por INNOS | Jul 30, 2024 | Noticias
Una nueva propuesta de reforma a la salud fue radicada en el Congreso. Este nuevo proyecto, con fecha del 9 de julio de 2024, busca reorganizar el Sistema General de Seguridad Social en Salud para garantizar el derecho fundamental, siguiendo los parámetros establecidos por la Ley Estatutaria 175. Para ello, la iniciativa establece un Modelo de Atención en Salud preventivo, predictivo y resolutivo, fundamentado en la Atención Primaria en Salud (APS) y, entre otras disposiciones relevantes, crea el Consejo Nacional de Salud (CNS) para vigilar y adoptar políticas públicas en salud.
En términos generales, el proyecto que es una iniciativa de la sociedad civil, en este caso representada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, cuenta con el respaldo del gremio de profesionales sanitarios del país, agrupados en 21 asociaciones de salud.
Los aspectos más relevantes de esta iniciativa legislativa pueden analizarse de la siguiente manera:
- Reorganización del sistema de salud: mediante el modelo preventivo, preventivo y resolutivo estructurado desde la APS.
- Creación del Consejo Nacional de Salud: conformado por 15 personas, de las cuales 6 hacen parte del gobierno nacional, 1 de los gobiernos territoriales, 1 de las IPS y de las ISE, 1 de las Gestoras de Salud y 6 representantes de la sociedad civil. También se dispone la creación de Consejos Territoriales. El CNS tendrá como funciones definir la metodología para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y promover políticas de salud, entre otras
- Modelo de atención en salud: centrado en la prevención, predicción y resolución, integrando promoción de salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Incluye servicios complementarios, licencias de maternidad y se fundamenta en los CAPS, con sus equipos básicos de salud EBS y articulado por el Sistema Único de Información en Salud SUIS
- Redes Integrales e Integradas: conjuntos de organizaciones (IPS) integradas para prestar servicios individuales y colectivos con eficiencia, equidad, integralidad y continuidad en un territorio. Funcionarán con un sistema de referencia y contrarreferencia que el Ministerio deberá organizar, así como los términos para conformar las RIISS.
- Fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, financiada con subsidio a la oferta y a la demanda. El MSPS deberá construir un plan integral para su desarrollo.
- Transformación de las EPS y EAPB. Se denominarán Entidades Gestoras de Salud (EGS) y continuarán operando hasta por 2 años más siempre que cumplan las condiciones mínimas de permanencia. Se establecen los parámetros para las actuales EPS que decidan continuar operando.
- Financiamiento del sistema de salud: se adicionan recursos del PGN de forma creciente y anual, el recaudo de los impuestos saludables (Ley 2277) y nuevos recursos que disponga el gobierno. Medicamentos, insumos y tecnologías serán exentas de IVA. La UPC será definida por el CNS anualmente. Con base en estudios técnicos independientes. A la ADRES se le adicionan funciones de gestión del riesgo financiero, giro directo en nombre de las Gestoras a las IPS, pagador único del sistema, giro del valor administrativo a las EGS, giros del subsidio a la oferta a los CAPS por los EBS, gestión de cuentas, pagos y transferencias, auditorías para reconocimiento y pago, garantizar el flujo de recursos para promoción y prevención y a los hospitales; entre otras.
- Política Farmacéutica Nacional. El ministerio emitirá la PFN con base en lo dispuesto en la Ley 1751. El INVIMA estará a cargo del mejoramiento de información y educación sanitaria, transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades, en conjunto con el INS. El gobierno avanzará en el control de precios de medicamentos con base en comparaciones internacionales, de forma progresiva y según lo defina el MSPS. Los Servicios farmacéuticos hacen parte del sistema de salud. El Estado deberá garantizarlos.
- Régimen laboral para el sector salud. Se crea entonces el régimen laboral especial que incluirá la Carrera administrativa especial del sector salud, el régimen salarial especial, pago oportuno, jornada ordinaria máxima de 42 horas semanales, salud y seguridad en el trabajo, teletrabajo, prestaciones económicas, protección contra el acoso laboral, condiciones de desarrollo de la relación docencia-servicio, condiciones del SSO y de los médicos residentes, entre otras disposiciones.
- Autonomía profesional: La autonomía estará garantizada a los profesionales de la salud. No se requerirán autorizaciones administrativas adicionales dentro de las RIISS.
- Política Nacional de Talento Humano en Salud. Se incluirán prioridades de formación, la generación de incentivos para realización de prácticas en zonas rurales y dispersas, estímulos para formación en las áreas priorizadas, mecanismos de ingreso a posgrados según las necesidades sectoriales y territoriales, entre otros. Habrá un Examen único Nacional habilitante para especializades médico quirúrgicas y de salud pública.
- IVC en el sistema de salud. Continuará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de servicios de salud. Se incluyen funciones de análisis de las evaluaciones generales y de los reportes del CNS y los CTS, así como los reportes del SUIS. Se amplían competencias y facultades a la SNS.
- Régimen de Transición: Durante la transición al nuevo sistema de salud ningún ciudadano podrá quedar desprotegido del goce efectivo del derecho a la salud. El periodo de transición será de 3 años. Los Regímenes exceptuados continuarán regidos por las disposiciones vigentes y por la Ley 1751.
Se observan varios aspectos que se habían tratado en los debates en Cámara de Representantes durante la discusión del proyecto de Ley del Gobierno, y que se retoman en esta iniciativa. Por ejemplo, se resalta la definición de la UPC anual por parte del CNS y las nuevas funciones que asumirá esta instancia de dirección del sistema de salud. También la articulación con los Consejos Territoriales, que será todo un desafío para las autoridades locales y nacionales. Allí cobra mucho mayor valor, la necesidad apremiante de un Sistema de Información robusto, en tiempo real e interoperable; que permita hacer el seguimiento de la compleja gestión del sistema y generar los correctivos a tiempo.
Aunque esta propuesta toca al talento humano en salud, no profundiza sobre las condiciones actuales de formación profesional y posgraduada, que han producido muchas preocupaciones recientemente. La relación docencia-servicio sigue sin ser objeto de un debate profundo que se refleje en estos proyectos de reforma al sistema de salud, y tampoco se hacen cambios en las reglas de juego que rigen los convenios entre hospitales y universidades, como punto de partida para avanzar en un recurso humano más cualificado e integralmente mejor reconocido.
Desde INNOS valoramos muy positivamente que la academia y los gremios de la salud hayan logrado esta propuesta consensuada y esperamos que sus aportes sean tenidos en cuenta en las transformaciones que el sistema de salud requiere en nuestro país.
Para consultar el documento de propuesta completo: https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2024/07/Reforma-a-la-Salud_Julio-9-2024-1.pdf
por INNOS | Jul 23, 2024 | Noticias
En abril del presente año, el Ministerio de Salud interpuso ante el Tribunal de Cundinamarca una demanda contra 21 entidades prestadoras de salud, entre las que se encontraban Compensar EPS, Sanitas EPS, Famisanar EPS, Capital Salud, Nueva EPS y SURA entre otras. Entre los argumentos del Ministerio sobresalieron dos, la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso al servicio público a la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como, exigir a las entidades que tomen medidas inmediatas para asegurar el cálculo adecuado, la creación y la actualización mensual de las reservas técnicas. Como dato adicional, en marzo la cartera de salud ya había presentado una demanda, pero esta fue negada. En el concepto negativo, en ese momento, el Tribunal le pidió unas correcciones respecto a las autoridades judiciales que podrían dar estudio a dicha petición.
Ahora bien, el pasado 3 de julio el Tribunal de Cundinamarca respondió al nuevo pedido de medidas cautelares, negándolo, argumentando, que las pruebas presentadas por el Ministerio de Salud no eran suficientes para demostrar una vulneración de los derechos de los usuarios. Al respecto, vale la pena mencionar que, según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, son requisitos para decretar las medidas cautelares en lo referente al control de protección de los derechos e intereses colectivos:
- Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
- Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
- Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
Igualmente, según la providencia del Consejo de Estado del 31 de marzo de 2011, para decretar las medidas cautelares, el juez debe justificar la decisión basándose en elementos de prueba válidos que, además, puedan comprobarse, de ahí la importancia que sean idóneos. También, como se mencionó en la decisión del Consejo de Estado del 17 de marzo de 2015, otro criterio para aceptar las medidas cautelares se fundamenta en el buen derecho, en la existencia del perjuicio de la mora, así como, estudio de ponderación y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Por consiguiente, el Tribunal de Cundinamarca negó las medidas cautelares porque, por un lado, aunque el Ministerio de Salud presentó los argumentos basándose en el “informe sobre las deudas de 26 EPS”, presentado por la Contraloría, no llevó a cabo un análisis comparado con el cual se demostrará la violación de los derechos, es decir, sólo citó o se limitó a citar el informe, pero no presentó los argumentos para sustentar el pedido, sin poder demostrar el riesgo. Por el otro, el Tribunal considera que, si bien el Ministerio de Salud cumple con los requisitos de titularidad de las acciones, según el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, éste no logró comprobar una vulneración de un derecho colectivo como es el derecho a la salud, pues los informes citados no se constituyen en evidencia sumaria, es decir, mencionó los hechos, pero no realizó un análisis.
De esta manera, la demanda no cumplió con los requisitos establecidos para decretar medidas cautelares, pues no se logró demostrar si existen normas superiores que hayan sido señaladas como vulneradas, concluye el Tribunal de Cundinamarca “el debate propuesto es meramente legal y requiere confrontación con los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que se alleguen al expediente, y será la Sala de decisión quien contemplará la totalidad de los elementos que se aporten al proceso y será la sentencia en donde se decidirá el problema jurídico objeto del litigio”.
Este fallo constituye un llamado para que el Ministerio de Salud y Protección Social, profundice en el análisis de las causas que han llevado a las situaciones críticas que atraviesa actualmente el sistema de salud y que, asuma más directamente su función como rector de este. Las problemáticas que hoy viven los pacientes, familiares y ciudadanos en general, requieren intervenciones prontas y decididas de la autoridad competente, más allá de llevarlas a las instancias judiciales, con lo cual pueden generarse efectos contraproducentes que aumentan la desconfianza y la polarización entre los actores públicos y privados.
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
Durante los días 12 y 14 de junio de 2024, se llevó a cabo el 30º Foro de Salud de la ANDI. Dos países que se destacan por vivir situaciones complejas en sus sistemas de salud, quizás desde temporalidades distintas, son México y Colombia. Aunque ambos enfrentan desafíos significativos, la respuesta de sus gobiernos y los resultados obtenidos reflejan enfoques y problemáticas que vale la pena comparar.
Javier Potes, fundador y director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, presentó un panorama alarmante del sistema de salud en México durante este evento de la ANDI. En los últimos años, el país ha experimentado un deterioro notable en sus indicadores de salud. La promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de tener “un sistema de salud mejor que el de Dinamarca” parece cada vez más lejana.
Uno de los indicadores más preocupantes es el aumento del número de personas sin acceso a servicios de salud, que para 2023 alcanzó los 50.3 millones, un aumento del 151% respecto a 2018. Este incremento se debe, en gran medida, a la creación del INSABI, que sustituyó al Seguro Popular. Aunque su objetivo era brindar seguridad social gratuita, la falta de medicamentos y recursos ha sido una constante crítica. Esta situación ha llevado a una migración hacia la atención médica privada, que aumentó del 46% al 60% entre 2018 y 2022.
El sector privado, aunque complementario, enfrenta sus propios desafíos. No forma parte de un sistema integral y articulado, lo que impide una mejora a largo plazo en la salud de la población mexicana. Además, el gasto directo de las familias en salud ha aumentado considerablemente, representando un 38.8% del gasto total en salud, lo que pone una carga pesada sobre los segmentos más vulnerables de la población.
Otro dato preocupante es la reducción de la esperanza de vida, que ha disminuido de 75 años a 71 años, situándose muy por debajo del promedio de 81 años de los países de la OCDE. Además, el número de defunciones entre 2020 y 2021 superó la tendencia previa a la pandemia, con un aumento notable en la mortalidad materna y en la ineficacia de los programas de vacunación.
Durante el mandato de López Obrador, la inversión en salud osciló entre el 2.5% y el 2.9% del PIB anual, una cifra insuficiente para enfrentar estos desafíos. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, parece seguir una línea similar, priorizando otras áreas como seguridad e inversión social sobre la salud. Asimismo, es clave mencionar que durante la reciente campaña electoral, se denunció que el gobierno utilizó subsidios directos y cheques a la población como una estrategia para ganar apoyo, evidenciando un enfoque más populista que estructural en la resolución de los problemas del sistema de salud
Por otro lado, Colombia enfrenta una crisis en su sistema de salud bajo el gobierno de Gustavo Petro. Con una agenda centrada en reformas significativas, Petro prometió transformar el sistema de salud del país. Sin embargo, estas reformas han generado más controversias que soluciones.
La implementación de licencias obligatorias para medicamentos, una medida que busca reducir costos y aumentar el acceso, ha sido ampliamente criticada. Aunque teóricamente puede parecer una solución viable, en la práctica, países como Malasia y Brasil han demostrado que sin la infraestructura adecuada, estas medidas pueden fallar. En Colombia, la falta de inversión en infraestructura y sistemas de producción e innovación pone en riesgo la efectividad de estas licencias.
La administración de Petro ha enfrentado críticas por su manejo del sector salud. La promesa de reindustrialización del país y el enfoque en la salud preventiva han sido vistas como esfuerzos insuficientes para resolver problemas estructurales. Además, la falta de protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual ha desalentado la inversión extranjera directa, crucial para el desarrollo y la innovación en el sector salud. Hoy el país atraviesa una crisis de sostenibilidad en el sistema que se ve traducida en las últimas solicitudes voluntarias de liquidación de las EPS.
Ambos países muestran cómo las políticas de salud pueden tener impactos profundos en la población. En México, la transición del Seguro Popular al INSABI ha dejado a millones sin acceso a servicios básicos de salud, mientras que en Colombia, las conversaciones de reforma al sistema no son amplias, técnicas ni dan garantías de construir sobre lo construido, sino que por el contrario se abre la puerta a una demolición a décadas de avance en la cobertura e indicadores en salud. Para abordar estos problemas, es fundamental que ambos gobiernos reconsideren sus estrategias. En México, se necesita una mayor inversión en salud pública y una mejor integración del sector privado. En Colombia, es crucial fomentar la inversión en infraestructura y protección de la propiedad intelectual para atraer inversión extranjera y mejorar el acceso a medicamentos.
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
El reciente webinar «Reactivación económica, política pública en salud y propiedad intelectual en Colombia» reunió a destacados expertos internacionales para discutir el papel crucial de la propiedad intelectual en la innovación y desarrollo del sector salud en Colombia. Entre los participantes estuvieron Emily Michiko Morris, Stephen Ezell, Mark Schultz, Juan Carlos Suárez, Carlos Felipe Escobar, quienes ofrecieron una visión profunda sobre las regulaciones y desafíos actuales en el país.
Juan Carlos Suárez abrió el debate destacando los recientes cambios en la normativa del sector salud en Colombia. Resaltó cómo actores tanto públicos como privados están promoviendo la innovación en salud. El Dr. Carlos Felipe Escobar, Director de INNOS, ofreció una visión amplia de la situación actual en Colombia, destacando que el país tiene ahora un gobierno de izquierda, liderado por el presidente Gustavo Petro. Este gobernante anunció, durante su campaña electoral, en primer lugar, la necesidad de reformas significativas en áreas como salud, pensiones, trabajo, educación, y ciencia, tecnología e innovación. Además, de una reindustrialización del país, especialmente sobre investigación en ciencia, innovación y tecnología, por medio de una iniciativa denominada “Serenidad Nacional de Salud”, que plantea generar más conocimiento y soluciones para el país, permitiéndole ser más autosuficiente en términos de tecnologías sanitarias y hacer la industria local más capaz para producir los recursos y tecnologías que la salud podría necesitar para salir adelante.
Emily Michiko Morris, investigadora principal en la Universidad de Akron, abordó la implementación de la licencia obligatoria en Colombia. Explicó que esta es una herramienta que permite a los países exigir a los titulares de derechos de propiedad intelectual que otorguen licencias a cambio de una compensación razonable, permitiendo la producción local de tecnologías patentadas. Sin embargo, Morris advirtió que la licencia obligatoria no solo implica la obtención de la patente, sino también la inversión en infraestructura y sistemas de fabricación. Países como Malasia y Brasil han otorgado licencias obligatorias sobre medicamentos patentados, pero luego enfrentaron dificultades para producir estos medicamentos de manera eficiente.
Los desafíos de implementar licencias obligatorias en Colombia fueron otro punto crucial del debate. Morris subrayó la importancia de considerar el uso a largo plazo de estas licencias, especialmente si se convierten en una práctica habitual. Mark Schultz, otro de los panelistas, agregó que la falta de protección de los derechos de propiedad intelectual puede disuadir a las empresas de hacer negocios en el país, lo que resultaría probablemente en una menor disponibilidad de medicamentos y otros productos esenciales.
Por su parte, Stephen Ezell destacó que los países tienen dos opciones en una economía global competitiva: adoptar una estrategia de atracción o una estrategia obligatoria. La estrategia de atracción implica crear un ambiente fuerte y atractivo para los inversores globales, mientras que las licencias obligatorias pueden llevar a que los inversores solo inviertan lo mínimo indispensable, excluyendo al país de mayores oportunidades de inversión. Para lograr un equilibrio entre la propiedad intelectual y el acceso a la innovación en salud, Morris recomendó explorar nuevas tecnologías para desarrollar terapias sanitarias y reducir los costos de desarrollo. Schultz añadió que es fundamental no socavar la inversión en productos farmacéuticos o nuevas licencias tecnológicas. En cambio, se debe construir infraestructura, establecer clínicas y formar a los proveedores de atención sanitaria.
A continuación, se planteó la cuestión de los desafíos que enfrenta un país como Colombia al tratar de implementar este tipo de licencias. Emily respondió que es importante considerar la utilización a largo plazo de una licencia obligatoria, especialmente si se hace de manera habitual. Mark agregó que, si los derechos de propiedad intelectual de las empresas no están protegidos, estas pueden evitar hacer negocios donde saben que pueden perder su dinero, donde pueden perder sus inversiones. En el caso de los productos farmacéuticos, cuando una empresa farmacéutica decide no hacer negocios, los medicamentos no llegan al país. Estos aportes reflejan que el abuso del uso de licencias obligatorias puede desalentar esta inversión extranjera directa y, como resultado, puede perjudicar seriamente a las industrias nacionales.
A esto, Stephen señaló que los países tienen probablemente dos opciones para competir en una economía global altamente competitiva: pueden adoptar una estrategia de atracción o una estrategia obligatoria. La estrategia de atracción implica presentar a los inversores globales un ambiente fuerte y atractivo para invertir en industrias de tecnología avanzada. Por otro lado, las licencias obligatorias esencialmente logran con esta estrategia es que los inversores globales solo inviertan el mínimo indispensable requerido en ese país, haciendo que el país se excluya a sí mismo.
Asimismo, se planteó una nueva pregunta, sobre diferentes recomendaciones para el país que puedan generar un balance entre la Propiedad Intelectual y el acceso a la innovación en salud, a esto Michiko respondió que es necesario explorar nuevas formas, en particular nuevas tecnologías, para desarrollar terapias sanitarias, pero reduciendo los costos de desarrollo de estos productos. Mark añadió que la mejor manera de desarrollar un sistema de atención sanitaria es no socavar la inversión en productos farmacéuticos o nuevas licencias tecnológicas. Por tanto, debemos romper con la tendencia a buscar respuestas fáciles y debemos salir al campo, construir infraestructura, establecer clínicas y formar a los proveedores de atención sanitaria. Por último, Stephen concluyó que, para compartir tecnologías a nivel global, se deben promover las licencias voluntarias, un ejemplo de esto es el proyecto de Mark «Innovar para la Salud que destacan cómo los empresarios y países en desarrollo están trabajando para resolver los problemas de salud global.
Finalmente, en los últimos aportes de la conversación se resaltó la intervención de Emily, en tanto señaló como las personas que no trabajan en el ámbito jurídico y tramitan una patente para obtener derechos de autor no conocen realmente las distinciones entre los tres tipos de derechos de propiedad. Sin embargo, recomendó no estar constantemente a la defensiva, sino tratar de explicar por qué esta industria hace lo que hace, o por qué utiliza su propiedad intelectual de una manera particular, brindando soluciones competitivas. Por otro lado, Stephen presentó otro enfoque, señalando que una cosa es que los responsables políticos se aprovechen de los derechos de propiedad intelectual de una gran corporación sin rostro como las grandes farmacéuticas, y otra muy distinta es que vean las especificaciones de los verdaderos empresarios e innovadores colombianos. A estos últimos es necesario incentivarlos a crear soluciones para el beneficio y la salud a largo plazo.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
En el contexto global actual, la propiedad intelectual se ha convertido en un pilar esencial para el desarrollo económico y la innovación. Aunque a menudo se malinterpreta como un conjunto de normas que favorecen únicamente a las grandes corporaciones extranjeras, la realidad es mucho más compleja y beneficiosa, especialmente para las economías emergentes como la de Colombia.
Mark Schultz, experto en derecho de propiedad intelectual y miembro senior de Geneva Network, ofrece una perspectiva esclarecedora sobre la verdadera función de la propiedad intelectual. Según Schultz, la propiedad intelectual es mucho más que un simple derecho exclusivo para utilizar o vender una invención. Representa un conjunto de etapas fundamentales que abarcan desde la creación hasta la comercialización de una invención, facilitando su acceso a los consumidores y recompensando a los innovadores.
Uno de los grandes malentendidos acerca de la propiedad intelectual es que su objetivo principal es frenar la competencia y recompensar la invención. Esta visión simplista no considera que la propiedad intelectual es, en realidad, una herramienta poderosa para el desarrollo económico. Schultz destaca que las leyes de propiedad intelectual deben verse como una política esencial para el desarrollo nacional. Protegen las inversiones, fomentan la creación de empresas y apoyan la fabricación y distribución de productos innovadores.
El iPhone de Apple y Coca-Cola son ejemplos perfectos de cómo la propiedad intelectual impulsa la innovación y el desarrollo. Aunque la tecnología del iPhone existía desde 2007, fue necesaria una inversión considerable para desarrollar un producto atractivo para los consumidores. De manera similar, Coca-Cola ha logrado una presencia global gracias a inversiones en fabricación local, marketing y cumplimiento normativo. Estas inversiones solo son posibles en un entorno donde la propiedad intelectual está protegida, proporcionando la seguridad necesaria para que las empresas arriesguen su capital.
La industria farmacéutica es otro sector donde la propiedad intelectual juega un papel crucial. El desarrollo y producción de medicamentos requiere una inversión enorme no solo en plantas de producción, sino también en la educación de médicos y pacientes sobre su uso. En un mundo donde la industria farmacéutica está fuertemente regulada, la propiedad intelectual garantiza que los innovadores puedan recuperar sus inversiones y continuar desarrollando nuevos tratamientos.
Es esencial que los países protejan la inversión y fomenten un entorno seguro para las empresas. Cuando las empresas confían en la protección de sus derechos de propiedad intelectual, están más dispuestas a compartir conocimientos y tecnología, beneficiando así a los socios locales y al desarrollo económico del país. Por ejemplo, los países con derechos de propiedad intelectual fuertes ven mejores alianzas internacionales, ya que los inversores extranjeros confían en la protección de estos derechos y están más dispuestos a colaborar con pequeñas empresas locales.
Además, las licencias voluntarias, donde los innovadores trabajan con empresas locales para fabricar productos de manera eficiente, ofrecen precios más bajos y benefician a todas las partes involucradas. Este enfoque cooperativo es mucho más efectivo que las licencias obligatorias, que pueden aumentar los costos y desalentar la inversión. En el caso de los medicamentos, la propiedad intelectual asegura que los innovadores puedan recuperar sus inversiones y seguir desarrollando nuevos tratamientos esenciales. Esto no solo beneficia a las empresas, sino también a los pacientes que necesitan acceso a medicamentos innovadores y de alta calidad. Para Colombia, adoptar políticas sólidas de propiedad intelectual puede significar un futuro más próspero, con mayores inversiones, más innovación y un mejor bienestar para su población.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
El pasado 11 de junio, INNOS organizó un webinar titulado «Reactivación económica, política pública en salud y propiedad intelectual», que contó con la destacada participación de Stephen Ezell, Vicepresidente de Política de Innovación Global en la Fundación de Tecnología de la Información e Innovación (ITIF). Esta fundación, reconocida mundialmente por su papel en la promoción de políticas que contribuyen al crecimiento económico basado en la innovación, presentó ideas cruciales para el futuro de la innovación global.
Ezell, autor del libro «Economía de la innovación: la carrera por la ventaja global», plantea una preocupante realidad: el mundo no está produciendo tanta innovación como podría. En su presentación, propuso que, además de analizar políticas nacionales, es esencial identificar los marcos económicos que maximicen los resultados de la innovación a nivel global. Inspirado por el economista Joseph Schumpeter, subrayó que la eficiencia productiva es clave, lo que implica políticas económicas que fomenten la productividad y la innovación, alejándose de la estandarización de precios y fortaleciendo asociaciones público-privadas inteligentes.
Los responsables de la formulación de políticas no deben enfocarse exclusivamente en los fallos del mercado, sino también en los fallos sistémicos. Los beneficios de la innovación, señaló, no siempre recaen en los innovadores, sino en otras empresas y en la sociedad en general. Por tanto, es crucial crear créditos fiscales centrados en la investigación y el desarrollo (I+D) para incentivar a las empresas a innovar, mejorando así la calidad de vida en la sociedad.
Sin embargo, Ezell destacó que la innovación no está distribuida de manera uniforme entre las naciones. Es necesario aplicar políticas de crecimiento económico basadas en la localización y ayudar a las empresas, especialmente a las pequeñas, a adaptar tecnologías probadas. También es fundamental definir el papel adecuado del gobierno en el apoyo a la innovación.
De ahí la importancia del llamado «Triángulo de la Innovación», basado en tres pilares: el entorno empresarial, el entorno regulatorio y el entorno de políticas de Innovación y Tecnología. El primer pilar se enfoca en la destrucción creativa, la disposición para asumir riesgos y la capacidad de mantener habilidades de gestión y emprendimiento. El segundo pilar se refiere a la transparencia y los derechos de propiedad intelectual, promoviendo una competencia saludable y regulaciones antimonopolio. El tercer pilar se centra en las condiciones que respaldan las inversiones en investigación y la comercialización de una amplia gama de tecnologías. Según Ezell, mientras Europa tiene un sólido entorno de políticas de innovación, Estados Unidos destaca en su entorno empresarial, aunque ambos necesitan mejorar su pilar regulatorio.
Ezell también introdujo el concepto de las 8 «i» de la innovación: inspiración, intención, insights, incentivos, instituciones, inversión, implementación tecnológica y propiedad intelectual. Hizo especial énfasis en los derechos de propiedad intelectual, destacando que estos derechos proporcionan a los innovadores la confianza necesaria para llevar a cabo procesos costosos y riesgosos, como la creación de nuevos medicamentos.
Los derechos de propiedad intelectual han demostrado ser un factor clave en el aumento de las exportaciones nacionales, la I+D interna y la inversión extranjera directa (IED). Esto ha permitido que las multinacionales introduzcan sus tecnologías avanzadas en los países en desarrollo, aumentando en más del 90% la productividad en estos países. Además, existe evidencia sólida de que el fortalecimiento de los derechos de patentes está asociado con un aumento en las importaciones farmacéuticas y las interacciones entre medicamentos en los países en desarrollo.
Finalmente, para avanzar en las recomendaciones hacia una política de innovación: es necesario el desarrollo de una estrategia de innovación y productividad, el uso de las universidades como catalizadores de la innovación, otorgar a las universidades derechos sobre la propiedad intelectual de las actividades de I+D financiadas públicamente, promover licencias empresariales para estudiantes y profesores, instaurar créditos fiscales para la I+D colaborativa entre universidades e industria, diseñar incentivos fiscales para motivar la inversión empresarial en I+D universitaria, mejorar la formación laboral y el uso de equipos avanzados, y aprovechar las capacidades del país para la innovación biomédica. Asimismo, enfatizó la importancia de identificar oportunidades para generar valor en el desarrollo de medicamentos, garantizar un sistema eficiente de aprobación regulatoria de medicamentos, ser innovadores en ciencias biológicas dentro del G20 y asegurar derechos sólidos de propiedad intelectual.
La presentación de Ezell resalta la importancia de una política de innovación integral y efectiva, que no solo impulse el crecimiento económico, sino que también mejore la calidad de vida y promueva un desarrollo equitativo a nivel global. La innovación, como eje central del progreso, requiere un enfoque coordinado y estratégico que involucre a todos los actores de la sociedad.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
