En el año 2020 se publicó la décimo tercera edición del Índice Global de Innovación (GII)[1] con el patrocinio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad de Cornell y el INSEAD. Dicho índice, entre otras cosas, da cuenta de la importancia de la financiación de la innovación como un aspecto de crucial importancia para los actores de este ecosistema. Esta financiación se puede generar a través de mecanismos tradicionales como los de apoyo público, inversiones por parte de empresas y mecanismos basados en el mercado como préstamos de capital privado y capital de riesgo. También, hay métodos de financiación más recientes que incluyen empresas de riesgo, mercados de propiedad intelectual (PI), microfinanzas, crowdfunding y soluciones tecnológicas.
Si hablamos de la financiación estatal a la innovación, según la a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), un país en vía de desarrollo debería invertir por lo menos el 1 % de su Producto Interno Bruto en actividades de Investigación y Desarrollo (I+D). Por su parte, el GII incorpora esta cifra, conocida en inglés como el GERD, como uno de los principales indicadores para medir qué tan innovador es un país.
Teniendo en cuenta este indicador, en 2020 los lideres por regiones fueron los siguientes países (entre una muestra evaluada de 120 naciones):
- América del Norte: Estados Unidos (2.8 % – puesto 9) y (1.5 % – puesto 23).
- Europa: Suiza (3.3 % – puesto 4), Suecia (3.3 % – puesto 3) y Reino Unido (7 % – puesto 21).
- Asia suroriental y Oceanía: Singapur (1.9% – puesto 8), República de Corea (el 4.5 % – puesto 2) y Hong Kong (0.9 % – puesto 42).
- Asia occidental y África del norte: Israel (4.9 % – puesto 1), Chipre (0.6 % – puesto 59) y Emiratos Árabes (1.3 % – puesto 29).
- África subsahariana: Suráfrica (0.8 % – puesto 45), Kenia (0.8 % -puesto 47) y Tanzania (0.5 % – puesto 66).
- Asia central y del sur: India (0.6 % – puesto 57), Irán (0.8 % – puesto 44) y Kazajstán (0.1 % – puesto 101).
- América Latina y el Caribe: los países que ocuparon los tres primeros lugares fueron Chile (0.4 % – puesto 75), México (0.3 % – puesto 79) y Costa Rica (0.4 % – puesto 71). Por otra parte, Colombia con el 0.2 % ocupa el puesto 87 de 120 países.
Al analizar estos datos, se evidencia que América Latina se encuentra rezagado frente a los líderes de innovación en el apartado del financiamiento de la CTI con fondos públicos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Chile, país que lidera en la región, invierte 12 veces menos que el líder mundial en GERD que es Israel.
Ahora bien, en lo que se relaciona con el capital privado como fuente de recursos para actividades de CTI, el GII indica que la falta de mecanismos de financiamiento puede conducir a una falta de inversión en innovación. En otras palabras, si la innovación supone altos retos para su financiamiento, los inversionistas se decantarán más hacia unos sectores que a otros con el fin de minimizar los riesgos sobre su inversión y obtener el retorno deseado sobre el capital invertido. Esto es particularmente cierto cuando el riesgo tecnológico asociado con una innovación es demasiado alto, cuando los empresarios solo tienen activos intangibles como garantía o en economías emergentes donde los mercados financieros aún deben fortalecerse[2].
Uno de los mecanismo que podría llevar que se inviertan recursos del sector privado en innovación es la propiedad intelectual, pues los activos intangibles están muy ligados al desempeño corporativo, por ejemplo, estos activos representan el 90 % del valor de las principales empresas en el mundo que cotizan en bolsa[3]. Además, son instrumentos que, a la hora de buscar financiación se pueden usar como garantía de respaldo. Sin embargo, para algunos inversionistas no son atractivos, dadas las condiciones mismas del desarrollo de invenciones en ciertos sectores: varios años para su investigación, más procesos regulatorios.
Un claro ejemplo es el sector salud, donde al revisar los tiempos, incertidumbre e inversión requerida para el desarrollo de un medicamento, la situación no es la más deseable, caso opuesto en sectores como las tecnologías de la información y las comunicaciones, en las que se advierten retornos muy rápidos. A modo de ilustración, la tasa general de éxito de un medicamento desde la fase de estudios clínicos hasta la aprobación por parte de la Agencia Regulatoria de Estados Unidos (FDA[4]) es de casi el 10 %, lo que significa que de cada diez prospectos de fármacos tan sólo uno llega a la fase de comercialización[5]. Por otro lado, en cuanto a las solicitudes de patentes de medicamentos, para el año 2020[6] solo se aprobaron el 48 %, es decir de cada dos solicitudes de patente, una es negada.
Es preciso afirmar entonces que existe una gran diferencia entre financiar desarrollos de tecnologías en salud y financiar el desarrollo de otras tecnologías. Por eso la propiedad intelectual y el conjunto de políticas que garantizan su protección deben blindarse de demoras injustificadas tanto por las entidades regulatorias, como de la oficina de patentes. Esto podría contribuir a que los innovadores en salud puedan conseguir mayores apoyos económicos en sus procesos. Así las cosas, si bien la propiedad industrial no garantiza el éxito comercial de un proyecto innovador, sí resulta una herramienta que permite obtener financiación de proyectos en salud y contribuye a la creación de ciclos virtuosos de innovación.
Finalmente, todo esto nos lleva a precisar que, en referencia a la financiación de la innovación presentada en el GII[7], ningún instrumento de política de innovación por sí mismo puede resolver los problemas que un país podría enfrentar en este aspecto, en tanto, son los gobiernos quienes deben implementar una estrategia articulada de políticas y directrices que respondan a los diferentes obstáculos para el financiamiento de la innovación y la consecución de fondos. En este sentido, podrían sumarse tres acciones principalmente: en primer lugar, los gobiernos deben garantizar la eliminación de los riesgos asociados con la financiación de desarrollos tecnológicos, pues es innegable que existe una menor avidez de los capitalistas de riesgo por las empresas en su etapa inicial y de los sectores basados en la ciencia. En segundo lugar, los gobiernos podrían fungir como capitalistas de riesgo, en otras palabras, podrían destinar fondos de capital administrados por el sector público. Cabe aclarar que no se trata solamente de generar dichos fondos, sino también que las políticas estén enfocadas a incluir iniciativas para promover una cultura de innovación, emprendimiento y desarrollo de habilidades financieras, con el objetivo de que se comprendan y se aprovechen de mejor manera los instrumentos públicos y privados dedicados a financiar proyectos de innovación. Por último, en tercer lugar, se debe permitir que los mercados financieros se conviertan en mecanismos que estimulen la innovación, al eliminar barreras legales como pueden ser altos impuestos y falta de regulación para el capital empresarial.
[1] https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
[2] https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
[3] https://www.visualcapitalist.com/the-soaring-value-of-intangible-assets-in-the-sp-500
[4] Food and Drug Administration.
[5] https://archive.bio.org/media/press-release/new-study-shows-rate-drug-approvals-lower-previously-reported
[6] https://www.uspto.gov/learning-and-resources/statistics
[7] https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
Fuentes:
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