Rodolfo Hernández es ingeniero y empresario, destacado por sus inversiones en el sector de la construcción. Fue alcalde de Bucaramanga entre 2016 y 2019; actualmente es candidato a la presidencia por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial, es licenciada en biología y química, e ingeniería industrial; se ha desempeñado en el ámbito académico como docente e investigadora y antes de vincularse a la campaña era vicerrectora académica de la Universidad Minuto de Dios.

Sus principales propuestas sobre el sector salud se enmarcan en los siguientes temas:

• Control sobre los precios de los servicios y los medicamentos
• Fortalecimiento de la red pública
• Énfasis en la prevención y la medicina familiar
• Mejora en las condiciones de contratación del talento humano en salud
• Inversión en ciencia, tecnología e innovación.

La propuesta programática en salud de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo parte de reivindicar la cobertura universal, oportuna y de calidad como un componente necesario para el sistema de salud colombiano. Con ese horizonte, los candidatos formulan diez iniciativas enfocadas en realizar ajustes financieros al sistema, concretar algunas inversiones en investigación y desarrollo, mejorar las condiciones del talento humano y promover un modelo de atención que priorice la prevención a través de una perspectiva de medicina familiar. A pesar de que su programa parte de una crítica a “las razones de mercado” del sistema y al “fin de lucro” en la prestación de los servicios, no podría afirmarse que persigue reformas estructurales que eliminen esas condiciones; por el contrario, su propuesta se inscribe en una estrategia que busca -no sin controversias- algunas mejoras regulatorias, orientadas a subsanar problemáticas que hoy tiene el sistema de salud.

Ajustes en el manejo de los recursos

Uno de los puntos que se destacan de la propuesta de Hernández y Castillo es la creación de un Sistema de Análisis de Precios Unitarios mediante el cual se establezca un techo a los costos de todos los servicios de salud que ofrece el sistema. Esta iniciativa está acompañada por una profundización del control de precios a los medicamentos, el cual tuvo desarrollos significativos a partir de la formulación del CONPES de política farmacéutica en 2012. El propósito central de estas medidas es ejercer mayor vigilancia sobre los recursos y las utilidades que genera el sistema, buscando solucionar problemas asociados con el pago oportuno de los servicios a los prestadores y garantizar la sostenibilidad financiera. Además de lo señalado, la propuesta de Hernández y Castillo ofrece como horizonte la eliminación definitiva del régimen contributivo y subsidiado, bajo el entendido que el control sobre los costos de los procedimientos elimina la necesidad de fragmentar la prestación de los servicios.

El elemento que más llama la atención de este conjunto de iniciativas es la apuesta por ejercer un mayor control sobre los precios de los servicios y las tecnologías que requiere el sistema de salud. En principio, se puede pensar que este control garantiza la contención del gasto en salud, atendiendo así uno de los principales desafíos que hoy tiene el sistema: la sostenibilidad financiera. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que un control indiscriminado de los precios puede tener efectos colaterales y debe estar acompañado de un riguroso análisis técnico que considere sus múltiples dimensiones. Algunos estudios han mostrado que la regulación por precios internacionales de referencia puede tener efectos negativos sobre las finanzas del sistema, ya que los productores recurren a diversas estrategias para compensar la reducción de ingresos; en ese sentido, es muy importante analizar con cuidado la pertinencia y los alcances de una iniciativa como el Sistema de Análisis de Precios Unitarios, ya que en un contexto donde los servicios de salud se ofrecen bajo la lógica del mercado regulado, el control indiscriminado puede tener consecuencias imprevistas. Así mismo, sería muy importante que la unificación de ambos regímenes, algo en lo que el país ha avanzado tras la sentencia de la Corte Constitucional en 2008,  estuviera acompañada de una actualización de la asignación que reciben las EPS para atender a sus afiliados: si bien es cierto que hoy ambos regímenes pueden acceder a un mismo plan de beneficios implícito, la UPC del régimen subsidiado sigue siendo menor que la del contributivo.

Priorizar la prevención y los abordajes con perspectiva de salud pública

En la propuesta de Hernández y Castillo, como en la de la mayoría de candidatos, la priorización de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad configura un eje fundamental que es coherente con los lineamientos de organismos como la OMS. En ella se menciona la necesidad de privilegiar un enfoque de medicina familiar que genere compromisos entre los prestadores y los usuarios, buscando que estos últimos asuman deberes como agentes corresponsables del cuidado. Al respecto, llama la atención la iniciativa que apunta a crear un registro de los índices corporales y la actividad física de los usuarios, esto con el propósito de realizar un seguimiento de la condición de salud y de los factores de riesgo que eventualmente puedan afectar al paciente. En este punto, se resalta el énfasis en la responsabilidad individual, entendiéndola como un elemento transversal de la prevención y la promoción que, además, es coherente con el principio de los deberes ciudadanos.

Sin embargo, más allá de la intencionalidad, cabe la pregunta sobre quién asumiría los costos de esta estrategia de seguimiento, si existirían incentivos y penalidades para promover la corresponsabilidad de los usuarios, y hasta qué punto una medida de estas características podría interferir con la libertad individual de los ciudadanos. Además, y considerando que la propuesta también insinúa que la red pública hospitalaria se orientaría a la prevención, no deja de resultar inquietante que la gestión del riesgo quede en manos exclusivamente del sector público, sobre todo porque a las EPS se les encomendó -y por tanto, se les asignaron recursos- esa tarea, pese a que muchas de ellas tienen dificultades para desempeñarla.

Como complemento al énfasis preventivo, la propuesta de Hernández y Castillo destaca la necesidad de adelantar acciones integrales para la atención de las adicciones con un enfoque de salud pública; se trata de un abordaje que busca contrarrestar los efectos sociales del consumo de sustancias psicoactivas, entendiendo que puede ser tratado como una condición crónica. Lo llamativo de esta propuesta es que revela la intención de desplegar una aproximación distinta al fenómeno de las drogas de uso ilícito y el narcotráfico, donde el Estado no se limita a perseguir a los consumidores sino que asume funciones de prevención y gestión sanitaria de las sustancias y los adictos.

Talento Humano, inversión en CTI e incentivos a la producción nacional

Finalmente, dentro del programa que presentan los candidatos, se mencionan algunas propuestas que complementan las que ya han sido discutidas. Primero, se resalta la necesidad de garantizar que en el país exista una oferta suficiente de talento humano en salud, para lo cual manifiestan la importancia de eliminar las barreras de ingreso a las especialidades médicas. Acompañando esta estrategía, Hernández y Castillo proponen la formulación de una política que reglamente la contratación del talento humano, enfocada en propiciar la estabilidad laboral, el aumento de salarios y la reducción de los contratos por prestación de servicios. Segundo, señalan la importancia de invertir en ciencia y tecnología, con el fin de crear un escenario de innovación que impacte positivamente el sector salud, principalmente a través del fomento de la industria nacional de medicamentos. Los candidatos ven en esta estrategía una posibilidad que puede contribuir a mantener la sostenibilidad financiera del sistema de salud y conservar la soberanía farmacéutica ante fenómenos inesperados como la pandemia.

Desde luego, estas propuestas lucen bastante atractivas y, enunciadas en esos términos, es poco probable que puedan encontrar una oposición contundente. Sin embargo, el interrogante que surge es por los mecanismos jurídicos, institucionales y financieros para llevarlas a cabo. Por un lado, es importante puntualizar cómo ampliar el acceso a las especialidades médicas, ya que ese es un trabajo que requiere reformas normativas y la concurrencia de actores como el Ministerio de Educación y las Universidades, que por lo demás están cobijadas por el principio de autonomía universitaria. También es importante señalar cómo garantizar una mejora en las condiciones laborales del personal sanitario, considerando las expectativas y posibilidades que tienen los empleadores y los empleados. Por último, no sobra preguntar de dónde saldrán los recursos para las inversiones que se proponen, especialmente en un contexto de austeridad fiscal y alto endeudamiento público.

A continuación se plantean algunos interrogantes que podrían aclarar y contextualizar las propuestas que se han hecho desde el plan de gobierno y la campaña:

¿Cómo lograr que el control de precios a los servicios y las tecnologías en salud no terminen afectando las finanzas del sistema?

¿Cómo articular las acciones de prevención con las funciones de atención, particularmente con la prestación de los servicios de salud?

¿Cómo transitar hacia una mejora de las condiciones del talento humano en salud considerando las necesidades y expectativas del gremio?

¿Cuál sería el origen de los recursos financieros para adelantar las propuestas mencionadas?