El pasado 27 de julio, la comisión de empalme del sector salud presentó el informe final de su gestión, de acuerdo con los lineamientos del presidente electo Gustavo Petro. El documento, compuesto por cuatro secciones principales, ofrece un balance de las acciones adelantadas por la administración saliente, señala algunas alertas que requieren atención especial por parte del gobierno entrante, y traza unas líneas de acción a corto, mediano y largo plazo que fijan un horizonte para los próximos años. Su construcción contó con la participación de diversos actores vinculados al sector salud que se organizaron según afinidades misionales, y fue coordinado por la recién posesionada ministra Carolina Corcho.
Una de las particularidades del informe es que define un horizonte de acción que transita entre la continuidad y la ruptura. Continuidad, porque reconoce la necesidad de mantener y fortalecer esfuerzos desarrollados por los gobiernos anteriores; y ruptura, porque establece un conjunto de transformaciones que apuntan a materializar las propuestas incluidas en el plan de gobierno que se impuso en las elecciones el 19 de junio. Esta ambivalencia, pone de manifiesto la dinámica institucional propia de los cambios de administración, ya que expone la delicada labor que supone armonizar las políticas de Estado con las políticas de Gobierno. Más allá de estas consideraciones, el informe resalta al menos 5 puntos que demandan una continuidad de esfuerzos y 12 alertas que requieren especial atención; también, introduce un conjunto de orientaciones para priorizar las acciones del sector en los primeros 100 días, y enumera 10 líneas generales de trabajo como horizonte para el nuevo gobierno. El propósito de este texto no es establecer la veracidad de las conclusiones del empalme, sino describir sus puntos más notables.
En referencia a los puntos que requieren continuidad de esfuerzos, el informe resalta la importancia de avanzar en la implementación de tecnologías de información y comunicación en los distintos niveles del sector. Puntualmente, se refiere a la necesidad de alinear los sistemas de información, con miras a garantizar su interoperabilidad para la toma de decisiones. Así mismo, menciona que es imperativo culminar el pago y depuración de deudas contempladas en el Acuerdo de Punto Final, y consolidar las capacidades de inspección, vigilancia y control en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). También, se refiere a la ampliación y dinamización de la Comisión Intersectorial de Salud con perspectiva regional y diversidad territorial, para darle al sistema un carácter descentralizado que atienda las particularidades regionales. Por último, el informe destaca los avances logrados en la ampliación de la red de laboratorios de salud pública y las iniciativas de producción local de vacunas y biológicos como estrategia para la solución de prioridades locales de salud.
Por su parte, en relación con los elementos que se consideran de abordaje prioritario, el informe de empalme describe un panorama que ilustra las complejidades inherentes al sistema de salud, muchas de las cuales constituyen problemáticas estructurales que siguen sin resolverse plenamente. Entre las más destacadas, el informe se refiere a la precarización laboral del talento humano; al uso y la destinación de algunos recursos financieros específicos dentro del sector; a la reglamentación del etiquetado nutricional, la IVE y el suicidio asistido; a la evaluación de las medidas tomadas durante la pandemia, particularmente, al estado de más de 600.000 usuarios que fueron retirados del sistema con el fin de la emergencia sanitaria; a la política farmacéutica vigente y a la postura del país frente a la gestión de la propiedad intelectual; a la ausencia de una política de salud pública orientada a intervenir los determinantes sociales y a reconocer la diversidad sociocultural del país; al déficit fiscal de la red de atención pública; y a la situación de al menos 14 EPS cobijadas por medidas especiales por parte de la SNS. Sobre este último punto, en particular, el informe llama la atención sobre la falta de más de $6 billones para el sostenimiento del sistema, lo cual necesariamente demanda del gobierno entrante la búsqueda de nuevos recursos que garanticen su normal funcionamiento.
Ante este panorama, el informe plantea algunas líneas de acción que se describen a partir de dos temporalidades: acciones inmediatas (100 días) que conduzcan a victorias tempranas; y gestiones en el mediano y largo plazo. Dentro de las primeras, el informe menciona el fortalecimiento del mecanismo de pago directo, como una estrategia para garantizar la liquidez de prestadores; esto -menciona el informe- puede ser especialmente relevante en el caso de las deudas que hoy tienen las 14 EPS bajo vigilancia especial, sobretodo mientras la SNS toma decisiones definitivas. También, se señala la urgencia de adoptar una estrategia de atención primaria fundamentada en la creación de equipos extramurales interdisciplinarios que atiendan a las poblaciones más vulnerables. Así mismo, se menciona la importancia de avanzar en el ajuste de la UPC del régimen subsidiado, de tal modo que se equipare a la del contributivo; se propone unificar los recursos del aseguramiento y del PIC para avanzar en un modelo de asegurador único a partir de 10 experiencias territoriales; y se sugiere avanzar en un proceso de laboralización del talento humano que implica: contratación directa, creación de plantas provisionales y mayor inspección de las condiciones de trabajo.
Por su parte, en relación con las acciones a mediano y largo plazo, el informe se concentra en proponer la puesta en marcha de una reforma al sistema de salud que responda a lo establecido en la Ley Estatutaria de 2015; la reformulación del PDSP 2022-2031; la reglamentación de un modelo de atención centrado en la prevención y la predicción; el diseño y la puesta en marcha de un sistema de información interoperable; la recuperación de la red pública hospitalaria; y una mayor y mejor articulación entre los diversos actores que concurren en el sector salud.
Sin duda alguna, todas estas iniciativas son coherentes con la propuesta que obtuvo la victoria en las elecciones el pasado 19 de junio. Seguramente, la solución de las problemáticas que fueron identificadas en el informe contribuirá a que el sistema de salud de los colombianos mejore en beneficio de su población. Las rutas de acción mencionadas pueden constituir una estrategia para solucionar algunos de los problemas estructurales del sistema, como la dificultad en el acceso, la transparencia, el uso inadecuado de los recursos, las condiciones del talento humano y la financiación. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que estos propósitos han sido un común denominador de los diferentes gobiernos, y que muchos de ellos, han sido incluidos en los Planes de Desarrollo sin que al final lleguen a concretarse plenamente. Por ello, es importante que las propuestas que contiene el informe se hagan teniendo en cuenta factores trascendentales de nuestro contexto particular, como la realidad fiscal del país; la oferta de talento humano y la capacidad instalada de servicios e infraestructura sanitaria; la inercia institucional a nivel nacional, territorial y local; y las expectativas e intereses de los diferentes actores del sector.
Cualquier propuesta enfocada en mejorar el funcionamiento del sistema debe partir de reconocer sus complejidades, lo que implica asumir que muchas de sus dificultades no son la consecuencia de causas singulares y aisladas, sino el resultado de profundas e intrincadas articulaciones sociales, culturales, económicas e institucionales que necesitan ser ampliamente comprendidas. En ese sentido, cualquier iniciativa de transformación debe partir de un análisis riguroso y sereno, a partir del cual se puedan identificar y entender los verdaderos problemas que aquejan al sistema y luego actuar para resolverlos. En ocasiones, la declaración de buenas intenciones se convierte en un referente para que las sociedades fijen sus expectativas; posteriormente, la dificultad que supone implementar reformas inmediatas puede contribuir a que esas expectativas se manifiesten como decepciones. Por ello resulta fundamental que los diagnósticos y las líneas de acción que expone el informe de empalme sean cuidadosamente revisadas y discutidas por el conjunto de la sociedad, esto con el propósito de promover cambios que mejoren el funcionamiento del sistema.
