por Coordinacion Innos | May 27, 2026 | Noticias
La iniciativa INNOS–FIFARMA impulsa una estrategia de comunicación y visualización para facilitar el uso de evidencia regulatoria en América Latina.
Con el inicio de su segunda edición en 2026, el Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias (OBPR 2.0) presenta una actualización clave: además de ampliar la cobertura a 10 países, fortalece su componente de comunicación y diseminación para que los hallazgos sean más claros, visuales y accionables para los diferentes públicos del ecosistema regulatorio.
Un Observatorio más amplio y más representativo
El OBPR 2.0 desarrollará por primera vez, un análisis específico sobre las autoridades reguladoras nacionales (ARN) de productos farmacéuticos, para conocer sobre sus experiencias y opiniones frente a la adopción de las Buenas Prácticas Regulatorias que promueve la OMS.
En 2024, el Observatorio estableció una línea base en ocho países. En 2026, el análisis incorpora explícitamente la ampliación del alcance regional —sumando Panamá y República Dominicana— para llegar a 10 países.
Evidencia en marcha: avance de recolección y movilización regional
Las actualizaciones de seguimiento del proyecto reportan avances concretos en la movilización regional. Para ello, la alianza con FIFARMA permite ampliar la base de organizaciones y personas que están siendo convocadas a la edición 2.0, de tal forma que se obtengan resultados más amplios y con mayor impacto en el mejoramiento de las acciones regulatorias. Si haces parte de los ecosistemas regulatorios de uno de estos 10 países o estás vinculado con la industria farmacéutica, aporta desde tu conocimiento y experiencia al avance y consolidación del OBPR.
Ingresa a la encuesta aquí: https://forms.cloud.microsoft/r/UbgvD3WRSd?origin=lprLink
por Coordinacion Innos | May 27, 2026 | Categoría de Noticia
En el marco del trámite incidental iniciado mediante el Auto 2061 de 2025, y con ocasión de las órdenes impartidas en la Sentencia T-760 de 2008, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, mediante Auto del 24 de febrero de 2026, dispuso la convocatoria a una mesa técnica orientada a esclarecer los aspectos centrales relacionados con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La Corte precisó que la mesa técnica tendría lugar el día 13 de abril de 2026 y que su desarrollo estaría enfocado a un ámbito exclusivamente técnico. La finalidad de la Corte es contar con insumos especializados, verificables y suficientemente sustentados que permitan evaluar, de manera rigurosa, el grado de cumplimiento del Auto 007 de 2025, en consonancia con las órdenes vigésima primera y vigésima segunda proferidas en la Sentencia T-760 de 2008. Dentro de las instituciones convocadas a esta mesa técnica, estuvo la Universidad El Bosque. En representación de la institución asistió el director de INNOS, quien presentó el siguiente concepto técnico.
Bogotá D.C., 13 de abril de 2026
En alcance a la respuesta enviada por la Universidad El Bosque al Auto del 12 de marzo de 2026 y al Oficio C-102 2026, desde el Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud INNOS, nos permitimos remitir el documento de la intervención realizada el 13 de abril de 2026 por el doctor Carlos Felipe Escobar Roa, así un texto que da alcance a las preguntas de cierre de los Honorables Magistrados al Ministro de Salud. Agradecemos este espacio en nombre del grupo académico articulado desde el Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud INNOS, el Doctorado en Salud Pública y el Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque. Esta intervención corresponde a una posición académica construida desde múltiples disciplinas, y no a una postura institucional o gremial. Queremos comenzar señalando que coincidimos con varias de las intervenciones que nos han precedido, particularmente aquellas que han cuestionado la suficiencia de la UPC desde dimensiones financieras, operativas y sectoriales. Consideramos que esas preocupaciones no son aisladas, sino que reflejan una convergencia consistente de evidencia. Asimismo, hemos revisado cuidadosamente los documentos presentados por el Ministerio de Salud. Reconocemos el esfuerzo técnico allí expuesto, en particular en lo relativo a los procesos de depuración, validación y selección de la información. Sin embargo, consideramos que dichos documentos, más que desvirtuar las preocupaciones sobre la suficiencia de la UPC, confirma un punto estructural que resulta central para esta discusión.
Nuestra intervención se concentra precisamente en ese punto.
El modelo actual de cálculo de la UPC es, en esencia, un modelo basado en la experiencia observada un modelo experience-based. Es decir, proyecta la prima a partir del gasto efectivamente registrado en el sistema, una vez este ha sido depurado, validado y ajustado mediante herramientas actuariales. El Ministerio, en su documento, defiende con amplitud este proceso de depuración. Coincidimos en que es indispensable mejorar la calidad del dato. Pero aquí está el punto crítico: depurar mejor el dato no corrige el límite estructural del modelo si ese dato no representa la totalidad de la necesidad en salud. Y ese es precisamente el problema que enfrentamos. Un modelo basado en experiencia observada puede funcionar adecuadamente en un sistema que está cumpliendo su función, es decir, donde la población accede oportunamente a los servicios, donde la demanda se atiende y donde el derecho se materializa de manera efectiva. En ese contexto, lo observado es una buena aproximación de lo necesario y el modelo de cálculo puede funcionar. Pero cuando ocurre lo contrario cuando el sistema evidencia barreras de acceso, incremento de reclamaciones, crecimiento sostenido de tutelas, cierres de servicios y deterioro en la oportunidad entonces lo observado deja de ser un reflejo de la necesidad y pasa a ser un reflejo de la restricción. Es importante distinguir este fenómeno de los factores de riesgo tradicionales (envejecimiento poblacional, carga de morbilidad crónica o condiciones geográficas). Aquí no estamos ante necesidades estructurales inherentes a la población, sino ante barreras de acceso inducidas directamente por restricciones presupuestales y problemas de flujo de caja que recorren toda la cadena de valor del sistema.
Centramos nuestra preocupación en que proyectar únicamente sobre una base experience-based en un sistema con demanda reprimida y barreras de acceso crecientes no solo perpetúa una UPC insuficiente, sino que la lleva a un deterioro progresivo. Cada ciclo se alimenta de una realidad cada vez más comprimida, profundizando el subfinanciamiento y erosionando la capacidad real del sistema. Esta no es una afirmación abstracta. Es una consecuencia directa de la metodología empleada. El Estudio Técnico para el cálculo de la UPC 2026 presentado por el Ministerio construye la prima pura a partir de la experiencia observada de 2024, ajustada por IBNR, trending inflacionario, frecuencias y relatividades. En ninguna parte del documento se incorpora un mecanismo explícito que capture o corrija la necesidad no atendida derivada de barreras de acceso.
Los documentos allegados por el Ministerio no registran una sola mención a términos como: “demanda reprimida”, “barreras de acceso”, “necesidad no satisfecha” o “subutilización inducida por restricciones presupuestales” Sin embargo, los datos oficiales del Sistema de Evaluación y Calificación de Actores 2026 son elocuentes: en 2025 se presentaron más de 2.048.000 reclamos en salud, de los cuales el 90,8% correspondieron a barreras de acceso, junto con más de 620.000 tutelas relacionadas con el derecho a la salud. Este enfoque genera un ciclo vicioso difícil de romper: una UPC calculada sobre una utilización ya reprimida alimenta mayores restricciones, las cuales generan más barreras, reducen aún más la utilización observada y producen una prima todavía más insuficiente en el siguiente ciclo. De esta forma, el modelo valida estructuralmente la restricción. Por eso, la pregunta central no es solo si la metodología está bien aplicada, sino si aquello que se está proyectando es suficiente para cumplir el mandato constitucional de acceso efectivo, sobre lo cual la perspectiva bioética resulta fundamental.
En términos bioéticos, la situación planteada en el Auto 007 de 2025 evidencia un interrogante sobre la capacidad del sistema para garantizar el derecho a la salud. Para abordar este desafío, resulta necesario hacer énfasis en la justicia distributiva, entendida como la definición de criterios mediante los cuales se distribuyen los recursos, bienes y cargas entre los miembros de la sociedad colombiana. En el caso de la salud, el marco desde el cual se definen estos criterios implica reconocer que los recursos son limitados y las necesidades son crecientes. En este contexto, la insuficiencia en el sistema de información del SGSSS puede generar problemas en la asignación y priorización de recursos para responder a las demandas de la población. Asimismo, esta deficiencia incrementa el riesgo de exclusiones tanto en la oferta de servicios como en la atención de ciertas poblaciones, lo que configura escenarios de injusticia distributiva.
Estas injusticias distributivas se articulan con problemas de justicia social, entendida como el conjunto de condiciones estructurales que garantizan una vida digna e igualitaria. Según Rawls (2006), los derechos, libertades, oportunidades e ingresos constituyen la base para que los ciudadanos alcancen dicha vida digna. En el caso del derecho a la salud, las deficiencias en el sistema de información pueden afectar negativamente la distribución de los recursos, el acceso a oportunidades, el reconocimiento social y las condiciones materiales de vida, aspectos directamente relacionados con ese objetivo. Por ejemplo, en el componente geográfico del cálculo, donde cabría esperar una mayor sensibilidad a las condiciones territoriales, el modelo mantiene primas adicionales por zona sin evidenciar una recalibración explícita frente al deterioro reciente del orden público. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, centenares de municipios del país presentan afectaciones humanitarias derivadas del conflicto armado, y solo en 2023 más de 100.000 personas fueron víctimas de confinamiento, con incrementos cercanos al 100 % frente al año anterior. En este contexto, el ajuste geográfico reconoce dónde está la población, pero no demuestra que esté capturando adecuadamente lo que hoy ocurre en esos territorios. Esto implica que, en zonas afectadas por violencia y barreras de acceso, la utilización observada puede estar reflejando restricción y no necesidad, lo que refuerza el sesgo del modelo basado en experiencia observada y contribuye a subestimar el costo real de garantizar el derecho a la salud
En este sentido, para enfrentar los problemas de justicia social, el mejoramiento de las deficiencias en el sistema de información debe contemplar, por un lado, variables como el acceso efectivo y la priorización en la asignación de recursos hacia quienes presentan mayores necesidades de atención o se encuentran en alto riesgo. Por otro lado, este sistema debe incorporar mecanismos orientados a la corrección de desigualdades sociales en salud, mediante la asignación de recursos a poblaciones vulnerables, la priorización de territorios con menor oferta de servicios y el fortalecimiento de la atención primaria, entre otros aspectos. En definitiva, desde una perspectiva bioética, esta situación plantea un problema de justicia distributiva, en la medida en que decisiones de asignación basadas en información incompleta pueden generar distorsiones en la distribución de recursos, afectar el acceso efectivo a los servicios de salud y profundizar las desigualdades. En este sentido, garantizar la suficiencia de la UPC exige no solo ajustes financieros, sino también el fortalecimiento estructural del sistema de información como condición necesaria para una asignación justa y eficiente de los recursos en salud.
Para cerrar, queremos plantear tres ideas finales. Primero, no es posible afirmar que la UPC sea suficiente mientras el modelo no demuestre que incorpora la necesidad no atendida del sistema. Segundo, consideramos especialmente importante que esta Honorable Corte recomiende un seguimiento riguroso, continuo y con sentido de urgencia a toda la documentación técnica, metodológica y de soporte del cálculo de la UPC, particularmente en el contexto del proceso de empalme hacia el siguiente gobierno. Esto es fundamental para garantizar que el nuevo liderazgo cuente con información completa, trazable y suficiente para abordar un problema que claramente excede un ajuste técnico anual. Y tercero, es necesario avanzar hacia una evolución del modelo que permita incorporar de manera explícita la necesidad en salud, reducir los rezagos estructurales y fortalecer la capacidad del sistema para garantizar efectivamente el derecho.
Honorables Magistrados, la UPC no es únicamente un parámetro técnico. Es el principal instrumento mediante el cual el sistema traduce en recursos concretos la garantía del derecho a la salud. Por eso, cuando existe incertidumbre razonable sobre su suficiencia, esa incertidumbre no es solo técnica. Es, en esencia, constitucional.
Muchas gracias.
por Coordinacion Innos | Dic 2, 2025 | Publicaciones, Uncategorized
JOSE VLADIMIR GUZMAN RIVERA
Candidato a Doctor en Salud Pública, Magister en Epidemiología, Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional, Enfermero
El análisis del comportamiento histórico del VIH y de su evolución en Colombia permite dimensionar la magnitud de los retos actuales. Desde 1981, cuando surgieron los primeros casos de inmunodeficiencia en Estados Unidos, hasta hoy, el mundo ha sido testigo de avances científicos y transformaciones sustanciales en los sistemas de salud. Lo que inicio como una enfermedad asociada a alta mortalidad, estigma y desconocimiento, se convirtió progresivamente en una condición crónica manejable gracias al desarrollo del tratamiento antirretroviral en 1987 y, de manera decisiva, con la llegada de la terapia antirretroviral de gran actividad en 1996. Esta transformación constituye uno de los logros más significativos de la medicina moderna.
En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud, durante 2024 se notificaron 19.344 casos de personas que viven con VIH (PVV) confirmados por laboratorio, una reducción del 2,5 % frente a los 19.833 registrados en 2023. Sin embargo, esta tendencia no es similar en el territorio nacional: ciudades como Neiva, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Valledupar, Bucaramanga y Medellín reportaron incrementos en las notificaciones respecto al año anterior. De acuerdo con estimaciones de ONUSIDA y el Ministerio de Salud, en el país viven alrededor de 185.954 personas con VIH, de las cuales cerca del 70 % conocen su diagnóstico, el 64 % reciben tratamiento antirretroviral y aproximadamente el 57 % logran supresión viral. Aunque estos indicadores reflejan avances, evidencian también una brecha considerable frente a la meta internacional 95-95-95 para 2030. El cual busca que, para esa fecha, el 95% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, el 95% de ellas reciban terapia antirretroviral, y el 95% de las que reciben tratamiento tengan supresión viral.
Los avances terapéuticos han sido determinantes: actualmente existen medicamentos con menor toxicidad y esquemas que facilitan la adherencia y mejoran la calidad de vida. Asimismo, la evidencia científica ha demostrado que una persona con carga viral indetectable no transmite el virus, lo que representa un hito para la reducción del estigma y la prevención. Sin embargo, estos logros dependen de un elemento esencial: la continuidad, oportunidad y calidad de la atención en salud. La interrupción del tratamiento, incluso por lapsos breves, puede revertir años de control clínico y comprometer la salud individual y colectiva.
En este contexto, preocupa de manera particular la posible suspensión de los servicios que la IPS SIES Salud presta a los afiliados de Nueva EPS. La atención especializada para personas que viven con VIH/SIDA no puede ser reemplazada de forma inmediata ni en condiciones equivalentes, y su interrupción implica riesgos clínicos severos: aumento de la carga viral, aparición de resistencias, progresión a SIDA y mayor mortalidad. En pacientes con supresión viral, la suspensión del tratamiento compromete la estabilidad lograda; en quienes inician proceso terapéutico, afecta la etapa crítica de adherencia.
Estas interrupciones también deterioran la confianza en el sistema de salud, incrementan la ansiedad de los pacientes y profundizan las barreras de acceso, especialmente en poblaciones vulnerables. Desde la perspectiva epidemiológica, las consecuencias son aún más graves: el aumento de la carga viral en los pacientes que viven con VIH eleva el riesgo de transmisión y amenaza con hacer retroceder los avances alcanzados durante más de dos décadas. La literatura internacional señala que la discontinuidad del tratamiento antirretroviral, incluso por pocas semanas, puede incrementar la transmisión entre un 12 % y 15 % en escenarios urbanos de alta prevalencia.
Para el sistema de salud colombiano, la eventual salida de un prestador especializado como SIES Salud generaría una sobrecarga para otras instituciones, afectaría la cadena de suministro de medicamentos y obligaría a un proceso complejo de reasignación de miles de pacientes. Esto suele traducirse en retrasos, pérdida de seguimiento clínico y deterioro de la calidad de la atención. En este marco, la continuidad del tratamiento antirretroviral es un derecho fundamental protegido por el artículo 49 de la Constitución Política, además la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula este derecho, estableciendo que la salud es un derecho fundamental autónomo y que los servicios deben ser garantizados con oportunidad, continuidad, eficacia y calidad.
La experiencia internacional demuestra que los sistemas de salud que han hecho avances sostenidos frente al VIH se caracterizan por modelos de atención integrados, estables y centrados en la persona. Mientras países como Brasil y Argentina operan con provisiones estatales robustas, Colombia continúa dependiendo de modelos fragmentados y de prestadores privados cuya capacidad técnica y financiera es variable. En este escenario, una eventual interrupción de los servicios de SIES Salud no constituiría una reestructuración administrativa, sino un evento de alto impacto clínico y epidemiológico con riesgo de aumentar la morbilidad, la mortalidad, la transmisión del virus y el retroceso en indicadores de salud pública.
El país no puede permitir retrocesos epidemiológicos evitables ni interrupciones en la atención de una condición que requiere continuidad absoluta. Es por esto que desde la academia hacemos un llamado urgente a los tomadores de decisiones del país para que se adopten las medidas necesarias que eviten la interrupción de los servicios prestados por SIES Salud, una situación que podría desencadenar una crisis mayor en el sistema de salud dada la eventual suspensión de una red de atención especializada. Es indispensable fortalecer las políticas públicas, consolidar modelos de atención estables y garantizar que los avances terapéuticos construidos durante cuatro décadas no se vean comprometidos por fallas administrativas o estructurales. En un país donde miles de personas dependen diariamente de la continuidad de su tratamiento.
por Coordinacion Innos | Dic 2, 2025 | Uncategorized
Continuando con el análisis del informe de la OCDE sobre los sistemas de salud de sus integrantes, que comenzamos hace algunos días con el análisis de los indicadores del Estado de Salud; ahora revisaremos algunos de los indicadores de Determinantes sociales, Factores de Riesgo, Acceso y Calidad de la atención, de Colombia, tomando referencias a otros países con desempeño sobresaliente y a los promedios generales de la OCDE.
Factores de riesgo y determinantes sociales
- En Colombia, solo el 9,8% de las personas fuma a diario, un poco menos que el promedio de la OCDE, que es 14,8%. No obstante, este promedio es mucho más alto que el de Islandia (5,6%) y Costa Rica (6,2%). También es importante señalar que en Colombia la diferencia entre hombres y mujeres es muy grande. El promedio de fumadores hombres fue de 13,8% y el de mujeres 6,0%. Según el reporte, este dato es de 2019, lo cual también debe tenerse en cuenta al momento de tomar decisiones o diseñar estrategias de intervención.
- El uso de drogas ilícitas (en general) no tiene dato para Colombia en este reporte. Es importante mencionar que sí hay datos del uso de cocaína y opioides en el último año. Con respecto a cocaína, Colombia presenta un promedio de consumo de 0,62% en población de 15 a 65 años. Este dato es la mitad del promedio OCDE, con 1,3%. El mayor promedio es de Australia con 4,5%. En cuanto a los opioides, el comportamiento del indicador es similar, con un 0,3%, mientras la media de OCDE es 0,7% y el dato más alto es de Estados Unidos, con 3,6%
- El consumo de alcohol también es menor en Colombia con 4,2 litros por persona al año, frente a 8,5 en promedio en la OCDE. El consumo muestra un aumento en Colombia entre 2013 con un promedio de 3,5 hasta el de 4,2 de 2023. El país con el mayor promedio de los 37 analizados es Rumania con 12,3.
- Contaminación atmosférica: Los datos OCDE 2025 muestran exposición poblacional a la contaminación por material particulado de 2,5 micras en el aire. En promedio, la gente en los países de la OCDE estuvo expuesta a 11,2 microgramos de partículas finas (PM2.5) por metro cúbico en 2020. Solo Finlandia logró estar por debajo del límite recomendado por la OMS, que es de 5 microgramos por metro cúbico. En cuanto a Colombia, el dato publicado es de 14 microgramos por metro cúbico en 2020, lo que ubica al país por encima del promedio OCDE. India tiene el nivel más alto con 47.
- De otra parte, se presentaron datos de emisión de gases de efecto invernadero. En este indicador Colombia está dentro de los países con menor aporte de estos contaminantes con 2,8%. Este indicador es el resultado de un modelo que calcula cuántas emisiones se generan por la demanda de servicios de salud, que incluyen las que se producen dentro de los hospitales y clínicas y las que surgen al suministrarles energía, fabricar los insumos que usan y en toda la cadena de suministro. El promedio de OCDE fue: 4,4% y Estados Unidos en el nivel más alto con 6,8%
- En promedio, el 35% de los adultos en Colombia no hace suficiente actividad física. Este dato es menor en hombres (28%) que en mujeres (41%). El porcentaje promedio es más alto que el de la OCDE (30%). El mejor resultado es de Suecia con 11%.
Acceso, calidad y satisfacción ciudadana
- El Acceso a los servicios de salud (cobertura de afiliación) en Colombia llega hasta el 99%, que es un punto más alto que el promedio OCDE. En este informe, con datos de 2024, 21 países reportaron cobertura del 100%. El dato más bajo es de México con 78%. Llama la atención que el tercer dato más bajo es de Estados Unidos, con 92%.
- Sin embargo, la Satisfacción de los usuarios con el servicio en Colombia solo alcanza a ser del 46% de las personas que opinan que la accesibilidad a la atención es buena, mientras que el promedio de la OCDE es de 67%.
- La disponibilidad de camas hospitalarias por 1.000 habitantes para Colombia fue de 1,9 en 2023. El promedio OCDE es de 4,2 y el dato más alto es de Corea con 12,6 camas por cada 1.000 habitantes. El resultado más bajo es de México con 1,0.
- Se presentan porcentajes de niños elegibles que han recibido dos dosis de una vacuna contra el sarampión y tres dosis de la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina, en 2024. El 89% de los niños elegibles fueron vacunados contra DTP en Colombia, cifra inferior al promedio de la OCDE que es 93%. En cuanto a sarampión, Colombia llegó al 86% y el promedio OCDE es de 89%.
Datos no disponibles para Colombia:
La ausencia de algunos datos del país en este reporte es un aspecto para analizar. Sería importante establecer las causas de no contar con estos datos, porque, según se indica, provienen de fuentes oficiales y de estadísticas que deberían estar disponibles para su análisis y para que sirvan de base en la definición de estrategias e intervenciones. A continuación, presentamos un breve listado de algunos datos que no aparecen en el informe, con respecto a los indicadores que previamente se han revisado.
- No hay datos sobre la frecuencia de uso de vapeadores en población de 15 años o más.
- No hay datos comparables sobre cuántas personas se consideran obesas.
- No hay datos comparables disponibles sobre consumo de alcohol en adolescentes.
- No hay datos disponibles sobre necesidades en salud no atendidas.
- No hay datos sobre población mayor de 65 años vacunada contra influenza.
- No hay datos sobre cobertura de tamizaje de cáncer de colon, cervicouterino ni de mamografías.
Análisis y conclusiones.
Colombia presenta una cobertura sanitaria cercana al 99%, pero los resultados en salud siguen rezagados frente al promedio de la OCDE. La satisfacción ciudadana alcanza solo el 46%, frente al 67% en la OCDE. Se recomienda fortalecer la atención primaria, la prevención, la inversión en recursos humanos y la calidad del servicio.
Aunque la cobertura poblacional es muy alta no se traduce en resultados proporcionales en satisfacción ni en los resultados analizados anteriormente, sobre morbilidad y mortalidad.
Los datos sobre algunos factores de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol son positivos al compararlos con el resto de los países de la OCDE, pero deben analizarse con mayor profundidad, revisando distribución poblacional, por zonas geográficas y distintos rangos de edad y grupos específicos. No pueden considerarse un triunfo del sistema ni bajar la guardia en su seguimiento y control.
Algo similar ocurre con la contaminación por material particulado, que no es muy alta al compararla con el resto de los países. Sin embargo, no es de ninguna forma, un resultado positivo y, seguramente si se analiza por regiones y se comparan zonas urbanas e industriales con zonas rurales, los niveles serán preocupantes para los centros con mayor población, lo cual aumenta significativamente la exposición a este contaminante, y a otros no evaluados en este reporte.
La vacunación también debe revisarse con cuidado, porque Colombia históricamente ha tenido niveles muy altos y coberturas útiles en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Aún así, los datos que muestra la OCDE no reflejan estas tendencias y hacen pensar en que debe mejorar la cobertura de vacunación en el país.
Finalmente, este informe debe considerarse como un insumo útil para su revisión en espacios académicos y del gobierno, de forma tal que sirva para resolver las brechas de información (datos ausentes) y para revisar y fortalecer las intervenciones y las políticas públicas del país en materia de salud y bienestar general. Los datos muestran avances, así como debilidades y grandes oportunidades de mejora para Colombia.
*Fuente principal: OECD Health at a Glance 2025 – Country Notes (Colombia) y OECD Health Statistics 2025.
por Coordinacion Innos | May 19, 2025 | Uncategorized
La Primera Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial en África, celebrada en Kigali, Ruanda, ha marcado un hito en el desarrollo tecnológico del continente, fue organizada por varias entidades internacionales, entre ellas el Foro Económico Mundial. Participaron más de mil expertos, líderes gubernamentales y representantes de empresas de 95 países, para analizar el impacto de la IA en la economía africana y en la necesidad de fortalecer la soberanía digital.
La Carrera Global de la IA
Uno de los puntos clave de la cumbre fue la necesidad de que África se posicione como un actor relevante en la revolución de la inteligencia artificial. El enorme potencial que la IA tiene para fortalecer sistemas socioeconómicos en países de bajos y medianos ingresos fue uno de los temas centrales en esta cumbre. Es el caso de África y de otras regiones del mundo como América Latina, donde la IA puede aportar recursos sustanciales y generar miles de empleos en los próximos años. Al tiempo, se discutieron los desafíos más importantes como las debilidades en la infraestructura tecnológica, el acceso limitado a datos y la dependencia de recursos de los países más desarrollados.
Soberanía Digital
Sobre este último aspecto, en estas regiones del mundo hay una dependencia casi absoluta de las plataformas extranjeras para almacenar y procesar datos, lo que hace muy difícil su avance y limita el crecimiento de su capacidad autóctona. De igual forma, la dependencia tecnológica se expresa en la insuficiente cantidad de recursos humanos capacitados para el uso y desarrollo de soluciones digitales, que abarcan diversos campos entre ellos el de la salud.
Esta cumbre resaltó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, así como la necesidad de establecer marcos regulatorios que garanticen el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Estas alianzas se promueven en diversos temas como las problemáticas de salud pública, que afectan con mucha severidad a varios países y regiones africanas, así como ocurre en el contexto latinoamericano. En cuanto a salud, algunos de los acuerdos y proyectos destacados producto de la cumbre incluyen:
- Creación de Infraestructura de Datos en Salud
Se acordó impulsar la construcción de plataformas de datos sanitarios, con el objetivo de mejorar la recopilación y análisis de información epidemiológica. Esto permitirá una respuesta más rápida ante brotes de enfermedades y facilitará la toma de decisiones basada en datos.
- Uso de IA para Diagnóstico y Telemedicina
Se anunciaron iniciativas para integrar inteligencia artificial en el diagnóstico médico, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a especialistas. También se promoverá la expansión de servicios de telemedicina, permitiendo que más personas reciban atención médica sin necesidad de desplazarse.
- Programas de IA para la Detección Temprana de Enfermedades
Se acordó desarrollar algoritmos de IA para la detección temprana de enfermedades como la malaria, tuberculosis y cáncer, mejorando la precisión de los diagnósticos y reduciendo costos en los sistemas de salud.
- Capacitación en IA para Profesionales de la Salud
Se establecieron programas de formación para médicos y personal sanitario en el uso de herramientas de IA, con el fin de mejorar la eficiencia en hospitales y centros de salud.
Transformación digital e Inteligencia Artificial en América Latina.
Desde hace algunos años la OPS ha construido una serie de documentos técnicos para orientar a los países en el avance de la salud digital y la incorporación de las nuevas tecnologías, promoviendo la transformación de los sistemas sanitarios, así como de las prácticas clínicas desde la atención primaria hasta los servicios más especializados. Ante el crecimiento de la telemedicina, la integración de historias clínicas electrónicas, el desarrollo de aplicaciones móviles para el monitoreo y autocuidado, el uso de inteligencia artificial para análisis predictivo y mejora de los procesos de diagnóstico constituye a la vez, un avance y una preocupación para los sistemas de salud de la región, teniendo en cuenta su potencial y su acelerado avance en los años recientes.
La misma OPS generó una serie de recomendaciones para la transformación digital del sector salud, que plantea 8 principios rectores de la transformación digital en el sector salud:
- Aseguramiento de la conectividad universal del sector salud para 2030
- Creación cooperativa de bienes de salud pública digitales, como software de código abierto que puedan ser escalados en poblaciones y contextos diversos.
- Salud digital inclusiva, que llegue a las personas y comunidades más vulnerables, junto con los procesos de alfabetización digital necesarios.
- Implementar sistemas de información y salud digital interoperables, abiertos y sostenibles.
- Protección de los derechos humanos en los procesos y áreas de la digitalización en salud
- Participar en las redes de cooperación sobre inteligencia artificial y tecnologías emergentes.
- Establecer mecanismos de confianza y seguridad de la información.
- Diseñar la arquitectura de la salud pública en la era de la interdependencia digital.
En Colombia hace pocas semanas, se emitió el documento CONPES 4144 que es la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Esta política busca generar capacidades de investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA. Se estructura desde 6 objetivos específicos y define un plan de acción con metas a 2030. Este es un avance muy importante en términos de regulación, que marcará las pautas de adopción y desarrollo de esta nueva tecnología. El CONPES aplica para todos los sectores y entidades del Estado y entre ellas, asigna responsabilidades al Ministerio de Salud y Protección Social en temas como la aplicación de la IA en el modelo de atención preventivo, predictivo y resolutivo, diseño de soluciones con IA para optimizar costos y resultados en salud, distribución de medicamentos y acceso a servicios. De igual manera Minsalud deberá hacer seguimiento a los posibles riesgos y afectaciones que el uso de la IA genere en la salud mental.
Es claro que los desafíos son muy grandes y que requieren avances regulatorios y procesos de concertación amplios para que la llegada de las nuevas tecnologías y, en particular, de la IA, no se convierta en un problema nuevo para los sistemas de salud de los países en desarrollo y que, por el contrario, permitan su progreso de forma más dinámica aportando soluciones novedosas y eficaces a las problemáticas de salud que más les afectan.
Por: Dr. Luis Alejandro Gómez – Coord. Académico de INNOS
