El candidato se refiere a varias acciones que deberían considerarse en una eventual reforma al Sistema de Salud, para ello utiliza algunas cifras y hace afirmaciones que requieren una revisión más profunda. Por ejemplo, en la actualidad, Colombia tiene un gasto en salud cercano al 7,2 % del PIB. De este porcentaje, aproximadamente el 70 % corresponde a gasto público, cuyos fondos provienen del presupuesto nacional. Aumentar el gasto público en 2 puntos del PIB es posible, como propone el candidato, pero en condiciones de disminución de ingresos fiscales es preferible identificar nuevas fuentes de financiación. Esto, desde luego, requiere un trabajo profundo para buscar otros recursos y para incentivar mayor gasto privado (gasto de bolsillo) en sectores poblacionales con capacidad de pago.

Por otro lado, el candidato Galán propone mejorar las condiciones laborales del personal de salud, las cuales se han deteriorado por el aumento en la informalidad, la disminución sustancial de las plantas de personal en el sector público (Empresas Sociales del Estado) y la tercerización laboral, problemáticas que se profundizaron durante la pandemia. Mejorar estas condiciones es un propósito que se declara frecuentemente, pero requiere una reorganización del sector público para incorporar a las plantas de personal, como mínimo, a todos los servidores misionales. En el sector privado, habría que modificar las normas de contratación del personal sanitario, por ejemplo, mediante estándares específicos en la habilitación de los servicios de salud.

En lo que se refiere al pago de las deudas dentro del sector salud, ya desde el inicio del gobierno Duque se hablaba de un acuerdo de punto final, el cual ha mostrado algunos avances; sin embargo, los avances alcanzados hasta este momento tienen un rezago significativo, pues al día de hoy no se ha cubierto la totalidad de los pagos que el Gobierno debe hacer a las EPS y estas a las IPS. Esto debe continuar en el próximo gobierno, asegurando que no vuelvan a acumularse deudas por prestación de servicios.

Finalmente, en lo relativo a la integración vertical, es claro que ésta afecta la libre competencia y la libre elección. Así, vale aclarar que el legislador decretó en el año 2007 un límite a la integración vertical, justamente con la intención de evitar abusos de posición dominante. Es necesario entonces evaluar sus efectos actuales y regularlos, porque también se ha argumentado que puede dar beneficios a los usuarios si se disminuyen trámites y tiempos de espera para acceder a los servicios.