por INNOS | Ago 16, 2024 | Noticias
El escritor y explorador Dan Buettner trabajó durante más de una década para identificar los puntos centrales de la longevidad en todo el mundo. Con el apoyo de la National Geographic Society, Buettner se propuso localizar lugares que no solo tuvieran una alta concentración de individuos de más de 100 años, sino también grupos de personas que habían envejecido sin problemas de salud como enfermedades cardiacas, obesidad, cáncer o diabetes. En su estudio, el único territorio latinoamericano que quedó priorizado fue Nicoya Península, Costa Rica.
La iniciativa investigativa de la Universidad El Bosque denominada Misión Territorios Tricolor nace precisamente para responder a estas preguntas, complementarlas y aplicarlas en Colombia, revelando una realidad que hasta ahora ha estado parcialmente oculta en el país. El ejercicio inició en 2023 e involucra a diversas facultades y a un equipo colaborativo compuesto por estudiantes, profesores y egresados, con el objetivo de entender los territorios con mayor densidad de personas mayores de 90 y 100 años, los factores que existen detrás y las dinámicas que comparten.
Luis Fernando Gutiérrez, Director del programa de Doctorado en Salud Pública de la Universidad El Bosque, destaca que el estudio se basa en datos del índice de población y vivienda de 2018. Aplicando un enfoque biopsicosocial, se han registrado 43,427 casos, permitiendo una visión holística de las regiones y la población investigada. La metodología ETET (Escritorio, Territorio, Escritorio, Territorio) se utilizó para analizar los datos y realizar entrevistas, mientras que la geosalud ayudó a mapear patrones espaciales relacionados con la salud.
El estudio aborda la sobrecarga del sistema de salud, la estabilidad de pensiones y seguridad social, las transformaciones en el mercado laboral y los cambios sociales que afectan la estructura familiar. La versión preliminar del estudio hoy arroja que cinco regiones del país tienen potencial de ser Territorios Tricolor: Valle de Tenza, La Celia (Risaralda), Ciudad Bolívar (Antioquia), El Piñón (Magdalena) y otros.
Durante el webinar de presentación de la investigación, algunos representantes de entidades territoriales dejaron sus visiones sobre el estudio:
-
Diana (Secretaría de Salud de Cundinamarca): Resaltó la importancia de mantener la salud en la población longeva y la necesidad de integrar la salud con otros sectores.
-
Melisa (Secretaría de la Mujer de El Piñón, Magdalena): Señaló el desconocimiento previo sobre la población longeva y la oportunidad de replantear políticas públicas basadas en el estudio.
-
Angélica (Valle de Tenza): Enfatiza la importancia de la alimentación y sugiere políticas preventivas.
-
Desarrollo La Celia (Risaralda): Destaca la importancia de aprender de la población longeva para mejorar la calidad de vida.
Los hallazgos de Misión Territorios Tricolor subrayan la necesidad de crear políticas públicas basadas en evidencia para mejorar la salud y el bienestar de la población mayor. La cooperación entre el gobierno y la población ha sido fundamental, y el estudio ofrece herramientas valiosas para la toma de decisiones y la mejora de políticas regionales. En esencia, esta investigación no solo mejora nuestra comprensión de la situación de los ancianos en Colombia, sino que también abre nuevas oportunidades para políticas públicas más efectivas y adaptadas a las necesidades locales, demostrando que un enfoque colaborativo y multidisciplinario es clave para enfrentar los desafíos del envejecimiento.
Para ver la transmisión completa del webinar: https://www.youtube.com/live/462S7QObr4c?si=gqzI1rNmoEuk9XKZ
por INNOS | Jul 30, 2024 | Noticias
Una nueva propuesta de reforma a la salud fue radicada en el Congreso. Este nuevo proyecto, con fecha del 9 de julio de 2024, busca reorganizar el Sistema General de Seguridad Social en Salud para garantizar el derecho fundamental, siguiendo los parámetros establecidos por la Ley Estatutaria 175. Para ello, la iniciativa establece un Modelo de Atención en Salud preventivo, predictivo y resolutivo, fundamentado en la Atención Primaria en Salud (APS) y, entre otras disposiciones relevantes, crea el Consejo Nacional de Salud (CNS) para vigilar y adoptar políticas públicas en salud.
En términos generales, el proyecto que es una iniciativa de la sociedad civil, en este caso representada por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, cuenta con el respaldo del gremio de profesionales sanitarios del país, agrupados en 21 asociaciones de salud.
Los aspectos más relevantes de esta iniciativa legislativa pueden analizarse de la siguiente manera:
- Reorganización del sistema de salud: mediante el modelo preventivo, preventivo y resolutivo estructurado desde la APS.
- Creación del Consejo Nacional de Salud: conformado por 15 personas, de las cuales 6 hacen parte del gobierno nacional, 1 de los gobiernos territoriales, 1 de las IPS y de las ISE, 1 de las Gestoras de Salud y 6 representantes de la sociedad civil. También se dispone la creación de Consejos Territoriales. El CNS tendrá como funciones definir la metodología para calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y promover políticas de salud, entre otras
- Modelo de atención en salud: centrado en la prevención, predicción y resolución, integrando promoción de salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Incluye servicios complementarios, licencias de maternidad y se fundamenta en los CAPS, con sus equipos básicos de salud EBS y articulado por el Sistema Único de Información en Salud SUIS
- Redes Integrales e Integradas: conjuntos de organizaciones (IPS) integradas para prestar servicios individuales y colectivos con eficiencia, equidad, integralidad y continuidad en un territorio. Funcionarán con un sistema de referencia y contrarreferencia que el Ministerio deberá organizar, así como los términos para conformar las RIISS.
- Fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, financiada con subsidio a la oferta y a la demanda. El MSPS deberá construir un plan integral para su desarrollo.
- Transformación de las EPS y EAPB. Se denominarán Entidades Gestoras de Salud (EGS) y continuarán operando hasta por 2 años más siempre que cumplan las condiciones mínimas de permanencia. Se establecen los parámetros para las actuales EPS que decidan continuar operando.
- Financiamiento del sistema de salud: se adicionan recursos del PGN de forma creciente y anual, el recaudo de los impuestos saludables (Ley 2277) y nuevos recursos que disponga el gobierno. Medicamentos, insumos y tecnologías serán exentas de IVA. La UPC será definida por el CNS anualmente. Con base en estudios técnicos independientes. A la ADRES se le adicionan funciones de gestión del riesgo financiero, giro directo en nombre de las Gestoras a las IPS, pagador único del sistema, giro del valor administrativo a las EGS, giros del subsidio a la oferta a los CAPS por los EBS, gestión de cuentas, pagos y transferencias, auditorías para reconocimiento y pago, garantizar el flujo de recursos para promoción y prevención y a los hospitales; entre otras.
- Política Farmacéutica Nacional. El ministerio emitirá la PFN con base en lo dispuesto en la Ley 1751. El INVIMA estará a cargo del mejoramiento de información y educación sanitaria, transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades, en conjunto con el INS. El gobierno avanzará en el control de precios de medicamentos con base en comparaciones internacionales, de forma progresiva y según lo defina el MSPS. Los Servicios farmacéuticos hacen parte del sistema de salud. El Estado deberá garantizarlos.
- Régimen laboral para el sector salud. Se crea entonces el régimen laboral especial que incluirá la Carrera administrativa especial del sector salud, el régimen salarial especial, pago oportuno, jornada ordinaria máxima de 42 horas semanales, salud y seguridad en el trabajo, teletrabajo, prestaciones económicas, protección contra el acoso laboral, condiciones de desarrollo de la relación docencia-servicio, condiciones del SSO y de los médicos residentes, entre otras disposiciones.
- Autonomía profesional: La autonomía estará garantizada a los profesionales de la salud. No se requerirán autorizaciones administrativas adicionales dentro de las RIISS.
- Política Nacional de Talento Humano en Salud. Se incluirán prioridades de formación, la generación de incentivos para realización de prácticas en zonas rurales y dispersas, estímulos para formación en las áreas priorizadas, mecanismos de ingreso a posgrados según las necesidades sectoriales y territoriales, entre otros. Habrá un Examen único Nacional habilitante para especializades médico quirúrgicas y de salud pública.
- IVC en el sistema de salud. Continuará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de servicios de salud. Se incluyen funciones de análisis de las evaluaciones generales y de los reportes del CNS y los CTS, así como los reportes del SUIS. Se amplían competencias y facultades a la SNS.
- Régimen de Transición: Durante la transición al nuevo sistema de salud ningún ciudadano podrá quedar desprotegido del goce efectivo del derecho a la salud. El periodo de transición será de 3 años. Los Regímenes exceptuados continuarán regidos por las disposiciones vigentes y por la Ley 1751.
Se observan varios aspectos que se habían tratado en los debates en Cámara de Representantes durante la discusión del proyecto de Ley del Gobierno, y que se retoman en esta iniciativa. Por ejemplo, se resalta la definición de la UPC anual por parte del CNS y las nuevas funciones que asumirá esta instancia de dirección del sistema de salud. También la articulación con los Consejos Territoriales, que será todo un desafío para las autoridades locales y nacionales. Allí cobra mucho mayor valor, la necesidad apremiante de un Sistema de Información robusto, en tiempo real e interoperable; que permita hacer el seguimiento de la compleja gestión del sistema y generar los correctivos a tiempo.
Aunque esta propuesta toca al talento humano en salud, no profundiza sobre las condiciones actuales de formación profesional y posgraduada, que han producido muchas preocupaciones recientemente. La relación docencia-servicio sigue sin ser objeto de un debate profundo que se refleje en estos proyectos de reforma al sistema de salud, y tampoco se hacen cambios en las reglas de juego que rigen los convenios entre hospitales y universidades, como punto de partida para avanzar en un recurso humano más cualificado e integralmente mejor reconocido.
Desde INNOS valoramos muy positivamente que la academia y los gremios de la salud hayan logrado esta propuesta consensuada y esperamos que sus aportes sean tenidos en cuenta en las transformaciones que el sistema de salud requiere en nuestro país.
Para consultar el documento de propuesta completo: https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2024/07/Reforma-a-la-Salud_Julio-9-2024-1.pdf
por INNOS | Jul 30, 2024 | Noticias
Durante el periodo legislativo 2023-24, se discutieron y debatieron múltiples proyectos de ley enfocados en la reforma del sistema de salud en Colombia. Desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha impulsado una agenda ambiciosa para transformar los sectores sociales fundamentales del país, con especial atención en la salud pública. Sin embargo, la implementación de estas reformas ha enfrentado varios desafíos, incluyendo la fragilidad de la coalición gubernamental y diversos escándalos que han afectado la favorabilidad del presidente.
Análisis Legislativo
En esta legislatura, se presentaron aproximadamente 61 proyectos de ley relacionados con temas de seguridad social y salud. De estos, un 85.2% correspondieron a proyectos de ley ordinaria, un 8.2% a proyectos de acto legislativo, y un 6.6% a proyectos de ley estatutaria. La mayoría de las iniciativas se enfocaron en ajustar y mejorar el marco legislativo existente, abordando áreas como salud mental, salud menstrual y discapacidad.
Aunque algunos proyectos importantes, como la reforma a la salud, fueron archivados durante el proceso legislativo, se lograron avances significativos en otros frentes. La aprobación de la reforma pensional y los primeros debates de la reforma laboral ilustran un panorama legislativo de disenso conciliador, con un “estancamiento moderado” similar al observado en la pasada legislatura.
Contexto y Balance Legislativo
El presidente Gustavo Petro asumió la meta de implementar reformas políticas destinadas a transformar los principales sectores sociales del país. Sin embargo, la fragilidad y la inconsistencia de la coalición gubernamental se hicieron evidentes con el hundimiento de la reforma a la salud. A esto se sumaron escándalos que deterioraron la imagen del presidente y una fallida negociación con los partidos, lo que llevó al gobierno a buscar acuerdos individuales con congresistas de partidos tradicionales.
Desempeño Legislativo en Seguridad Social y Salud
De los 61 proyectos de ley relacionados con seguridad social y salud, el 85.2% correspondieron a proyectos de ley ordinaria, el 8.2% a proyectos de acto legislativo, y el 6.6% a proyectos de ley estatutaria. Las iniciativas en esta área buscaron principalmente realizar modificaciones y mejoras dentro del marco legislativo existente. El 22.9% de estos proyectos fueron archivados debido a problemas de tránsito legislativo, mientras que otros fueron retirados por sus autores o archivados durante el debate.
Reformas y Retos
En la tercera legislatura que comenzó el 20 de julio, el gobierno enfrenta varios retos, incluyendo la reforma laboral, la presentación de un nuevo proyecto de reforma a la salud y la no muy clara Asamblea Nacional Constituyente. Además, el Congreso tendrá que avanzar en varias iniciativas legislativas clave.
Balance Judicial
Entre julio y diciembre de 2023, se interpusieron 412,117 tutelas, de las cuales el 26.2% correspondieron a servicios relacionados con la salud. Las principales reclamaciones se centraron en la práctica oportuna de procedimientos médicos, la asignación de citas médicas, la entrega oportuna de medicamentos y la prestación de un tratamiento integral. Estos datos reflejan las principales áreas de insatisfacción entre los pacientes.
Acciones del Gobierno
En abril de 2024, la reforma de la salud fue archivada, mientras que el gobierno intervenía dos de las EPS más grandes del país. Además, el gobierno emitió nueve decretos y publicó alrededor de 73 resoluciones relacionadas con el funcionamiento del sistema de salud.
Para una visión más detallada de estos temas y otros aspectos del desempeño legislativo en el sector salud durante el periodo 2023-24, te invitamos a leer el informe completo de nuestro equipo de pensadores:
Descarga aquí el Balance en salud del sistema político colombiano
Autora: María Margarita Martínez Garbiras
por INNOS | Jul 23, 2024 | Noticias
Entre el 22 y el 25 de julio se celebra la Semana de la Industria organizada por ProChile en Santiago. Desde su inicio, el evento ha destacado la visión y estrategias del gobierno chileno para fomentar el desarrollo económico, la innovación y la sostenibilidad. Las intervenciones de Javiera Petersen, subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño; Claudia Sanhueza, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales; e Ignacio Fernández, Director General de ProChile, subrayaron los avances y desafíos en estos ámbitos. Estos son algunos de los elementos clave que desde INNOS, invitado al evento por los organizadores, queremos resaltar especialmente.
La subsecretaria Javiera Petersen destacó el compromiso del gobierno con la facilitación del desarrollo de emprendimientos y la expansión empresarial. Este enfoque se materializa a través de políticas que buscan derribar barreras regulatorias y crear un entorno favorable para los negocios. Petersen subrayó que “las diferentes instancias gubernamentales están trabajando de manera articulada para aportar a este fin”, asegurando así que las políticas de desarrollo económico sean coherentes y efectivas a largo plazo.
Un componente central de la agenda económica del presidente Gabriel Boric es el desarrollo de la Industria 4.0. Este enfoque incluye la incorporación de tecnologías avanzadas en todos los sectores industriales para mejorar la eficiencia y la competitividad. Petersen mencionó que hay un énfasis particular en fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación para agregar valor a todos los sectores industriales.
Petersen también destacó el compromiso del gobierno con la sostenibilidad y la transformación del aparato productivo hacia modelos más sostenibles y tecnológicamente avanzados. Se han generado nuevos mecanismos de financiamiento para apoyar estas iniciativas, incluyendo una asignación de 12.500 millones de pesos chilenos en 2023 para proyectos de innovación en salud.
El sector de la salud ha recibido atención especial, con importantes inversiones en proyectos de innovación. Estos esfuerzos no solo buscan mejorar la atención sanitaria, sino también posicionar a Chile como un líder en la industria de Healthtech y biotecnología. La articulación de los esfuerzos gubernamentales con la academia y el sector privado es clave para lograr estos objetivos.
Independientemente de los cambios ideológicos, Chile mantiene un hilo conductor en su política de desarrollo económico que valora la innovación y el emprendimiento. Petersen destacó que “el desarrollo no se declara, sino que se construye” y que el gobierno actual está comprometido con políticas que promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible, reconociendo al sector empresarial como el motor del desarrollo humano del país.
Claudia Sanhueza, subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, destacó los logros y desafíos del sector exportador chileno. En 1960, las exportaciones de Chile sumaban 460 millones de dólares, principalmente provenientes del sector minero. La industria representaba apenas el 8% de estas exportaciones. Hoy, la industria genera exportaciones por 34.000 millones de dólares y representa el 37% de las exportaciones del país. Reconoció que este crecimiento es el resultado del esfuerzo de innovadores y emprendedores en todos los campos del conocimiento y la industria. En 2023, las exportaciones industriales llegaron a más de 180 países, apoyadas por acuerdos internacionales que facilitan el comercio. La subsecretaria Sanhueza también abordó los desafíos y oportunidades que enfrenta la industria chilena en el contexto global actual. El renovado proteccionismo de las grandes economías, la relocalización y reorganización de las cadenas productivas y de suministros exigen repensar las redes de relacionamiento empresarial y de la industria chilena.
Para acelerar el proceso de internacionalización de la industria chilena, es fundamental la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 en los diferentes sectores industriales y una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI). Además, es clave la adopción de buenas prácticas de sostenibilidad y economía circular. Sanhueza subrayó que es esencial que los beneficios de la expansión industrial al mundo se traduzcan en beneficios para todos los sectores sociales del país, generando mayores oportunidades y respondiendo a las inequidades sociales.
Ignacio Fernández, Director General de ProChile, celebró los 50 años de la organización destacando la diversidad y el alcance global de las exportaciones chilenas. Con 4300 km de longitud, 7 climas distintos y presencia en 3 continentes, Chile es catalogado como un país con excelentes condiciones para hacer negocios, ocupando el segundo lugar entre 32 países de las Américas después de Canadá. Este posicionamiento favorable no se ve significativamente afectado por los cambios de gobierno.
El Director de ProChile resaltó los logros en diversas industrias, desde la producción de yogures con monobacterias hasta implantes 3D craneofaciales, aviones de entrenamiento y tecnologías inteligentes para el manejo de recursos hídricos. Estas innovaciones reflejan el compromiso de Chile con la Industria 4.0, con exportaciones destacadas en sectores como la salud (249 millones de dólares), envases (132 millones de dólares), metalmecánica y electromecánica (4077 millones de dólares) y forestal (1500 millones de dólares). Fernández también subrayó las oportunidades para las empresas chilenas en América Latina, especialmente en el suministro de insumos de salud y fármacos a países como Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay y Colombia, donde las reformas de salud fortalecerán las compras centralizadas.
Las intervenciones de Javiera Petersen, Claudia Sanhueza e Ignacio Fernández en el evento de ProChile refuerzan el compromiso del gobierno chileno con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico. Las políticas presentadas apuntan a un futuro donde la ciencia, innovación, tecnología y la sostenibilidad juegan roles centrales en la transformación de la economía chilena, asegurando así un crecimiento inclusivo y equitativo para todos los ciudadanos.
por INNOS | Jul 23, 2024 | Noticias
En abril del presente año, el Ministerio de Salud interpuso ante el Tribunal de Cundinamarca una demanda contra 21 entidades prestadoras de salud, entre las que se encontraban Compensar EPS, Sanitas EPS, Famisanar EPS, Capital Salud, Nueva EPS y SURA entre otras. Entre los argumentos del Ministerio sobresalieron dos, la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso al servicio público a la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como, exigir a las entidades que tomen medidas inmediatas para asegurar el cálculo adecuado, la creación y la actualización mensual de las reservas técnicas. Como dato adicional, en marzo la cartera de salud ya había presentado una demanda, pero esta fue negada. En el concepto negativo, en ese momento, el Tribunal le pidió unas correcciones respecto a las autoridades judiciales que podrían dar estudio a dicha petición.
Ahora bien, el pasado 3 de julio el Tribunal de Cundinamarca respondió al nuevo pedido de medidas cautelares, negándolo, argumentando, que las pruebas presentadas por el Ministerio de Salud no eran suficientes para demostrar una vulneración de los derechos de los usuarios. Al respecto, vale la pena mencionar que, según el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, son requisitos para decretar las medidas cautelares en lo referente al control de protección de los derechos e intereses colectivos:
- Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
- Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
- Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
Igualmente, según la providencia del Consejo de Estado del 31 de marzo de 2011, para decretar las medidas cautelares, el juez debe justificar la decisión basándose en elementos de prueba válidos que, además, puedan comprobarse, de ahí la importancia que sean idóneos. También, como se mencionó en la decisión del Consejo de Estado del 17 de marzo de 2015, otro criterio para aceptar las medidas cautelares se fundamenta en el buen derecho, en la existencia del perjuicio de la mora, así como, estudio de ponderación y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Por consiguiente, el Tribunal de Cundinamarca negó las medidas cautelares porque, por un lado, aunque el Ministerio de Salud presentó los argumentos basándose en el “informe sobre las deudas de 26 EPS”, presentado por la Contraloría, no llevó a cabo un análisis comparado con el cual se demostrará la violación de los derechos, es decir, sólo citó o se limitó a citar el informe, pero no presentó los argumentos para sustentar el pedido, sin poder demostrar el riesgo. Por el otro, el Tribunal considera que, si bien el Ministerio de Salud cumple con los requisitos de titularidad de las acciones, según el artículo 12 de la Ley 472 de 1998, éste no logró comprobar una vulneración de un derecho colectivo como es el derecho a la salud, pues los informes citados no se constituyen en evidencia sumaria, es decir, mencionó los hechos, pero no realizó un análisis.
De esta manera, la demanda no cumplió con los requisitos establecidos para decretar medidas cautelares, pues no se logró demostrar si existen normas superiores que hayan sido señaladas como vulneradas, concluye el Tribunal de Cundinamarca “el debate propuesto es meramente legal y requiere confrontación con los elementos fácticos, jurídicos y probatorios que se alleguen al expediente, y será la Sala de decisión quien contemplará la totalidad de los elementos que se aporten al proceso y será la sentencia en donde se decidirá el problema jurídico objeto del litigio”.
Este fallo constituye un llamado para que el Ministerio de Salud y Protección Social, profundice en el análisis de las causas que han llevado a las situaciones críticas que atraviesa actualmente el sistema de salud y que, asuma más directamente su función como rector de este. Las problemáticas que hoy viven los pacientes, familiares y ciudadanos en general, requieren intervenciones prontas y decididas de la autoridad competente, más allá de llevarlas a las instancias judiciales, con lo cual pueden generarse efectos contraproducentes que aumentan la desconfianza y la polarización entre los actores públicos y privados.
por INNOS | Jun 24, 2024 | Noticias
El sistema de salud colombiano continúa enfrentando una crisis que, lejos de resolverse, parece profundizarse cada vez más. Aunque esta situación puede explicarse por una combinación de problemas estructurales, un intento fallido de reforma, falta de consenso entre los actores del sector y decisiones administrativas, sus efectos están comenzando a afectar la atención de los usuarios y la continuidad del tratamiento de los pacientes. A pesar de que en los últimos meses se ha discutido ampliamente sobre las causas de la crisis y se han propuesto soluciones, un nuevo llamado de varios actores respecto a la crisis financiera de las IPS plantea un difícil escenario que merece la atención inmediata de todo el sector de la salud.
Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda acumulada de las EPS y las entidades territoriales con las IPS supera los 16 billones de pesos a cierre de 2023, poniendo en peligro la sostenibilidad y el funcionamiento de 221 hospitales y clínicas en el país. Lo más preocupante es que, si no se corrigen los faltantes históricos y se ajusta el financiamiento según las necesidades reales del sistema, este déficit podría llegar a 26 billones en 2024. Juan Carlos Giraldo, director de ACHC, manifestó que las EPS del régimen contributivo concentran algo más del 50% de la deuda, las EPS del régimen subsidiado alrededor del 23%, mientras que el sector estatal y las aseguradoras del SOAT deben alrededor del 10%.
El impacto de esta deuda no solo se limita a los usuarios y pacientes, sino que también puede afectar a los trabajadores de la salud. En caso de que las IPS vean reducidos sus ingresos y se afecte su sostenibilidad financiera, los trabajadores deberán enfrentar retrasos en el pago de sus salarios. Además, proveedores de insumos médicos y farmacéuticos también se ven afectados, ya que los hospitales y clínicas tienen dificultades para pagar sus deudas, lo que puede llevar a una interrupción en el suministro de medicamentos y otros productos esenciales.
Las EPS han señalado que, si bien la crisis no es nueva, esta se ha agravado en los últimos años. En primer lugar, indican que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es insuficiente para cubrir los costos del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Según un informe del portal Sectorial, la UPC debió incrementarse en un 20.5%, considerando la ampliación del PBS, la inflación real, que no fue igual a la inflación proyectada, y un aumento de la siniestralidad que se calcula en un 109.5% para 2023. Además, el mismo estudio señala que los giros de presupuestos máximos no se han realizado puntualmente y que aún hay pagos pendientes del Acuerdo de Punto Final establecido en el gobierno anterior.
A esto se suma el problema de la falta de transparencia y la mala gestión de recursos dentro del sistema de salud, que agravan aún más la situación. Casos de cuentas ocultas como las reportadas por la Supersalud en la Nueva EPS, o la sospecha de uso de fondos en tareas distintas a las definidas en la ley, son ejemplos de prácticas que afectan la eficiencia del sistema y minan la confianza de la población.
De esta manera, la crisis financiera del sector salud no es resultado de una sola decisión, sino que responde a una compleja interacción de factores, incluyendo la acumulación de deudas por parte de las EPS, la falta de pago por entidades gubernamentales, un cálculo inadecuado de la UPC por parte del gobierno, ineficiencias, problemas de corrupción no resueltos y mala gestión. Esto pone en peligro la viabilidad financiera de las IPS, afectando no sólo a los usuarios y pacientes, sino también al talento humano en salud, a los proveedores de servicios y demás actores de la cadena de valor del sistema. Este impacto compromete la capacidad de brindar servicios de calidad y cumplir con los tratamientos, además de abrir la puerta para que se incremente el gasto de bolsillo y el gasto catastrófico, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables y atentando contra los principios de equidad y calidad que deben ser centrales en cualquier sistema de salud.
Ante esta situación, se proponen varias acciones para contribuir a detener la crisis. Es necesario ajustar la UPC a los costos reales, ya que presenta un déficit desde 2022, lo que implica aumentar los recursos destinados al sistema de salud para garantizar su sostenibilidad. Se estima que para 2024 se requerirían casi 100 billones de pesos, pero sólo se presupuestaron alrededor de 90 billones, lo cual es particularmente preocupante ante los últimos resultados de recaudo presentados por el gobierno. También es crucial llegar a acuerdos entre todos los actores para saldar las deudas pendientes y acordar mecanismos de pago realizables que brinden certidumbre para la toma de decisiones. Adicionalmente, el gobierno debe explorar medidas administrativas que permitan el flujo adecuado de los recursos hacia las IPS.
Además, se debe implementar una estrategia que permita mejoras en el sector salud, fortaleciendo los mecanismos de control y auditoría, y promoviendo la transparencia en la administración de los recursos. También es fundamental fomentar la participación de la sociedad civil y los usuarios en la vigilancia y control de los recursos del sistema de salud, asegurando que estos se utilicen de manera eficiente y equitativa.
La figura de las IPS
Al igual que otros actores que componen el sistema de salud colombiano, antes de la crisis actual, las IPS también venían sufriendo los efectos de las presiones fiscales relacionadas con los recursos limitados, el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas, los avances técnicos en el sector y el crecimiento de la demanda de servicios médicos en el país. Estas instituciones cumplen un rol esencial, haciendo posible que las EPS garanticen el acceso al plan de beneficios de todos los colombianos. En este sentido, realizan dos funciones: se encargan de la atención primaria en salud y prestan servicios hospitalarios especializados y de alta complejidad. Su naturaleza puede ser pública, privada y mixta.
Problemas de las IPS
Existen investigaciones que abordan los problemas de las IPS desde tres perspectivas. Una de ellas se relaciona con factores externos al funcionamiento propio de estas instituciones. Así, Bernal (2011), citado por Castro Figueroa (2020), menciona cuatro factores principales:
- Un sistema financiero negligente ante las necesidades de liquidez de las IPS.
- El manejo deficiente de los sistemas de información por parte de los entes que vigilan el sector.
- Infraestructura deficiente.
- Un entorno económico que trata al sector salud como cualquier otro de la economía nacional.
Otra perspectiva se enfoca en las causas de carácter normativo. Según Suárez y García (2014), las normas que regulan el funcionamiento y financiamiento de las IPS son complejas. En algunas ocasiones, la falta de claridad lleva a que este tipo de instituciones incurran en sobrecostos por endeudamiento.
Un tercer punto de vista se centra en el tema financiero, según el Observatorio de Cartera de la SNS, las IPS enfrentaban tres tipos de problemas, algunos relacionados con corrupción, manejo inadecuado de recursos e insuficiencia en los sistemas de control y vigilancia (Crispin et al., 2023). Al respecto, en agosto de 2023 el Banco de la República en la Revista Borradores de Economía presentó un análisis sobre la solidez financiera de las IPS a través de una evaluación del desempeño financiero a través del modelo CAMEL, en el cual se tuvieron en cuanta los siguientes indicadores: Capital (C), calidad del activo (A), administración (M), rentabilidad (E), y liquidez (L). Los investigadores hallaron lo siguiente (Crispin et al., 2023):
- Las IPS privadas tienen un mejor desempeño en rentabilidad.
- Las IPS públicas tienen la mejor calificación en la calidad del activo.
- En los indicadores asociados a la administración (gerencia), capital y liquidez los resultados tanto para las IPS públicas como privadas es similar.
En marzo de este año, la Superintendencia de Salud, a solicitud de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, envió un informe sobre la situación financiera del sistema de salud colombiano, con un enfoque especial en las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). El informe abordó el estado actual de la deuda del sistema de salud colombiano, las causas y factores que han contribuido a la acumulación de la deuda, y el impacto de esta deuda en la prestación de servicios de salud a la población colombiana.
Respecto a las cifras proporcionadas por el informe, se puede decir lo siguiente:
- Las cifras de cuentas por pagar totales a IPS varían considerablemente entre las diferentes EPS que la Superintendencia reporta en el informe. De esta manera, las EPS con las mayores cuentas por pagar son:
- Famisanar: 2.144.062.597
- Nueva EPS: 1.779.421.694
- Emssanar S.A.S.: 1.469.885.629
- Las cifras también presentan algunas diferencias importantes dependiendo de la naturaleza de las EPS, así:
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones públicas las tiene la Nueva EPS con 365.158.851.
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones privadas las tiene SANITAS con 1.321.042.937.
- Las mayores cuentas por pagar a instituciones mixtas las tiene FAMISANAR con 2.084.995.
- Si se observa por EPS, el resultado es el siguiente:
- Las mayores cuentas por pagar en la EPS SURA son a proveedores de servicios y tecnología en salud (18.856.416) y a instituciones públicas (16.993.038).
- En el caso de Salud Total las mayores cuentas por pagar se concentran en las instituciones públicas (21.574.901) y privadas (372.183.309).
- Las mayores cuentas por pagar en Sanitas son a instituciones privadas (1.321.042.937) y a proveedores de servicios y tecnología en salud (416.981.280).
- Para el caso de Famisanar, las mayores cuentas por pagar son a instituciones privadas (1.749.814.890) y a instituciones públicas (330.997.249).
El informe de la Superintendencia de Salud revela una situación de deuda significativa entre las EPS y las IPS en Colombia, con variaciones notables según el tipo de institución y la naturaleza de los proveedores. Esta deuda acumulada afecta la capacidad de las IPS para ofrecer servicios de salud de manera eficiente y oportuna, lo que repercute en la calidad y el acceso a la atención médica para la población colombiana en general.
Asimismo, las IPS, especialmente las privadas y mixtas, podrían reducir su oferta de servicios o simplemente podrían restringir la cobertura de ciertos tratamientos, medicamentos o procedimientos costosos, como, por ejemplo, ya se ha observado en la entrega de ciertos medicamentos.
Por todo lo anterior, urge que el gobierno asuma su responsabilidad ante la situación crítica que se está viviendo en el sector y que, de manera inmediata, convoque a todos los actores para resolver las problemáticas descritas, para evitar que se produzcan situaciones de negación de servicios o de cierre masivo IPS tanto públicas como privadas, debidas a la desfinanciación de clínicas y hospitales. Es el momento para que los gremios de profesionales de la salud participen más directamente y aporten a las soluciones que el sistema requiere, teniendo en cuenta que son otro eslabón de la cadena, que será perjudicado si las tendencias actuales continúan su curso.
