Recientemente, la Corte Constitucional emitió una decisión que repercute directamente en el sistema de salud colombiano al adoptar medidas cautelares relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En este contexto, el 10 de mayo del presente año, se publicó el Auto 875 en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.
En este auto, la Corte se enfocó en la Resolución 2364 del año anterior, específicamente en la implementación de sus artículos 11 y 21, a la espera del fallo del Consejo de Estado sobre su legalidad. Esta resolución, en términos generales, estableció el aumento de la UPC para los regímenes subsidiado y contributivo en 2024. Los artículos mencionados anteriormente indicaban que, para mejorar el acceso a la salud de la población, las Entidades Promotoras de Salud deberían destinar al menos el 5% de la UPC a equipos básicos de salud.
Además, la resolución destacó el principio de universalidad, que prioriza la atención de toda la población, independientemente del régimen o la EPS a la que estén afiliados, en concordancia con la asignación de dicho porcentaje de la UPC.
Entonces, ¿cuál es la razón detrás del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre esta resolución? En diferentes ocasiones, el alto tribunal se ha manifestado sobre la utilización de los recursos de la UPC para cubrir servicios de salud. En la Sentencia C-978 de 2010, se encontró que el principio de equilibrio financiero entre la UPC y el Plan Obligatorio de Salud (POS) en ambos regímenes se veía afectado.
En consonancia con lo anterior, el artículo 15 de la Ley 1438 de 2011 estableció que, la financiación de los equipos básicos de salud debe provenir de recursos interinstitucionales del sector salud y de otros sectores que participan en la atención de los determinantes de la salud. Por lo tanto, las pretensiones de la Resolución para utilizar los recursos de la UPC para financiar los Equipos Básicos en Salud no procederían, ya que estos solo pueden financiarse con dineros del sistema general de participaciones y/o recursos propios de las entidades territoriales.
El Auto 875 de la Corte encontró que financiar estos equipos con los recursos de la UPC podría resultar en una disminución del valor de esta y en una menor disponibilidad de recursos para financiar dichos servicios, lo que pondría en riesgo la prestación de los servicios debido a un posible incumplimiento por parte de las EPS. Ocasionando, también un desequilibrio.
Por esta razón, el Auto decidió declarar la inaplicabilidad de los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023, en espera a que el Consejo de Estado emita un pronunciamiento sobre el control de nulidad por inconstitucionalidad, al tiempo que invitó al Ministerio de Salud a abstenerse de expedir un proyecto de resolución relacionado con los equipos básicos en salud.
Recordemos que el Ministerio de Salud y Protección Social ha anunciado en reiteradas ocasiones, la conformación de un número creciente de Equipos Básicos de Salud. Estos anuncios comenzaron pocos meses después de iniciado el actual periodo presidencial y hacen parte de las estrategias gubernamentales para implementar de forma directa, varios aspectos contemplados en el proyecto de reforma al sistema de salud, que se archivó en la comisión séptima del Senado, recientemente.
Lo que la Corte dispuso fue la inaplicación de la resolución 2364 de diciembre del año pasado, que trasladó el 5% de la UPC para financiar los EBS. No obstante, ya se venían desarrollando, desde hace más de un año, estos equipos en distintos territorios. Por ejemplo, en la resolución 2788 de 2022 el MSPS les asignó cerca de 50.000 millones de pesos a estos EBS, provenientes de los recursos de la ADRES, para financiar la creación y operación de 483 de estos equipos, en 206 municipios.
De igual manera, el Ministerio anunciaba en febrero de 2023, que se conformaban EBS en 68 municipios de zonas dispersas y que, a junio del mismo año ya se habían organizado más de 2000 EBS en todas las entidades territoriales. En la rendición de cuentas del Ministerio, en noviembre pasado, se anunciaba que ya existían 4.000 EBS y que la meta durante este periodo de gobierno era llegar a 11.000 en todo el territorio nacional.
Con estos datos en mente, es necesario que el Ministerio de Salud y Protección Social aclare en qué se han gastado, en lo corrido de 2024, esos recursos del 5% de la UPC. ¿Cuántos nuevos equipos básicos se han financiado desde la expedición de la Resolución 2364, en cuáles municipios? y ¿Cómo se restituirán estos recursos a la UPC?.
Más allá de las respuestas a estos interrogantes, es evidente que el auto 875 de la Corte Constitucional pone de manifiesto un problema estructural del sistema de salud. Existe un déficit de recursos para financiar el plan básico de salud, por lo cual es imperativo identificar nuevas fuentes de financiamiento o encontrar mecanismos que optimicen su uso. En ese sentido, en lugar de agregar nuevas presiones a la UPC, se deben encontrar métodos para atraer nuevos recursos y utilizar los actuales de manera más eficiente.
