El país conoció hace algunas semanas que, en el desarrollo del debate del proyecto de Ley 339 que pretende reformar el sistema de salud colombiano, se decidió el día 30 de agosto, por parte de la presidencia de la cámara de representantes, conformar una Comisión Accidental que ampliara el debate a este proyecto tan relevante, abriendo de esta forma un espacio de discusión con actores sociales, académicos, gremiales, políticos y de todos los sectores que quisieran aportar sus opiniones y presentar propuestas al articulado que se encuentra en discusión.
La comisión accidental fue convocada por la mesa directiva de la plenaria de la Cámara y se conformó con 23 congresistas, con representación de todas las tendencias políticas que allí se encuentran. La finalidad de la comisión accidental, según se observa en la proposición aprobada por la mesa directiva, era: “…la concertación de un texto que será el resultado de la elaboración de las mesas de diálogo nacional que estarán abiertas a la participación ciudadana, política, organizaciones del sector y demás interesados…”
Entre el 25 y el 27 de septiembre pasados, esta comisión convocó a 5 mesas de diálogo nacional. Las mesas y sus temáticas fueron:
- Gestoras y ADRES
- Disposiciones generales y transitorias
- Políticas y régimen laboral
- Sistema de información, participación social e IVC
- Modelo de salud, organización del sistema e ISE.
Cada mesa tenía una orientación a una parte específica del texto del proyecto de Ley, abarcando algunos títulos y capítulos en los que las temáticas están desarrolladas.
Posterior a las reuniones de las 5 mesas temáticas, la comisión accidental se reunión entre el miércoles 27 de septiembre en la tarde y el lunes 2 de octubre, para revisar los aportes recogidos en las mesas y presentar el informe final de actividades que fue publicado el pasado martes 3 de octubre.
En este informe se resumen de forma amplia y sistemática los aportes de los participantes de cada una de las mesas técnicas, incluyendo además de su nombre, la representación de entidades o grupos de ciudadanos que cada uno de ellos ejercía. El informe también expone las principales decisiones a las que llegó. Entre estas decisiones se encuentran los puntos en los que la comisión logró acuerdos, aquellos artículos del proyecto en los que hubo disensos y los que por alguna u otra razón, no fueron abordados por la comisión accidental.
Los temas en los que se lograron acuerdos fueron:
- Política farmacéutica, de investigación y formación y régimen laboral (mesa 3, Títulos VIII, IX y X)
- Sistema de información, participación social e IVC (mesa 4, Títulos V, VI, VII y VIII)
- Gestoras y ADRES (mesa 1, artículos 55-68, 70, 72-75 del título IV)
- Modelo de salud, Organización del sistema e ISE (mesa 5, artículos 4-8, 10, 11, 15-17 y 21 del título II)
Los temas en los que hubo disenso fueron:
- Gestoras y ADRES, artículos 50 y 53 del título III; artículos 63,69 y 71 del título IV
- Modelo de salud, organización del sistema e ISE, artículos 9, 12, 13, 14 y 31 del título II.
Los artículos y títulos no abordados fueron:
- 113 a 119 del título XI, relacionados con la IVC y las funciones de la Supersalud
- 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Título II.
- 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 del Título II, ni el Título I.
La representante ponente Martha Alfonso informó a los medios, que no hubo cambios sustanciales en el articulado que continúa su discusión desde hoy, 5 de octubre en la Cámara.
Entre los puntos más destacables están los que se relacionan con la naturaleza y funciones de las EPS. En el articulado se dispuso que las EPS continúen sus actividades hasta por 2 años, siempre que cumplan unas condiciones mínimas que el gobierno dispondrá en el periodo de transición. Luego de este plazo, tendrán la opción de transformarse en “Gestoras de Salud y Vida”. Esta transformación también estará sujeta al cumplimiento de requisitos y a la voluntad de las propias EPS para hacerlo.
Las nuevas Gestoras tendrán funciones de organización de la red de CAPS, en el marco de las Redes Integradas RIISS, lo anterior en el marco de los lineamientos de la definición de territorios en salud y haciendo uso eficiente de la infraestructura ya existente en las respectivas zonas. De igual manera se comprometerán a cumplir los requisitos de habilitación que emita el Ministerio.
Durante el periodo de transición, las EPS serán responsables, bajo verificación del ministerio y la Superintendencia, del saneamiento de sus pasivos y de garantizar el pago total de todas las deudas existentes con la red de prestadores y demás empresas con las que tengan vínculos contractuales.
Otro aspecto de relieve es la eliminación del artículo 96 que disponía la generación de la Política de medicamentos, dispositivos y tecnologías en salud. Se le recomienda al MinSalud que desarrolle lo dispuesto en la Ley Estatutaria en esta materia, generando y emitiendo la reglamentación correspondiente.
Es interesante que una de las representantes que promovió la conformación de la comisión accidental, Julia Miranda, radicó un texto que se anexó al informe final. Allí la representante recalca las coincidencias que logró la comisión, enfocando en las funciones que deben conservar las EPS en la gestión del riesgo en salud y garantizando la transparencia en el flujo de recursos. También señaló la importancia del saneamiento contable y de fortalecer el talento humano en salud. Otros puntos de consenso que mencionó en la parte final del informe son, la importancia de fortalecer el sistema de información, aclarar las acciones de referencia y contrarreferencia y la libre elección.
Así mismo la representante Miranda señaló aspectos que no lograron consenso o que a su juicio, no fueron acogidos por las mesas de discusión en el marco de la comisión: algunos relacionados con las funciones de las EPS y de las futuras Gestoras de salud y vida, entre ellas las que podrían asumir los CAPS y otras IPS e ISE. Lo mismo ocurrió con los asuntos de la conformación y contratación de las RIISS, aunque se avanzó en la claridad sobre los temas de habilitación, autorización y coordinación.
La representante también alertó sobre la poca claridad en el modelo de aseguramiento y los modelos diferenciales para distintas zonas del país, sobre la necesidad de implementar subsidio a la oferta en los lugares donde la demanda es insuficiente y, finalmente llama la atención acerca del cálculo de la UPC y del régimen de transición y los costos que acarreará la reforma.
La representante Jennifer Pedraza, quien ha hecho oposición al proyecto, expresó que hubo avances y acuerdos en la comisión sobre temas relacionados con el giro directo por la ADRES, la prohibición de integración vertical en los niveles especializados, el énfasis en la atención primaria y la dignificación del talento humano en salud. Contrastó estos acuerdos con los puntos sin consenso entre los que mencionó los procesos de financiación, la dispersión de responsabilidades en distintos actores del sistema, las carencias en las capacidades técnicas de la ADRES para asumir funciones que se le están asignando y el porcentaje de la UPC que se asignará para gastos administrativos de las EPS, entre otros.
Contrastan algunas de estas declaraciones con otras que manifiestan su desacuerdo con los resultados de las mesas técnicas y de la comisión en general. Pacientes Colombia, organización que agrupa a voceros, líderes y representantes de pacientes de todas las regiones del país, ha expresado su preocupación por el trámite que lleva el proyecto de Ley y ha presentado hoy 4 de octubre, una petición en contra de la reforma porque no resuelve los problemas de fondo del sistema, en cuanto a sostenibilidad y oportunidad de la atención. En igual sentido se han expresado líderes y expertos que no reconocen avances profundos en el texto de la reforma, luego de las discusiones realizadas y además que la comisión escuchó algunos actores pro-reforma y prestó poca o ninguna atención a quienes presentaron reparos y propusieron cambios estructurales.
La representante Cathy Juvinao, por ejemplo, manifestó su desacuerdo con el informe de la comisión y además que se citara a plenaria al día siguiente sin haber dado el tiempo necesario para su análisis y preparar la discusión de forma adecuada. Consideró en su cuenta de X que el proyecto sería “pupitreado” lo cual ha sido criticado en el pasado por los partidos que hoy hacen parte de la bancada de gobierno.
En el mismo sentido fue la declaración del representante Andrés Forero, quien no observó cambios de fondo derivados de la comisión accidental y que los ajustes fueron solo “cosméticos”. Alertó sobre el riesgo de estatización del sistema de salud y del agotamiento temprano de recursos para la atención en salud. Todo esto acompañado del riesgo de aumentar la corrupción.
Aunque algunos sectores reconocen los aportes para robustecer el proyecto de Ley y la importancia de haber convocado la comisión con sus mesas técnicas, es claro que era un paso necesario, aunque no suficiente para que el proyecto despejara las dudas y las incertidumbres que ha generado en gran parte del país y de los actores del sistema de salud. Se espera que en lo que queda de su trámite legislativo se corrijan las deficiencias persistentes y se resuelvan las inquietudes que todavía contiene el articulado.
Por Alejandro Gómez – Coordinador Académico de INNOS