El pasado 27 de julio, la comisión de empalme del sector salud presentó el informe final de su gestión, de acuerdo con los lineamientos del presidente electo Gustavo Petro. El documento, compuesto por cuatro secciones principales, ofrece un balance de las acciones adelantadas por la administración saliente, señala algunas alertas que requieren atención especial por parte del gobierno entrante, y traza unas líneas de acción a corto, mediano y largo plazo que fijan un horizonte para los próximos años. Su construcción contó con la participación de diversos actores vinculados al sector salud que se organizaron según afinidades misionales, y fue coordinado por la recién posesionada ministra Carolina Corcho.
Una de las particularidades del informe es que define un horizonte de acción que transita entre la continuidad y la ruptura. Continuidad, porque reconoce la necesidad de mantener y fortalecer esfuerzos desarrollados por los gobiernos anteriores; y ruptura, porque establece un conjunto de transformaciones que apuntan a materializar las propuestas incluidas en el plan de gobierno que se impuso en las elecciones el 19 de junio. Esta ambivalencia, pone de manifiesto la dinámica institucional propia de los cambios de administración, ya que expone la delicada labor que supone armonizar las políticas de Estado con las políticas de Gobierno. Más allá de estas consideraciones, el informe resalta al menos 5 puntos que demandan una continuidad de esfuerzos y 12 alertas que requieren especial atención; también, introduce un conjunto de orientaciones para priorizar las acciones del sector en los primeros 100 días, y enumera 10 líneas generales de trabajo como horizonte para el nuevo gobierno. El propósito de este texto no es establecer la veracidad de las conclusiones del empalme, sino describir sus puntos más notables.
En referencia a los puntos que requieren continuidad de esfuerzos, el informe resalta la importancia de avanzar en la implementación de tecnologías de información y comunicación en los distintos niveles del sector. Puntualmente, se refiere a la necesidad de alinear los sistemas de información, con miras a garantizar su interoperabilidad para la toma de decisiones. Así mismo, menciona que es imperativo culminar el pago y depuración de deudas contempladas en el Acuerdo de Punto Final, y consolidar las capacidades de inspección, vigilancia y control en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). También, se refiere a la ampliación y dinamización de la Comisión Intersectorial de Salud con perspectiva regional y diversidad territorial, para darle al sistema un carácter descentralizado que atienda las particularidades regionales. Por último, el informe destaca los avances logrados en la ampliación de la red de laboratorios de salud pública y las iniciativas de producción local de vacunas y biológicos como estrategia para la solución de prioridades locales de salud.
Por su parte, en relación con los elementos que se consideran de abordaje prioritario, el informe de empalme describe un panorama que ilustra las complejidades inherentes al sistema de salud, muchas de las cuales constituyen problemáticas estructurales que siguen sin resolverse plenamente. Entre las más destacadas, el informe se refiere a la precarización laboral del talento humano; al uso y la destinación de algunos recursos financieros específicos dentro del sector; a la reglamentación del etiquetado nutricional, la IVE y el suicidio asistido; a la evaluación de las medidas tomadas durante la pandemia, particularmente, al estado de más de 600.000 usuarios que fueron retirados del sistema con el fin de la emergencia sanitaria; a la política farmacéutica vigente y a la postura del país frente a la gestión de la propiedad intelectual; a la ausencia de una política de salud pública orientada a intervenir los determinantes sociales y a reconocer la diversidad sociocultural del país; al déficit fiscal de la red de atención pública; y a la situación de al menos 14 EPS cobijadas por medidas especiales por parte de la SNS. Sobre este último punto, en particular, el informe llama la atención sobre la falta de más de $6 billones para el sostenimiento del sistema, lo cual necesariamente demanda del gobierno entrante la búsqueda de nuevos recursos que garanticen su normal funcionamiento.
Ante este panorama, el informe plantea algunas líneas de acción que se describen a partir de dos temporalidades: acciones inmediatas (100 días) que conduzcan a victorias tempranas; y gestiones en el mediano y largo plazo. Dentro de las primeras, el informe menciona el fortalecimiento del mecanismo de pago directo, como una estrategia para garantizar la liquidez de prestadores; esto -menciona el informe- puede ser especialmente relevante en el caso de las deudas que hoy tienen las 14 EPS bajo vigilancia especial, sobretodo mientras la SNS toma decisiones definitivas. También, se señala la urgencia de adoptar una estrategia de atención primaria fundamentada en la creación de equipos extramurales interdisciplinarios que atiendan a las poblaciones más vulnerables. Así mismo, se menciona la importancia de avanzar en el ajuste de la UPC del régimen subsidiado, de tal modo que se equipare a la del contributivo; se propone unificar los recursos del aseguramiento y del PIC para avanzar en un modelo de asegurador único a partir de 10 experiencias territoriales; y se sugiere avanzar en un proceso de laboralización del talento humano que implica: contratación directa, creación de plantas provisionales y mayor inspección de las condiciones de trabajo.
Por su parte, en relación con las acciones a mediano y largo plazo, el informe se concentra en proponer la puesta en marcha de una reforma al sistema de salud que responda a lo establecido en la Ley Estatutaria de 2015; la reformulación del PDSP 2022-2031; la reglamentación de un modelo de atención centrado en la prevención y la predicción; el diseño y la puesta en marcha de un sistema de información interoperable; la recuperación de la red pública hospitalaria; y una mayor y mejor articulación entre los diversos actores que concurren en el sector salud.
Sin duda alguna, todas estas iniciativas son coherentes con la propuesta que obtuvo la victoria en las elecciones el pasado 19 de junio. Seguramente, la solución de las problemáticas que fueron identificadas en el informe contribuirá a que el sistema de salud de los colombianos mejore en beneficio de su población. Las rutas de acción mencionadas pueden constituir una estrategia para solucionar algunos de los problemas estructurales del sistema, como la dificultad en el acceso, la transparencia, el uso inadecuado de los recursos, las condiciones del talento humano y la financiación. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos propósitos han sido un común denominador de los diferentes gobiernos, y que muchos de ellos, han sido incluidos en los Planes de Desarrollo sin que al final lleguen a concretarse plenamente. Por ello, es importante que las propuestas que contiene el informe se hagan teniendo en cuenta factores trascendentales de nuestro contexto particular, como la realidad fiscal del país; la oferta de talento humano y la capacidad instalada de servicios e infraestructura sanitaria; la inercia institucional a nivel nacional, territorial y local; y las expectativas e intereses de los diferentes actores del sector.
Cualquier propuesta enfocada en mejorar el funcionamiento del sistema debe partir de reconocer sus complejidades, lo que implica asumir que muchas de sus dificultades no son la consecuencia de causas singulares y aisladas, sino el resultado de profundas e intrincadas articulaciones sociales, culturales, económicas e institucionales que necesitan ser ampliamente comprendidas. En ese sentido, cualquier iniciativa de transformación debe partir de un análisis riguroso y sereno, a partir del cual se puedan identificar y entender los verdaderos problemas que aquejan al sistema y luego actuar para resolverlos. En ocasiones, la declaración de buenas intenciones se convierte en un referente para que las sociedades fijen sus expectativas; posteriormente, la dificultad que supone implementar reformas inmediatas puede contribuir a que esas expectativas se manifiesten como decepciones. Por ello resulta fundamental que los diagnósticos y las líneas de acción que expone el informe de empalme sean cuidadosamente revisadas y discutidas por el conjunto de la sociedad, esto con el propósito de promover cambios que mejoren el funcionamiento del sistema.
El pasado 5 de agosto el Gobierno Nacional, más específicamente el Ministerio de Salud y Protección social, emitió la resolución 1411 mediante la cual se adopta la Política de Soberanía en la Producción para la Seguridad Sanitaria.
Esta resolución se sustenta en la Ley 1751 (derecho a la salud), en la Ley 1753 (que faculta al ministerio para declarar emergencias sanitarias), así como en las experiencias vividas durante la pandemia por Covid-19.
Según el artículo primero:
“La política de soberanía en la producción para la seguridad sanitaria establece el conjunto de actividades que permiten desarrollar y robustecer la capacidad del país para producir y satisfacer las necesidades de tecnologías de salud estratégicas, fortaleciendo así las capacidades para hacer frente a situaciones de emergencia e incidentes agudos que vulneren la salud de la población.”
La política, que está contenida en el anexo de la resolución, hace un recuento y a la vez, reconoce que el país tuvo un impacto significativo en los indicadores de mortalidad por causa del Covid-19, ubicándolo en el décimo lugar del mundo en mortalidad total (137.869 muertes) y en el vigésimo tercer lugar en cuanto a muertes por millón de habitantes, con 2.663 por millón. El impacto sobre la economía llegó a reducir en 6.8% el PIB y la población en condición de pobreza aumentó a 42,5% (datos de 2020).
La política además muestra que Colombia requiere fortalecer sus capacidades de respuesta a situaciones de emergencia y cita el Índice Global de Seguridad Sanitaria que ubica al país en el puesto 38 entre 195 países. Se afirma además que “se están perdiendo las capacidades de producción de medicamentos y tecnologías estratégicas en salud en el país” (p6).
Un aspecto central de la política está orientado hacia la disponibilidad del talento humano capacitado en salud. De una parte, hay un déficit de personal para la producción de medicamentos inyectables, como las vacunas y de otra, se reconoce la necesidad de formar doctores y posdoctores que lideren investigaciones que favorezcan descubrimiento de nuevos medicamentos. Así mismo, existe déficit de médicos y enfermeras por 100.000 habitantes, especialmente en zonas rurales, lo que dificulta las capacidades para enfrentar este tipo de emergencias.
Se mencionan también las falencias en sistemas de información interoperables, salud digital y las enormes brechas territoriales de conectividad que afectan a los ciudadanos en general y en especial a los servicios de salud.
La política está en relación directa con las recomendaciones de la OMS sobre preparación ante emergencias, los lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), el documento CONPES 3999 que planteó estrategias de preparación para futuras pandemias y con el documento CONPES 4069 que emitió la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación [1]. De igual manera, se acogen las recomendaciones de la Política Nacional de Talento Humano en Salud.
La política asume que: “… la seguridad sanitaria es el conjunto de actividades necesarias para hacer frente a situaciones de emergencia e incidentes agudos que vulneren la salud de la población” (p15).
El diagnóstico se organiza en 4 grandes componentes:
Dificultades en la articulación institucional, la movilización de recursos financieros y las capacidades de vigilancia en salud pública
Bajas capacidades industriales de producción local de biológicos, biotecnológicos y tecnologías estratégicas en salud para atender pandemias e incidentes.
Limitado talento humano para anticipar, preparar y atender situaciones de emergencia e incidentes agudos
Bajas capacidades en torno al uso, disponibilidad, interoperabilidad y transparencia de información y aplicaciones de salud digital necesarios en emergencias e incidentes agudos en salud
Cada uno de ellos se desarrolla en aspectos específicos que muestran el débil panorama actual de la soberanía en la producción sanitaria en el país.
La política se estructura desde un objetivo general y 4 objetivos específicos:
Objetivo general: Fortalecer las capacidades del país y del sistema de salud para prepararse y dar respuesta a las situaciones de emergencia e incidentes agudos que vulneren la salud de la población.
Objetivos específicos:
0E1. Generar condiciones de gobernanza, flujo de recursos y capacidad de vigilancia en salud pública para preparar y dar respuesta adecuada a las situaciones de emergencia sanitaria.
0E2. Promover e incentivar las capacidades industriales de producción local de medicamentos de síntesis química, biotecnológicos, dispositivos médicos, radiofármacos, y componentes sanguíneos y anatómicos, como otras tecnologías estratégicas en salud que apoyen la atención de epidemias o incidentes agudos.
0E3. Incrementar la formación de recurso humano para satisfacer la necesidad de anticipar, preparar y atender situaciones de emergencia e incidentes agudos.
0E4. Fortalecer las capacidades en torno a la disponibilidad, interoperabilidad, desarrollo de aplicaciones de salud digital y uso transparente de la información necesarios para la planeación y la gestión de emergencias e incidentes agudos.
En coherencia con diagnóstico y objetivos, el plan de acción tiene 4 grandes componentes que se desagregan en 7 líneas de acción:
Plan de Acción:
Generar condiciones de gobernanza, flujo de recursos y capacidad de vigilancia en salud pública para preparar y dar respuesta adecuada a las situaciones de emergencia sanitaria.
Mejorar la articulación y coherencia del sector salud para enfrentar situaciones de emergencia
Establecer un mecanismo eficiente para la movilización de recursos financieros para prepararse y atender la emergencia.
Promover e incentivar las capacidades industriales de producción local de medicamentos de síntesis química, biotecnológicos, dispositivos médicos, radiofármacos, y componentes sanguíneos y anatómicos, como otras tecnologías estratégicas en salud que apoyen la atención de epidemias o incidentes agudos.
Estructurar y convertir la capacidad industrial de producción local como pilar de la seguridad sanitaria
Mejorar el marco regulatorio de las tecnologías en salud para los tiempos de emergencia en salud pública
Promover el fortalecimiento de la formación de talento humano para anticipar, preparar y atender situaciones de emergencia e incidentes agudos.
Incrementar la formación de recurso humano para satisfacer la necesidad de anticipar, preparar y atender situaciones de emergencia e incidentes agudos.
Fortalecer las capacidades en torno a la disponibilidad, interoperabilidad, desarrollo de aplicaciones de salud digital y uso transparente de la información necesarios para la planeación y la gestión de emergencias e incidentes agudos.
Mejorar la interoperabilidad de información para la vigilancia epidemiológica y de salud pública
Fortalecer de aplicaciones de salud digital en el territorio y las redes sociales
El seguimiento será anual entre 2023 y 2027.
La financiación de la política será responsabilidad de “…las entidades del sector salud involucradas en su implementación gestionarán y priorizarán, en el marco de sus competencias y de acuerdo con el Marco de Gasto de Mediano Plazo, los recursos para la financiación de las acciones que son propuestas”. (p31)
Entidades con responsabilidades en la política:
Ministerio de salud y protección social
Instituto Nacional de Salud (INS)
Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
[1] Actualmente el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (Minciencias) se encuentra desarrollando la Política Nacional de CTeI para el sector salud.
ANÁLISIS DE LAS ACCIONES PROPUESTAS:
La estructura de la política, según se ha descrito, se despliega mediante acciones específicas:
El pasado 27 de julio, la comisión de empalme del sector salud presentó el informe final de su gestión, de acuerdo con los lineamientos del presidente electo Gustavo Petro. El documento, compuesto por cuatro secciones principales, ofrece un balance de las acciones adelantadas por la administración saliente, señala algunas alertas que requieren atención especial por parte del gobierno entrante, y traza unas líneas de acción a corto, mediano y largo plazo que fijan un horizonte para los próximos años. Su construcción contó con la participación de diversos actores vinculados al sector salud que se organizaron según afinidades misionales, y fue coordinado por la recién posesionada ministra Carolina Corcho.
Una de las particularidades del informe es que define un horizonte de acción que transita entre la continuidad y la ruptura. Continuidad, porque reconoce la necesidad de mantener y fortalecer esfuerzos desarrollados por los gobiernos anteriores; y ruptura, porque establece un conjunto de transformaciones que apuntan a materializar las propuestas incluidas en el plan de gobierno que se impuso en las elecciones el 19 de junio. Esta ambivalencia, pone de manifiesto la dinámica institucional propia de los cambios de administración, ya que expone la delicada labor que supone armonizar las políticas de Estado con las políticas de Gobierno. Más allá de estas consideraciones, el informe resalta al menos 5 puntos que demandan una continuidad de esfuerzos y 12 alertas que requieren especial atención; también, introduce un conjunto de orientaciones para priorizar las acciones del sector en los primeros 100 días, y enumera 10 líneas generales de trabajo como horizonte para el nuevo gobierno. El propósito de este texto no es establecer la veracidad de las conclusiones del empalme, sino describir sus puntos más notables.
En referencia a los puntos que requieren continuidad de esfuerzos, el informe resalta la importancia de avanzar en la implementación de tecnologías de información y comunicación en los distintos niveles del sector. Puntualmente, se refiere a la necesidad de alinear los sistemas de información, con miras a garantizar su interoperabilidad para la toma de decisiones. Así mismo, menciona que es imperativo culminar el pago y depuración de deudas contempladas en el Acuerdo de Punto Final, y consolidar las capacidades de inspección, vigilancia y control en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). También, se refiere a la ampliación y dinamización de la Comisión Intersectorial de Salud con perspectiva regional y diversidad territorial, para darle al sistema un carácter descentralizado que atienda las particularidades regionales. Por último, el informe destaca los avances logrados en la ampliación de la red de laboratorios de salud pública y las iniciativas de producción local de vacunas y biológicos como estrategia para la solución de prioridades locales de salud.
Por su parte, en relación con los elementos que se consideran de abordaje prioritario, el informe de empalme describe un panorama que ilustra las complejidades inherentes al sistema de salud, muchas de las cuales constituyen problemáticas estructurales que siguen sin resolverse plenamente. Entre las más destacadas, el informe se refiere a la precarización laboral del talento humano; al uso y la destinación de algunos recursos financieros específicos dentro del sector; a la reglamentación del etiquetado nutricional, la IVE y el suicidio asistido; a la evaluación de las medidas tomadas durante la pandemia, particularmente, al estado de más de 600.000 usuarios que fueron retirados del sistema con el fin de la emergencia sanitaria; a la política farmacéutica vigente y a la postura del país frente a la gestión de la propiedad intelectual; a la ausencia de una política de salud pública orientada a intervenir los determinantes sociales y a reconocer la diversidad sociocultural del país; al déficit fiscal de la red de atención pública; y a la situación de al menos 14 EPS cobijadas por medidas especiales por parte de la SNS. Sobre este último punto, en particular, el informe llama la atención sobre la falta de más de $6 billones para el sostenimiento del sistema, lo cual necesariamente demanda del gobierno entrante la búsqueda de nuevos recursos que garanticen su normal funcionamiento.
Ante este panorama, el informe plantea algunas líneas de acción que se describen a partir de dos temporalidades: acciones inmediatas (100 días) que conduzcan a victorias tempranas; y gestiones en el mediano y largo plazo. Dentro de las primeras, el informe menciona el fortalecimiento del mecanismo de pago directo, como una estrategia para garantizar la liquidez de prestadores; esto -menciona el informe- puede ser especialmente relevante en el caso de las deudas que hoy tienen las 14 EPS bajo vigilancia especial, sobretodo mientras la SNS toma decisiones definitivas. También, se señala la urgencia de adoptar una estrategia de atención primaria fundamentada en la creación de equipos extramurales interdisciplinarios que atiendan a las poblaciones más vulnerables. Así mismo, se menciona la importancia de avanzar en el ajuste de la UPC del régimen subsidiado, de tal modo que se equipare a la del contributivo; se propone unificar los recursos del aseguramiento y del PIC para avanzar en un modelo de asegurador único a partir de 10 experiencias territoriales; y se sugiere avanzar en un proceso de laboralización del talento humano que implica: contratación directa, creación de plantas provisionales y mayor inspección de las condiciones de trabajo.
Por su parte, en relación con las acciones a mediano y largo plazo, el informe se concentra en proponer la puesta en marcha de una reforma al sistema de salud que responda a lo establecido en la Ley Estatutaria de 2015; la reformulación del PDSP 2022-2031; la reglamentación de un modelo de atención centrado en la prevención y la predicción; el diseño y la puesta en marcha de un sistema de información interoperable; la recuperación de la red pública hospitalaria; y una mayor y mejor articulación entre los diversos actores que concurren en el sector salud.
Sin duda alguna, todas estas iniciativas son coherentes con la propuesta que obtuvo la victoria en las elecciones el pasado 19 de junio. Seguramente, la solución de las problemáticas que fueron identificadas en el informe contribuirá a que el sistema de salud de los colombianos mejore en beneficio de su población. Las rutas de acción mencionadas pueden constituir una estrategia para solucionar algunos de los problemas estructurales del sistema, como la dificultad en el acceso, la transparencia, el uso inadecuado de los recursos, las condiciones del talento humano y la financiación. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos propósitos han sido un común denominador de los diferentes gobiernos, y que muchos de ellos, han sido incluidos en los Planes de Desarrollo sin que al final lleguen a concretarse plenamente. Por ello, es importante que las propuestas que contiene el informe se hagan teniendo en cuenta factores trascendentales de nuestro contexto particular, como la realidad fiscal del país; la oferta de talento humano y la capacidad instalada de servicios e infraestructura sanitaria; la inercia institucional a nivel nacional, territorial y local; y las expectativas e intereses de los diferentes actores del sector.
Cualquier propuesta enfocada en mejorar el funcionamiento del sistema debe partir de reconocer sus complejidades, lo que implica asumir que muchas de sus dificultades no son la consecuencia de causas singulares y aisladas, sino el resultado de profundas e intrincadas articulaciones sociales, culturales, económicas e institucionales que necesitan ser ampliamente comprendidas. En ese sentido, cualquier iniciativa de transformación debe partir de un análisis riguroso y sereno, a partir del cual se puedan identificar y entender los verdaderos problemas que aquejan al sistema y luego actuar para resolverlos. En ocasiones, la declaración de buenas intenciones se convierte en un referente para que las sociedades fijen sus expectativas; posteriormente, la dificultad que supone implementar reformas inmediatas puede contribuir a que esas expectativas se manifiesten como decepciones. Por ello resulta fundamental que los diagnósticos y las líneas de acción que expone el informe de empalme sean cuidadosamente revisadas y discutidas por el conjunto de la sociedad, esto con el propósito de promover cambios que mejoren el funcionamiento del sistema.
El Webinar ‘Alternativas para una política de seguridad farmacéutica’ organizado por INNOS contó con la participación de Carlos Álvarez, Coordinador de estudios sobre el Covid-19 ante la OMS para Colombia; Jaime Andrés Cano, Director de la Corporación para Investigaciones Biológicas; Francisco Noguera, Gerente de Innovación y Experiencias de INNpulsa; Álvaro Amaya, vocero y coordinador académico de INNOS; Ricardo Palacios, Director del área de investigación clínica del Instituto Butantan de Brasil; Adriana Pacheco, Directora del Doctorado en Salud Pública de la Universidad El Bosque y el Senador Iván Darío Agudelo, quienes brindaron a la audiencia un panorama general y el respectivo contexto de la seguridad farmacéutica en Colombia. Además, se resaltaron las implicaciones del Proyecto de Ley “por medio del cual se dictan las bases de la Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación I+D+i para la Seguridad Farmacéutica”. Al hablar de estas políticas ya son muchos los países que le han tomado ventaja a Colombia, sin embargo se espera que esta iniciativa le permita al país afrontar los desafíos que impusó la nueva realidad y cerrar las brechas en términos de accesibilidad a bienes esenciales como medicamentos, vacunas, equipos médicos, entre otros, que se hicieron más visibles durante la pandemia.
Este Webinar ratifica que el debate por política de seguridad farmacéutica en Colombia continúa.
El experto en Propiedad Intelectual de INNOS y actual Director de la Oficina Legal de Innovación y Extensión del HUB iEX de la Universidad El Bosque, Juan Carlos Suarez, participó el pasado jueves, 15 de abril en la Audiencia Pública dedicada al tema de Propiedad Intelectual, en el marco del Proyecto de Ley 372 de 2020 del Senado – “Seguridad Farmacéutica”. Extendemos la invitación a escuchar su intervención:
