que debe ejecutar el gobierno no se han producido y el país continúa a la espera.
De otra parte, una discusión apresurada del proyecto de reforma 312 2024 Cámara, con el propósito de conseguir su aprobación urgente y sin el análisis y el debate que la magnitud de esta reforma exige; deja serios interrogantes sobre lo que espera lograr el gobierno y, sobre lo que sería posteriormente su discusión en el Senado. Recordemos que, aunque en Cámara el gobierno ha conseguido avanzar con sus proyectos, el balance de fuerzas en el Senado no es el mismo y se enfrenta a posibles derrotas legislativas, más aún si los proyectos no cuentan con el consenso necesario para su aceptación.
En INNOS hemos insistido en la necesidad de construir una reforma al sistema de salud que resuelva las problemáticas ya identificadas, a la vez que se protegen y se refuerzan los logros que se han conseguido durante los últimos años. Los avances en cobertura y protección financiera, por citar solo algunos, no pueden ponerse en riesgo y no puede el sistema de salud que atiende a más de 50 millones de ciudadanos, quedar atrapado dentro de la crisis política que hoy en día tiene el gobierno. Por ello, reiteramos el llamado al ministro, hoy encargado de funciones presidenciales, así como a todos los demás actores institucionales, para que se comprometan a atender de forma inmediata y eficaz las problemáticas actuales, al tiempo que se reorienta la reforma del sistema con una participación amplia y efectiva, que avance realmente en el acceso a la salud y en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
