El desafío del financiamiento del sistema de salud en Colombia

El desafío del financiamiento del sistema de salud en Colombia

El sistema de salud en Colombia está en una situación crítica. A medida que el país enfrenta presiones económicas y sociales crecientes, el financiamiento de la salud se convierte en un desafío que requiere atención urgente y soluciones innovadoras. Aunque los recursos para el sistema de salud provienen de diversas fuentes, como el Presupuesto General de la Nación (PGN) y los aportes individuales y empresariales, las tensiones financieras persisten. La combinación de un crecimiento económico moderado, una demanda creciente de servicios de salud y las ineficiencias sistémicas han expuesto las vulnerabilidades del actual modelo de financiamiento. Uno de los problemas más apremiantes es la falta de un marco fiscal claro y estable para su financiamiento. La intervención de la Corte Constitucional en temas financieros solo confirma la exposición de fragilidad que hoy afronta el sector. Lo cual, nos lleva a cuestionarnos si es suficiente el modelo actual o si necesitamos explorar nuevas fuentes de financiamiento del sistema.

Es claro que los modelos tradicionales han demostrado ser insuficientes para enfrentar los desafíos actuales de la salud en Colombia. Es clave diseñar esquemas que se adapten a las realidades específicas de cada región y que aborden los problemas particulares con los que conviven los actores del ecosistema. Y eso puede implicar algunas variables:

  • Alcance geográfico: Adaptando el financiamiento a las necesidades de cada región.
  • Desafíos específicos de salud: Enfocándose en problemáticas particulares del sistema.
  • Rutas de salud-enfermedad: Ajustando el financiamiento a las etapas del proceso de atención.
  • Innovación en salud: Fomentando la creación y adopción de nuevas tecnologías y prácticas.

Pensar hoy en estos enfoques, es analizar cómo responder a los factores que presionan la sostenibilidad del sistema, como el envejecimiento poblacional, la innovación tecnológica, las ineficiencias en la gestión y las expectativas crecientes de los usuarios.

Esta es una discusión que también se está dando a nivel global, pues los sistemas de salud en todo el mundo se también enfrentan a desafíos financieros derivados de factores demográficos, tecnológicos y de gestión. Pero para abordar estas presiones, algunos se han propuesto varios mecanismos innovadores de financiamiento:

  1. Recursos disponibles según el PIB per cápita: Un modelo inspirado en Costa Rica, donde el financiamiento se ajusta automáticamente según la capacidad económica del país, vinculando los fondos de salud al crecimiento económico.
  2. Envejecimiento poblacional: Implementación de seguros de salud y pensiones a largo plazo, como en Japón, para cubrir los costos asociados al envejecimiento.
  3. Innovación tecnológica: Financiamiento colaborativo público-privado para adquirir y desarrollar nuevas tecnologías de salud, similar a las Alianzas Público-Privadas (APP) en el Reino Unido.
  4. Ineficiencias del sistema: Sistemas de pago por resultado, como el programa Hospital Pay-for-Performance (P4P) en Estados Unidos, que vinculan el financiamiento a la calidad y eficiencia de los servicios prestados.
  5. Expectativas de los usuarios: Plataformas de financiamiento participativo para proyectos específicos, permitiendo a los ciudadanos contribuir directamente a iniciativas de mejora del sistema de salud.
  6. Déficit de talento humano en salud: Financiamiento colaborativo para la educación y retención de personal de salud, como el programa de “Beca de Servicio Público” en Chile.

Las fórmulas, afortunadamente, cada vez son más en el mundo, pero ninguna es completa. Las necesidades territoriales deben seguir en el fondo del diseño de este tipo de políticas y existen prácticas en distintos niveles que están aportando cada vez más al estado del arte. Por ejemplo:

  • Nivel local: Estrategias de crowdfunding comunitarios para financiar proyectos específicos de salud.
  • Nivel regional: Fondos de inversión regionales que reúnen recursos de diversos inversores para financiar proyectos de salud con impacto regional.
  • Nivel nacional: Bonos de impacto social emitidos por el gobierno para financiar proyectos de salud pública.
  • Nivel internacional: Cooperación financiera multilateral, como los préstamos y subvenciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para proyectos con impacto transnacional en Latinoamérica.
  • Nivel global: Fondos globales y alianzas de financiamiento, como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

Por otro lado, el financiamiento debe abarcar todas las etapas del proceso de salud-enfermedad, desde la prevención hasta los cuidados paliativos. Esto puede incluir desde impuestos a productos nocivos para la salud para financiar programas de prevención, hasta bonos de impacto social para financiar tecnologías de diagnóstico en comunidades con acceso limitado, y modelos de pago por suscripción para servicios de salud digital.

Finalmente, el sistema de salud colombiano necesita urgentemente una reforma en su financiamiento, a pesar que hoy el Congreso empezará a debatir varias propuestas de reforma al sistema de salud, parece que los modelos de financiamiento aún no recogen la atención necesaria. La adopción de modelos innovadores es clave para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema. En última instancia, es necesario que este asunto evolucione a la par de la discusión sobre los desafíos y oportunidades del sistema de salud, asegurando que este se mantenga fuerte frente a las demandas futuras.

INNOVATÓN por la Salud de Bogotá: Un ejercicio participativo que aporta soluciones al sistema de salud en la capital del país

INNOVATÓN por la Salud de Bogotá: Un ejercicio participativo que aporta soluciones al sistema de salud en la capital del país

INNOS, en colaboración con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, HubiEX, la Universidad El Bosque y diversos socios como la Cámara de Comercio de Bogotá, Healthtech Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), INNpulsa y Cemprende, realizaron la “Innovatón por la Salud de Bogotá Distrito Capital”. Esta iniciativa buscaba generar soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos actuales del sistema de salud de Bogotá, dentro del marco del Modelo de Salud Más Bienestar. Durante la Innovatón, más de 100 actores, entre profesionales de la salud, pacientes, instituciones prestadoras de servicios y académicos se reunieron por dos días (27 y 28 de mayo), para trabajar de manera conjunta y proponer alternativas que contribuyeran al fortalecimiento del acceso y la calidad de los servicios de salud en el Distrito.

Hoy son claros los retos que enfrenta el modelo de salud debido a la transición demográfica, uno de estos, son la disminución del 40% en el número de nacidos vivos en la última década, lo que tiene importantes implicaciones para el sistema, especialmente entendiendo que Bogotá no es una sola entidad, sino una amalgama de múltiples localidades con grandes diferencias en densidad poblacional y características territoriales. Esto genera complicaciones, especialmente en áreas rurales que suelen ser dejadas de lado. Aunque la cobertura de salud en Bogotá es del 100%, existen inequidades significativas debido a la alta concentración de la población migrante y su estatus migratorio, lo que exacerba las vulnerabilidades. Con el 70% de la población en el régimen contributivo en Bogotá, frente al 50% a nivel nacional, hay una desconexión en la atención que deja fuera al 66% de la población más necesitada. La distribución desigual de servicios de salud, con una fuerte concentración en la zona nororiental, refleja y perpetúa estas inequidades. Desde lo metodológico, la Secretaría Distrital de Salud previamente identificó varios desafíos clave:

  1. Mejora del acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud.
  2. Mitigación de eventos de salud pública vinculados a determinantes sociales y vulnerabilidades específicas.
  3. Prevención y respuesta oportuna ante alertas sanitarias y emergencias.
  4. Aportes del talento humano en salud a las necesidades del Modelo de Salud de Bogotá.

A través de ejercicios grupales y rotativos, cada equipo estudió las problemáticas planteadas y diseñó propuestas innovadoras, con el apoyo de tutores asignados por la Universidad El Bosque. Al final, más de 30 ideas se transformaron en 9 soluciones específicas a dichos retos, cuyas propuestas se presentaron al final de la Innovatón en un portafolio de soluciones dirigido a los tomadores de decisiones y referentes técnicos de la Secretaría Distrital de Salud, para ser incluidos en el plan liderado por la cartera en los próximos 4 años. Durante el acto de instalación, Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública, expresó el compromiso de la entidad en revisar y utilizar los resultados del ejercicio para consolidar el modelo de salud de Bogotá. Manuel González, asesor de despacho de la Secretaría Distrital de Salud, destacó los pilares del modelo distrital y los principales desafíos en salud pública, enfatizando la importancia de la gestión de la información, la participación social transformadora, la gestión integral del riesgo y la intersectorialidad. La Innovatón destaca no solo por su enfoque participativo e inclusivo, sino también por su capacidad para generar soluciones pragmáticas y aplicables a corto y mediano plazo. Este enfoque contrasta con los intentos de diálogo para construir la reforma del sistema de salud a nivel nacional, los cuales, aunque convocando a diversos actores, no lograron condensar las preocupaciones y propuestas del ecosistema de innovación en salud durante todo el proceso legislativo y la agenda pública que tuvo.

Medidas cautelares sobre la suficiencia de la UPC y su efecto en el sistema de salud

Medidas cautelares sobre la suficiencia de la UPC y su efecto en el sistema de salud

Recientemente, la Corte Constitucional emitió una decisión que repercute directamente en el sistema de salud colombiano al adoptar medidas cautelares relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En este contexto, el 10 de mayo del presente año, se publicó el Auto 875 en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008.

En este auto, la Corte se enfocó en la Resolución 2364 del año anterior, específicamente en la implementación de sus artículos 11 y 21, a la espera del fallo del Consejo de Estado sobre su legalidad. Esta resolución, en términos generales, estableció el aumento de la UPC para los regímenes subsidiado y contributivo en 2024. Los artículos mencionados anteriormente indicaban que, para mejorar el acceso a la salud de la población, las Entidades Promotoras de Salud deberían destinar al menos el 5% de la UPC a equipos básicos de salud.

Además, la resolución destacó el principio de universalidad, que prioriza la atención de toda la población, independientemente del régimen o la EPS a la que estén afiliados, en concordancia con la asignación de dicho porcentaje de la UPC.

Entonces, ¿cuál es la razón detrás del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre esta resolución? En diferentes ocasiones, el alto tribunal se ha manifestado sobre la utilización de los recursos de la UPC para cubrir servicios de salud. En la Sentencia C-978 de 2010, se encontró que el principio de equilibrio financiero entre la UPC y el Plan Obligatorio de Salud (POS) en ambos regímenes se veía afectado.

En consonancia con lo anterior, el artículo 15 de la Ley 1438 de 2011 estableció que, la financiación de los equipos básicos de salud debe provenir de recursos interinstitucionales del sector salud y de otros sectores que participan en la atención de los determinantes de la salud. Por lo tanto, las pretensiones de la Resolución para utilizar los recursos de la UPC para financiar los Equipos Básicos en Salud no procederían, ya que estos solo pueden financiarse con dineros del sistema general de participaciones y/o recursos propios de las entidades territoriales.

El Auto 875 de la Corte encontró que financiar estos equipos con los recursos de la UPC podría resultar en una disminución del valor de esta y en una menor disponibilidad de recursos para financiar dichos servicios, lo que pondría en riesgo la prestación de los servicios debido a un posible incumplimiento por parte de las EPS. Ocasionando, también un desequilibrio.

Por esta razón, el Auto decidió declarar la inaplicabilidad de los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023, en espera a que el Consejo de Estado emita un pronunciamiento sobre el control de nulidad por inconstitucionalidad, al tiempo que invitó al Ministerio de Salud a abstenerse de expedir un proyecto de resolución relacionado con los equipos básicos en salud.

Recordemos que el Ministerio de Salud y Protección Social ha anunciado en reiteradas ocasiones, la conformación de un número creciente de Equipos Básicos de Salud. Estos anuncios comenzaron pocos meses después de iniciado el actual periodo presidencial y hacen parte de las estrategias gubernamentales para implementar de forma directa, varios aspectos contemplados en el proyecto de reforma al sistema de salud, que se archivó en la comisión séptima del Senado, recientemente.

Lo que la Corte dispuso fue la inaplicación de la resolución 2364 de diciembre del año pasado, que trasladó el 5% de la UPC para financiar los EBS. No obstante, ya se venían desarrollando, desde hace más de un año, estos equipos en distintos territorios. Por ejemplo, en la resolución 2788 de 2022 el MSPS les asignó cerca de 50.000 millones de pesos a estos EBS, provenientes de los recursos de la ADRES, para financiar la creación y operación de 483 de estos equipos, en 206 municipios.

De igual manera, el Ministerio anunciaba en febrero de 2023, que se conformaban EBS en 68 municipios de zonas dispersas y que, a junio del mismo año ya se habían organizado más de 2000 EBS en todas las entidades territoriales. En la rendición de cuentas del Ministerio, en noviembre pasado, se anunciaba que ya existían 4.000 EBS y que la meta durante este periodo de gobierno era llegar a 11.000 en todo el territorio nacional.

Con estos datos en mente, es necesario que el Ministerio de Salud y Protección Social aclare en qué se han gastado, en lo corrido de 2024, esos recursos del 5% de la UPC. ¿Cuántos nuevos equipos básicos se han financiado desde la expedición de la Resolución 2364, en cuáles municipios? y ¿Cómo se restituirán estos recursos a la UPC?.

Más allá de las respuestas a estos interrogantes, es evidente que el auto 875 de la Corte Constitucional pone de manifiesto un problema estructural del sistema de salud. Existe un déficit de recursos para financiar el plan básico de salud, por lo cual es imperativo identificar nuevas fuentes de financiamiento o encontrar mecanismos que optimicen su uso. En ese sentido, en lugar de agregar nuevas presiones a la UPC, se deben encontrar métodos para atraer nuevos recursos y utilizar los actuales de manera más eficiente.

Principales mensajes de Asociaciones de Pacientes, sobre la intervención del Gobierno a Sanitas.

Principales mensajes de Asociaciones de Pacientes, sobre la intervención del Gobierno a Sanitas.

A partir del Webinar convocado por INNOS, la comunidad de pacientes expresa profunda preocupación ante la intervención de Sanitas EPS, la cual está generando incertidumbre y desde ya repercusiones significativas en el sistema de salud colombiano.

Mira el webinar completo: https://www.youtube.com/live/q77GkdYEk3c?si=2hjTgFunhbJ_VdEx 

 

Se transmiten algunos de los mensajes clave dados por los pacientes sobre esta situación:

  1. Enfoque en los Pacientes: Los pacientes son considerados el eje y el corazón del sistema de salud. Se plantea que cualquier intervención debe tener en cuenta sus necesidades y derechos fundamentales. Desde el anuncio de la intervención, se han recibido denuncias de pacientes a quienes han llamado para cancelar órdenes, cirugías y entregas de medicamentos, lo que evidencia una crisis de enormes proporciones.
  2. Riesgos y Cuestionamientos: Se manifiestan sentimientos encontrados respecto a la intervención en Sanitas EPS y se cuestiona si esta medida marca el inicio de una intervención más amplia o una expropiación. Además, se plantea la preocupación por la motivación y el impacto de esta acción en la calidad de la atención médica. Se señala que el gobierno maneja el 51% de los recursos del sistema de salud, lo que incluye usuarios de EPS públicas, mixtas e intervenidas.
  3. Contexto y Preocupaciones: Se observa que la intervención está relacionada con altas demandas de servicios, pero preocupa la falta de transparencia en el proceso. Se enfatiza que aunque Sanitas no es perfecta, no figura entre las 10 peores EPS en términos de quejas impuestas. Se insta al Gobierno a atender las solicitudes reales en lugar de simplemente contar PQR’s.
  4. Solidaridad y Acción: Se expresa solidaridad con los usuarios de Sanitas EPS y todas las EPS afectadas por esta situación. Se insta a la comunidad a estar unida y a utilizar los mecanismos legales disponibles para proteger sus derechos y asegurar la continuidad de los servicios de salud.
  5. Mensaje a la Corte: Se hace un llamado a la Corte Constitucional para que no siga guardando silencio y se pronuncie en garantía del derecho a la vida de los 50 millones de colombianos. Se exigen medidas cautelares para respetar este derecho fundamental.
  6. Movilización Ciudadana: Se llama a la movilización ciudadana para defender el derecho a la salud en Colombia y se destaca que esta intervención no solo afecta a más de 5 millones de pacientes, sino que también presiona a todo el sistema. Se señala al Gobierno como el principal responsable por no administrar eficientemente los recursos de salud.
  7. Exigencia de Transparencia y Garantías: Se demanda transparencia en los resultados de la intervención y garantías para que los usuarios de Sanitas EPS reciban la atención médica necesaria sin interrupciones ni riesgos para su salud. Se enfatiza que históricamente ninguna intervención ha beneficiado a los pacientes y se exige una administración más efectiva de los recursos de salud.
  8. Apoyo a las Asociaciones de Pacientes: Se recuerda a todos los colombianos que cuentan con el respaldo y la colaboración de las asociaciones de pacientes y otros actores del sector salud para proteger el derecho a la vida y la integridad de la comunidad.

 

Las Asociaciones de Pacientes y actores del sistema esperan que estas reflexiones sean escuchadas y que se tomen medidas responsables y efectivas para garantizar el acceso a la salud para todos los ciudadanos.

El impacto fiscal y otras incognitas de la reforma a la salud

El impacto fiscal y otras incognitas de la reforma a la salud

En días pasados se describía en una nota de política la importancia de conocer el impacto fiscal de la reforma a la salud. En esa ocasión, se mencionó que le permitía a los congresistas tomar decisiones basadas en evidencia. El pasado 20 de marzo, el Ministerio de Hacienda presentó un concepto, en el que muestra los costos actualizados que tendría la reforma en caso de ser aprobada.

Ministro

Ministro de Hacienda de Colombia - Ricardo Bonilla

Con esta nota se busca describir el contenido del concepto emitido por el ministerio y hacer hincapié en algunas preguntas que surgen.

Contenido del concepto del Minhacienda

En el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda el día de ayer, se menciona que la reforma a la salud le costará al país más de 143 billones de pesos durante los próximos nueve años. El primer año costaría 105 billones. También, señala que, el déficit iría disminuyendo anualmente, pasando de tres billones en 2025 a 872 mil millones en 2033. En total, el déficit estaría alrededor de los 15 billones de pesos.

Preguntas y cuestionamientos que surgen

En primer lugar, aunque en el concepto del Ministerio de Hacienda se señala que, los costos de la reforma son compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, da a entender que falta la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) sobre ajustes en los gastos de funcionamiento e inversión que el gobierno en turno quiera hacer en otros rubros o áreas para financiar la reforma. No obstante, no hay claridad sobre aspectos específicos que implican costos adicionales como, los que se destinarán a capacitación del talento humano, incentivos a la contratación de profesionales, desarrollo e implementación del sistema integrado de información y otros incluidos en el proyecto.  Los ajustes mencionados en el concepto de Minhacienda  pueden significar recortes en otros sectores que aún no se han especificado. Por lo tanto, los recursos no serían suficientes y de ahí la importancia del déficit durante más de nueve años.

En segundo lugar, por un lado, hay costos que el concepto del Ministerios no tiene en cuenta, entre ellos el análisis de siniestralidad y la suficiencia de la UPC, que han sido seriamente cuestionadas durante los últimos meses. Por el otro, se sobrestiman algunos ingresos con los que no se cuenta hoy.

En tercer lugar, no está clara la financiación de los CAPS. La razón, hasta la fecha el Ministerio de Salud no ha definido el Plan Maestro de Infraestructura. En este sentido la duda está también en cómo aportarán estos Centros de Atención Primaria en Salud, a reducir los costos de operación del sistema de salud, lo cual ha sido reiterado por el gobierno durante el trámite de la reforma.

Llama la atención que ni en el proyecto de Ley ni en los documentos que ha publicado el Ministerio de Salud y Protección Social se hace alusión a la sostenibilidad de estos cambios en el largo plazo, ni a la posibilidad de fortalecer las fuentes de financiación del sistema de salud.

Conclusiones

Aunque el llamado al gobierno ha sido permanente, el concepto del Ministerio de Hacienda no resuelve las preguntas que se le han formulado al proyecto sobre su sostenibilidad ni los costos en los que deberá incurrir el país para su implementación.

No se han abordado aún los aspectos de fondo de los recursos del sistema, como los relacionados con la financiación del plan de beneficios mediante la UPC y las tendencias en el aumento del gasto por la siniestralidad y por las condiciones socio demográficas y epidemiológicas del país.

Hace falta mucha más información sobre el impacto que algunas intervenciones anunciadas podrán tener en las finanzas del sistema y cómo se resolverá el déficit que se abrirá en los primeros años posteriores a su aprobación.