por Coordinacion Innos | May 11, 2026 | Noticias, Publicaciones, Uncategorized
Las Buenas Prácticas Regulatorias (BPR) se han consolidado como un pilar fundamental para fortalecer la calidad de las decisiones regulatorias y mejorar los resultados en salud en América Latina. Las BPR corresponden a un conjunto de principios, políticas y prácticas que orientan a las autoridades regulatorias en el diseño, implementación y revisión de normas de manera efectiva, coherente, transparente y basada en la ciencia.
De acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las BPR se estructuran alrededor de 9 principios y 8 facilitadores, que buscan garantizar regulaciones claras, imparciales, consistentes y alineadas con el interés público. Su adecuada adopción permite fortalecer la confianza en los sistemas regulatorios, reducir riesgos innecesarios y favorecer el acceso oportuno a medicamentos de calidad.
En este contexto, el Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias (OBPR) se ha convertido en una herramienta técnica clave para evaluar cómo se están implementando estos principios en la región. La primera edición del estudio, desarrollada en 2024, ofreció una visión regional inédita sobre el estado de adopción de las BPR en América Latina y abrió una conversación informada entre autoridades, industria, consultores y otros actores del ecosistema regulatorio.
Hoy, el OBPR 2.0 busca seguir fortaleciendo esta conversación, aportando evidencia útil para la mejora continua de los marcos regulatorios y su impacto real en el acceso a medicamentos y tecnologías sanitarias.
Las instituciones y profesionales del sector regulatorio están invitados a participar en el Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias 2.0 y a contribuir con su experiencia al fortalecimiento de la regulación en América Latina.
Accede a la encuesta en: https://forms.cloud.microsoft/r/UbgvD3WRSd?origin=lprLink
por Coordinacion Innos | May 11, 2026 | Publicaciones, publicaciones_categoria
¿Cuál es la estrategia del gobierno?
En lo que podría considerarse una nueva derrota para el gobierno, su convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 11 y el 13 de febrero, que buscaba avanzar rápidamente en la aprobación del proyecto de Ley 312 de 2024; no fue acatada por la presidencia de la Cámara, para evitar un vicio de trámite.
Lo anterior debido a que no se ha resuelto formalmente el nombramiento del nuevo ministro del interior, quien no cuenta aún con el acto administrativo que lo designa en este cargo, incluso en calidad de encargado. No se entiende cómo, en plena crisis ministerial y en ausencia del presidente, se hace esta convocatoria sobre el tiempo, para terminar en un intento fallido de aprobar el proyecto.
Este hecho es el más reciente de una secuencia que ha sumado, en pocas semanas, varias situaciones que continúan profundizado la crisis del sistema de salud y que tienen relación también con una crisis de gobernabilidad que el país está percibiendo cada vez con mayor intensidad. El domingo anterior el presidente de la República les pidió renuncia protocolaria a todos sus ministros, poco después de la discusión que se generó al interior del Consejo de ministros de la semana pasada. Allí mismo, hubo algunas renuncias de colaboradores cercanos, que anticipaban en cierta forma, la crisis ministerial que se consolidó hace solo unos días.
Fue evidente para el país que existen profundas discrepancias al interior del gobierno nacional y que, como lo advertimos desde INNOS, la situación crítica del sistema de salud ni siquiera entró en la agenda del ya reseñado Consejo. Esto hace pensar que tal problemática, no está dentro de las prioridades a resolver y que todo el esfuerzo se concentra en presionar la aprobación de la reforma en la Cámara, para llevarla luego a su debate en el Senado.
Solo unos días antes habíamos advertido, sobre las consecuencias que pudo haber generado la crisis diplomática con Estados Unidos para toda la economía nacional y para la continuidad de los programas sociales, lo cual se ha venido agravando con las decisiones que se tomaron posteriormente y de forma unilateral, en cuanto al cierre de la agencia de cooperación USAID; de la cual Colombia recibe una cantidad considerable de ayuda, mucha de esta destinada a programas de salud pública.
Otro de los episodios previos, fue el Auto de la Corte Constitucional, que se pronunció de fondo con respecto a la insuficiencia de los presupuestos máximos y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); que son las fuentes principales de recursos para el pago de la atención en salud en todas las instituciones públicas y privadas del país. Lo que inicialmente se valoró como una decisión positiva y alentadora para comenzar a resolver la crisis actual, ha sido relegada a segundo plano por el ministerio, que decidió aplazar sus respuestas y tomar más tiempo del dispuesto por la Corte, para resolver las fallas encontradas y para comenzar a cumplir las ordenes que allí le impartió al gobierno.
Entretanto, el déficit en las cuentas del sistema de salud no se ha resuelto, aumentan las críticas al gobierno por la gestión de los recursos y los pacientes han expresado una vez más su descontento convocando a una manifestación masiva hace algunos días, para reclamar su derecho a la atención en salud de manera digna, oportuna e integral. Ya se había advertido el inconformismo generalizado por parte de la propia Supersalud, que en su informe anual mostró una elevación importante del número de quejas y reclamos entre 2023 y 2024.
Al observar todo este panorama de forma general, es inevitable preguntarse ¿cuáles son las estrategias del gobierno nacional frente a la crisis del sector salud?. No es claro para la mayoría de los actores del sistema, de qué forma se va a cerrar el vacío que ha provocado la insuficiencia en los recursos y los retrasos en los pagos, agravados durante los dos últimos años. La Corte alertó sobre esta situación y mostró que este es un problema acumulado por mucho tiempo, a la vez que le ordenó al gobierno resolver de fondo estas inconsistencias. Las acciones que debe ejecutar el gobierno no se han producido y el país continúa a la espera.
De otra parte, una discusión apresurada del proyecto de reforma 312 2024 Cámara, con el propósito de conseguir su aprobación urgente y sin el análisis y el debate que la magnitud de esta reforma exige; deja serios interrogantes sobre lo que espera lograr el gobierno y, sobre lo que sería posteriormente su discusión en el Senado. Recordemos que, aunque en Cámara el gobierno ha conseguido avanzar con sus proyectos, el balance de fuerzas en el Senado no es el mismo y se enfrenta a posibles derrotas legislativas, más aún si los proyectos no cuentan con el consenso necesario para su aceptación.
En INNOS hemos insistido en la necesidad de construir una reforma al sistema de salud que resuelva las problemáticas ya identificadas, a la vez que se protegen y se refuerzan los logros que se han conseguido durante los últimos años. Los avances en cobertura y protección financiera, por citar solo algunos, no pueden ponerse en riesgo y no puede el sistema de salud que atiende a más de 50 millones de ciudadanos, quedar atrapado dentro de la crisis política que hoy en día tiene el gobierno.
Por ello, reiteramos el llamado al ministro, hoy encargado de funciones presidenciales, así como a todos los demás actores institucionales, para que se comprometan a atender de forma inmediata y eficaz las problemáticas actuales, al tiempo que se reorienta la reforma del sistema con una participación amplia y efectiva, que avance realmente en el acceso a la salud y en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
por Coordinacion Innos | Dic 2, 2025 | Publicaciones, Uncategorized
JOSE VLADIMIR GUZMAN RIVERA
Candidato a Doctor en Salud Pública, Magister en Epidemiología, Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional, Enfermero
El análisis del comportamiento histórico del VIH y de su evolución en Colombia permite dimensionar la magnitud de los retos actuales. Desde 1981, cuando surgieron los primeros casos de inmunodeficiencia en Estados Unidos, hasta hoy, el mundo ha sido testigo de avances científicos y transformaciones sustanciales en los sistemas de salud. Lo que inicio como una enfermedad asociada a alta mortalidad, estigma y desconocimiento, se convirtió progresivamente en una condición crónica manejable gracias al desarrollo del tratamiento antirretroviral en 1987 y, de manera decisiva, con la llegada de la terapia antirretroviral de gran actividad en 1996. Esta transformación constituye uno de los logros más significativos de la medicina moderna.
En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, durante 2024 se notificaron 19.344 casos de personas que viven con VIH (PVV) confirmados por laboratorio, una reducción del 2,5 % frente a los 19.833 registrados en 2023. Sin embargo, esta tendencia no es similar en el territorio nacional: ciudades como Neiva, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Valledupar, Bucaramanga y Medellín reportaron incrementos en las notificaciones respecto al año anterior. De acuerdo con estimaciones de ONUSIDA y el Ministerio de Salud, en el país viven alrededor de 185.954 personas con VIH, de las cuales cerca del 70 % conocen su diagnóstico, el 64 % reciben tratamiento antirretroviral y aproximadamente el 57 % logran supresión viral. Aunque estos indicadores reflejan avances, evidencian también una brecha considerable frente a la meta internacional 95-95-95 para 2030. El cual busca que, para esa fecha, el 95% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, el 95% de ellas reciban terapia antirretroviral, y el 95% de las que reciben tratamiento tengan supresión viral.
Los avances terapéuticos han sido determinantes: actualmente existen medicamentos con menor toxicidad y esquemas que facilitan la adherencia y mejoran la calidad de vida. Asimismo, la evidencia científica ha demostrado que una persona con carga viral indetectable no transmite el virus, lo que representa un hito para la reducción del estigma y la prevención. Sin embargo, estos logros dependen de un elemento esencial: la continuidad, oportunidad y calidad de la atención en salud. La interrupción del tratamiento, incluso por lapsos breves, puede revertir años de control clínico y comprometer la salud individual y colectiva.
En este contexto, preocupa de manera particular la posible suspensión de los servicios que la IPS SIES Salud presta a los afiliados de Nueva EPS. La atención especializada para personas que viven con VIH/SIDA no puede ser reemplazada de forma inmediata ni en condiciones equivalentes, y su interrupción implica riesgos clínicos severos: aumento de la carga viral, aparición de resistencias, progresión a SIDA y mayor mortalidad. En pacientes con supresión viral, la suspensión del tratamiento compromete la estabilidad lograda; en quienes inician proceso terapéutico, afecta la etapa crítica de adherencia.
Estas interrupciones también deterioran la confianza en el sistema de salud, incrementan la ansiedad de los pacientes y profundizan las barreras de acceso, especialmente en poblaciones vulnerables. Desde la perspectiva epidemiológica, las consecuencias son aún más graves: el aumento de la carga viral en los pacientes que viven con VIH eleva el riesgo de transmisión y amenaza con hacer retroceder los avances alcanzados durante más de dos décadas. La literatura internacional señala que la discontinuidad del tratamiento antirretroviral, incluso por pocas semanas, puede incrementar la transmisión entre un 12 % y 15 % en escenarios urbanos de alta prevalencia.
Para el sistema de salud colombiano, la eventual salida de un prestador especializado como SIES Salud generaría una sobrecarga para otras instituciones, afectaría la cadena de suministro de medicamentos y obligaría a un proceso complejo de reasignación de miles de pacientes. Esto suele traducirse en retrasos, pérdida de seguimiento clínico y deterioro de la calidad de la atención. En este marco, la continuidad del tratamiento antirretroviral es un derecho fundamental protegido por el artículo 49 de la Constitución Política, además la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula este derecho, estableciendo que la salud es un derecho fundamental autónomo y que los servicios deben ser garantizados con oportunidad, continuidad, eficacia y calidad.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas de salud que han hecho avances sostenidos frente al VIH se caracterizan por modelos de atención integrados, estables y centrados en la persona. Mientras países como Brasil y Argentina operan con provisiones estatales robustas, Colombia continúa dependiendo de modelos fragmentados y de prestadores privados cuya capacidad técnica y financiera es variable. En este escenario, una eventual interrupción de los servicios de SIES Salud no constituiría una reestructuración administrativa, sino un evento de alto impacto clínico y epidemiológico con riesgo de aumentar la morbilidad, la mortalidad, la transmisión del virus y el retroceso en indicadores de salud pública.
El país no puede permitir retrocesos epidemiológicos evitables ni interrupciones en la atención de una condición que requiere continuidad absoluta. Es por esto que desde la academia hacemos un llamado urgente a los tomadores de decisiones del país para que se adopten las medidas necesarias que eviten la interrupción de los servicios prestados por SIES Salud, una situación que podría desencadenar una crisis mayor en el sistema de salud dada la eventual suspensión de una red de atención especializada. Es indispensable fortalecer las políticas públicas, consolidar modelos de atención estables y garantizar que los avances terapéuticos construidos durante cuatro décadas no se vean comprometidos por fallas administrativas o estructurales. En un país donde miles de personas dependen diariamente de la continuidad de su tratamiento.
por INNOS | Sep 30, 2025 | Publicaciones
Un informe recientemente publicado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reportó que la deuda total de EPS, Estado y aseguradoras con hospitales y clínicas alcanzó un récord de 24 billones de pesos a junio de 2025. Las implicaciones de este déficit afectan directamente a los pacientes quienes están sufriendo las consecuencias de la negación de servicios, las demoras en su atención y las deficiencias en la continuidad de sus tratamientos. A continuación, presentamos un análisis de la situación actual y algunas propuestas de solución y fuentes complementarias sobre financiación del sistema de salud.
Datos Clave del Informe ACHC
Según la Asociación, la deuda total de 24 billones de pesos se incrementó en más del 18 % en los últimos 6 meses. La mora total es del 56,0%, con 2,2 billones adicionales en deuda vencida.
De estas deudas la mayoría corresponde a EPS del Régimen Contributivo, con 12,1 billones de pesos, seguido por el Régimen Subsidiado con 6,3 billones de pesos. La deuda del Estado representado por el antiguo FOSYGA y el actual ADRES llega a casi 2 billones de pesos.
Uno de los aspectos más relevantes de este informe está en que la Nueva EPS, bajo intervención del gobierno nacional, es la principal deudora con las clínicas y hospitales del país, poniendo nuevamente en debate la conveniencia y la verdadera eficacia de la intervención estatal en las aseguradoras. Nueva EPS debe más de 6,6 billones de pesos, lo cual representa casi el 61% del total adeudado.
Junto con Nueva EPS, las otras 10 EPS bajo intervención y en vigilancia especial, les adeudan a los prestadores de servicios públicos y privados, casi 13 billones de pesos. Esto se aproxima al 80% de todas las deudas acumuladas actualmente en el sistema.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es lo que se reporta con respecto a las deudas acumuladas y vencidas de EPS liquidadas, que suman 2,3 billones de pesos. No es claro cómo podrán recuperarse estos recursos, dado que estas entidades ya no existen legalmente en el sistema.
Las propuestas de la ACHC
En este informe la Asociación de prestadores de servicios presenta algunas recomendaciones para enfrentar la situación de emergencia que se está viviendo en la salud en el país. De una parte, piden que se incremente el giro directo por parte del gobierno hasta un 90% de los recursos, que se utilicen los recursos invertidos en las reservas técnicas para el pago de carteras vencidas y que se cree un fondo de garantías para la operación corriente del sistema; entre otras propuestas. La ACHC plantea a las aseguradoras que hagan un aporte de capital que respalde las deudas existentes y permita la continuidad del flujo de caja, y, con ello, el funcionamiento normal de la prestación de los servicios a los pacientes.
En un escenario tan complejo, es importante analizar nuevas fuentes de financiación del sistema de salud, para que el país no continúe en este deterioro sistemático de los recursos y el consecuente deterioro de los indicadores de salud pública.
Deben considerarse opciones como el aumento de impuestos “saludables” para aumentar los recursos para la atención en salud, como los que ya existen sobre tabaco, alcohol y bebidas azucaradas.
Así mismo, otras fuentes fiscales, aumento de contribuciones, recursos de cooperación internacional y algunas más, se han mencionado en diversos foros académicos y en el propio informe de la ACHC.
Los datos de las aseguradoras
Estos anuncios de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas se suman a los datos que ha presentado ACEMI en las mesas técnicas convocadas por el Ministerio, para analizar y corregir los problemas de suficiencia de la UPC.
En la raíz del problema de la crisis financiera, está, sin lugar a duda, la insuficiencia acumulada por años (incluso décadas) de la Unidad de Pago por Capitación. ACEMI ha alertado sobre las inconsistencias en los datos y las metodologías que utiliza el gobierno para el cálculo anual de la UPC, lo que ha llevado al déficit acumulado en las finanzas de clínicas y hospitales, así como de las mismas empresas aseguradoras (EPS), que han entrado en crisis de sostenibilidad; lo que se coincide y se refleja precisamente en los datos que ha presentado la ACHC.
Tanto ACEMI como la Supersalud coinciden en los datos del aumento de la siniestralidad que llegaron hasta del 109% en 2024, lo cual hace insostenible el costo de operación del sistema, porque significa que se gasta más de lo que se tiene. Estos datos ya obligan, de manera inaplazable, a revisar y ajustar muchos procesos, partiendo por las fuentes de financiación, el modelo de atención y la gestión del riesgo; sin olvidar la urgencia de generar mayores niveles de eficiencia y control del gasto, con estrategias innovadoras.
Las consecuencias de este panorama de desfinanciación en todos los niveles del sistema son múltiples. De una parte, el gobierno ha destinado más de 100 billones de pesos al sistema en 2025, superando significativamente presupuestos anteriores, pero esto resuelto la crisis de liquidez ni ha eliminado las alertas sobre un posible colapso inminente.
Además, lo que es más grave, el gasto de bolsillo en salud ha escalado al 16,8% del gasto corriente en 2024 (desde el 14,2% en 2021), acercándose al umbral del 20% que la OMS considera crítico para la accesibilidad.
Las cifras no hacen más que crecer y mostrar una y otra vez, que se requieren acciones inmediatas de parte del gobierno y que, además lidere un análisis profundo que lleve a soluciones consensuadas para resolver las emergencias cotidianas del sistema y los desajustes estructurales que las están produciendo y reproduciendo. La situación no da más espera. Todos los actores deben asumir una posición constructiva y colaborativa si queremos rescatar los logros del sistema de salud y reconducirlo por el camino correcto.
por INNOS | Sep 29, 2025 | Publicaciones
El 17 de septiembre pasado los senadores Josué Alirio Barrera Rodríguez y Honorio Miguel Henríquez Pinedo radicaron una Ponencia Negativa que propone archivar el Proyecto de Ley No. 410 de 2025 Senado – 312 de 2024 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley 135 de 2024 Cámara, que busca transformar el sistema de salud en Colombia. Presentamos un análisis de los aspectos centrales y las propuestas que incluye esta ponencia.
De manera general, la ponencia se compone de tres partes principales:
- Impacto Fiscal de la Reforma a la Salud
La reforma propuesta por el Gobierno Nacional presenta serias inconsistencias fiscales. Según los informes del Ministerio de Hacienda, los ingresos proyectados varían significativamente entre los documentos de septiembre de 2024, marzo de 2025 y agosto de 2025, sin una fuente clara de financiación. Además, el costo estimado de implementación supera los 100 billones de pesos, mientras que el presupuesto asignado es insuficiente. La reforma no contempla adecuadamente el saneamiento de pasivos, el fortalecimiento institucional ni la sostenibilidad financiera del sistema. Los principales argumentos de los senadores se presentan a continuación:
El proyecto carece de fuentes claras de financiación.
- El Ministerio de Hacienda ha emitido tres conceptos contradictorios sobre el costo de la reforma, que oscila entre $1.260 y $1.576 billones para la próxima década.
- Se denuncia un déficit presupuestal de $26 billones para 2026.
- El Ministerio de Hacienda estima que la reforma costaría $109 billones en 2026, mientras el Presupuesto General de la Nación tiene un déficit de $26 billones para ese mismo año.
- No se han definido fuentes nuevas de financiación. Las propuestas del proyecto no suman ni $3 billones, lo que genera un vacío presupuestal enorme.
- Inconsistencias en los avales fiscales
Se han presentado tres conceptos distintos del Ministerio de Hacienda en menos de un año, con cifras que varían sin explicación:
- Septiembre 2024: $1.260 billones (2025–2034)
- Marzo 2025: $1.336 billones
- Agosto 2025: $1.576 billones (2026–2036)
Estas cifras no tienen respaldo técnico ni están alineadas con la realidad económica del país.
- Riesgo de aumento del gasto de bolsillo
Al no garantizar la sostenibilidad financiera, se teme que los colombianos deban pagar más directamente por servicios de salud, lo que aumentaría la pobreza.
- Desfinanciamiento de la UPC
- La Unidad de Pago por Capitación (UPC) está subestimada y no se han hecho los ajustes ordenados por la Corte Constitucional.
- Las EPS han acumulado un déficit de $11,6 billones entre 2019 y 2023, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios.
- Saneamiento de pasivos sin respaldo
La intervención de la Nueva EPS aumenta la incertidumbre sobre las finanzas del sistema en la propuesta del gobierno. Nueva EPS tiene pasivos por $21 billones, pero el gobierno solo ha previsto $530 mil millones para saneamiento, lo que representa apenas el 2.5% de la deuda.
- Críticas al Modelo Propuesto
El modelo propuesto desmantela el sistema de aseguramiento actual sin ofrecer una alternativa clara y viable. Se eliminan funciones clave de las EPS, se centraliza la gestión en la ADRES sin auditorías previas, y se fragmentan responsabilidades entre múltiples actores, lo que genera confusión y pone en riesgo la atención continua de los pacientes. Además, se plantea un sistema estatizado que podría aumentar la burocracia, la corrupción y las barreras de acceso. La reforma no garantiza la continuidad de tratamientos ni la protección financiera de los usuarios.
La ponencia también señala fallas estructurales en el diseño del nuevo sistema:
- Desnaturalización del aseguramiento
- Se elimina el modelo de aseguramiento del riesgo en salud y se reemplaza por un aseguramiento social, sin respaldo técnico ni científico.
- Esto genera incertidumbre sobre quién garantiza la atención y cómo se gestionan los riesgos.
- Monopolio estatal y burocracia
Se propone que la ADRES maneje todos los recursos, contrate y pague a los prestadores, lo que podría generar:
- Mayor burocracia
- Menor transparencia
- Riesgo de corrupción
- Aparición de “carteles de la salud”
- Fragmentación de funciones
Las funciones que hoy cumplen las EPS se dispersan entre múltiples entidades, lo que:
- Diluye responsabilidades
- Aumenta los tiempos de espera
- Genera confusión para los usuarios
- Riesgo para pacientes crónicos
- No se garantiza la continuidad en tratamientos para enfermedades de alto costo o crónicas.
- La transición hacia los nuevos CAPS y RIISS no está claramente definida.
- Déficit de talento humano
- No se aborda de forma efectiva el déficit de especialistas ni se propone un régimen laboral especial para el personal de salud.
- Se teme precarización laboral, especialmente en zonas rurales.
- Complejidad excesiva
El modelo propuesto es demasiado complejo y burocrático, lo que dificulta su implementación y comprensión por parte de los ciudadanos.
- Propuesta Alternativa al Proyecto de Ley
En lugar de una reforma estructural, se propone fortalecer el sistema actual mediante mejoras específicas: ajustar la metodología de cálculo de la UPC, garantizar el pago oportuno de presupuestos máximos, mejorar las condiciones laborales del talento humano en salud, y ampliar la cobertura en zonas rurales. También se sugiere crear incentivos por calidad, establecer un fondo de garantía ante liquidaciones, implementar la historia clínica interoperable y fortalecer la inspección, vigilancia y control. Estas medidas permitirían avanzar sin poner en riesgo los logros alcanzados. Las características más relevantes de esta propuesta alternativa son:
- Fortalecimiento del sistema actual
- Mantener el modelo de aseguramiento mixto (público y privado).
- Conservar la figura de las EPS como gestoras del riesgo en salud y financiero.
- Mejorar la articulación entre niveles de atención y redes de servicios.
- Mejoras específicas propuestas
- Atención primaria: Fortalecerla sin necesidad de cambiar el modelo institucional.
- Infraestructura rural: Crear un sistema especial para zonas dispersas, con UPC diferencial.
- Talento humano: Mejorar condiciones laborales, formación y distribución de especialistas.
- Medicamentos: Incentivos por entrega oportuna, sanciones por incumplimiento.
- Transparencia: Fortalecer inspección, vigilancia y control del sistema.
- Sostenibilidad financiera
- Ajustar la metodología de cálculo de la UPC como ordenó la Corte Constitucional.
- Pagar oportunamente los presupuestos máximos para evitar desfinanciación.
- Crear un fondo de contingencia para cubrir pasivos en caso de liquidación de EPS.
- Evitar estatización que concentre recursos en una sola entidad (como ADRES).
- Propuestas legislativas complementarias
- Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud: Para gobernanza y participación ciudadana.
- Historia clínica interoperable: Para mejorar continuidad y calidad de atención.
- Incentivos por calidad: Para prestadores y aseguradores.
- Tope de contratación con Empresas Sociales del Estado (ESE): Para evitar concentración.
- Justificación técnica y social
Se resaltan y se insiste en preservar los logros del sistema actual. Los senadores los resumen con algunos datos:
- Cobertura universal (99%)
- Bajo gasto de bolsillo (15%)
- Aumento en la expectativa de vida
- Reducción de la mortalidad evitable
- Alta satisfacción ciudadana (más del 70%)
Conclusiones de la ponencia negativa:
- La reforma propuesta es considerada innecesaria, regresiva, confusa y financieramente inviable.
- Se propone archivar el proyecto de ley y trabajar en mejoras puntuales al sistema actual.
- La propuesta del gobierno no tiene viabilidad fiscal, desmejora el sistema actual, pone en riesgo la continuidad y la calidad de la atención y genera incertidumbre legal y financiera sobre el sistema
- El país no requiere una reforma estructural, sino ajustes normativos, técnicos y financieros que: Preserven los logros del sistema actual, corrijan sus debilidades y eviten a toda costa retrocesos en el derecho a la salud
Finalmente, la ponencia reitera el llamado al gobierno nacional a que convoque a todos los actores del sistema para construir propuestas concertadas que se orienten a resolver las necesidades y desafíos actuales, sin recurrir a una reforma estructural que afectaría profundamente la estabilidad social y política del país y pondría en grave riesgo la salud pública. Desde INNOS hemos insistido en que la búsqueda de acuerdos y consensos es la mejor manera de avanzar, sin perder los avances del sistema y enfocando esfuerzos y recursos en la solución de sus problemáticas.
por INNOS | Sep 18, 2025 | Publicaciones
Innovar para superar los desafíos actuales y futuros de sostenibilidad del sistema de salud.
En todo el mundo los sistemas de salud están sometidos a múltiples presiones que ponen en riesgo su sostenibilidad a largo plazo. Existe una brecha permanente entre las necesidades en salud y los recursos disponibles para atenderlas, que no se resuelve completamente, sino que requiere de esfuerzos permanentes para crear soluciones eficaces e innovadoras.
El desafío de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en un contexto de crecientes demandas y recursos limitados requiere la adopción de modelos integrales que permitan optimizar la eficiencia, asegurar la transparencia y generar nuevas fuentes de financiamiento. La incorporación de estrategias financieras innovadoras, el aprendizaje a partir de experiencias internacionales y la integración de soluciones tecnológicas disruptivas son elementos fundamentales para transformar el sistema de salud, permitiendo que se adapte a las necesidades actuales y futuras.
Con el auge de las nuevas tecnologías soportadas en el análisis de grandes bases de datos (Big Data) y con la aplicación de técnicas cada vez más sofisticadas de Inteligencia Artificial; se ha abierto un nuevo escenario que facilita la generación de análisis y proyecciones epidemiológicas y del gasto, mucho más precisas y cercanas a la realidad. De esta forma, es posible anticipar escenarios futuros en los que aumentan las demandas de servicios e insumos para atender los requerimientos de salud de grandes poblaciones, facilitando con ello la planificación estratégica y mejorando también la transparencia y la eficiencia en su utilización.
En múltiples espacios de discusión académica e institucional, se ratifican las grandes presiones financieras sobre los sistemas de salud. Las causas de estas tensiones económicas son variadas y dinámicas en el tiempo, teniendo en cuenta variables como el envejecimiento poblacional, las migraciones, la incorporación de nuevas tecnologías de alto costo y otras más complejas y estructurales. No obstante, son muchas las iniciativas que se han desarrollado con miras a fortalecer la sostenibilidad de los servicios de salud básicos y especializados, sin generar gastos catastróficos para los pacientes y sus familias.
Para analizar más a fondo estas situaciones que ponen en riesgo la continuidad de los sistemas de salud, y, en particular, entender la situación de crisis actual que atraviesa el sistema de salud colombiano, hemos invitado a dos expertos quienes conocen en profundidad, las variables que afectan el equilibrio financiero del sistema de salud y han propuesto soluciones para enfrentar y revertir las tendencias actuales. Ellos son Mario Fernando Cruz Vargas. Economista de la Universidad Nacional con amplia experiencia en cargos del sector público y privado. MBA Universidad de los Andes. Maestría en Finanzas Universidad de los Andes. Maestría en Economía Universidad Nacional (C). Vicepresidente técnico de ACEMI y Aurelio Mejía. Economista, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos y MSc en Economía de la Salud. Actualmente ejerce el cargo de Director de Asuntos Públicos y Legales en Afidro.
En este nuevo episodio del podcast Territorios de Innovación en Salud, nos enfocamos en los asuntos económicos y financieros del sistema de salud y analizamos con los expertos las tendencias actuales y las nuevas perspectivas para fortalecer sus capacidades y garantizar su sostenibilidad. Les invitamos a escuchar atentamente sus reflexiones y sus recomendaciones, que abren escenarios futuros y nuevas posibilidades para resolver los conflictos actuales y anticipar futuras crisis. Encuentra nuestro podcast en este enlace.
