- En un encuentro organizado por el Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud –INNOS y la Universidad El Bosque, denominado “Alternativas para una política de seguridad farmacéutica en Colombia”, en el que participaron actores del sector público, privado y la academia, se discutió sobre la política de seguridad Farmacéutica acorde a las necesidades del país.
Bogotá, agosto 2021-. El Proyecto de Ley 372 de 2020 mediante el cual se pretenden dictar las bases de investigación y desarrollo para la seguridad farmacéutica de Colombia ha despertado controversias entre diferentes actores del sistema, pues si bien esta iniciativa busca aprovechar el desarrollo competitivo del país en materia de investigación científica y tecnologías en salud, algunos expertos aseguran que no responde a necesidades reales dentro del contexto nacional e internacional.
Para Carlos Conde, docente investigador de la Universidad Externado, la pandemia evidenció que factores como la seguridad farmacéutica son problemas globales que necesitan direcciones de tal magnitud, por lo que iniciativas que tratan de resolver este tipo de problemáticas a nivel nacional “afectan en gran medida la innovación y el progreso del país, ya que imponen barreras y divisiones internas”.
Por su parte, el Proyecto propone la creación de un instituto que consolide la producción y transferencia de medicamentos y vacunas, con la investigación de compuestos que tengan origen en la biodiversidad colombiana, todo esto con el fin de satisfacer de manera interna las necesidades farmacéuticas del país. Sin embargo, para algunos expertos como Alejandro Olaya, director de innovación de la ANDI, el Estado no se encuentra en la capacidad de asumir y sostener por sí solo la administración de este modelo y plantea que “lo que se propone en este proyecto de ley que es que el Estado haga todo simplemente no tiene ninguna posibilidad de éxito”.
“Antes de crear esta institución nueva debemos reformar las que existen. Todos los tipos de productos farmacéuticos tienen una lógica y es que tienen que ser sostenibles, para que a largo plazo se puedan seguir produciendo. Por eso, el escenario de este proyecto además de estar en la modernización de las instituciones que tenemos, debe estar en generar posibilidades para alianzas público-privadas que permitan que se desarrollen con esa lógica de sostenerse a largo plazo”, agrega el funcionario.
Por otra parte, Jaime Cano, director de la Corporación para Investigaciones Biológicas – CIB, declara que antes de hablar sobre la creación de más instituciones, hay que primar el talento humano y científico, mejorando las condiciones para que los profesionales no migren a otros países, sino que generar un entorno favorable para que estas personas se queden en el país. “Uno de los grandes temores que hemos tenido en Colombia es que se generen más modelos de gobernanza que nos obliguen a tener más inversión en recursos, en personal, etc. y no en realidad en lo que queremos que es la generación de investigación y desarrollo”, explica el experto.
En cifras ¿cómo está Colombia?
Según Alejandro Olaya, en los últimos 10 años, solamente para el sector salud, el país ha otorgado 718 becas para formación doctoral y 533 para formación en maestría. Así mismo, el funcionario asegura que la formación doctoral se ha visto reflejada en el crecimiento de algunos grupos, teniendo en cuenta que frente al año 2013, los grupos de investigación en ciencias médicas y salud, que para ese periodo representaban 246 grupos, al día de hoy ha generado un crecimiento del 63% con la presencia de 401 grupos.
De la misma manera, los investigadores reconocidos en las áreas de la salud han registrado un crecimiento importante en tanto que, para el mismo periodo de tiempo, se dio un aumento aproximado del 220%, pasando de tener 799 investigadores a 2.600 en el año 2020. Por otra parte, durante el periodo de 2014-2020, Olaya asegura que a través del sistema de ciencias se han financiado 1.981 proyectos de investigación y desarrollo, de los cuales el 32% ha sido en las áreas de salud, con una inversión de 1.5 billones de pesos.
De esta forma, aunque el funcionario advierte que se ha venido avanzando en el desarrollo de la seguridad farmacéutica del país, manifiesta que todavía hace falta mucho en materia de inversión. “Hemos venido duplicando grupos, investigadores y presupuestos, pero para lograr ese sueño de seguridad farmacéutica necesitamos profundizar más en talento humano, en capacidad de generación de conocimiento y en el tamaño de los proyectos que se vienen financiado. En promedio un proyecto para el sector salud ha estado en 808 millones de pesos. Sin duda ahí hay un desafío importante”, señala el experto.
Ante este panorama, Carlos Felipe Escobar, director de INNOS, asegura que es indispensable entender lo que implica esta dimensión de inversión pues ante procesos que señala, oscilan entre los 2 y los 10 billones de dólares, como la producción de una vacuna y que tienen una probabilidad de fracaso del 94%, es importante dimensionar las capacidades reales de Colombia para asumir el reto de garantizar independientemente una seguridad farmacéutica.
“Si decimos que vamos a presentar un PL para que seamos suficientes desde el punto de vista de seguridad farmacéutica, hay que preguntarnos si de verdad estamos en condiciones porque, por ejemplo, ni siquiera países como Estados Unidos ni Alemania en el contexto actual tuvieron esa suficiencia. Hay que reconocer que este tema es de interdependencias y de cómo el país se inserta mejor en ellas para soportar y cumplir con el deber que tenemos de garantizar la salud de los colombianos”, advierte Escobar.
La propiedad intelectual ficha clave en la investigación y desarrollo
Otro de los puntos más controversiales dentro de la discusión del Proyecto de Ley, ha sido el planteamiento de una transición hacia el uso de licencias obligatorias, la cual propone limitaciones para el derecho de propiedad intelectual, con el fin de liberar las patentes de productos farmacéuticos, como medicamentos y vacunas en estados de emergencia sanitaria como el ocurrido con el Covid-19.
Sin embargo, Sandra Martínez, gestora de ciencia y tecnología en MinCiencias, advierte que es importante centrar la discusión en sí realmente Colombia está siendo un actor activo en el desarrollo de productos como las vacunas y en los posibles inconvenientes que puede desencadenar la no protección de la propiedad intelectual en la producción y fabricación de medicamentos. “No podemos desconocer que la propiedad intelectual implica inversión en tiempo y en recursos, y que con el hecho de decir que dejemos esto totalmente libre, podríamos estar vulnerando derechos de terceros.”
Finalmente, Ana María Castro, socia de Lloreda, Camacho & Cia., asegura que las patentes no han sido en ninguna ocasión una barrera para el desarrollo o acceso de la población mundial a nuevas vacunas y medicamentos, por lo que se deberían analizar otros factores que, si están afectando estos procesos como la escasez de materias primas, la insuficiencia en la capacidad de producción y la complejidad del proceso. “Liberar la propiedad intelectual no va a solucionar los problemas de base y sí va a afectar el único derecho temporal y transferible que otorga una serie de incentivos para los que hacen innovación y desarrollo”.
