Una combinación muy compleja para el gobierno nacional es la que actualmente aparece en el panorama legislativo. De una parte, se radicó una ponencia de archivo del proyecto de reforma laboral el pasado 11 de marzo, lo cual apunta a una situación irreversible y adversa para esta iniciativa crucial de la agenda legislativa del presidente Petro.
Ante las críticas que han sido reiteradas al proyecto de reforma laboral, que, según afirman sus detractores, no servirá para resolver los problemas de fondo del empleo en el país y, por el contrario, produciría impactos lesivos para la generación de nuevos empleos; 8 senadores de la Comisión séptima firmaron la ponencia de archivo que le daría el punto final al proyecto. La reacción del presidente fue de crítica fuerte a la Comisión, al decir que esta había “traicionado al pueblo trabajador de Colombia” y calificó la ponencia de archivo como una irresponsabilidad, advirtiendo un posible distanciamiento del gobierno con el legislativo.
Ocurre este desencuentro solo unos días después de la aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes, del proyecto de ley de reforma al sistema de salud. Luego de muchos inconvenientes y de una discusión tensa, las mayorías con las que cuenta el gobierno en la Cámara le sirvieron para ratificar lo ocurrido previamente en la Comisión séptima. Ahora el reto es mucho mayor, por cuanto se sabe que, en el Senado, las mayorías no tienen la misma distribución y allí para el gobierno el camino es mucho menos expedito. De hecho, se anticipa mayor debate y una oposición mucho más férrea y con más poder para hundir nuevamente (como ya ocurrió en 2024) este proyecto que es uno de los pilares del programa de este periodo presidencial.
Si bien el trámite fue exitoso por la aprobación del proyecto en sus dos primeros debates, no hay de ninguna manera, consensos alrededor de esta reforma. Los gremios de la salud han advertido que con la crisis actual (sin que la reforma haya entrado en vigor) es evidente que lo propuesto allí afectará a todos los afiliados al sistema. La situación de las EPS intervenidas por la Supersalud, claramente representa un ejemplo de lo que podría ser, para muchos analistas, el futuro de un sistema bajo el control del Estado, como el que se propone en el proyecto que pasa a discusión en el Senado.
Todo ello en el contexto de la crisis que ya se ha descrito y analizado ampliamente, con problemáticas de desabastecimiento de medicamentos y tecnologías sanitarias, retrasos graves en los pagos de presupuestos máximos, insuficiencia declarada de la UPC acumulada por varios años, incertidumbre sobre el futuro de las EPS, las IPS, las ESE y toda la red de prestación de servicios, inconformidad, quejas y acciones de tutela que se incrementan día tras día por la negación y la falta de oportunidad en el acceso a los servicios básicos.
Entre estos llamados al gobierno, uno de los más recientes es el de la ANDI que ha señalado un posible déficit acumulado a 10 años de 141 billones de pesos, de aprobarse la reforma en sus dos debates pendientes. Esto discrepa de las cifras que aporta el Ministerio de Salud según las cuales, la reforma generará un superávit de 21 billones en el mismo periodo. Tales discrepancias no se entienden y muestran la profunda diferencia de opiniones y cifras que se están discutiendo. La ANDI argumenta que no es claro cómo se espera reducir el déficit ni el gasto en salud, con base en un supuesto fortalecimiento de la Atención Primaria, que bajaría los costos de las atenciones especializadas, según el proyecto del gobierno.
Otro grupo de expertos que ha publicado sus comentarios sobre el proyecto aprobado en Cámara, es el conformado por exministros y líderes sectoriales. Se recalca que no existe en el texto aprobado un plan de financiamiento coherente con las necesidades del sistema y con las fuentes de financiación, así como el desconocimiento de los avances logrados en el sistema actual desde 1993. Los expertos y exministros señalan que el proyecto, además, incumple los mínimos requisitos constitucionales, profundiza los problemas de acceso a los servicios y agrava el problema del flujo de recursos de la actual crisis. Como ejemplo está lo que ocurre con el Fondo de Salud del Magisterio, que ya ha mostrado serias deficiencias y fallas de orden financiero y de prestación de servicios. Para muchos, este subsistema es un reflejo de lo que podría ocurrir de aprobarse la reforma en su 3er y 4º debates.
El presidente reacciona convocando una consulta popular.
En estas circunstancias el presidente Gustavo Petro anunció el pasado 11 de marzo, que convocará una consulta popular buscando allí el apoyo a la reforma a la salud y en respuesta también al inminente archivo de la reforma laboral. Su argumento es que se ha producido un “bloqueo institucional” y que la alternativa es que el pueblo convocado en la consulta decida directamente lo que deberá ocurrir con las reformas.
Este es un mecanismo constitucional de participación ciudadana que implica, en todo caso, el cumplimiento de algunos requisitos por parte del Ejecutivo. Entre ellos, requiere aprobación del texto que será sometido a la consulta popular, por parte del Senado. Posteriormente la Registraduría tendría que preparar todo lo necesario para realizar el proceso de votación en un plazo no mayor a 4 meses. La Ley 1757 de 2015 señala que el Congreso debe analizar y pronunciarse también sobre la conveniencia de una convocatoria como la anunciada por el presidente. Es muy importante resaltar que los resultados de la consulta son obligatorios, según lo dispuesto en la Constitución y en las leyes que la reglamentan.
Una condición que señalan estas normas es que la pregunta que se somete a la decisión del pueblo debe obtener la votación positiva de la mitad más uno de los votantes. La participación ciudadana debe ser de mínimo 1/3 del censo electoral vigente.
Esta es una apuesta más que arriesgada del gobierno, que se la juega con una convocatoria de esta naturaleza, en un año previo a las elecciones presidenciales y con unas cifras de popularidad en descenso por varios meses. Esto sin contar con el riesgo de cortar las relaciones con el Congreso, al provocar un enfrentamiento abierto con sus mesas directivas y, con ello, profundizar los problemas de gobernabilidad y de construcción de consensos, a menos de 18 meses para terminar su periodo.
Las manifestaciones populares recientes y las que ya se están convocando en contra de la reforma a la salud, junto con las múltiples expresiones de rechazo y de preocupación de gremios profesionales, instituciones y actores del sistema; deberían ser motivo suficiente para que el Ministerio y el gobierno en su conjunto, revisen su postura sobre la reforma a la salud y atiendan de forma perentoria a las alarmas que se han generado y a las órdenes que les ha impartido la Corte Constitucional.
De no ser así, los riesgos para el país y para la estabilidad del sistema de salud continuarán creciendo rápidamente, exponiendo a los ciudadanos a situaciones muy graves para su bienestar. Al tiempo que afectan la confianza en las instituciones y dejan un impacto negativo en la democracia. Desde INNOS reiteramos nuevamente el llamado a la concertación, a la generación de acuerdos en el marco del Estado de derecho y a resolver sin más demoras las situaciones críticas que atraviesa el sistema de salud.
