Reseña: Este informe proporciona un análisis detallado del desempeño legislativo en el sector salud, destacando tanto los logros como los retos enfrentados. Además, se examina las respuestas del Ejecutivo y las actuaciones del poder Judicial.
Autor: María Margarita Martínez Garbiras
DOI:
Fuente: Innos.co
En abril del presente año, el Ministerio de Salud interpuso ante el Tribunal de Cundinamarca una demanda contra 21 entidades prestadoras de salud, entre las que se encontraban Compensar EPS, Sanitas EPS, Famisanar EPS, Capital Salud, Nueva EPS y SURA entre otras. Entre los argumentos del Ministerio sobresalieron dos, la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso al servicio público a la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como, exigir a las entidades que tomen medidas inmediatas para asegurar el cálculo adecuado, la creación y la actualización mensual de las reservas técnicas. Como dato adicional, en marzo la cartera de salud ya había presentado una demanda, pero esta fue negada. En el concepto negativo, en ese momento, el Tribunal le pidió unas correcciones respecto a las autoridades judiciales que podrían dar estudio a dicha petición.
Ahora bien, el pasado 3 de julio el Tribunal de Cundinamarca respondió al nuevo pedido de medidas cautelares, negándolo, argumentando, que las pruebas presentadas por el Ministerio de Salud no eran suficientes para demostrar una vulneración de los derechos de los usuarios. Al respecto, vale la pena mencionar que, según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, son requisitos para decretar las medidas cautelares en lo referente al control de protección de los derechos e intereses colectivos:
Igualmente, según la providencia del Consejo de Estado del 31 de marzo de 2011, para decretar las medidas cautelares, el juez debe justificar la decisión basándose en elementos de prueba válidos que, además, puedan comprobarse, de ahí la importancia que sean idóneos. También, como se mencionó en la decisión del Consejo de Estado del 17 de marzo de 2015, otro criterio para aceptar las medidas cautelares se fundamenta en el buen derecho, en la existencia del perjuicio de la mora, así como, estudio de ponderación y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Por consiguiente, el Tribunal de Cundinamarca negó las medidas cautelares porque, por un lado, aunque el Ministerio de Salud presentó los argumentos basándose en el “informe sobre las deudas de 26 EPS”, presentado por la Contraloría, no llevó a cabo un análisis comparado con el cual se demostrará la violación de los derechos, es decir, sólo citó o se limitó a citar el informe, pero no presentó los argumentos para sustentar el pedido, sin poder demostrar el riesgo. Por el otro, el Tribunal considera que, si bien el Ministerio de Salud cumple con los requisitos de titularidad de las acciones, según el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, éste no logró comprobar una vulneración de un derecho colectivo como es el derecho a la salud, pues los informes citados no se constituyen en evidencia sumaria, es decir, mencionó los hechos, pero no realizó un análisis.
De esta manera, la demanda no cumplió con los requisitos establecidos para decretar medidas cautelares, pues no se logró demostrar si existen normas superiores que hayan sido señaladas como vulneradas, concluye el Tribunal de Cundinamarca “el debate propuesto es meramente legal y requiere confrontación con los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que se alleguen al expediente, y será la Sala de decisión quien contemplará la totalidad de los elementos que se aporten al proceso y será la sentencia en donde se decidirá el problema jurídico objeto del litigio”.
Este fallo constituye un llamado para que el Ministerio de Salud y Protección Social, profundice en el análisis de las causas que han llevado a las situaciones críticas que atraviesa actualmente el sistema de salud y que, asuma más directamente su función como rector de este. Las problemáticas que hoy viven los pacientes, familiares y ciudadanos en general, requieren intervenciones prontas y decididas de la autoridad competente, más allá de llevarlas a las instancias judiciales, con lo cual pueden generarse efectos contraproducentes que aumentan la desconfianza y la polarización entre los actores públicos y privados.
Durante los días 12 y 14 de junio de 2024, se llevó a cabo el 30º Foro de Salud de la ANDI. Dos países que se destacan por vivir situaciones complejas en sus sistemas de salud, quizás desde temporalidades distintas, son México y Colombia. Aunque ambos enfrentan desafíos significativos, la respuesta de sus gobiernos y los resultados obtenidos reflejan enfoques y problemáticas que vale la pena comparar.
Javier Potes, fundador y director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, presentó un panorama alarmante del sistema de salud en México durante este evento de la ANDI. En los últimos años, el país ha experimentado un deterioro notable en sus indicadores de salud. La promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de tener “un sistema de salud mejor que el de Dinamarca” parece cada vez más lejana.
Uno de los indicadores más preocupantes es el aumento del número de personas sin acceso a servicios de salud, que para 2023 alcanzó los 50.3 millones, un aumento del 151% respecto a 2018. Este incremento se debe, en gran medida, a la creación del INSABI, que sustituyó al Seguro Popular. Aunque su objetivo era brindar seguridad social gratuita, la falta de medicamentos y recursos ha sido una constante crítica. Esta situación ha llevado a una migración hacia la atención médica privada, que aumentó del 46% al 60% entre 2018 y 2022.
El sector privado, aunque complementario, enfrenta sus propios desafíos. No forma parte de un sistema integral y articulado, lo que impide una mejora a largo plazo en la salud de la población mexicana. Además, el gasto directo de las familias en salud ha aumentado considerablemente, representando un 38.8% del gasto total en salud, lo que pone una carga pesada sobre los segmentos más vulnerables de la población.
Otro dato preocupante es la reducción de la esperanza de vida, que ha disminuido de 75 años a 71 años, situándose muy por debajo del promedio de 81 años de los países de la OCDE. Además, el número de defunciones entre 2020 y 2021 superó la tendencia previa a la pandemia, con un aumento notable en la mortalidad materna y en la ineficacia de los programas de vacunación.
Durante el mandato de López Obrador, la inversión en salud osciló entre el 2.5% y el 2.9% del PIB anual, una cifra insuficiente para enfrentar estos desafíos. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, parece seguir una línea similar, priorizando otras áreas como seguridad e inversión social sobre la salud. Asimismo, es clave mencionar que durante la reciente campaña electoral, se denunció que el gobierno utilizó subsidios directos y cheques a la población como una estrategia para ganar apoyo, evidenciando un enfoque más populista que estructural en la resolución de los problemas del sistema de salud
Por otro lado, Colombia enfrenta una crisis en su sistema de salud bajo el gobierno de Gustavo Petro. Con una agenda centrada en reformas significativas, Petro prometió transformar el sistema de salud del país. Sin embargo, estas reformas han generado más controversias que soluciones.
La implementación de licencias obligatorias para medicamentos, una medida que busca reducir costos y aumentar el acceso, ha sido ampliamente criticada. Aunque teóricamente puede parecer una solución viable, en la práctica, países como Malasia y Brasil han demostrado que sin la infraestructura adecuada, estas medidas pueden fallar. En Colombia, la falta de inversión en infraestructura y sistemas de producción e innovación pone en riesgo la efectividad de estas licencias.
La administración de Petro ha enfrentado críticas por su manejo del sector salud. La promesa de reindustrialización del país y el enfoque en la salud preventiva han sido vistas como esfuerzos insuficientes para resolver problemas estructurales. Además, la falta de protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual ha desalentado la inversión extranjera directa, crucial para el desarrollo y la innovación en el sector salud. Hoy el país atraviesa una crisis de sostenibilidad en el sistema que se ve traducida en las últimas solicitudes voluntarias de liquidación de las EPS.
Ambos países muestran cómo las políticas de salud pueden tener impactos profundos en la población. En México, la transición del Seguro Popular al INSABI ha dejado a millones sin acceso a servicios básicos de salud, mientras que en Colombia, las conversaciones de reforma al sistema no son amplias, técnicas ni dan garantías de construir sobre lo construido, sino que por el contrario se abre la puerta a una demolición a décadas de avance en la cobertura e indicadores en salud. Para abordar estos problemas, es fundamental que ambos gobiernos reconsideren sus estrategias. En México, se necesita una mayor inversión en salud pública y una mejor integración del sector privado. En Colombia, es crucial fomentar la inversión en infraestructura y protección de la propiedad intelectual para atraer inversión extranjera y mejorar el acceso a medicamentos.
El reciente webinar «Reactivación económica, política pública en salud y propiedad intelectual en Colombia» reunió a destacados expertos internacionales para discutir el papel crucial de la propiedad intelectual en la innovación y desarrollo del sector salud en Colombia. Entre los participantes estuvieron Emily Michiko Morris, Stephen Ezell, Mark Schultz, Juan Carlos Suárez, Carlos Felipe Escobar, quienes ofrecieron una visión profunda sobre las regulaciones y desafíos actuales en el país.
Juan Carlos Suárez abrió el debate destacando los recientes cambios en la normativa del sector salud en Colombia. Resaltó cómo actores tanto públicos como privados están promoviendo la innovación en salud. El Dr. Carlos Felipe Escobar, Director de INNOS, ofreció una visión amplia de la situación actual en Colombia, destacando que el país tiene ahora un gobierno de izquierda, liderado por el presidente Gustavo Petro. Este gobernante anunció, durante su campaña electoral, en primer lugar, la necesidad de reformas significativas en áreas como salud, pensiones, trabajo, educación, y ciencia, tecnología e innovación. Además, de una reindustrialización del país, especialmente sobre investigación en ciencia, innovación y tecnología, por medio de una iniciativa denominada “Serenidad Nacional de Salud”, que plantea generar más conocimiento y soluciones para el país, permitiéndole ser más autosuficiente en términos de tecnologías sanitarias y hacer la industria local más capaz para producir los recursos y tecnologías que la salud podría necesitar para salir adelante.
Emily Michiko Morris, investigadora principal en la Universidad de Akron, abordó la implementación de la licencia obligatoria en Colombia. Explicó que esta es una herramienta que permite a los países exigir a los titulares de derechos de propiedad intelectual que otorguen licencias a cambio de una compensación razonable, permitiendo la producción local de tecnologías patentadas. Sin embargo, Morris advirtió que la licencia obligatoria no solo implica la obtención de la patente, sino también la inversión en infraestructura y sistemas de fabricación. Países como Malasia y Brasil han otorgado licencias obligatorias sobre medicamentos patentados, pero luego enfrentaron dificultades para producir estos medicamentos de manera eficiente.
Los desafíos de implementar licencias obligatorias en Colombia fueron otro punto crucial del debate. Morris subrayó la importancia de considerar el uso a largo plazo de estas licencias, especialmente si se convierten en una práctica habitual. Mark Schultz, otro de los panelistas, agregó que la falta de protección de los derechos de propiedad intelectual puede disuadir a las empresas de hacer negocios en el país, lo que resultaría probablemente en una menor disponibilidad de medicamentos y otros productos esenciales.
Por su parte, Stephen Ezell destacó que los países tienen dos opciones en una economía global competitiva: adoptar una estrategia de atracción o una estrategia obligatoria. La estrategia de atracción implica crear un ambiente fuerte y atractivo para los inversores globales, mientras que las licencias obligatorias pueden llevar a que los inversores solo inviertan lo mínimo indispensable, excluyendo al país de mayores oportunidades de inversión. Para lograr un equilibrio entre la propiedad intelectual y el acceso a la innovación en salud, Morris recomendó explorar nuevas tecnologías para desarrollar terapias sanitarias y reducir los costos de desarrollo. Schultz añadió que es fundamental no socavar la inversión en productos farmacéuticos o nuevas licencias tecnológicas. En cambio, se debe construir infraestructura, establecer clínicas y formar a los proveedores de atención sanitaria.
A continuación, se planteó la cuestión de los desafíos que enfrenta un país como Colombia al tratar de implementar este tipo de licencias. Emily respondió que es importante considerar la utilización a largo plazo de una licencia obligatoria, especialmente si se hace de manera habitual. Mark agregó que, si los derechos de propiedad intelectual de las empresas no están protegidos, estas pueden evitar hacer negocios donde saben que pueden perder su dinero, donde pueden perder sus inversiones. En el caso de los productos farmacéuticos, cuando una empresa farmacéutica decide no hacer negocios, los medicamentos no llegan al país. Estos aportes reflejan que el abuso del uso de licencias obligatorias puede desalentar esta inversión extranjera directa y, como resultado, puede perjudicar seriamente a las industrias nacionales.
A esto, Stephen señaló que los países tienen probablemente dos opciones para competir en una economía global altamente competitiva: pueden adoptar una estrategia de atracción o una estrategia obligatoria. La estrategia de atracción implica presentar a los inversores globales un ambiente fuerte y atractivo para invertir en industrias de tecnología avanzada. Por otro lado, las licencias obligatorias esencialmente logran con esta estrategia es que los inversores globales solo inviertan el mínimo indispensable requerido en ese país, haciendo que el país se excluya a sí mismo.
Asimismo, se planteó una nueva pregunta, sobre diferentes recomendaciones para el país que puedan generar un balance entre la Propiedad Intelectual y el acceso a la innovación en salud, a esto Michiko respondió que es necesario explorar nuevas formas, en particular nuevas tecnologías, para desarrollar terapias sanitarias, pero reduciendo los costos de desarrollo de estos productos. Mark añadió que la mejor manera de desarrollar un sistema de atención sanitaria es no socavar la inversión en productos farmacéuticos o nuevas licencias tecnológicas. Por tanto, debemos romper con la tendencia a buscar respuestas fáciles y debemos salir al campo, construir infraestructura, establecer clínicas y formar a los proveedores de atención sanitaria. Por último, Stephen concluyó que, para compartir tecnologías a nivel global, se deben promover las licencias voluntarias, un ejemplo de esto es el proyecto de Mark «Innovar para la Salud que destacan cómo los empresarios y países en desarrollo están trabajando para resolver los problemas de salud global.
Finalmente, en los últimos aportes de la conversación se resaltó la intervención de Emily, en tanto señaló como las personas que no trabajan en el ámbito jurídico y tramitan una patente para obtener derechos de autor no conocen realmente las distinciones entre los tres tipos de derechos de propiedad. Sin embargo, recomendó no estar constantemente a la defensiva, sino tratar de explicar por qué esta industria hace lo que hace, o por qué utiliza su propiedad intelectual de una manera particular, brindando soluciones competitivas. Por otro lado, Stephen presentó otro enfoque, señalando que una cosa es que los responsables políticos se aprovechen de los derechos de propiedad intelectual de una gran corporación sin rostro como las grandes farmacéuticas, y otra muy distinta es que vean las especificaciones de los verdaderos empresarios e innovadores colombianos. A estos últimos es necesario incentivarlos a crear soluciones para el beneficio y la salud a largo plazo.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
En el contexto global actual, la propiedad intelectual se ha convertido en un pilar esencial para el desarrollo económico y la innovación. Aunque a menudo se malinterpreta como un conjunto de normas que favorecen únicamente a las grandes corporaciones extranjeras, la realidad es mucho más compleja y beneficiosa, especialmente para las economías emergentes como la de Colombia.
Mark Schultz, experto en derecho de propiedad intelectual y miembro senior de Geneva Network, ofrece una perspectiva esclarecedora sobre la verdadera función de la propiedad intelectual. Según Schultz, la propiedad intelectual es mucho más que un simple derecho exclusivo para utilizar o vender una invención. Representa un conjunto de etapas fundamentales que abarcan desde la creación hasta la comercialización de una invención, facilitando su acceso a los consumidores y recompensando a los innovadores.
Uno de los grandes malentendidos acerca de la propiedad intelectual es que su objetivo principal es frenar la competencia y recompensar la invención. Esta visión simplista no considera que la propiedad intelectual es, en realidad, una herramienta poderosa para el desarrollo económico. Schultz destaca que las leyes de propiedad intelectual deben verse como una política esencial para el desarrollo nacional. Protegen las inversiones, fomentan la creación de empresas y apoyan la fabricación y distribución de productos innovadores.
El iPhone de Apple y Coca-Cola son ejemplos perfectos de cómo la propiedad intelectual impulsa la innovación y el desarrollo. Aunque la tecnología del iPhone existía desde 2007, fue necesaria una inversión considerable para desarrollar un producto atractivo para los consumidores. De manera similar, Coca-Cola ha logrado una presencia global gracias a inversiones en fabricación local, marketing y cumplimiento normativo. Estas inversiones solo son posibles en un entorno donde la propiedad intelectual está protegida, proporcionando la seguridad necesaria para que las empresas arriesguen su capital.
La industria farmacéutica es otro sector donde la propiedad intelectual juega un papel crucial. El desarrollo y producción de medicamentos requiere una inversión enorme no solo en plantas de producción, sino también en la educación de médicos y pacientes sobre su uso. En un mundo donde la industria farmacéutica está fuertemente regulada, la propiedad intelectual garantiza que los innovadores puedan recuperar sus inversiones y continuar desarrollando nuevos tratamientos.
Es esencial que los países protejan la inversión y fomenten un entorno seguro para las empresas. Cuando las empresas confían en la protección de sus derechos de propiedad intelectual, están más dispuestas a compartir conocimientos y tecnología, beneficiando así a los socios locales y al desarrollo económico del país. Por ejemplo, los países con derechos de propiedad intelectual fuertes ven mejores alianzas internacionales, ya que los inversores extranjeros confían en la protección de estos derechos y están más dispuestos a colaborar con pequeñas empresas locales.
Además, las licencias voluntarias, donde los innovadores trabajan con empresas locales para fabricar productos de manera eficiente, ofrecen precios más bajos y benefician a todas las partes involucradas. Este enfoque cooperativo es mucho más efectivo que las licencias obligatorias, que pueden aumentar los costos y desalentar la inversión. En el caso de los medicamentos, la propiedad intelectual asegura que los innovadores puedan recuperar sus inversiones y seguir desarrollando nuevos tratamientos esenciales. Esto no solo beneficia a las empresas, sino también a los pacientes que necesitan acceso a medicamentos innovadores y de alta calidad. Para Colombia, adoptar políticas sólidas de propiedad intelectual puede significar un futuro más próspero, con mayores inversiones, más innovación y un mejor bienestar para su población.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
