Durante los días 12 y 14 de junio de 2024, se llevó a cabo el 30º Foro de Salud de la ANDI. Dos países que se destacan por vivir situaciones complejas en sus sistemas de salud, quizás desde temporalidades distintas, son México y Colombia. Aunque ambos enfrentan desafíos significativos, la respuesta de sus gobiernos y los resultados obtenidos reflejan enfoques y problemáticas que vale la pena comparar.
Javier Potes, fundador y director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, presentó un panorama alarmante del sistema de salud en México durante este evento de la ANDI. En los últimos años, el país ha experimentado un deterioro notable en sus indicadores de salud. La promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de tener “un sistema de salud mejor que el de Dinamarca” parece cada vez más lejana.
Uno de los indicadores más preocupantes es el aumento del número de personas sin acceso a servicios de salud, que para 2023 alcanzó los 50.3 millones, un aumento del 151% respecto a 2018. Este incremento se debe, en gran medida, a la creación del INSABI, que sustituyó al Seguro Popular. Aunque su objetivo era brindar seguridad social gratuita, la falta de medicamentos y recursos ha sido una constante crítica. Esta situación ha llevado a una migración hacia la atención médica privada, que aumentó del 46% al 60% entre 2018 y 2022.
El sector privado, aunque complementario, enfrenta sus propios desafíos. No forma parte de un sistema integral y articulado, lo que impide una mejora a largo plazo en la salud de la población mexicana. Además, el gasto directo de las familias en salud ha aumentado considerablemente, representando un 38.8% del gasto total en salud, lo que pone una carga pesada sobre los segmentos más vulnerables de la población.
Otro dato preocupante es la reducción de la esperanza de vida, que ha disminuido de 75 años a 71 años, situándose muy por debajo del promedio de 81 años de los países de la OCDE. Además, el número de defunciones entre 2020 y 2021 superó la tendencia previa a la pandemia, con un aumento notable en la mortalidad materna y en la ineficacia de los programas de vacunación.
Durante el mandato de López Obrador, la inversión en salud osciló entre el 2.5% y el 2.9% del PIB anual, una cifra insuficiente para enfrentar estos desafíos. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, parece seguir una línea similar, priorizando otras áreas como seguridad e inversión social sobre la salud. Asimismo, es clave mencionar que durante la reciente campaña electoral, se denunció que el gobierno utilizó subsidios directos y cheques a la población como una estrategia para ganar apoyo, evidenciando un enfoque más populista que estructural en la resolución de los problemas del sistema de salud
Por otro lado, Colombia enfrenta una crisis en su sistema de salud bajo el gobierno de Gustavo Petro. Con una agenda centrada en reformas significativas, Petro prometió transformar el sistema de salud del país. Sin embargo, estas reformas han generado más controversias que soluciones.
La implementación de licencias obligatorias para medicamentos, una medida que busca reducir costos y aumentar el acceso, ha sido ampliamente criticada. Aunque teóricamente puede parecer una solución viable, en la práctica, países como Malasia y Brasil han demostrado que sin la infraestructura adecuada, estas medidas pueden fallar. En Colombia, la falta de inversión en infraestructura y sistemas de producción e innovación pone en riesgo la efectividad de estas licencias.
La administración de Petro ha enfrentado críticas por su manejo del sector salud. La promesa de reindustrialización del país y el enfoque en la salud preventiva han sido vistas como esfuerzos insuficientes para resolver problemas estructurales. Además, la falta de protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual ha desalentado la inversión extranjera directa, crucial para el desarrollo y la innovación en el sector salud. Hoy el país atraviesa una crisis de sostenibilidad en el sistema que se ve traducida en las últimas solicitudes voluntarias de liquidación de las EPS.
Ambos países muestran cómo las políticas de salud pueden tener impactos profundos en la población. En México, la transición del Seguro Popular al INSABI ha dejado a millones sin acceso a servicios básicos de salud, mientras que en Colombia, las conversaciones de reforma al sistema no son amplias, técnicas ni dan garantías de construir sobre lo construido, sino que por el contrario se abre la puerta a una demolición a décadas de avance en la cobertura e indicadores en salud. Para abordar estos problemas, es fundamental que ambos gobiernos reconsideren sus estrategias. En México, se necesita una mayor inversión en salud pública y una mejor integración del sector privado. En Colombia, es crucial fomentar la inversión en infraestructura y protección de la propiedad intelectual para atraer inversión extranjera y mejorar el acceso a medicamentos.
