por INNOS | Oct 5, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
El país conoció hace algunas semanas que, en el desarrollo del debate del proyecto de Ley 339 que pretende reformar el sistema de salud colombiano, se decidió el día 30 de agosto, por parte de la presidencia de la cámara de representantes, conformar una Comisión Accidental que ampliara el debate a este proyecto tan relevante, abriendo de esta forma un espacio de discusión con actores sociales, académicos, gremiales, políticos y de todos los sectores que quisieran aportar sus opiniones y presentar propuestas al articulado que se encuentra en discusión.
La comisión accidental fue convocada por la mesa directiva de la plenaria de la Cámara y se conformó con 23 congresistas, con representación de todas las tendencias políticas que allí se encuentran. La finalidad de la comisión accidental, según se observa en la proposición aprobada por la mesa directiva, era: “…la concertación de un texto que será el resultado de la elaboración de las mesas de diálogo nacional que estarán abiertas a la participación ciudadana, política, organizaciones del sector y demás interesados…”
Entre el 25 y el 27 de septiembre pasados, esta comisión convocó a 5 mesas de diálogo nacional. Las mesas y sus temáticas fueron:
- Gestoras y ADRES
- Disposiciones generales y transitorias
- Políticas y régimen laboral
- Sistema de información, participación social e IVC
- Modelo de salud, organización del sistema e ISE.
Cada mesa tenía una orientación a una parte específica del texto del proyecto de Ley, abarcando algunos títulos y capítulos en los que las temáticas están desarrolladas.
Posterior a las reuniones de las 5 mesas temáticas, la comisión accidental se reunión entre el miércoles 27 de septiembre en la tarde y el lunes 2 de octubre, para revisar los aportes recogidos en las mesas y presentar el informe final de actividades que fue publicado el pasado martes 3 de octubre.
En este informe se resumen de forma amplia y sistemática los aportes de los participantes de cada una de las mesas técnicas, incluyendo además de su nombre, la representación de entidades o grupos de ciudadanos que cada uno de ellos ejercía. El informe también expone las principales decisiones a las que llegó. Entre estas decisiones se encuentran los puntos en los que la comisión logró acuerdos, aquellos artículos del proyecto en los que hubo disensos y los que por alguna u otra razón, no fueron abordados por la comisión accidental.
Los temas en los que se lograron acuerdos fueron:
- Política farmacéutica, de investigación y formación y régimen laboral (mesa 3, Títulos VIII, IX y X)
- Sistema de información, participación social e IVC (mesa 4, Títulos V, VI, VII y VIII)
- Gestoras y ADRES (mesa 1, artículos 55-68, 70, 72-75 del título IV)
- Modelo de salud, Organización del sistema e ISE (mesa 5, artículos 4-8, 10, 11, 15-17 y 21 del título II)
Los temas en los que hubo disenso fueron:
- Gestoras y ADRES, artículos 50 y 53 del título III; artículos 63,69 y 71 del título IV
- Modelo de salud, organización del sistema e ISE, artículos 9, 12, 13, 14 y 31 del título II.
Los artículos y títulos no abordados fueron:
- 113 a 119 del título XI, relacionados con la IVC y las funciones de la Supersalud
- 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Título II.
- 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 del Título II, ni el Título I.
La representante ponente Martha Alfonso informó a los medios, que no hubo cambios sustanciales en el articulado que continúa su discusión desde hoy, 5 de octubre en la Cámara.
Entre los puntos más destacables están los que se relacionan con la naturaleza y funciones de las EPS. En el articulado se dispuso que las EPS continúen sus actividades hasta por 2 años, siempre que cumplan unas condiciones mínimas que el gobierno dispondrá en el periodo de transición. Luego de este plazo, tendrán la opción de transformarse en “Gestoras de Salud y Vida”. Esta transformación también estará sujeta al cumplimiento de requisitos y a la voluntad de las propias EPS para hacerlo.
Las nuevas Gestoras tendrán funciones de organización de la red de CAPS, en el marco de las Redes Integradas RIISS, lo anterior en el marco de los lineamientos de la definición de territorios en salud y haciendo uso eficiente de la infraestructura ya existente en las respectivas zonas. De igual manera se comprometerán a cumplir los requisitos de habilitación que emita el Ministerio.
Durante el periodo de transición, las EPS serán responsables, bajo verificación del ministerio y la Superintendencia, del saneamiento de sus pasivos y de garantizar el pago total de todas las deudas existentes con la red de prestadores y demás empresas con las que tengan vínculos contractuales.
Otro aspecto de relieve es la eliminación del artículo 96 que disponía la generación de la Política de medicamentos, dispositivos y tecnologías en salud. Se le recomienda al MinSalud que desarrolle lo dispuesto en la Ley Estatutaria en esta materia, generando y emitiendo la reglamentación correspondiente.
Es interesante que una de las representantes que promovió la conformación de la comisión accidental, Julia Miranda, radicó un texto que se anexó al informe final. Allí la representante recalca las coincidencias que logró la comisión, enfocando en las funciones que deben conservar las EPS en la gestión del riesgo en salud y garantizando la transparencia en el flujo de recursos. También señaló la importancia del saneamiento contable y de fortalecer el talento humano en salud. Otros puntos de consenso que mencionó en la parte final del informe son, la importancia de fortalecer el sistema de información, aclarar las acciones de referencia y contrarreferencia y la libre elección.
Así mismo la representante Miranda señaló aspectos que no lograron consenso o que a su juicio, no fueron acogidos por las mesas de discusión en el marco de la comisión: algunos relacionados con las funciones de las EPS y de las futuras Gestoras de salud y vida, entre ellas las que podrían asumir los CAPS y otras IPS e ISE. Lo mismo ocurrió con los asuntos de la conformación y contratación de las RIISS, aunque se avanzó en la claridad sobre los temas de habilitación, autorización y coordinación.
La representante también alertó sobre la poca claridad en el modelo de aseguramiento y los modelos diferenciales para distintas zonas del país, sobre la necesidad de implementar subsidio a la oferta en los lugares donde la demanda es insuficiente y, finalmente llama la atención acerca del cálculo de la UPC y del régimen de transición y los costos que acarreará la reforma.
La representante Jennifer Pedraza, quien ha hecho oposición al proyecto, expresó que hubo avances y acuerdos en la comisión sobre temas relacionados con el giro directo por la ADRES, la prohibición de integración vertical en los niveles especializados, el énfasis en la atención primaria y la dignificación del talento humano en salud. Contrastó estos acuerdos con los puntos sin consenso entre los que mencionó los procesos de financiación, la dispersión de responsabilidades en distintos actores del sistema, las carencias en las capacidades técnicas de la ADRES para asumir funciones que se le están asignando y el porcentaje de la UPC que se asignará para gastos administrativos de las EPS, entre otros.
Contrastan algunas de estas declaraciones con otras que manifiestan su desacuerdo con los resultados de las mesas técnicas y de la comisión en general. Pacientes Colombia, organización que agrupa a voceros, líderes y representantes de pacientes de todas las regiones del país, ha expresado su preocupación por el trámite que lleva el proyecto de Ley y ha presentado hoy 4 de octubre, una petición en contra de la reforma porque no resuelve los problemas de fondo del sistema, en cuanto a sostenibilidad y oportunidad de la atención. En igual sentido se han expresado líderes y expertos que no reconocen avances profundos en el texto de la reforma, luego de las discusiones realizadas y además que la comisión escuchó algunos actores pro-reforma y prestó poca o ninguna atención a quienes presentaron reparos y propusieron cambios estructurales.
La representante Cathy Juvinao, por ejemplo, manifestó su desacuerdo con el informe de la comisión y además que se citara a plenaria al día siguiente sin haber dado el tiempo necesario para su análisis y preparar la discusión de forma adecuada. Consideró en su cuenta de X que el proyecto sería “pupitreado” lo cual ha sido criticado en el pasado por los partidos que hoy hacen parte de la bancada de gobierno.
En el mismo sentido fue la declaración del representante Andrés Forero, quien no observó cambios de fondo derivados de la comisión accidental y que los ajustes fueron solo “cosméticos”. Alertó sobre el riesgo de estatización del sistema de salud y del agotamiento temprano de recursos para la atención en salud. Todo esto acompañado del riesgo de aumentar la corrupción.
Aunque algunos sectores reconocen los aportes para robustecer el proyecto de Ley y la importancia de haber convocado la comisión con sus mesas técnicas, es claro que era un paso necesario, aunque no suficiente para que el proyecto despejara las dudas y las incertidumbres que ha generado en gran parte del país y de los actores del sistema de salud. Se espera que en lo que queda de su trámite legislativo se corrijan las deficiencias persistentes y se resuelvan las inquietudes que todavía contiene el articulado.
Por Alejandro Gómez – Coordinador Académico de INNOS
por INNOS | Sep 29, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
Bogotá, 20 de septiembre de 2023 – En una plenaria que se extendió desde la tarde hasta la noche del martes 19 de septiembre, el Congreso dio inicio al debate sobre la propuesta de Reforma a la Salud. Las discusiones estuvieron marcadas por la participación de las diferentes bancadas, cada una con sus respectivas preocupaciones y perspectivas sobre la reforma.
La Bancada Conservadora expresó su insatisfacción por la falta de consideración de sus propuestas para mejorar la propuesta. Argumentaron que el sistema de salud necesita una supervisión constante y cuestionaron por qué la reforma no aborda los regímenes especiales, que, según ellos, perpetúan desigualdades en el sistema. También mostraron inquietud sobre posibles restricciones a la libre elección de los ciudadanos.
Por su parte, la Bancada del Mira presentó los resultados de una encuesta en la que más de 24,000 ciudadanos, instituciones y actores del sistema de salud manifestaron que la corrupción es el principal problema en el sistema. Destacaron la necesidad de fortalecer la vigilancia, eliminar barreras para el acceso a servicios especializados y mejorar el sistema de información. También hicieron hincapié en garantizar la continuidad para pacientes crónicos y en la importancia de los cuidadores domiciliarios.
La Bancada Liberal se unió a la solicitud de participar en una subcomisión creada por la Cámara para buscar un consenso en la reforma. Manifestaron preocupación por la restricción de la libre elección de los ciudadanos y la situación financiera de las IPS y EPS. Sugirieron limitar la integración vertical en el sistema y fortalecer el control y vigilancia. Cuestionaron las amplias facultades otorgadas a la Superintendencia de Salud.
La Bancada del Partido de la U señaló la falta de vigilancia en el sistema de salud y la necesidad de desarrollar la atención primaria. Reconocieron que el sistema actual tiene una infraestructura compleja pero enfatizaron que se debe priorizar la prevención y promoción de la salud. Abogaron por una reforma abierta y con participación de todos los actores.
La Bancada Gente en Movimiento resaltó la importancia de la subcomisión para abordar las preocupaciones de diversos actores y profundizar en el financiamiento de la reforma.
La Bancada Alianza Verde cuestionó las premisas de la reforma y expresó dudas sobre su capacidad para ofrecer soluciones diferenciadas para las regiones apartadas. También mostraron preocupación por la ADRES y resaltaron los logros del sistema de salud actual.
La Bancada del Centro Democrático destacó la falta de un concepto del Ministerio de Hacienda sobre el costo de la reforma y expresó preocupación por la estatización del sistema de salud. Advirtieron sobre riesgos de politización, corrupción y pérdida de recursos.
Por último, la Bancada de Cambio Radical lamentó la falta de instalación de la subcomisión y comparó la reforma con sistemas de salud de otros países. Destacaron la importancia del acceso y atención a la salud de adultos mayores y poblaciones con discapacidad, así como los riesgos de una transición delicada.
En el cierre de la sesión, se aprobó el informe de ponencia para continuar el debate sobre la reforma a la salud, dando paso a futuras discusiones en el Congreso.
por INNOS | Sep 28, 2023 | publicaciones_categoria
Reseña: La Cámara de Representantes citó para los días 25, 26 y 27 de septiembre a la conformación de las mesas de diálogo con miras a debatir y enriquecer el articulado del proyecto de Ley 339 que cursa actualmente en esa corporación. El equipo de INNOS ha elaborado un análisis riguroso sobre los temas más relevantes que se plantearon para el debate y para ello, ha elaborado tres documentos que se enfocan en la Política de CTI para la salud, la formación del talento humano y los sistemas de información en salud.
Autor: INNOS.
DOI:
Fuente: Innos.co
Ver PDF
por INNOS | Sep 15, 2023 | publicaciones_categoria
Reseña: Transcurrido el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, es necesario hacer un análisis de los principales logros, retos y asuntos no resueltos durante este periodo en materia de salud.
Autor: María Margarita Martínez, Santiago Galvis Villamizar, Luis Alejandro Gómez.
DOI:
Fuente: Innos.co
Ver PDF
por INNOS | Jul 21, 2023 | Blog, Blog Electoral, Noticias
El pasado 2 de julio el gobierno nacional emitió el Decreto 1085 que declara el “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” en La Guajira. Con una extensa introducción y apenas tres artículos, el decreto fue presentado por el presidente Gustavo Petro como una estrategia para mitigar “la grave crisis humanitaria” que atraviesa el departamento. Si bien el decreto prioriza 11 sectores claves, ha trascendido su impacto en el sector salud. De acuerdo con declaraciones del propio presidente, el decreto apunta, entre otras cosas, a implementar en La Guajira la reforma a la salud que aún se discute en el Congreso. Ante esto, resulta pertinente analizar la pertinencia de esta estrategia y preguntarse sí es el camino adecuado para resolver las dificultades estructurales que en materia de salud tiene el departamento.
¿En qué consisten los decretos de emergencia social, económica o ecológica?
Los decretos de emergencia social, económica o ecológica se encuentran desarrollados en el artículo 215 de la Constitución Política de 1991. Al igual que las declaratorias de estado de conmoción interior y los estados de excepción, las declaratorias por emergencia social, económica o ecológica son respuestas a situaciones que se encuentran por fuera de la normalidad y pueden llegar a ser graves.
Ahora bien, al ser parte de disposiciones especiales y excepcionales, los decretos de emergencia deben cumplir con una serie de atribuciones: 1) El presidente y todos los ministros deben suscribir el estado de emergencia social, económica o ecológica. 2) Los derechos fundamentales no pueden ser suspendidos. 3) La declaratoria no puede ser obstáculo para el desarrollo normal de las funciones de cualquiera de las ramas del poder público, así como el normal funcionamiento de los gobiernos locales. 4) Toda declaratoria siempre debe ir acompañada de una motivación. Esta motivación debe demostrar una relación de causalidad entre los hechos que se constituyen en una perturbación y las razones por las cuales se decide decretar la excepción. 5) Este tipo de decretos, así como los actos necesarios para ponerlo en práctica posteriores a la declaratoria, siempre deberán someterse al examen jurídico de la Corte Constitucional y al control político del Congreso.
El decreto de emergencia social, económica y ecológica en la Guajira y la reforma a la salud
Diversos medios de comunicación han registrado las declaraciones del presidente donde anuncia que en la Guajira se aplicarán algunas de las medidas que contempla el proyecto de Ley 339, que cursa actualmente en el congreso y que continuará su trámite legislativo a partir del próximo 20 de julio.
Es interesante que tales anuncios se orienten hacia acciones que, de alguna manera, ya se han venido desarrollando en el país, como los equipos básicos territoriales de salud, que pretenden acercar los servicios de atención primaria a la ciudadanía y que, en esta zona del país, se enfocarían en la población indígena y en aquella que habita las áreas rurales y de difícil acceso.
Entre los argumentos que sustentan la declaratoria de emergencia y que están en la parte inicial del decreto, destacan las cifras de desnutrición infantil, las de enfermedades transmisibles como diarreas, infecciones respiratorias y también la mortalidad materna, que han sido frecuentemente mencionadas en los debates del proyecto de reforma a la salud y en el propio articulado del proyecto. Es evidente que la situación de gran parte de la población requiere de acciones más eficaces para resolver sus problemáticas sociales y de salud, pero no se entiende que se argumente como una situación de emergencia algo que se conoce desde hace años. Es válido que el gobierno nacional enfoque esfuerzos y canalice recursos a atender a quienes más lo necesitan, pero no se comprende que se busque de alguna forma, imponer cambios en el sistema de salud que no han sido acordados ni mucho menos aprobados en las instancias dispuestas para ello.
Sería interesante conocer cuáles son los planes que el ministerio de salud y protección social ha diseñado para intervenir en esta población, de qué forma se pretende resolver la problemática sanitaria que allí existe desde tiempo atrás y cómo esta “prueba piloto” se tendrá en cuenta en el proceso de reforma al sistema de salud. Entre los anuncios conocidos hasta ahora se sabe que el gobierno ha hablado de organizar “distritos de salud” y equipos que harán visitas domiciliarias a toda la población del departamento, llevando vacunas y construyendo lo que podría ser un diagnóstico de salud comunitaria.
De esta manera, se retoman algunos anuncios que el mismo gobierno hizo meses atrás cuando presentaba la ministra de salud el modelo preventivo y predictivo y la conformación de equipos territoriales de salud. Este es un programa que no es nuevo en el país y que se ha desarrollado previamente, incluso en ciudades como Bogotá y Medellín y en otros territorios y zonas geográficas.
El ministro Guillermo Jaramillo también anunció que se emitirá un decreto en el cual se coordinen las acciones de todas las entidades de salud, para dar respuesta a estas condiciones prioritarias del departamento, pero hoy en día, todavía este decreto no se conoce.
Vale la pena recordar que muchas de las críticas que se han hecho al proyecto de reforma a la salud, justamente apuntan a que no se requiere un cambio profundo y estructural del sistema, sino algunas medidas específicas que permitan resolver las problemáticas conocidas de la salud en el país. Con estas acciones, el gobierno parecería darles la razón a estas críticas, si considera que con la declaratoria de emergencia (que solo dura 30 días) y los decretos que amparados en ella se expidan, es posible corregir las fallas del sistema de salud que pretende cambiar mediante la nueva Ley.
Así mismo, es importante señalar que las condiciones de este territorio, sus características climáticas, geográficas, culturales, sociales y económicas, son bastante particulares y que es posible que lo que allí se aplique no tenga los mismos efectos en el resto del país. Esto deberá ser tenido en cuenta por el ministerio de salud y protección social, que será el encargado de desarrollar las acciones que, hasta ahora, se han venido comunicando.
Más allá de lo mencionado, hay que tener en cuenta que el decreto deberá ser revisado por la Corte Constitucional, entidad encargada de llevar a cabo el control de legalidad. Al respecto, la Corte se centrará en dos aspectos, un aspecto formal y un aspecto material. Para el caso del primero, la Corte establecerá si el gobierno nacional cumplió de manera puntual con los requisitos, a saber, promulgación, ámbito territorial y ámbito temporal de la declaratoria. En términos del aspecto material, la Corte verificará la justificación de la declaratoria en términos de capacidad o idoneidad, necesidad de las medidas establecidas en el decreto, proporcionalidad y si se fundamenta en los principios de la ley. A la espera de la decisión de la Corte, es claro que el departamento de la Guajira requiere acciones integrales, estructurales e intersectoriales que contribuyan a solucionar las problemáticas del departamento. Para ello es fundamental que el gobierno nacional diseñe estrategias orientadas a resolver problemas estructurales y convoque a los diferentes actores involucrados en la búsqueda de consensos y soluciones.
Datos sobre La Guajira:
Población total: 880.560
Población residente en zona urbana: 47,5%
Población residente en zonas rurales y centros poblados: 52,5%
Población indígena: 48,4%
Acceso a servicios públicos en la vivienda:
-
Acueducto: 46,6%
-
Alcantarillado: 41,9%
-
Gas natural: 40,4%
-
Electricidad: 60,7%
-
Internet: 10,8%
Fuente: DANE.
