por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
Durante los días 12 y 14 de junio de 2024, se llevó a cabo el 30º Foro de Salud de la ANDI. Dos países que se destacan por vivir situaciones complejas en sus sistemas de salud, quizás desde temporalidades distintas, son México y Colombia. Aunque ambos enfrentan desafíos significativos, la respuesta de sus gobiernos y los resultados obtenidos reflejan enfoques y problemáticas que vale la pena comparar.
Javier Potes, fundador y director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, presentó un panorama alarmante del sistema de salud en México durante este evento de la ANDI. En los últimos años, el país ha experimentado un deterioro notable en sus indicadores de salud. La promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de tener “un sistema de salud mejor que el de Dinamarca” parece cada vez más lejana.
Uno de los indicadores más preocupantes es el aumento del número de personas sin acceso a servicios de salud, que para 2023 alcanzó los 50.3 millones, un aumento del 151% respecto a 2018. Este incremento se debe, en gran medida, a la creación del INSABI, que sustituyó al Seguro Popular. Aunque su objetivo era brindar seguridad social gratuita, la falta de medicamentos y recursos ha sido una constante crítica. Esta situación ha llevado a una migración hacia la atención médica privada, que aumentó del 46% al 60% entre 2018 y 2022.
El sector privado, aunque complementario, enfrenta sus propios desafíos. No forma parte de un sistema integral y articulado, lo que impide una mejora a largo plazo en la salud de la población mexicana. Además, el gasto directo de las familias en salud ha aumentado considerablemente, representando un 38.8% del gasto total en salud, lo que pone una carga pesada sobre los segmentos más vulnerables de la población.
Otro dato preocupante es la reducción de la esperanza de vida, que ha disminuido de 75 años a 71 años, situándose muy por debajo del promedio de 81 años de los países de la OCDE. Además, el número de defunciones entre 2020 y 2021 superó la tendencia previa a la pandemia, con un aumento notable en la mortalidad materna y en la ineficacia de los programas de vacunación.
Durante el mandato de López Obrador, la inversión en salud osciló entre el 2.5% y el 2.9% del PIB anual, una cifra insuficiente para enfrentar estos desafíos. La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, parece seguir una línea similar, priorizando otras áreas como seguridad e inversión social sobre la salud. Asimismo, es clave mencionar que durante la reciente campaña electoral, se denunció que el gobierno utilizó subsidios directos y cheques a la población como una estrategia para ganar apoyo, evidenciando un enfoque más populista que estructural en la resolución de los problemas del sistema de salud
Por otro lado, Colombia enfrenta una crisis en su sistema de salud bajo el gobierno de Gustavo Petro. Con una agenda centrada en reformas significativas, Petro prometió transformar el sistema de salud del país. Sin embargo, estas reformas han generado más controversias que soluciones.
La implementación de licencias obligatorias para medicamentos, una medida que busca reducir costos y aumentar el acceso, ha sido ampliamente criticada. Aunque teóricamente puede parecer una solución viable, en la práctica, países como Malasia y Brasil han demostrado que sin la infraestructura adecuada, estas medidas pueden fallar. En Colombia, la falta de inversión en infraestructura y sistemas de producción e innovación pone en riesgo la efectividad de estas licencias.
La administración de Petro ha enfrentado críticas por su manejo del sector salud. La promesa de reindustrialización del país y el enfoque en la salud preventiva han sido vistas como esfuerzos insuficientes para resolver problemas estructurales. Además, la falta de protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual ha desalentado la inversión extranjera directa, crucial para el desarrollo y la innovación en el sector salud. Hoy el país atraviesa una crisis de sostenibilidad en el sistema que se ve traducida en las últimas solicitudes voluntarias de liquidación de las EPS.
Ambos países muestran cómo las políticas de salud pueden tener impactos profundos en la población. En México, la transición del Seguro Popular al INSABI ha dejado a millones sin acceso a servicios básicos de salud, mientras que en Colombia, las conversaciones de reforma al sistema no son amplias, técnicas ni dan garantías de construir sobre lo construido, sino que por el contrario se abre la puerta a una demolición a décadas de avance en la cobertura e indicadores en salud. Para abordar estos problemas, es fundamental que ambos gobiernos reconsideren sus estrategias. En México, se necesita una mayor inversión en salud pública y una mejor integración del sector privado. En Colombia, es crucial fomentar la inversión en infraestructura y protección de la propiedad intelectual para atraer inversión extranjera y mejorar el acceso a medicamentos.
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
El reciente webinar “Reactivación económica, política pública en salud y propiedad intelectual en Colombia” reunió a destacados expertos internacionales para discutir el papel crucial de la propiedad intelectual en la innovación y desarrollo del sector salud en Colombia. Entre los participantes estuvieron Emily Michiko Morris, Stephen Ezell, Mark Schultz, Juan Carlos Suárez, Carlos Felipe Escobar, quienes ofrecieron una visión profunda sobre las regulaciones y desafíos actuales en el país.
Juan Carlos Suárez abrió el debate destacando los recientes cambios en la normativa del sector salud en Colombia. Resaltó cómo actores tanto públicos como privados están promoviendo la innovación en salud. El Dr. Carlos Felipe Escobar, Director de INNOS, ofreció una visión amplia de la situación actual en Colombia, destacando que el país tiene ahora un gobierno de izquierda, liderado por el presidente Gustavo Petro. Este gobernante anunció, durante su campaña electoral, en primer lugar, la necesidad de reformas significativas en áreas como salud, pensiones, trabajo, educación, y ciencia, tecnología e innovación. Además, de una reindustrialización del país, especialmente sobre investigación en ciencia, innovación y tecnología, por medio de una iniciativa denominada “Serenidad Nacional de Salud”, que plantea generar más conocimiento y soluciones para el país, permitiéndole ser más autosuficiente en términos de tecnologías sanitarias y hacer la industria local más capaz para producir los recursos y tecnologías que la salud podría necesitar para salir adelante.
Emily Michiko Morris, investigadora principal en la Universidad de Akron, abordó la implementación de la licencia obligatoria en Colombia. Explicó que esta es una herramienta que permite a los países exigir a los titulares de derechos de propiedad intelectual que otorguen licencias a cambio de una compensación razonable, permitiendo la producción local de tecnologías patentadas. Sin embargo, Morris advirtió que la licencia obligatoria no solo implica la obtención de la patente, sino también la inversión en infraestructura y sistemas de fabricación. Países como Malasia y Brasil han otorgado licencias obligatorias sobre medicamentos patentados, pero luego enfrentaron dificultades para producir estos medicamentos de manera eficiente.
Los desafíos de implementar licencias obligatorias en Colombia fueron otro punto crucial del debate. Morris subrayó la importancia de considerar el uso a largo plazo de estas licencias, especialmente si se convierten en una práctica habitual. Mark Schultz, otro de los panelistas, agregó que la falta de protección de los derechos de propiedad intelectual puede disuadir a las empresas de hacer negocios en el país, lo que resultaría probablemente en una menor disponibilidad de medicamentos y otros productos esenciales.
Por su parte, Stephen Ezell destacó que los países tienen dos opciones en una economía global competitiva: adoptar una estrategia de atracción o una estrategia obligatoria. La estrategia de atracción implica crear un ambiente fuerte y atractivo para los inversores globales, mientras que las licencias obligatorias pueden llevar a que los inversores solo inviertan lo mínimo indispensable, excluyendo al país de mayores oportunidades de inversión. Para lograr un equilibrio entre la propiedad intelectual y el acceso a la innovación en salud, Morris recomendó explorar nuevas tecnologías para desarrollar terapias sanitarias y reducir los costos de desarrollo. Schultz añadió que es fundamental no socavar la inversión en productos farmacéuticos o nuevas licencias tecnológicas. En cambio, se debe construir infraestructura, establecer clínicas y formar a los proveedores de atención sanitaria.
A continuación, se planteó la cuestión de los desafíos que enfrenta un país como Colombia al tratar de implementar este tipo de licencias. Emily respondió que es importante considerar la utilización a largo plazo de una licencia obligatoria, especialmente si se hace de manera habitual. Mark agregó que, si los derechos de propiedad intelectual de las empresas no están protegidos, estas pueden evitar hacer negocios donde saben que pueden perder su dinero, donde pueden perder sus inversiones. En el caso de los productos farmacéuticos, cuando una empresa farmacéutica decide no hacer negocios, los medicamentos no llegan al país. Estos aportes reflejan que el abuso del uso de licencias obligatorias puede desalentar esta inversión extranjera directa y, como resultado, puede perjudicar seriamente a las industrias nacionales.
A esto, Stephen señaló que los países tienen probablemente dos opciones para competir en una economía global altamente competitiva: pueden adoptar una estrategia de atracción o una estrategia obligatoria. La estrategia de atracción implica presentar a los inversores globales un ambiente fuerte y atractivo para invertir en industrias de tecnología avanzada. Por otro lado, las licencias obligatorias esencialmente logran con esta estrategia es que los inversores globales solo inviertan el mínimo indispensable requerido en ese país, haciendo que el país se excluya a sí mismo.
Asimismo, se planteó una nueva pregunta, sobre diferentes recomendaciones para el país que puedan generar un balance entre la Propiedad Intelectual y el acceso a la innovación en salud, a esto Michiko respondió que es necesario explorar nuevas formas, en particular nuevas tecnologías, para desarrollar terapias sanitarias, pero reduciendo los costos de desarrollo de estos productos. Mark añadió que la mejor manera de desarrollar un sistema de atención sanitaria es no socavar la inversión en productos farmacéuticos o nuevas licencias tecnológicas. Por tanto, debemos romper con la tendencia a buscar respuestas fáciles y debemos salir al campo, construir infraestructura, establecer clínicas y formar a los proveedores de atención sanitaria. Por último, Stephen concluyó que, para compartir tecnologías a nivel global, se deben promover las licencias voluntarias, un ejemplo de esto es el proyecto de Mark “Innovar para la Salud que destacan cómo los empresarios y países en desarrollo están trabajando para resolver los problemas de salud global.
Finalmente, en los últimos aportes de la conversación se resaltó la intervención de Emily, en tanto señaló como las personas que no trabajan en el ámbito jurídico y tramitan una patente para obtener derechos de autor no conocen realmente las distinciones entre los tres tipos de derechos de propiedad. Sin embargo, recomendó no estar constantemente a la defensiva, sino tratar de explicar por qué esta industria hace lo que hace, o por qué utiliza su propiedad intelectual de una manera particular, brindando soluciones competitivas. Por otro lado, Stephen presentó otro enfoque, señalando que una cosa es que los responsables políticos se aprovechen de los derechos de propiedad intelectual de una gran corporación sin rostro como las grandes farmacéuticas, y otra muy distinta es que vean las especificaciones de los verdaderos empresarios e innovadores colombianos. A estos últimos es necesario incentivarlos a crear soluciones para el beneficio y la salud a largo plazo.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
En el contexto global actual, la propiedad intelectual se ha convertido en un pilar esencial para el desarrollo económico y la innovación. Aunque a menudo se malinterpreta como un conjunto de normas que favorecen únicamente a las grandes corporaciones extranjeras, la realidad es mucho más compleja y beneficiosa, especialmente para las economías emergentes como la de Colombia.
Mark Schultz, experto en derecho de propiedad intelectual y miembro senior de Geneva Network, ofrece una perspectiva esclarecedora sobre la verdadera función de la propiedad intelectual. Según Schultz, la propiedad intelectual es mucho más que un simple derecho exclusivo para utilizar o vender una invención. Representa un conjunto de etapas fundamentales que abarcan desde la creación hasta la comercialización de una invención, facilitando su acceso a los consumidores y recompensando a los innovadores.
Uno de los grandes malentendidos acerca de la propiedad intelectual es que su objetivo principal es frenar la competencia y recompensar la invención. Esta visión simplista no considera que la propiedad intelectual es, en realidad, una herramienta poderosa para el desarrollo económico. Schultz destaca que las leyes de propiedad intelectual deben verse como una política esencial para el desarrollo nacional. Protegen las inversiones, fomentan la creación de empresas y apoyan la fabricación y distribución de productos innovadores.
El iPhone de Apple y Coca-Cola son ejemplos perfectos de cómo la propiedad intelectual impulsa la innovación y el desarrollo. Aunque la tecnología del iPhone existía desde 2007, fue necesaria una inversión considerable para desarrollar un producto atractivo para los consumidores. De manera similar, Coca-Cola ha logrado una presencia global gracias a inversiones en fabricación local, marketing y cumplimiento normativo. Estas inversiones solo son posibles en un entorno donde la propiedad intelectual está protegida, proporcionando la seguridad necesaria para que las empresas arriesguen su capital.
La industria farmacéutica es otro sector donde la propiedad intelectual juega un papel crucial. El desarrollo y producción de medicamentos requiere una inversión enorme no solo en plantas de producción, sino también en la educación de médicos y pacientes sobre su uso. En un mundo donde la industria farmacéutica está fuertemente regulada, la propiedad intelectual garantiza que los innovadores puedan recuperar sus inversiones y continuar desarrollando nuevos tratamientos.
Es esencial que los países protejan la inversión y fomenten un entorno seguro para las empresas. Cuando las empresas confían en la protección de sus derechos de propiedad intelectual, están más dispuestas a compartir conocimientos y tecnología, beneficiando así a los socios locales y al desarrollo económico del país. Por ejemplo, los países con derechos de propiedad intelectual fuertes ven mejores alianzas internacionales, ya que los inversores extranjeros confían en la protección de estos derechos y están más dispuestos a colaborar con pequeñas empresas locales.
Además, las licencias voluntarias, donde los innovadores trabajan con empresas locales para fabricar productos de manera eficiente, ofrecen precios más bajos y benefician a todas las partes involucradas. Este enfoque cooperativo es mucho más efectivo que las licencias obligatorias, que pueden aumentar los costos y desalentar la inversión. En el caso de los medicamentos, la propiedad intelectual asegura que los innovadores puedan recuperar sus inversiones y seguir desarrollando nuevos tratamientos esenciales. Esto no solo beneficia a las empresas, sino también a los pacientes que necesitan acceso a medicamentos innovadores y de alta calidad. Para Colombia, adoptar políticas sólidas de propiedad intelectual puede significar un futuro más próspero, con mayores inversiones, más innovación y un mejor bienestar para su población.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
por INNOS | Jun 18, 2024 | Noticias
El pasado 11 de junio, INNOS organizó un webinar titulado “Reactivación económica, política pública en salud y propiedad intelectual”, que contó con la destacada participación de Stephen Ezell, Vicepresidente de Política de Innovación Global en la Fundación de Tecnología de la Información e Innovación (ITIF). Esta fundación, reconocida mundialmente por su papel en la promoción de políticas que contribuyen al crecimiento económico basado en la innovación, presentó ideas cruciales para el futuro de la innovación global.
Ezell, autor del libro “Economía de la innovación: la carrera por la ventaja global”, plantea una preocupante realidad: el mundo no está produciendo tanta innovación como podría. En su presentación, propuso que, además de analizar políticas nacionales, es esencial identificar los marcos económicos que maximicen los resultados de la innovación a nivel global. Inspirado por el economista Joseph Schumpeter, subrayó que la eficiencia productiva es clave, lo que implica políticas económicas que fomenten la productividad y la innovación, alejándose de la estandarización de precios y fortaleciendo asociaciones público-privadas inteligentes.
Los responsables de la formulación de políticas no deben enfocarse exclusivamente en los fallos del mercado, sino también en los fallos sistémicos. Los beneficios de la innovación, señaló, no siempre recaen en los innovadores, sino en otras empresas y en la sociedad en general. Por tanto, es crucial crear créditos fiscales centrados en la investigación y el desarrollo (I+D) para incentivar a las empresas a innovar, mejorando así la calidad de vida en la sociedad.
Sin embargo, Ezell destacó que la innovación no está distribuida de manera uniforme entre las naciones. Es necesario aplicar políticas de crecimiento económico basadas en la localización y ayudar a las empresas, especialmente a las pequeñas, a adaptar tecnologías probadas. También es fundamental definir el papel adecuado del gobierno en el apoyo a la innovación.
De ahí la importancia del llamado “Triángulo de la Innovación”, basado en tres pilares: el entorno empresarial, el entorno regulatorio y el entorno de políticas de Innovación y Tecnología. El primer pilar se enfoca en la destrucción creativa, la disposición para asumir riesgos y la capacidad de mantener habilidades de gestión y emprendimiento. El segundo pilar se refiere a la transparencia y los derechos de propiedad intelectual, promoviendo una competencia saludable y regulaciones antimonopolio. El tercer pilar se centra en las condiciones que respaldan las inversiones en investigación y la comercialización de una amplia gama de tecnologías. Según Ezell, mientras Europa tiene un sólido entorno de políticas de innovación, Estados Unidos destaca en su entorno empresarial, aunque ambos necesitan mejorar su pilar regulatorio.
Ezell también introdujo el concepto de las 8 “i” de la innovación: inspiración, intención, insights, incentivos, instituciones, inversión, implementación tecnológica y propiedad intelectual. Hizo especial énfasis en los derechos de propiedad intelectual, destacando que estos derechos proporcionan a los innovadores la confianza necesaria para llevar a cabo procesos costosos y riesgosos, como la creación de nuevos medicamentos.
Los derechos de propiedad intelectual han demostrado ser un factor clave en el aumento de las exportaciones nacionales, la I+D interna y la inversión extranjera directa (IED). Esto ha permitido que las multinacionales introduzcan sus tecnologías avanzadas en los países en desarrollo, aumentando en más del 90% la productividad en estos países. Además, existe evidencia sólida de que el fortalecimiento de los derechos de patentes está asociado con un aumento en las importaciones farmacéuticas y las interacciones entre medicamentos en los países en desarrollo.
Finalmente, para avanzar en las recomendaciones hacia una política de innovación: es necesario el desarrollo de una estrategia de innovación y productividad, el uso de las universidades como catalizadores de la innovación, otorgar a las universidades derechos sobre la propiedad intelectual de las actividades de I+D financiadas públicamente, promover licencias empresariales para estudiantes y profesores, instaurar créditos fiscales para la I+D colaborativa entre universidades e industria, diseñar incentivos fiscales para motivar la inversión empresarial en I+D universitaria, mejorar la formación laboral y el uso de equipos avanzados, y aprovechar las capacidades del país para la innovación biomédica. Asimismo, enfatizó la importancia de identificar oportunidades para generar valor en el desarrollo de medicamentos, garantizar un sistema eficiente de aprobación regulatoria de medicamentos, ser innovadores en ciencias biológicas dentro del G20 y asegurar derechos sólidos de propiedad intelectual.
La presentación de Ezell resalta la importancia de una política de innovación integral y efectiva, que no solo impulse el crecimiento económico, sino que también mejore la calidad de vida y promueva un desarrollo equitativo a nivel global. La innovación, como eje central del progreso, requiere un enfoque coordinado y estratégico que involucre a todos los actores de la sociedad.
Consulta el webinar completo en: https://www.youtube.com/watch?v=IAlJcUGnG2c&t=1s
por INNOS | Jun 13, 2024 | Noticias
El Foro de Salud organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), toma lugar este año el 12, 13 y 14 de en Cartagena. Este año el tema central que convoca a diversos actores es la financiación del sistema de salud, su sostenibilidad y la visión de lo que se aspira deberá ser la salud de los colombianos en el mediano y largo plazo. Desde sus espacios de instalación se han abordado temas críticos y de gran relevancia para el futuro del sistema de salud colombiano. Con la participación de destacados líderes del sector, el foro permitió una reflexión profunda sobre los logros alcanzados en los últimos 30 años, así como los desafíos y oportunidades que se presentan en el horizonte.
Anwar Rodríguez, Vicepresidente de Salud de la ANDI, inició la jornada destacando los avances significativos del sistema de salud. Desde la protección financiera de los hogares hasta la mejora en la percepción de calidad de los servicios de salud, los logros son notables. En 1997, el 45% de la población enfrentaba barreras significativas para acceder a servicios de salud, mientras que en 2022 esta cifra se redujo al 5%, aunque incrementó ligeramente a 7,3% en 2023. Asimismo, el 60% de los colombianos en zonas urbanas asisten anualmente a consultas preventivas, y la percepción de buena calidad en las EPS es del 70%.
Sin embargo, estos avances no han sido suficientes para mitigar la crisis estructural de desfinanciación que enfrenta el sistema. Rodríguez hizo un llamado urgente a resolver este problema para proteger los logros alcanzados y asegurar la sostenibilidad del sistema. A pesar de que el gasto público en salud ha crecido del 4% del PIB en 2000 al 7% en 2022, el sistema sigue estando desfinanciado, con un faltante acumulado de entre 9 y 14 billones de pesos en 2023. La necesidad de buscar alternativas para distribuir el riesgo financiero, fortalecer fuentes tradicionales de financiación y generar nuevas fuentes es imperativa.
Mauricio Santa María, Ex Ministro de Salud, ofreció una visión crítica sobre las finanzas públicas en salud, señalando que las proyecciones fiscales actuales no son sostenibles. La siniestralidad ha alcanzado el 106% en 2024, y las principales presiones de gasto incluyen innovaciones farmacéuticas, cambios demográficos y el aumento de la demanda per cápita de servicios de salud. Santa María subrayó que el sistema de salud actual está en una situación crítica, con varias EPS intervenidas o retirándose, lo que afecta a millones de asegurados y genera una pérdida de confianza en el sistema.
Ante este panorama, es fundamental repensar el modelo de salud para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema. Un nuevo modelo debe incluir una auditoría efectiva del control de costos y servicios, garantizar el acceso y sostenibilidad para pacientes crónicos y de alto costo, y proteger lo ganado en gasto de bolsillo. Además, se deben crear modelos para atender las brechas de acceso en zonas rurales y apartadas, y fomentar la innovación y el autocuidado para incrementar la eficiencia.
Estos espacios resaltan la importancia de un plan de trabajo mancomunado entre todos los agentes de la cadena de valor del sector salud. Esto incluye profundizar el rol del sector privado, incrementar la eficiencia mediante innovación, y repensar el ciclo de formulación, financiación, ejecución y evaluación de la política pública en salud. Es fundamental crear una política industrial del sector que se adapte a los desafíos del siglo XXI, subrayar la urgencia de abordar la desfinanciación estructural del sistema de salud colombiano y de repensar los modelos de aseguramiento y financiación. Sin duda aunque el sistema enfrenta desafíos significativos, también existen oportunidades para transformarse y adaptarse a las necesidades actuales y futuras.
por INNOS | Jun 13, 2024 | Noticias
El Ministerio de Salud y Protección Social emitió hace pocos días el Decreto 0719 de 2024, que redefine las condiciones y los procedimientos para darle continuidad a la afiliación de quienes puedan ser afectados por las situaciones actuales de intervención, liquidación y salida voluntaria de EPS, del sistema de salud. Es importante recordar que, desde el pasado mes de abril, el Ministerio había comenzado a cursar su discusión. En este proyecto, hoy realidad, se enfocó en los ajustes a la asignación y continuidad de afiliados, así como, mantener la libre elección.
Este decreto tiene como propósito que se garantice el derecho a la atención sanitaria y es, en este sentido, una de las medias que el Ministerio ha tomado, para enfrentar de alguna forma, la crisis que el sistema atraviesa actualmente. Lo que allí se establece es una modificación al Decreto único del sector salud (780 de 2016) en el que se integraron todas las normas vigentes a la fecha. Vale recordar que, no obstante, este decreto único ha sido modificado varias veces y sus contenidos se han actualizado. Uno de estos aspectos es el que se reformuló en 2019 con el Decreto 1424, específicamente en el artículo 1.
Este nuevo decreto genera nuevos procesos para la movilidad de personas entre los dos regímenes, contributivo y subsidiado, buscando que no haya pérdidas de continuidad en la afiliación que afecten el acceso a los servicios sanitarios, ya que según un informe de la Superintendencia en marzo de este año, 612 municipios no contarían con EPS receptoras de usuarios en el régimen contributivo y 556 para el régimen subsidiado.
En su primer artículo, el Decreto 719 plantea que su objeto es modificar el Decreto 1424 de 2019, en lo referente a “…establecer las condiciones de asignación de afiliados para garantizar la continuidad del aseguramiento y la prestación del servicio público de salud a los afiliados de las Entidades Promotoras de Salud — EPS…” De igual manera, implica cambios en las circunstancias actuales: “…cuando dichas entidades se retiren o liquiden voluntariamente, ocurra la revocatoria de la autorización de funcionamiento o de la certificación de habilitación, o sean sujeto de intervención forzosa administrativa para liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.” Recientemente se han conocido solicitudes de retiro voluntario de EPS que cuentan con casi 7,5 millones de afiliados.
Se dispone en el nuevo Decreto que la asignación de afiliados se realizará a las EPS que no se encuentren sujetas a vigilancia especial y que tengan vigente su habilitación para cada régimen, según el caso. Esto implica que se verificará que cumplan los parámetros de capital mínimo, así como de patrimonio adecuado.
En caso de que ocurra la salida de una EPS del sistema, por cualquiera de las rutas mencionadas previamente, la Supersalud ordenará la entrega de las bases de datos de sus afiliados a la ADRES y al Ministerio. Lo anterior permitirá que los afiliados pasen a las EPS que cumplan los requisitos señalados, garantizando además que se trasladen las personas y su grupo familiar. Esta asignación tendrá un periodo de duración inicial de 60 días, que una vez finalizados le permitirán al ciudadano solicitar su traslado a otra EPS si así lo desea. En todo el trámite se debe garantizar que haya continuidad de tratamientos y que se asignen las personas y sus grupos familiares a EPS que operen en el mismo municipio de su residencia.
Además de entregar las bases de datos de afiliados, las EPS que cesen su operación, deberán especificar las situaciones especiales de los pacientes con enfermedades de alto costo y gestantes, entre otros grupos especiales. Igualmente, las EPS receptoras deben realizar los procesos precontractuales pertinentes para garantizar la continuidad de los servicios de salud.
El Decreto también contempla la movilidad entre regímenes. Este cambio puede realizarse a través del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) o mediante un formulario físico, y la verificación de su clasificación socioeconómica se lleva a cabo utilizando herramientas proporcionadas por el Departamento Nacional de Planeación. Este proceso garantiza que los cambios de afiliación no afecten la continuidad de la cobertura ni el reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Las EPS autorizadas exclusivamente para el régimen subsidiado no necesitan habilitación en el régimen contributivo cuando se aplica la figura de permanencia en el régimen subsidiado.”
Según el Decreto, los afiliados se asignarán en su totalidad a una EPS si es la única que cumple los criterios definidos, en el municipio o distrito de residencia. Si existen dos o más EPS que cumplan los requisitos, se asignarán los afiliados de forma aleatoria entre ellas. Si se diera el caso de que no exista una EPS autorizada para recibir los afiliados porque no cumple los requisitos dispuestos en el Decreto, podrán ser asignados a una EPS sin medida de vigilancia especial, aunque no cumpla los indicadores de capital mínimo y de patrimonio adecuado.
En segundo lugar, si ese primer caso no se cumple, se podrían asignar a una EPS con medida de vigilancia especial que no tenga limitación para nuevos afiliados y para hacer traslados. En tercer lugar, de no cumplirse los dos primeros casos, se podrán asignar los afiliados a una EPS debidamente habilitada en el municipio circunvecino dentro del mismo departamento. En cuarto lugar, de no lograrse los tres primeros, se asignarían a EPS de otros municipios en departamentos limítrofes.
Si bien el Decreto anuncia medidas que, en teoría, buscan garantizar el derecho y el acceso a la salud, no resuelve las condiciones de fondo que han llevado a la crisis actual y, deja dudas sobre los cambios que introduce a la asignación forzosa de afiliados cuando se definan las liquidaciones y las solicitudes de retiro de EPS, que se encuentran actualmente en estudio por parte del Ministerio.
Las EPS que se encuentran intervenidas, como la Nueva EPS, tendría, según el Decreto, la posibilidad de recibir afiliados de EPS liquidadas. Esta circunstancia se refuerza si tenemos en cuenta que es la EPS con presencia y autorización para operar en más municipios del país. en este caso el gobierno tendría que aclarar si esto es conveniente, teniendo en cuenta los anuncios recientes de la Supersalud sobre los estados financieros y de cuentas pendientes de esa entidad.
