por INNOS | Feb 13, 2025 | Uncategorized
En lo que podría considerarse una nueva derrota para el gobierno, su convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 11 y el 13 de febrero, que buscaba avanzar rápidamente en la aprobación del proyecto de Ley 312 de 2024; no fue acatada por la presidencia de la Cámara, para evitar un vicio de trámite. Lo anterior debido a que no se ha resuelto formalmente el nombramiento del nuevo ministro del interior, quien no cuenta aún con el acto administrativo que lo designa en este cargo, incluso en calidad de encargado. No se entiende cómo, en plena crisis ministerial y en ausencia del presidente, se hace esta convocatoria sobre el tiempo, para terminar en un intento fallido de aprobar el proyecto.
Este hecho es el más reciente de una secuencia que ha sumado, en pocas semanas, varias situaciones que continúan profundizado la crisis del sistema de salud y que tienen relación también con una crisis de gobernabilidad que el país está percibiendo cada vez con mayor intensidad. El domingo anterior el presidente de la República les pidió renuncia protocolaria a todos sus ministros, poco después de la discusión que se generó al interior del Consejo de ministros de la semana pasada. Allí mismo, hubo algunas renuncias de colaboradores cercanos, que anticipaban en cierta forma, la crisis ministerial que se consolidó hace solo unos días.
Fue evidente para el país que existen profundas discrepancias al interior del gobierno nacional y que, como lo advertimos desde INNOS, la situación crítica del sistema de salud ni siquiera entró en la agenda del ya reseñado Consejo. Esto hace pensar que tal problemática, no está dentro de las prioridades a resolver y que todo el esfuerzo se concentra en presionar la aprobación de la reforma en la Cámara, para llevarla luego a su debate en el Senado. Solo unos días antes habíamos advertido, sobre las consecuencias que pudo haber generado la crisis diplomática con Estados Unidos para toda la economía nacional y para la continuidad de los programas sociales, lo cual se ha venido agravando con las decisiones que se tomaron posteriormente y de forma unilateral, en cuanto al cierre de la agencia de cooperación USAID; de la cual Colombia recibe una cantidad considerable de ayuda, mucha de esta destinada a programas de salud pública.
Otro de los episodios previos, fue el Auto de la Corte Constitucional, que se pronunció de fondo con respecto a la insuficiencia de los presupuestos máximos y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); que son las fuentes principales de recursos para el pago de la atención en salud en todas las instituciones públicas y privadas del país. Lo que inicialmente se valoró como una decisión positiva y alentadora para comenzar a resolver la crisis actual, ha sido relegada a segundo plano por el ministerio, que decidió aplazar sus respuestas y tomar más tiempo del dispuesto por la Corte, para resolver las fallas encontradas y para comenzar a cumplir las ordenes que allí le impartió al gobierno.
Entretanto, el déficit en las cuentas del sistema de salud no se ha resuelto, aumentan las críticas al gobierno por la gestión de los recursos y los pacientes han expresado una vez más su descontento convocando a una manifestación masiva hace algunos días, para reclamar su derecho a la atención en salud de manera digna, oportuna e integral. Ya se había advertido el inconformismo generalizado por parte de la propia Supersalud, que en su informe anual mostró una elevación importante del número de quejas y reclamos entre 2023 y 2024.
Al observar todo este panorama de forma general, es inevitable preguntarse ¿cuáles son las estrategias del gobierno nacional frente a la crisis del sector salud?. No es claro para la mayoría de los actores del sistema, de qué forma se va a cerrar el vacío que ha provocado la insuficiencia en los recursos y los retrasos en los pagos, agravados durante los dos últimos años. La Corte alertó sobre esta situación y mostró que este es un problema acumulado por mucho tiempo, a la vez que le ordenó al gobierno resolver de fondo estas inconsistencias. Las acciones que debe ejecutar el gobierno no se han producido y el país continúa a la espera.
De otra parte, una discusión apresurada del proyecto de reforma 312 2024 Cámara, con el propósito de conseguir su aprobación urgente y sin el análisis y el debate que la magnitud de esta reforma exige; deja serios interrogantes sobre lo que espera lograr el gobierno y, sobre lo que sería posteriormente su discusión en el Senado. Recordemos que, aunque en Cámara el gobierno ha conseguido avanzar con sus proyectos, el balance de fuerzas en el Senado no es el mismo y se enfrenta a posibles derrotas legislativas, más aún si los proyectos no cuentan con el consenso necesario para su aceptación.
En INNOS hemos insistido en la necesidad de construir una reforma al sistema de salud que resuelva las problemáticas ya identificadas, a la vez que se protegen y se refuerzan los logros que se han conseguido durante los últimos años. Los avances en cobertura y protección financiera, por citar solo algunos, no pueden ponerse en riesgo y no puede el sistema de salud que atiende a más de 50 millones de ciudadanos, quedar atrapado dentro de la crisis política que hoy en día tiene el gobierno. Por ello, reiteramos el llamado al ministro, hoy encargado de funciones presidenciales, así como a todos los demás actores institucionales, para que se comprometan a atender de forma inmediata y eficaz las problemáticas actuales, al tiempo que se reorienta la reforma del sistema con una participación amplia y efectiva, que avance realmente en el acceso a la salud y en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
por INNOS | Feb 5, 2025 | Uncategorized
La incertidumbre política en Colombia cada día se alimenta de nuevas noticias y nuevas decisiones que se dan en las altas esferas del poder. La reciente transmisión del Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro dejó en evidencia un gabinete fragmentado, con poca capacidad de ejecución y con una preocupante ausencia de liderazgo en decisiones importantes. No se trata solo de problemas administrativos o disputas internas del gobierno; esta crisis de gobernabilidad tiene implicaciones directas y devastadoras sobre la vida de millones de colombianos. Y en este contexto, el sistema de salud se encuentra en un punto crítico, sin que el gobierno parezca reconocer la magnitud del problema.
De hecho, anoche, en más de dos horas de transmisión, no hubo una sola mención a la crisis del sistema de salud. No se habló del desfinanciamiento de los hospitales, de los retrasos en los pagos a prestadores, de la escasez de medicamentos o de la incertidumbre que enfrentan los pacientes. Es inaceptable que un tema que afecta la vida de todos los ciudadanos no sea una prioridad en la agenda gubernamental.
A esto se suma la incertidumbre generada por la tensión diplomática con Estados Unidos. La salud no solo depende de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras; el acceso a medicamentos, tecnologías médicas y equipos esenciales está intrínsecamente ligado a nuestras relaciones internacionales. La posibilidad de restricciones comerciales y sanciones económicas pone en riesgo el abastecimiento de tratamientos críticos para enfermedades como el cáncer, la diabetes o las enfermedades huérfanas. ¿Dónde está la estrategia del gobierno para garantizar que los colombianos no se queden sin estos insumos?
A pesar de este panorama, en los últimos meses han surgido medidas desde el Congreso y la Rama Judicial para corregir algunos de los problemas estructurales del sistema. La Corte Constitucional, en una decisión clave, ha emitido fallos sobre los presupuestos máximos y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismos que definen cómo se financia la atención de los pacientes en el país. Estas decisiones podrían significar un alivio para la estabilidad del sistema. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Salud ha sido lenta y ambigua, postergando la implementación de estos cambios y dilatando el proceso. Cada día que se retrasa una decisión, hay pacientes que dejan de recibir sus tratamientos. Cada mes que pasa sin que se desembolsen los recursos adeudados, hay hospitales que cierran servicios. La inacción tiene consecuencias reales, y es precisamente en momentos de crisis cuando se necesita un liderazgo con decisión.
El país no puede darse el lujo de permitir que la salud de sus ciudadanos quede atrapada en disputas políticas o luchas de poder dentro del gobierno. La crisis de gobernabilidad no puede convertirse en una excusa para la parálisis institucional. La salud no espera, las enfermedades no esperan, los pacientes no pueden esperar. Por su lado, el Congreso y la Corte Constitucional tienen la responsabilidad de garantizar que las decisiones necesarias se tomen y se implementen sin dilaciones. Los actores del sector salud, tanto públicos como privados, deben seguir aportando soluciones y denunciando los vacíos de gestión. Y la sociedad civil no puede perder el impulso por la defensa del derecho a la salud. El sistema en Colombia ha demostrado resiliencia en múltiples crisis, pero cada vez está más cerca de puntos de no retorno. No se puede seguir postergando lo impostergable. Es momento de que el gobierno asuma su responsabilidad, escuche a los actores del sistema y actúe con la urgencia que esta crisis exige.
por INNOS | Ene 29, 2025 | Uncategorized
La crisis de salud que atraviesa Colombia ha sido el epicentro de debates nacionales por meses, reflejando profundas desigualdades en el acceso a servicios, mientras que las crisis económicas, sociales y políticas recientes han intensificado la presión sobre el sector salud, convirtiéndolo en un punto clave de preocupación nacional. Con una acumulación de desafíos en la prestación de servicios, acceso a servicios, medicamentos y sostenibilidad financiera, el sistema atraviesa uno de los momentos más retadores de las últimas dos décadas. En este contexto, las recientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos, detonadas el 26 de enero de 2025, han añadido un nivel de incertidumbre que amenaza con agravar los problemas existentes y que pudo haber representado un punto crítico con consecuencias severas para la estabilidad del sistema.
La negativa del presidente Petro a aceptar la llegada de los primeros vuelos de colombianos deportados en este nuevo periodo Trump, escaló rápidamente las tensiones, resultando en la advertencia de imposición de aranceles del 25% a productos colombianos, así como en sanciones adicionales, incluyendo la suspensión de visas y mayores controles fronterizos y aduaneros. Aunque la mayoría de los impactos económicos derivados de estas medidas aún no se han terminado de dimensionar y quedaron en pausa, según lo han expresado ambos gobiernos, la imposición de aranceles habría disminuido la competitividad de las exportaciones colombianas en su mercado más importante, provocando una posible contracción en sectores estratégicos que emplean a miles de personas.
Más allá de los efectos en los sectores industriales y comerciales, las medidas anunciadas por el gobierno Trump habrían generado impactos directos e indirectos profundos en el corto y mediano plazo al sistema de salud del país. La pérdida de empleos y la reducción de ingresos fiscales habrían complicado aún más la situación de un sistema de salud ya debilitado, al reducir la disponibilidad de recursos para la financiación de servicios esenciales y la adquisición de insumos médicos.
Según datos del Banco de la República, Estados Unidos hoy es el principal inversor extranjero en Colombia, con un flujo de IED superior a los US$1,709.1 millones. Las compañías estadounidenses han sido actores fundamentales en la implementación de proyectos de innovación tecnológica y prestación de servicios médicos en Colombia. Un deterioro en las relaciones diplomáticas podría reducir la llegada de capital para nuevas iniciativas, afectando la expansión de clínicas, hospitales y programas de salud digital.
De hecho, según datos de la Organización Mundial del Comercio, el 25% de las importaciones que realiza Colombia en el sector farmacéutico provienen de Estados Unidos, lo que significa que cualquier interrupción en estas importaciones podría tener un efecto dominó en el acceso a tratamientos críticos para millones de pacientes. Dentro de los valores totales de estas importaciones, se destaca la importación de medicamentos, tecnologías sanitarias y dispositivos médicos provenientes de EE.UU. Además, las restricciones diplomáticas habrían limitado el acceso a cooperación técnica y científica, que es crucial para la innovación y el fortalecimiento del sistema. Por ejemplo, según datos de CVN en 2022 el 13,5% de los equipos médicos que se importaron en Colombia fueron adquirido en el país norteamericano. Colombia importa desde Estados Unidos principalmente equipos de anestesia, equipos quirúrgicos, monitores de signos vitales, incubadoras y equipos de ventilación; todos ellos indispensables para la prestación de servicios de salud. Todo esto sin contar los más de USD 1.150 millones importados en tecnologías médicas.
Por su parte, la devaluación del peso colombiano frente al dólar, entendido como un potencial efecto de la crisis diplomática, encarecería dicha importación de medicamentos, insumos médicos y dispositivos de última generación, provocando un gran impacto tanto del sector público, como del privado.
Al igual que otros países en América Latina, Colombia mantiene una estrecha cooperación con EE.UU. en el ámbito de la salud, por medio de diferentes programas financiados por agencias como USAID, así como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Cabe mencionar que estos programas han sido fundamentales para el fortalecimiento del sistema de salud pública, especialmente en áreas como la vigilancia epidemiológica, la lucha contra enfermedades infecciosas, la salud materno-infantil y la capacitación del personal médico. Según información del Instituto Nacional de Salud (INS), desde 2016 y producto de la cooperación internacional, se han diversificado las áreas, los recursos y los equipos técnicos destinados para distintos proyectos de investigación y desarrollo.
Una crisis en la relación bilateral podría traducirse en la suspensión o reducción del financiamiento de iniciativas clave. Por ejemplo, el Plan de Emergencia del presidente de los EE. UU. para el Alivio del SIDA (PEPFAR) ha destinado más de $300 millones de dólares a Colombia en las últimas dos décadas, contribuyendo al tratamiento y prevención del VIH/SIDA. De manera similar, programas orientados a la prevención de enfermedades tropicales como el dengue, la malaria y la leishmaniasis han contado con apoyo financiero y técnico de instituciones estadounidenses, lo que ha permitido mejorar las capacidades de diagnóstico y respuesta del país, este es el caso, por ejemplo, de las enfermedades fúngicas y la resistencia a los antifúngicos.
Además, la formación de personal médico y la cooperación en investigación son áreas sensibles de relación bilateral. Actualmente, hospitales universitarios y centros de investigación en Colombia tienen convenios con entidades estadounidenses que facilitan la transferencia de conocimiento y tecnología en áreas como la telemedicina, la genómica y la atención primaria en salud. La interrupción de estos intercambios limitaría el acceso a capacitaciones avanzadas y el desarrollo de nuevas estrategias para el manejo de enfermedades de alto impacto en la población.
Otras áreas del sector salud también podrían verse afectadas negativamente, como el turismo médico. En particular, esto impactaría a los pacientes colombianos que viajan a Estados Unidos para recibir tratamientos médicos especializados. Aunque el flujo de colombianos que acceden a procedimientos médicos en ese país no es significativo en términos absolutos, la situación es diferente si se analiza el ingreso de pacientes estadounidenses a Colombia. Según cifras de ProColombia, en 2022 más de 25.000 extranjeros —principalmente de EE. UU.— ingresaron al país con fines médicos, representando un mercado en crecimiento dentro del sector salud. Sin embargo, las recientes restricciones en materia de visados impuestas por el gobierno estadounidense podrían no solo limitar el acceso de colombianos a tratamientos en ese país, sino también afectar la llegada de pacientes internacionales, lo que tendría un impacto directo en la economía del turismo médico en Colombia.
Además, esta situación podría haber generado obstáculos adicionales en la movilidad de profesionales de la salud y en la realización de investigaciones conjuntas, reduciendo las oportunidades de cooperación científica y transferencia tecnológica y de conocimiento, frentes esenciales para fortalecer las capacidades del ciencia, tecnología, innovación e industria sanitaria del país.
En términos operativos, la reducción de la cooperación también afectaría la provisión de insumos médicos y el acceso a tratamientos innovadores, lo que podría incrementar las brechas en salud pública, especialmente en comunidades vulnerables. La continuidad de estos programas es, por lo tanto, fundamental para garantizar el fortalecimiento del sistema de salud colombiano y la sostenibilidad de los avances logrados en los últimos años.
A mediano plazo, las consecuencias habrían incluido aún mayores dificultades para la sostenibilidad del sistema, así como una presión adicional sobre los servicios de atención primaria y especializada, especialmente en las regiones más vulnerables. La inversión en desarrollo, renovación y reposición de tecnologías sanitarias tales como equipos radiológicos, de diagnóstico, quirúrgicos, de manejo hospitalario y rehabilitación; habría encontrado una barrera en la reducción de disponibilidad de insumos derivada del incremento en sus costos. Es claro que en la actualidad la industria colombiana no está en capacidad de suplir todas las demandas de este tipo de productos del sector salud en el corto ni en el mediano plazo. Así mismo, estas tensiones habrían evidenciado aún más la debilidad de los mecanismos y programas gubernamentales que han sido anunciados para impulsar el fortalecimiento de la industria de tecnologías sanitarias en el país.
Desde INNOS reconocemos esta situación como una oportunidad para reflexionar sobre la interdependencia entre las decisiones de política exterior y su impacto interno, particularmente sectores que, aunque aparentemente lejanos de las relaciones comerciales cotidianas, constituyen un eje central del bienestar y la calidad de vida de una nación, como es el caso de la salud. Es esencial que el gobierno analice cada decisión no solo desde una perspectiva económica o diplomática, sino también considerando su repercusión en la salud de los colombianos y la sostenibilidad del sistema de salud. La protección de los sectores estratégicos, incluida la industria de tecnologías sanitarias, debe ser una prioridad en cualquier negociación futura.
En medio de la incertidumbre, esta es una oportunidad para que Colombia dé pasos firmes hacia un sistema de salud en el que sus actores participen en un ecosistema global de ciencia, tecnología, innovación, industria y servicios de salud que responda de manera más efectiva a las necesidades de su población y aporte al desarrollo humano y económico del país. Para lograrlo, es fundamental que el gobierno, el sector privado y la comunidad internacional trabajen de manera articulada, aportando recursos, experiencia y colaboración para garantizar un impacto significativo y sostenible que en ningún caso se hace viable si el país termina apartado de su principal aliado en materia comercial y de ciencia, tecnología e innovación.
por INNOS | Dic 19, 2024 | Uncategorized
En medio de una de las mayores crisis financieras que ha enfrentado el sistema de salud colombiano, el Ministerio de Salud y Protección Social presenta su Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034 para comentarios en consulta pública. Este documento, aunque ambicioso en su alcance, se aleja de la compleja realidad que viven a diario tanto el sistema como el personal de salud en todo el país. El diagnóstico es claro: el déficit de talento humano, las brechas en su distribución territorial y las condiciones laborales precarias son problemas estructurales que requieren intervención urgente. Sin embargo, lanzar una política de esta magnitud en un contexto donde los recursos financieros son insuficientes y la gobernabilidad del sistema está en entredicho, resulta un acto que puede distraer la atención de la urgencia de la sostenibilidad del sistema.
Uno de los pilares de esta política es el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS), un enfoque que compartimos y que ha sido ampliamente reconocido como la base para garantizar un sistema equitativo y eficiente. Se plantean estrategias como la formación de equipos interdisciplinarios, la atracción de talento humano hacia zonas rurales y la implementación de modelos de formación integral y continua. Pero aquí surge la primera gran contradicción: ¿cómo garantizar la implementación efectiva de estas líneas estratégicas si el sistema no tiene los recursos para asegurar la continuidad de los pagos a prestadores y profesionales de salud?
Además, a lo largo del documento se hace referencia constante a líneas estratégicas que se encuentran definidas en el anexo técnico: Documento de Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034. Esta fragmentación hace que sea difícil realizar un análisis profundo y completo de la propuesta, ya que el documento no es no describe en su cuerpo estrategias concretas y obliga a consultar múltiples documentos no estructurados en formato XL. La falta de acceso al anexo técnico mencionado impide evaluar las acciones concretas para cada línea estratégica, lo que debilita la transparencia y dificulta su comprensión para los actores involucrados en la formación y desarrollo del talento humano en salud.
Si bien el documento reconoce los desafíos estructurales del talento humano, no aborda con suficiente claridad cómo articular estas propuestas con la reforma a la salud que se debate en el Congreso. La reforma propone centralizar los servicios y recursos bajo un modelo estatizado, mientras que la política de talento humano parece depender de una articulación territorial y de alianzas con actores públicos y privados. La desconexión entre ambas iniciativas muchas inquietudes, por ejemplo: ¿cómo se financiarán las nuevas estrategias de formación y distribución si el modelo propuesto por la reforma compromete la sostenibilidad del sistema?
Por otro lado, la situación actual de las IPS y los profesionales que sostienen el sistema es crítica. Las deudas acumuladas por las EPS con hospitales y clínicas superan cifras alarmantes, llevando a circunstancias críticas de sostenibilidad a muchas instituciones. Esta falta de liquidez amenaza la prestación de servicios y ha precarizado las condiciones laborales del talento humano en salud. Mientras el documento menciona con énfasis la necesidad de ofrecer trabajo digno y decente, en la práctica, el personal de salud enfrenta contratos temporales, bajos salarios y condiciones de trabajo poco seguras, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, situación agravada hoy por la incertidumbre que viven muchas de las instituciones del sistema de salud de diferente índole. Es aquí donde la política pierde contacto con la realidad: no se puede hablar de “condiciones dignas y equitativas” cuando el propio sistema no tiene la capacidad financiera para responder a sus compromisos actuales.
Un aspecto crítico que la Política Pública del Talento Humano en Salud 2024-2034 pasa por alto es la grave brecha en la disponibilidad de especialidades médico-quirúrgicas, un problema que impacta profundamente la atención en salud en todo el territorio nacional. El documento no menciona estrategias específicas para abordar el déficit en especialidades y otras áreas esenciales que presentan una baja cobertura, especialmente en regiones rurales y apartadas. Este vacío es relevante, pues las especialidades médico-quirúrgicas son pilares del sistema de salud y, sin un plan claro para incentivar su formación, redistribución y retención, la política queda incompleta. Una respuesta integral debería incluir incentivos financieros y logísticos para los médicos en formación, además de alianzas entre universidades y hospitales que garanticen la ampliación de cupos y la creación de nuevas plazas en especialidades críticas.
Además, el documento aborda una visión tradicional del talento humano en salud, centrándose principalmente en los roles clínicos convencionales mientras ignora los campos emergentes que están transformando la forma en que se presta la atención en salud. Profesionales como bioingenieros, analistas de datos en salud, especialistas en inteligencia artificial aplicada, ingenieros sanitarios y gestores en innovación tecnológica son cruciales para enfrentar los desafíos contemporáneos del sistema. La ausencia de estrategias dirigidas a promover y desarrollar estas áreas limita la capacidad del sistema de adaptarse a las exigencias del siglo XXI.
Por otro lado, el documento promueve la ampliación del Servicio Social Obligatorio (SSO) y su rediseño como herramienta estratégica. Aunque esto podría cerrar algunas brechas de disponibilidad, la implementación carece de incentivos que garanticen su efectividad. Atraer y retener talento en zonas rurales no puede limitarse a propuestas normativas; se requieren incentivos financieros, acceso a tecnologías que faciliten su trabajo, y programas de soporte emocional ante la presión de trabajar en contextos complejos.
Adicionalmente, la política resulta ajena a la crisis de la educación superior, particularmente en relación con las dificultades que atraviesa el ICETEX. Esta crisis afecta el acceso a la educación superior de miles de estudiantes, incluidos aquellos que buscan formación en áreas de la salud. Las universidades privadas, que juegan un rol fundamental en la formación de profesionales de la salud en Colombia, no son mencionadas ni reconocidas como actores estratégicos. Desconocer esta realidad es contradictorio con el interés de fortalecer la formación del talento humano, especialmente cuando la educación superior privada representa una de las principales alternativas de acceso en regiones donde la oferta pública es insuficiente y donde la expansión de oferta por parte de las instituciones de alta calidad existentes es una de las oportunidades más obvias de atender el cierre de brechas que requiere la formación y oferta de talento humano en salud. En ese sentido, la universidades públicas también deben seguir fortaleciéndose en acceso, equidad, sostenimiento, calidad y sobre todo en el trabajo colaborativo con las universidades privadas.
Asimismo, en la política no se está abordando la ausencia de estrategias para la atracción del talento humano fugado del país. En los últimos años, la migración de profesionales altamente calificados ha aumentado debido a la falta de oportunidades, condiciones laborales inadecuadas y el contexto de incertidumbre económica. Recuperar este talento, así como posicionar a Colombia como un destino atractivo para la formación de profesionales extranjeros, podría mejorar la disponibilidad de talento humano local y contribuir al desarrollo académico y tecnológico del país.
Por otra parte, la política no aborda un tema central: las condiciones de regulación de la docencia-servicio y los mecanismos de financiamiento asociados a ella en Colombia. La formación de profesionales de la salud depende de un modelo en el que la relación entre universidades e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) es clave. Sin embargo, este modelo enfrenta costos elevados, complejidad en los procesos de aprobación de cupos y trabas burocráticas impuestas por la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud, integrada por los Ministerios de Salud y Educación.
Otro aspecto que merece atención es la gobernanza. El documento insiste en la necesidad de planificación, rectoría y monitoreo del talento humano, lo cual resulta acertado. Pero el contexto político actual añade una capa de incertidumbre. Aún hoy el país carece de un observatorio cierto que sustente las brechas de oferta de talento humano en los diferentes territorios. De otra parte, el manejo de la crisis ha generado serios cuestionamientos hacia el Ministro de Salud, hasta el punto de que su continuidad en la cartera ha sido puesta en duda. Esto no es un detalle menor. La implementación de políticas públicas requiere estabilidad política, continuidad en la gestión y liderazgo sólido.
Asimismo, preocupa la ausencia de estrategias innovadoras para preparar al talento humano en competencias emergentes. La formación debe alinearse con la transformación tecnológica global, incorporando programas robustos de reentrenamiento en áreas como medicina personalizada, inteligencia artificial, biotecnología y analítica de grandes datos en salud. Ignorar estos avances pone en riesgo la pertinencia y calidad de los profesionales formados en el país frente a las exigencias de un entorno cada vez más tecnificado y digital, proyectándose entonces desaprovechar las oportunidades de transformación e innovación que hoy concentran las estrategias de “re-skilling” de los equipos profesionales de salud en muchos países del mundo.
En medio de esta complejidad, es necesario que una política pública sobre el talento humano del sector tenga en cuenta el estado crítico del sistema de salud. Los pacientes con enfermedades de alto costo y crónicas sufren las consecuencias de un sistema que no puede garantizar tratamientos oportunos. Los hospitales están al borde del cierre, y el personal de salud, exhausto y subvalorado, continúa sosteniendo con sacrificio un sistema que cada vez le cuesta más sostenerse.
Así las cosas, la discusión de la Política Pública del Talento Humano en Salud debe aplazarse. Antes de hablar de estrategias a largo plazo, el gobierno debe priorizar la resolución de la crisis financiera que hoy amenaza la sostenibilidad del sistema de salud y garantizar que exista una visión integral y realista del talento humano. Es necesario que esta política sea reformulada, incorporando estrategias que respondan a los desafíos de la educación superior, las nuevas tecnologías, y la movilidad internacional del talento humano, mientras aborda las barreras burocráticas y financieras que limitan el desarrollo de la docencia-servicio en el país.
Recomendaciones
La formulación de una Política Pública del Talento Humano en Salud debe partir de un proceso profundamente técnico, inclusivo y colaborativo, que permita integrar las múltiples perspectivas de los sectores académico, público y privado en todos los niveles de la educación terciaria. Es indispensable que esta política refleje las necesidades reales del sistema de salud colombiano y cuente con el respaldo de los actores clave para garantizar su implementación efectiva. A continuación, presentamos recomendaciones propositivas para guiar esta discusión:
- Articulación entre formación y necesidades del sistema de salud
Incorporar un análisis detallado del déficit de especialidades médico-quirúrgicas y diseñar estrategias específicas para cerrarlo, incluyendo incentivos financieros, logísticos y educativos para los profesionales en formación. Ampliar la oferta de especialidades debe ser una prioridad, especialmente en regiones donde la falta de especialistas limita la capacidad resolutiva del sistema.
- Ampliación de la perspectiva del talento humano
Reconocer y promover la importancia de los campos emergentes del talento humano en salud, como bioingenieros, analistas de datos en salud, expertos en inteligencia artificial aplicada, ingenieros sanitarios y gestores en innovación tecnológica. Estos perfiles son fundamentales para abordar los retos contemporáneos y deben ser incluidos como actores estratégicos en la política de talento humano.
- Fortalecimiento de la docencia-servicio y su financiamiento
Abordar las barreras estructurales relacionadas con la regulación de la docencia-servicio, incluyendo los costos asociados y los procesos burocráticos de aprobación de cupos. Es necesario establecer mecanismos de financiación sostenibles y ágiles que permitan a las universidades y a las instituciones prestadoras de servicios de salud cumplir con su rol en la formación de talento humano.
- Alineación con la educación superior y sus desafíos actuales
Considerar las dificultades del ICETEX y su impacto en el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de áreas rurales y disciplinas de salud. La política debe incluir estrategias para mitigar estas barreras, reforzando el papel de las universidades privadas como actores clave en la formación de talento humano en salud.
- Estrategias para la atracción y retención de talento humano
Diseñar programas que promuevan el retorno del talento humano migrado y posicionen a Colombia como un destino atractivo para la formación de profesionales de otros países. Esto no solo aumentaría la disponibilidad local de talento, sino que también fortalecería el sistema educativo y la capacidad tecnológica del país.
- Innovación en la formación y reentrenamiento
Incorporar tecnologías digitales y estrategias innovadoras en los programas de formación y educación continua, adaptando al talento humano a un sistema de salud híbrido que combine atención presencial y virtual. Esto incluye el reentrenamiento en áreas como inteligencia artificial, medicina personalizada, biotecnología y analítica de datos, esenciales para la modernización del sistema.
- Estructura accesible y autocontenida del documento de política
Garantizar que la política sea un documento autocontenido, evitando referencias fragmentadas a anexos técnicos no disponibles. Una estructura clara y completa facilitará su análisis, comprensión y discusión por parte de los actores involucrados.
- Un enfoque colaborativo y multisectorial
Convocar un espacio de diálogo amplio, técnico y participativo que incluya a las universidades, colegios profesionales, asociaciones científicas, IPS, EPS, gobiernos locales y actores internacionales. Este enfoque permitirá construir una política representativa, con base en evidencia y adaptada a las necesidades de todos los actores del sistema.
- Plan de implementación con priorización de acciones urgentes
Establecer un plan de implementación escalonado que priorice acciones inmediatas para responder a la crisis actual, mientras desarrolla estrategias a largo plazo. Esto incluye garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud y el fortalecimiento institucional necesario para implementar la política.
- Monitoreo y evaluación participativa
Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación continua, con indicadores claros y acceso a información pública. Este sistema debe incluir la participación activa de la academia y los actores del sector para asegurar que los avances sean medibles, transparentes y alineados con los objetivos propuestos.
A manera de conclusión, resaltamos que la construcción de una política de talento humano en salud debe ser un proceso participativo e integral, donde la colaboración entre los sectores público, privado y académico asegure una política que no solo sea técnicamente sólida, sino también ampliamente representativa. Estas recomendaciones buscan orientar un debate profundo y propositivo, generando una política que responda a los desafíos actuales y proyecte un futuro sostenible y equitativo para el sistema de salud colombiano.
Colombia necesita una política de talento humano que sea más que un marco teórico. Debe ser una herramienta real, respaldada por recursos concretos, estabilidad institucional y un compromiso firme con la transformación estructural que el sistema de salud demanda. Mientras no se resuelvan las urgencias inmediatas, esta política corre el riesgo de ser un ejercicio estéril, desconectado de las prioridades que el país necesita enfrentar hoy.
por INNOS | Nov 22, 2024 | Uncategorized
La innovación en salud es fundamental para abordar las necesidades cambiantes de los pacientes y fortalecer los sistemas de salud, sin embargo, declaraciones recientes del director del INVIMA han generado debate sobre el valor y acceso a la innovación en nuestro país. En esta nota, como Director de INNOS, presentaré argumentos que respaldan la importancia de la innovación, la propiedad intelectual y la colaboración global en salud, basándome en datos verificables y estudios de referencia.
- Costo de los Medicamentos para Enfermedades Raras y su Naturaleza.
- Declaración de Rossi: «La categoría de enfermedades raras… tiene particularidades desde el marketing que hacen que sea el tipo de medicamentos para pequeños grupos de población y, en general, son de altísimo costo«
- Argumento basado en evidencia: Los medicamentos para enfermedades raras son costosos debido a los elevados gastos en investigación y ensayos clínicos requeridos para su desarrollo. Estas terapias están diseñadas para cubrir necesidades médicas específicas y no están motivadas por el «marketing». Según la Agencia Europea de Medicamentos, el desarrollo de estos fármacos puede requerir hasta 15 años de investigación y pruebas clínicas, lo que refleja su valor como opciones de tratamiento únicas y potencialmente salvavidas para pacientes sin alternativas (EMA, 2023).
- En relación a los Principios de Buenas Prácticas Regulatorias: La OMS recomienda que, como buena práctica, la regulación de productos médicos debe guiarse por los principios de coherencia, que implica la aplicación de regulaciones de manera homogénea, y de transparencia, que es esencial para fomentar la confianza del público y favorecer la cooperación internacional. Por ello se recomienda que la agencia reguladora no aplique criterios particularizados a áreas terapéuticas como las enfermedades raras y que existen mecanismos multilaterales que favorecen el acceso a las innovaciones que se requieren para estos pacientes con necesidades específicas.
- Perspectiva gubernamental ideal: El gobierno debería comprender que los altos costos de los medicamentos para enfermedades raras se deben principalmente a los complejos y costosos procesos de investigación y desarrollo necesarios para atender a poblaciones pequeñas con necesidades urgentes, no a estrategias de mercadeo. Las políticas y marcos regulatorios deberían enfocarse en facilitar la investigación y el acceso a estos tratamientos, promoviendo la equidad y el derecho a la salud de quienes padecen enfermedades huérfanas.
- Referencia: El informe de PINNOS 2024 destaca la importancia de la innovación en enfermedades crónicas y raras para mejorar la calidad de vida y fortalecer el sistema de salud en Colombia.
- Costo y Accesibilidad de Medicamentos Innovadores en Países en Desarrollo.
- Declaración de Rossi: «Son tan caros que sus precios hacen que no estén destinados a países en desarrollo; ese no es el mercado para estos productos”
- Perspectiva gubernamental ideal: En lugar de asumir que las innovaciones no son accesibles para países en desarrollo, el gobierno debería implementar políticas de precios diferenciados y acuerdos de colaboración público-privada que faciliten el acceso a medicamentos de alto costo. Esto permitiría mejorar el acceso equitativo a innovaciones esenciales sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema de salud.
- Argumento basado en evidencia: La afirmación referente a que estos medicamentos «no son para los países en desarrollo» ignora los esfuerzos globales de organismos como la OMS y el Banco Mundial, que promueven mecanismos como las licencias voluntarias y los precios diferenciados para mejorar el acceso. Retrasar el ingreso de estas tecnologías solo amplía las desigualdades en salud y afecta la calidad de vida de la población. Las experiencias de otros países han demostrado que estas medidas permiten un acceso más amplio y equitativo (OMS, 2023).
- Referencia: Organización Mundial de la Salud, Informe sobre el Acceso a Medicamentos Esenciales (OMS, 2023); recomendaciones del informe PINNOS para promover la colaboración y el acceso equitativo en innovación.
- Estrategias para el Control del Gasto en Salud sin Obstaculizar la Innovación
- Declaración de Rossi: «El Invima está considerando que retrasar la aprobación de productos nuevos se está convirtiendo en un mecanismo de control en el gasto«
- En relación a los Facilitadores de Buenas Prácticas Regulatorias: La OMS recomienda que, “las decisiones y la toma de decisiones regulatorias deben basarse en fundamentos científicos y datos precisos y no en la intuición o la arbitrariedad. Las decisiones basadas en la ciencia aportan resultados regulatorios coherentes y previsibles” Esta definición corresponde al facilitador de Toma de decisiones basadas en la ciencia y los datos. De esta forma, es la eficacia terapéutica y los estudios clínicos que la sustentan, los que deben orientar la decisión de aprobación de productos farmacéuticos, por encima de otros criterios.
- Perspectiva gubernamental ideal: El gobierno debería ver la innovación no como un gasto a controlar, sino como una inversión a gestionar. En lugar de retrasar la aprobación de productos innovadores, se podrían adoptar mecanismos de evaluación de costo-efectividad y acuerdos de precios basados en resultados, los cuales permiten gestionar el gasto sin obstaculizar el acceso a tratamientos que pueden mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.
- Argumento basado en evidencia: Retrasar la introducción de medicamentos innovadores como estrategia de control del gasto es ineficiente y perjudicial para la salud pública. Existen alternativas como las evaluaciones de costo-efectividad y los acuerdos de acceso controlado, que han demostrado ser estrategias viables para manejar el gasto sin limitar el acceso. La OPS subraya que los sandbox regulatorios y los marcos de aprobación acelerada son herramientas efectivas para garantizar la seguridad y facilitar el acceso (OPS, 2024).
- Referencia: Recomendaciones de PINNOS sobre la implementación de un sandbox regulatorio en salud.
- El Rol Fundamental de la Propiedad Intelectual en la Innovación y Acceso a Nuevas Tecnologías
- Declaración de Rossi: «El problema con las innovaciones es que son muy caras.»
- Perspectiva gubernamental ideal: El gobierno debería reconocer que la propiedad intelectual (PI) es un motor esencial para la innovación. En lugar de enfocarse solamente en los costos, la administración pública debería fortalecer la PI para atraer inversión en investigación y desarrollo, asegurando así que las innovaciones lleguen a Colombia y se traduzcan en beneficios de salud y crecimiento económico a largo plazo.
- Argumento basado en evidencia: La PI incentiva la inversión en I+D al proteger los descubrimientos y permitir el retorno de la inversión para quienes asumen los riesgos. Sin PI, muchas innovaciones no se desarrollarían, afectando directamente el acceso a tecnologías de vanguardia en salud. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) destaca que la PI no solo incentiva la innovación, sino que facilita la transferencia de tecnologías, promoviendo el acceso en países en desarrollo (OMPI, 2023).
- Referencia: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), PINNOS 2024 sobre la importancia de la PI para atraer inversión y mejorar la innovación en Colombia.
- El Impacto de la Innovación en el Sistema de Salud y el Error de Detenerla en Países en Desarrollo
- Declaración de Rossi: «Los medicamentos nuevos no son para los países pobres»
- Perspectiva gubernamental ideal: En lugar de limitar la innovación, el gobierno debería fomentar el acceso a nuevas tecnologías a través de alianzas estratégicas y programas de apoyo. Esto podría incluir incentivos fiscales, políticas de apoyo a la inversión y acuerdos de colaboración que permitan el acceso a medicamentos innovadores a precios asequibles, fortaleciendo así la equidad en el sistema de salud.
- Argumento basado en evidencia: Restringir el acceso a innovaciones bajo el argumento de que «no son para los países pobres» profundiza las desigualdades y va en contra de las recomendaciones de la OMS, que promueve el uso de tecnologías innovadoras para mejorar los indicadores de salud. Las innovaciones en salud no solo impulsan el crecimiento económico, sino que también generan empleos y fortalecen el sistema de salud a largo plazo (OMS, Banco Mundial, 2024).
- Referencia: Informe PINNOS 2024, OMS, Banco Mundial.
- La Innovación como una Necesidad, no una Opción en el Desarrollo de la Salud Pública
- Declaración de Rossi: «Moverse hacia la innovación es moverse hacia la incertidumbre desde el punto de vista regulatorio.»
- Perspectiva gubernamental ideal: El gobierno debería ver la innovación como una oportunidad, no como una amenaza. Al implementar entornos controlados como los sandbox regulatorios, el gobierno puede reducir la incertidumbre mientras permite el desarrollo de tecnologías avanzadas que beneficien a la sociedad. En lugar de frenar la innovación, se deben adoptar políticas de regulación flexible y adaptable que promuevan la experimentación segura y efectiva.
- Argumento basado en evidencia: La innovación implica riesgos, pero existen marcos regulatorios efectivos, como los sandbox, que minimizan esta «incertidumbre» y permiten el desarrollo de innovaciones bajo supervisión. La OPS enfatiza que los sandbox son herramientas probadas para garantizar la seguridad mientras se introduce tecnología de punta en el sistema de salud, asegurando así un equilibrio entre innovación y regulación (OPS, 2024).
- Referencia: Informe PINNOS 2024, Organización Panamericana de la Salud.
Es fundamental que el gobierno colombiano comprenda que la innovación y la propiedad intelectual son pilares para un sistema de salud equitativo, accesible y de alta calidad. Retrasar el acceso a innovaciones bajo la premisa de control del gasto es un enfoque a corto plazo que compromete el bienestar y el potencial de crecimiento del sistema de salud. Implementar políticas de apoyo y un marco regulatorio moderno fortalecerá el ecosistema de salud en Colombia, brindando a los ciudadanos acceso a los beneficios de la innovación en salud.
Referencias
- European Medicines Agency. (2023). Guideline on the requirements for medicines for rare diseases.
- Organización Mundial de la Salud. (2023). World Health Report on Access to Medicines.
- Organización Panamericana de la Salud. (2024). Regulatory Sandboxes for Health Innovation in the Americas.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2023). Intellectual Property and Innovation Report.
- Banco Mundial. (2024). Innovation in Healthcare: Economic Impact and Development.
por INNOS | Nov 15, 2024 | Uncategorized
El proyecto radicado en la última semana de octubre tuvo ya su primer debate y votación de artículos en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. La semana pasada se rechazó la ponencia negativa y con ello, comenzó la discusión del proyecto del gobierno que, hasta el martes 12 de noviembre, había aprobado 21 artículos de 58 que contiene la iniciativa.
La comisión ha aprobado en primera instancia algunos artículos que no tuvieron modificaciones ni proposiciones en la revisión y unificación de los proyectos de gobierno y partido Alianza Verde, que dieron como resultado este nuevo proyecto. Entre estos artículos aprobados se resalta la posibilidad de movilizar recursos de las Cajas de Compensación Familiar para pagar deudas de servicios de salud, cuando los han ofrecido estas entidades. De forma similar, se aprobó el traslado de recursos excedentes del SGP para pago de deudas de atención en salud a población pobre no afiliada y a personas migrantes que han sido atendidas sin afiliación. Así mismo se aprobaron los servicios complementarios en salud, que buscan atender transporte, hospedaje y servicios de cuidado.
Una de las críticas que se ha hecho a esta primera fase de discusión, es la votación de artículos en bloque, lo cual ha generado rechazo por parte de algunos representantes, quienes consideran que no se ha hecho el análisis requerido y que se ha impuesto su aprobación por la bancada que es afín al proyecto, con el apoyo del gobierno. Hasta el momento, los artículos aprobados son más de un tercio del articulado propuesto. Cómo se sabe desde el punto de vista técnico, votar de esta forma puede significar un desgaste de la democracia interna de los partidos, pues no se tiene en cuenta la voz y el voto de los miembros de las organizaciones políticas. Asimismo, puede desincentivar la colaboración y el intercambio de ideas entre partidos, pareciendo que el proceso legislativo sea menos incluyente. Ahora, para efectos de esta reforma puede existir un riesgo importante cuando se toman decisiones apresuradas, no solo afectando la calidad de la legislación, sino reviviendo el fantasma del impacto fiscal por el cual se archivó el primer intento de reforma.
En medio de las críticas a las intervenciones de las EPS que, de alguna manera, sirven como referencia para entender la forma como operará el sistema de salud, una vez aprobada la reforma, crecen las preocupaciones de algunos sectores por la concentración del poder y de la administración de los recursos en manos de entidades públicas, justamente por los riesgos de malversación que se hicieron evidentes recientemente. Una situación que evidenció INNOS hace un par de días cuando se analizó el texto en el cual se acumularon los proyectos de ley presentados por el gobierno y el Partido Verde, en el cual no se mantuvo la propuesta del Proyecto de Ley 135 (proyecto de ley Partido Verde) de dejar en manos de las EPS algunas funciones como aseguradoras.
De otra parte, se ha señalado que no se incorporaron cambios en cuanto al régimen laboral y salarial del talento humano en salud, que ha sido uno de los principales propósitos de la reforma y que estaba en la propuesta de la Alianza Verde.
El gobierno defiende que la aprobación de este primer grupo de artículos promueve la prestación de servicios sociales y complementarios para ampliar las condiciones de acceso a servicios de salud, en los casos en que las personas se deben desplazar a otros territorios para recibir atención especializada, por ejemplo. Al respecto, sobresale el artículo 37 que hace referencia al sistema de referencia y contrarreferencia. De igual manera se defiende que el gobierno, en especial el presidente, tendrá facultades para crear el régimen especial de los trabajadores de salud del sector público, sin incluir a quienes laboran en las entidades privadas, quienes son la mayoría de la fuerza laboral del sistema. Está decisión podría generar, por ejemplo, una centralización excesiva de parte del Ejecutivo, así cómo un impacto negativo en términos de sostenibilidad financiera, pues un régimen especial podría implicar mayores costos para el Estado.
Igualmente, en la discusión del martes no se profundizó sobre las implicaciones de abordar en bloque los artículos de los servicios complementarios, los créditos para que las IPS salden deudas, así cómo, el posible uso de los recursos clasificados como excedentes para el saneamiento financiero del sistema. Sobre este último punto, INNOS considera importante mencionar que, la Corte Constitucional ha abordado en algunas sentencias el uso de excedentes para garantizar el derecho a la salud, siempre que estos recursos se destinen de forma prioritaria a mejorar el sistema de salud, así cómo, favorecer las condiciones de sostenibilidad y transparencia. Valdría la pena recordar la Sentencia T-760 de 2008 con la cual se hace un llamado para llevar a cabo ajustes en el sistema de salud con el fin evitar crisis recurrentes y reiterar la obligación de garantizar una financiación adecuada y sostenible del sistema.
La discusión de la reforma se reanudó el miércoles 13 de noviembre, pero la sesión se tornó tensa y fue suspendida sin avances en artículos importantes como aquellos que abordan el modelo basado en APS, el aseguramiento social y la identificación única del talento humano. Ese mismo día, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) emitió un comunicado en el que cuestiona el proyecto de ley y su discusión, señalando que lo aprobado hasta ahora no representa un avance real en las condiciones laborales del sector. La ACSC advirtió que el proyecto no aborda problemas medulares como la precarización y la vulneración de derechos de los trabajadores de la salud, manteniendo así las condiciones laborales injustas.
El debate deberá continuar en las próximas sesiones de la comisión, y es fundamental que se escuchen las voces de todos los actores involucrados para lograr acuerdos que fortalezcan el sistema. Alcanzar consensos es esencial para construir un modelo de salud que responda a las necesidades actuales del país y garantice el derecho a la salud de manera sostenible y equitativa.
