Análisis a la Propuesta de Carlos Fernando Galán para el sector salud en la campaña para la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Análisis a la Propuesta de Carlos Fernando Galán para el sector salud en la campaña para la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En el Instituto de Innovación y Prospectiva en Salud INNOS hemos desarrollado un seguimiento detallado de los procesos políticos y de las campañas electorales que involucran los temas de salud pública, de interés para todo el país. De la misma forma que durante 2022 analizamos rigurosamente los planteamientos de los candidatos a la presidencia de la república, en este segundo semestre de 2023, estamos revisando las candidaturas a las alcaldías de varias ciudades del país, profundizando en las propuestas orientadas al sector salud.

De esta manera, hemos revisado la propuesta de Carlos Fernando Galán quien aspira a ser el próximo alcalde mayor de la ciudad. Su propuesta está sintetizada en su “Decálogo de la Salud. Bogotá una ciudad saludable”.

En este decálogo el candidato Galán ha planteado 10 puntos que orientan sus propuestas para la salud en Bogotá:

  • Líder en prevención de la enfermedad y gobernanza para la salud pública
  • Inteligencia en salud pública y gestión del conocimiento para la toma de decisiones.
  • Fortalecimiento la prestación de servicios en salud.
  • Modelo nacional de salud digital
  • Talento humano necesario y suficiente para las necesidades de los bogotanos.
  • La salud mental, sexual, reproductiva y nutrición como prioridades para el bienestar.
  • Salud sexual y reproductiva con enfoque de género
  • Salud de las mujeres
  • La primera infancia, la nutrición y la seguridad alimentaria; bases para el futuro
  • Seguridad sanitaria y desarrollo tecnológico; preparándonos para nuevas emergencias.

Como punto adicional se plantea:

  • Respuesta a eventual crisis de salud: plan de contingencia ante la reforma.

Dadas las particularidades de Bogotá donde la distribución porcentual del aseguramiento en salud entre los dos regímenes es distinta del promedio nacional, esto es, en la ciudad la mayoría de la población se encuentra afiliada al régimen contributivo (80% aproximadamente) y en el país el subsidiado tiene mayor proporción siendo aproximadamente el 52% de la población registrada en las bases de datos oficiales; así como las condiciones de oferta de instituciones hospitalarias, programas de formación técnica, tecnológica, profesional y posgraduada; se hace pertinente un plan de contingencia de la próxima administración para orientar el sistema de salud en caso de que la reforma al sistema sea aprobada en las condiciones actuales del proyecto de ley. Esto es interesante y valioso dentro de la propuesta de este candidato.

Producto de esta conversación es claro que en el momento político que vive el país y en especial, en un semestre en el que también avanza la discusión de la reforma al sistema de salud que propuso el gobierno nacional, las propuestas del candidato y su equipo se plantean escenarios posibles con la reforma aprobada y con las condiciones actuales, sin reforma al sistema de salud. No es fácil asumir este nivel de incertidumbre, sin embargo, hay claridad en el equipo asesor que en cualquiera de estos dos escenarios se tienen las propuestas y se tomarán las decisiones que favorezcan de mejor manera a la ciudad.

Revisados los puntos del decálogo y otros documentos que lo respaldan, el equipo de INNOS ha formulado algunas observaciones y análisis a su propuesta. También ha sido muy valiosa la interacción con su equipo asesor, especialmente con el exministro Fernando Ruíz, para ampliar los elementos clave de sus propuestas. A continuación, presentamos este análisis.

Contaminación del aire:

Observación:

  • No se observa el tema de contaminación ambiental, especialmente el de calidad del aire que se ha incrementado en los últimos años en la ciudad. Esto requiere además coordinación intersectorial fuerte (Secretaría de ambiente, entre otros)

Análisis:

En la ciudad existe una red de monitoreo de la calidad del aire que cuenta con 20 estaciones y hace monitoreo de 6 tipos diferentes de contaminantes y 7 variables meteorológicas y también el IBOCA (Índice Bogotano de Calidad del Aire) que presentan mapas e indicadores para hacer seguimiento por zonas de la ciudad, a los niveles diarios de contaminación. No obstante, este índice no tiene suficiente difusión y no se hace más despliegue de sus hallazgos y de recomendaciones a la comunidad. La contaminación del aire en Bogotá ha sufrido un deterioro en los años más recientes, debido a múltiples factores como las fuentes fijas y móviles que aportan material particulado, gases y otras sustancias y a factores climáticos que han favorecido una mayor retención de estos contaminantes en la atmósfera.

La contaminación además se agudiza por la presencia de partículas en suspensión provenientes de las obras que se realizan actualmente en la ciudad. Esto ha contribuido a elevar los niveles elevados de enfermedades respiratorias agudas y crónicas y en el largo plazo puede afectar también otras patologías como las enfermedades cardiovasculares.

Se requieren acciones coordinadas intersectoriales. Revisar temas como las medidas de pico y placa diario y los días sin carro que, aparentemente, no aportan a la reducción esperada de contaminantes atmosféricos. Aumentar la presencia de vehículos con fuentes de energía menos contaminantes mediante incentivos directos e indirectos, fortalecer el sistema de transporte público de forma que sea una alternativa real a las personas para disminuir el uso de vehículo particular es uno de los aspectos más importantes y que ha mostrado mejores efectos en otros países y ciudades del mundo.

Formación del talento humano e investigación en salud.

Observaciones:

  • Es importante fortalecer los procesos de coordinación con el sector educativo para mejorar la formación del talento humano en salud en la ciudad. Se podría pensar en un plan de concertación con las universidades y los centros de formación técnica en salud para ampliar la capacidad resolutiva de la red pública y también de la red privada del distrito.
  • Promover procesos de CTi en salud desde la Secretaría Distrital de Salud, que involucren directamente a la red pública pero que convoquen también a la red privada, los centros de investigación y las universidades en investigaciones pertinentes para los desafíos de ciudad en el mediano y en el largo plazo.

Análisis:

La mayoría de las universidades y facultades de salud se encuentran en la ciudad. Aquí se forma la mayor parte de los profesionales, técnicos y auxiliares que el sistema de salud vincula para la prestación de los servicios. Hasta ahora las facultades de ciencias de la salud desarrollan sus labores mediante convenios de docencia-servicio con hospitales y clínicas tanto públicas como privadas de la ciudad. Estos convenios podrían fortalecerse para dar una mirada más amplia y abarcar, por ejemplo, procesos de investigación en temas de interés para la ciudad, fomentando el desarrollo de la innovación y de la generación de iniciativas innovadoras para el sector. A pesar de contar con esta enorme capacidad formativa, no hay claridad en cuanto a las necesidades de talento humano en salud en la ciudad. El distrito puede liderar estos procesos de diagnóstico que faciliten una clara lectura de necesidades de especialidades, profesiones y disciplinas que el sector empresarial de la salud tenga actualmente. Así mismo, vincular en estos diagnósticos, mediante los procesos de integración a la región cercana (Cundinamarca, Boyacá, Meta), donde Bogotá tiene gran influencia y proporciona una gran cantidad de la fuerza laboral de la salud.

Hay una oportunidad de fortalecer la CTI para la salud como motor de desarrollo en el distrito. Los avances del IDCBIS son prueba de ello y son la base para afianzar en estas iniciativas de investigación de alto nivel con efectos directos para la ciudad y posteriormente para el país.

Sumado a lo anterior, Bogotá cuenta con el mayor ecosistema de innovación y de emprendimientos para la salud. Este es otro activo fundamental que permitirá, con el liderazgo y el apoyo de la alcaldía, avanzar en su consolidación tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano. Para ello el gobierno de la ciudad debería incentivar los procesos de relacionamiento internacional con referentes de investigación y de CTI para la salud, creando y promoviendo espacios de encuentro alrededor de los temas de mayor interés en este campo.

Vigilancia y control sanitario.

Observación:

  • Las acciones de vigilancia y control de riesgos sanitarios en la ciudad son insuficientes. ¿Cómo piensa fortalecer las capacidades de la Secretaría Distrital de Salud para llegar a más zonas y hacer que la inspección, vigilancia y control abarquen un mayor número de establecimientos?

Análisis:

Bogotá tiene una dinámica comercial enorme que sobrepasa las capacidades para ejercer la inspección, vigilancia y control de establecimientos de comercio abiertos al público; que tienen riesgos potenciales para la salud de la comunidad. La Secretaría Distrital de Salud, apoyada en las subredes integradas, desarrolla acciones permanentes que no logran abarcar toda la cantidad y la complejidad de estas interacciones y por tanto, existen siempre riesgos asociados al consumo de alimentos, bebidas, licores y medicamentos.

Sería muy valioso para la ciudad fortalecer las capacidades de la IVC sanitaria de forma que se logre llegar cada vez a más zonas y a un número mayor de establecimientos, generando mayor seguridad e inocuidad en los procesos comerciales y aportando de esta manera a la seguridad alimentaria y nutricional, así como a la calidad de vida en general.

Sistemas de información.

  • Bogotá podría avanzar en la primera parte del próximo gobierno distrital, en la unificación de los sistemas de información en salud. Ya hay avances tanto en la red privada como en la red pública y con base en estos desarrollos se podría mejorar el sistema para hacerlo integrado, interoperable y unificado.

Análisis:

Es claro que en Bogotá existen las mayores capacidades técnicas y humanas en los sistemas de información en salud. No obstante, todavía no se cuenta con un sistema integrado e interoperable que facilite el tránsito de los ciudadanos por las distintas instituciones de salud de la ciudad y que, además, sirva para fortalecer los procesos de toma de decisiones, los desarrollos de investigación e incluso los mismos procesos administrativos del sector.

Ha habido esfuerzos valiosos del sector público para construir la infraestructura y los procesos que permitan contar con el sistema único de salud y de la misma forma, las instituciones privadas tanto prestadoras de servicios como administradoras de planes de beneficios, cuentan hoy con sistemas eficientes para sus propias necesidades. Con esto en mente, se observa la posibilidad de que la ciudad avance hacia la armonización de los sistemas de información y a su interoperabilidad en el corto y en el mediano plazo.

Finalmente hemos elaborado algunas preguntas, para ampliar la información recibida desde la campaña:

¿Cuáles serán las tres prioridades para la salud en Bogotá durante su administración?

¿Cuál es la situación actual de la EPS Capital Salud y del Fondo Financiero Distrital de Salud?

¿Qué estrategias plantean para atender la situación de la población migrante en la ciudad?

¿Cómo se podría adaptar el sistema de salud en la ciudad ante la aprobación de la reforma al sistema de salud como cursa actualmente en el Congreso?

Se aprueba la conformación de Comisión Accidental para avanzar trámite de la Reforma a la Salud en el Congreso

Se aprueba la conformación de Comisión Accidental para avanzar trámite de la Reforma a la Salud en el Congreso

El 20 de septiembre de 2023, la Cámara de Representantes de Colombia anunció la conformación de la Comisión Accidental para analizar la propuesta de reforma de salud del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta comisión, compuesta por 23 representantes, tiene como objetivo principal presentar un informe consensuado con diferentes sectores para avanzar en acuerdos sobre la reforma de salud.

La propuesta de reforma de salud del Presidente Petro, presentada en febrero de 2023, ha sido objeto de controversia y debate. La administración sostiene que la reforma mejorará la atención primaria, ampliará el acceso al tratamiento, aumentará los salarios de los trabajadores de la salud y combatirá la corrupción eliminando la gestión del sector privado de la gestión de los recursos financieros.

La Comisión Accidental está liderada por Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico y coordinador ponente del proyecto de reforma. La comisión también incluye a representantes de todas las corrientes políticas presentes en el Congreso de la República, lo que refleja la intención necesaria de incluir una variedad de perspectivas en el proceso de reforma.

Según la Resolución 0741 de 2023, la Comisión Accidental tiene un plazo máximo e improrrogable de 10 días calendario, contados desde la notificación del acto administrativo el 19 de septiembre, para presentar su informe a la plenaria de la Cámara de Representantes. Este informe debería ser el resultado de la participación ciudadana, las reuniones con organizaciones y actores sectoriales, en particular las asociaciones de usuarios y pacientes, garantizando el mejor consenso posible en la construcción del proyecto de ley.

La creación de esta comisión ha generado expectativas en los medios de comunicación y entre el público en general. Se espera que la comisión escuche todas las voces, especialmente las de los usuarios y pacientes, para construir un mejor sistema de salud que aproveche los avances previos y al mismo tiempo cierre las brechas existentes para ofrecer el mejor servicio a todos los colombianos. Resulta de prever, que la voz de pacientes y usuarios sea la primera y la más importante que se pronuncie y espere ser entendida y escuchada por los miembros de la comisión.

La reforma de salud es, sin lugar a dudas, la reforma más importante para Colombia, y la formación, puesta en marcha, información y escucha de esta comisión es un paso crucial en el proceso de construir ese propósito que nos une a todos los colombianos: Contar con el mejor sistema de salud que podamos juntos construir. La atención ahora se centra en el trabajo de la Comisión Accidental y en cómo sus conclusiones y recomendaciones influirán en la futura dirección de la política de salud en Colombia. El Lunes 25 marcará, no solo el inicio del trabajo de la Comisión Accidental, sino la la pauta de una verdadera construcción de todos y para todos por una mejor salud de cada colombiano.

Continúan las discusiones de la Reforma a la Salud en el Congreso

Continúan las discusiones de la Reforma a la Salud en el Congreso

Bogotá, 20 de septiembre de 2023 – En una plenaria que se extendió desde la tarde hasta la noche del martes 19 de septiembre, el Congreso dio inicio al debate sobre la propuesta de Reforma a la Salud. Las discusiones estuvieron marcadas por la participación de las diferentes bancadas, cada una con sus respectivas preocupaciones y perspectivas sobre la reforma.

La Bancada Conservadora expresó su insatisfacción por la falta de consideración de sus propuestas para mejorar la propuesta. Argumentaron que el sistema de salud necesita una supervisión constante y cuestionaron por qué la reforma no aborda los regímenes especiales, que, según ellos, perpetúan desigualdades en el sistema. También mostraron inquietud sobre posibles restricciones a la libre elección de los ciudadanos.

Por su parte, la Bancada del Mira presentó los resultados de una encuesta en la que más de 24,000 ciudadanos, instituciones y actores del sistema de salud manifestaron que la corrupción es el principal problema en el sistema. Destacaron la necesidad de fortalecer la vigilancia, eliminar barreras para el acceso a servicios especializados y mejorar el sistema de información. También hicieron hincapié en garantizar la continuidad para pacientes crónicos y en la importancia de los cuidadores domiciliarios.

La Bancada Liberal se unió a la solicitud de participar en una subcomisión creada por la Cámara para buscar un consenso en la reforma. Manifestaron preocupación por la restricción de la libre elección de los ciudadanos y la situación financiera de las IPS y EPS. Sugirieron limitar la integración vertical en el sistema y fortalecer el control y vigilancia. Cuestionaron las amplias facultades otorgadas a la Superintendencia de Salud.

La Bancada del Partido de la U señaló la falta de vigilancia en el sistema de salud y la necesidad de desarrollar la atención primaria. Reconocieron que el sistema actual tiene una infraestructura compleja pero enfatizaron que se debe priorizar la prevención y promoción de la salud. Abogaron por una reforma abierta y con participación de todos los actores.

La Bancada Gente en Movimiento resaltó la importancia de la subcomisión para abordar las preocupaciones de diversos actores y profundizar en el financiamiento de la reforma.

La Bancada Alianza Verde cuestionó las premisas de la reforma y expresó dudas sobre su capacidad para ofrecer soluciones diferenciadas para las regiones apartadas. También mostraron preocupación por la ADRES y resaltaron los logros del sistema de salud actual.

La Bancada del Centro Democrático destacó la falta de un concepto del Ministerio de Hacienda sobre el costo de la reforma y expresó preocupación por la estatización del sistema de salud. Advirtieron sobre riesgos de politización, corrupción y pérdida de recursos.

Por último, la Bancada de Cambio Radical lamentó la falta de instalación de la subcomisión y comparó la reforma con sistemas de salud de otros países. Destacaron la importancia del acceso y atención a la salud de adultos mayores y poblaciones con discapacidad, así como los riesgos de una transición delicada.

En el cierre de la sesión, se aprobó el informe de ponencia para continuar el debate sobre la reforma a la salud, dando paso a futuras discusiones en el Congreso.

Implicaciones del decreto 1270 para el sistema de salud en la Guajira: ¿Apunta el gobierno en la dirección correcta?

Implicaciones del decreto 1270 para el sistema de salud en la Guajira: ¿Apunta el gobierno en la dirección correcta?

Hace un mes el gobierno de Gustavo Petro emitió el Decreto 1085 mediante el cual se declaró el “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” en el departamento de La Guajira. En su momento, presentamos algunas reflexiones sobre las implicaciones jurídicas de este decreto, y sobre sus relaciones con el proyecto de reforma al sistema de salud que cursa en el Congreso.

El decreto 1085 vuelve a ser relevante debido a que el gobierno emitió recientemente un nuevo decreto, el 1270, por medio del cual adopta medidas “en materia de salud en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” en La Guajira. Este nuevo decreto presenta una serie de disposiciones en materia de salud que merecen ser revisadas, en tanto establece cambios sustanciales en la manera como opera el sistema de salud en el departamento. Además, es importante destacar que el decreto 1270 va en la misma dirección que propone el proyecto de ley de reforma que cursa en la Cámara de Representantes. Por esta razón, es conveniente realizar un breve análisis de sus alcances y consecuencias potenciales.

En primer lugar, como se ha discutido en las últimas semanas, no está claro que las situaciones presentadas en el decreto 1085 para justificar la declaración de emergencia sean eventos nuevos o recientes en su ocurrencia. Por el contrario, muchas de las problemáticas descritas son el resultado de carencias estructurales, las cuales se conocen desde hace varios años. Por ejemplo, se menciona la escasez de agua potable, la crisis alimentaria, los efectos del cambio climático, la crisis energética, el bajo nivel de acceso a servicios de salud, la baja cobertura en educación y otros problemas de índole social, económico y político. Sin embargo, no está claro que estas problemáticas estructurales constituyan razones suficientes para decretar el estado de emergencia en los términos que lo establece el artículo 215 de la Constitución y tampoco se soporta cuáles han sido las acciones emprendidas por el gobierno nacional y departamental en este primero año, su impacto y dificultades que eventualmente evidenciaran que pese medidas ‘técnicamente acertadas y diligentemente ejecutadas’ ha sido imposible revertir el deterioro progresivo de las condiciones de salud que el mismo decreto expone.

De hecho, una de las cuestiones que más genera incertidumbre es la posibilidad de que el decreto no supere el control de constitucionalidad. En ese caso, las acciones emprendidas en virtud del decreto podrían quedar sin base legal, lo que agravaría las problemáticas que actualmente enfrenta el departamento. La declaratoria de inconstitucionalidad solo contribuiría a disminuir la credibilidad del gobierno y a aumentar la desconfianza y el descontento entre la población y los actores involucrados.

En segundo lugar, es importante destacar que el decreto 1270 plantea cambios profundos en la forma en que opera el sistema de salud en el departamento, así como en las relaciones entre sus actores. Esta situación genera enormes interrogantes, ya que no está claro hasta qué punto un decreto de emergencia tiene la capacidad de modificar acuerdos institucionales y normativos establecidos por leyes de mayor rango.

Incluso se puede afirmar que el decreto 1270 parece derogar muchas de las disposiciones que actualmente rigen el sistema de salud en La Guajira y en el país. Esto suscita preocupación sobre las implicaciones legales del decreto y su coherencia con el marco jurídico existente.

Por un lado, el decreto 1270 propone un cambio en la estrategia de gestión en salud, pasando de un modelo de aseguramiento poblacional a un modelo territorial. Esta transición implica adaptar a todos los actores del sistema en el departamento a un esquema distinto al que opera en el resto del país, lo que puede generar ciertos traumatismos y, en última instancia, afectar a la población más vulnerable. Bajo este nuevo modelo, desaparece la lógica del aseguramiento individual, lo cual supone la redefinición de las normas que orientan a los diversos actores. Por ejemplo, no es claro si la financiación de los servicios se hará a través de la UPC o si se recurrirá a un modelo distinto como el de subsidio a la oferta o el de presupuestos históricos. En este mismo sentido es natural que ya surja la preocupación por la suficiencia de los recursos que se asignarían, sus fuentes, y su manejo vía contratación directa, en un año electoral en un entorno de incertidumbre sobre el manejo de recursos públicos, en particular en periodos electorales.

Otro de los aspectos que resultan poco claros en el decreto son las funciones de los distintos actores bajo la nueva organización del sistema de salud. Aunque se menciona que el Ministerio de Salud y Protección Social ejercerá la dirección y coordinación del sector en La Guajira, en articulación con la Secretaría de Salud del Departamento, las secretarías de salud municipales y la participación de las Autoridades Tradicionales de los pueblos indígenas, no se especifica de manera explícita quiénes serán responsables de la gestión del riesgo en salud y del riesgo financiero.

En el esquema propuesto, se intuye que las EPS podrían convertirse en prestadores de servicios de salud, ya que se refuerza el giro directo a través de la ADRES, pero no está claro quién asumirá las otras funciones que actualmente recaen en estas entidades, como el control del gasto, la conformación de redes de servicio y la representación del usuario, entre otras.

El decreto también destaca algunos elementos relevantes, como la implementación de equipos extramurales interdisciplinarios, el fortalecimiento de los centros de atención primaria y la promoción de un sistema intercultural que atienda las necesidades de una población cultural y étnicamente diversa. Estas medidas son importantes y pueden ayudar a abordar algunos problemas relacionados con la falta de acceso a servicios de salud. Sin embargo, no se comprende cómo estas medidas pueden resolver problemas históricos como la escasez de agua potable, la falta de saneamiento básico, el aislamiento geográfico o la precariedad de los servicios educativos. Tampoco queda claro por qué se necesita una reforma profunda del sistema de salud para implementar medidas que ya funcionan en otras regiones del país.

Sería lamentable que las intenciones del gobierno para mitigar la situación en La Guajira terminaran agravándola. Implementar un modelo de atención particular que opere bajo una lógica distinta a la del resto del país podría reforzar el aislamiento del departamento y, por ende, empeorar la difícil situación que motivó el decreto de emergencia.

Es cierto que garantizar el acceso a los servicios de salud, aumentar la oferta de talento humano, y mejorar la infraestructura son objetivos esenciales. Sin embargo, esto debe llevarse a cabo en consenso con todos los actores y en coherencia con el sistema de salud que opera en el resto del país. Es importante comprender que los problemas que enfrenta La Guajira actualmente no son responsabilidad exclusiva del sistema de salud y sus actores, sino que tienen raíces más profundas.

El sistema de salud es solo uno de los elementos en un complejo entramado de instituciones y actores que influyen en la situación de La Guajira. Para lograr un cambio significativo y sostenible, es necesario abordar las causas subyacentes de los problemas sociales, económicos y políticos que afectan a la región, en colaboración con diferentes sectores y comunidades.

Siempre es necesario recordar que, en cualquier escenario que afecte la salud y calidad de vida de colombianos como se expone en el decreto, debe resultar clave evaluar las alternativas que habiliten, aceleren y articulen el siempre presente compromiso de todos los actores del sistema de salud y muchos otros que, sin duda, bajo un liderazgo adecuado estarían en disposición inmediata de articular esfuerzos ante esta o cualquier emergencia de salud.

La reforma a la salud y el decreto de emergencia social y económica en la Guajira

La reforma a la salud y el decreto de emergencia social y económica en la Guajira

El pasado 2 de julio el gobierno nacional emitió el Decreto 1085 que declara el “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” en La Guajira. Con una extensa introducción y apenas tres artículos, el decreto fue presentado por el presidente Gustavo Petro como una estrategia para mitigar “la grave crisis humanitaria” que atraviesa el departamento. Si bien el decreto prioriza 11 sectores claves, ha trascendido su impacto en el sector salud. De acuerdo con declaraciones del propio presidente, el decreto apunta, entre otras cosas, a implementar en La Guajira la reforma a la salud que aún se discute en el Congreso. Ante esto, resulta pertinente analizar la pertinencia de esta estrategia y preguntarse sí es el camino adecuado para resolver las dificultades estructurales que en materia de salud tiene el departamento.

¿En qué consisten los decretos de emergencia social, económica o ecológica?

Los decretos de emergencia social, económica o ecológica se encuentran desarrollados en el artículo 215 de la Constitución Política de 1991. Al igual que las declaratorias de estado de conmoción interior y los estados de excepción, las declaratorias por emergencia social, económica o ecológica son respuestas a situaciones que se encuentran por fuera de la normalidad y pueden llegar a ser graves.

Ahora bien, al ser parte de disposiciones especiales y excepcionales, los decretos de emergencia deben cumplir con una serie de atribuciones: 1) El presidente y todos los ministros deben suscribir el estado de emergencia social, económica o ecológica. 2) Los derechos fundamentales no pueden ser suspendidos. 3) La declaratoria no puede ser obstáculo para el desarrollo normal de las funciones de cualquiera de las ramas del poder público, así como el normal funcionamiento de los gobiernos locales. 4) Toda declaratoria siempre debe ir acompañada de una motivación. Esta motivación debe demostrar una relación de causalidad entre los hechos que se constituyen en una perturbación y las razones por las cuales se decide decretar la excepción. 5) Este tipo de decretos, así como los actos necesarios para ponerlo en práctica posteriores a la declaratoria, siempre deberán someterse al examen jurídico de la Corte Constitucional y al control político del Congreso.

El decreto de emergencia social, económica y ecológica en la Guajira y la reforma a la salud

Diversos medios de comunicación han registrado las declaraciones del presidente donde anuncia que en la Guajira se aplicarán algunas de las medidas que contempla el proyecto de Ley 339, que cursa actualmente en el congreso y que continuará su trámite legislativo a partir del próximo 20 de julio.

Es interesante que tales anuncios se orienten hacia acciones que, de alguna manera, ya se han venido desarrollando en el país, como los equipos básicos territoriales de salud, que pretenden acercar los servicios de atención primaria a la ciudadanía y que, en esta zona del país, se enfocarían en la población indígena y en aquella que habita las áreas rurales y de difícil acceso.

Entre los argumentos que sustentan la declaratoria de emergencia y que están en la parte inicial del decreto, destacan las cifras de desnutrición infantil, las de enfermedades transmisibles como diarreas, infecciones respiratorias y también la mortalidad materna, que han sido frecuentemente mencionadas en los debates del proyecto de reforma a la salud y en el propio articulado del proyecto. Es evidente que la situación de gran parte de la población requiere de acciones más eficaces para resolver sus problemáticas sociales y de salud, pero no se entiende que se argumente como una situación de emergencia algo que se conoce desde hace años. Es válido que el gobierno nacional enfoque esfuerzos y canalice recursos a atender a quienes más lo necesitan, pero no se comprende que se busque de alguna forma, imponer cambios en el sistema de salud que no han sido acordados ni mucho menos aprobados en las instancias dispuestas para ello.

Sería interesante conocer cuáles son los planes que el ministerio de salud y protección social ha diseñado para intervenir en esta población, de qué forma se pretende resolver la problemática sanitaria que allí existe desde tiempo atrás y cómo esta “prueba piloto” se tendrá en cuenta en el proceso de reforma al sistema de salud. Entre los anuncios conocidos hasta ahora se sabe que el gobierno ha hablado de organizar “distritos de salud” y equipos que harán visitas domiciliarias a toda la población del departamento, llevando vacunas y construyendo lo que podría ser un diagnóstico de salud comunitaria.

De esta manera, se retoman algunos anuncios que el mismo gobierno hizo meses atrás cuando presentaba la ministra de salud el modelo preventivo y predictivo y la conformación de equipos territoriales de salud. Este es un programa que no es nuevo en el país y que se ha desarrollado previamente, incluso en ciudades como Bogotá y Medellín y en otros territorios y zonas geográficas.

El ministro Guillermo Jaramillo también anunció que se emitirá un decreto en el cual se coordinen las acciones de todas las entidades de salud, para dar respuesta a estas condiciones prioritarias del departamento, pero hoy en día, todavía este decreto no se conoce.

Vale la pena recordar que muchas de las críticas que se han hecho al proyecto de reforma a la salud, justamente apuntan a que no se requiere un cambio profundo y estructural del sistema, sino algunas medidas específicas que permitan resolver las problemáticas conocidas de la salud en el país. Con estas acciones, el gobierno parecería darles la razón a estas críticas, si considera que con la declaratoria de emergencia (que solo dura 30 días) y los decretos que amparados en ella se expidan, es posible corregir las fallas del sistema de salud que pretende cambiar mediante la nueva Ley.

Así mismo, es importante señalar que las condiciones de este territorio, sus características climáticas, geográficas, culturales, sociales y económicas, son bastante particulares y que es posible que lo que allí se aplique no tenga los mismos efectos en el resto del país. Esto deberá ser tenido en cuenta por el ministerio de salud y protección social, que será el encargado de desarrollar las acciones que, hasta ahora, se han venido comunicando.

Más allá de lo mencionado, hay que tener en cuenta que el decreto deberá ser revisado por la Corte Constitucional, entidad encargada de llevar a cabo el control de legalidad. Al respecto, la Corte se centrará en dos aspectos, un aspecto formal y un aspecto material. Para el caso del primero, la Corte establecerá si el gobierno nacional cumplió de manera puntual con los requisitos, a saber, promulgación, ámbito territorial y ámbito temporal de la declaratoria. En términos del aspecto material, la Corte verificará la justificación de la declaratoria en términos de capacidad o idoneidad, necesidad de las medidas establecidas en el decreto, proporcionalidad y si se fundamenta en los principios de la ley. A la espera de la decisión de la Corte, es claro que el departamento de la Guajira requiere acciones integrales, estructurales e intersectoriales que contribuyan a solucionar las problemáticas del departamento. Para ello es fundamental que el gobierno nacional diseñe estrategias orientadas a resolver problemas estructurales y convoque a los diferentes actores involucrados en la búsqueda de consensos y soluciones.

Datos sobre La Guajira:

Población total: 880.560

Población residente en zona urbana: 47,5%

Población residente en zonas rurales y centros poblados: 52,5%

Población indígena: 48,4%

Acceso a servicios públicos en la vivienda:

  • Acueducto: 46,6%
  • Alcantarillado: 41,9%
  • Gas natural: 40,4%
  • Electricidad: 60,7%
  • Internet: 10,8%
Fuente: DANE.
El nuevo aire de la reforma a la salud: ¿celeridad sin análisis?

El nuevo aire de la reforma a la salud: ¿celeridad sin análisis?

Por: María Margarita Martinez Garbiras

En la última semana hemos visto que en la Comisión Séptima se desbloqueó la discusión de la reforma a la salud. La llegada del nuevo Ministro Guillermo Jaramillo pareció darle un nuevo aire. Así, en menos de cinco días se han aprobado 117 artículos de los 139, e incluso, los reparos de los partidos tradicionales y del partido de la U pasaron a un segundo plano. Igualmente, congelar la discusión durante dos semanas fue un punto acertado por parte de la Comisión Séptima de la Cámara. Por lo tanto, el objetivo de esta nota es describir el nuevo rumbo de la reforma a la salud a través de algunas de las estrategias utilizadas por el gobierno y por el Congreso que demuestran celeridad, pero sin discusiones profundas sobre lo que se está votando.

 

Estrategias del gobierno

El nombramiento de un nuevo Ministro fue acertado. En primer lugar, el nuevo ministro ya había trabajado con el presidente Gustavo Petro cuando éste ejerció como burgomaestre de la capital. Entre 2012 y 2013 fue  secretario de salud para después asumir como secretario de gobierno, por lo tanto, conoce al mandatario y su forma de gobernar, compartiendo, seguramente, la visión del sistema de salud que se quiere implementar. En segundo lugar, en tres ocasiones se desempeñó en el Congreso de la República, primero como Representante (1982-1986) durante un sólo período y como Senador dos veces en diferentes momentos. Por consiguiente, el nuevo ministro conoce cómo funciona el Congreso y lo que conlleva la denominada mecánica legislativa en la cual la negociación es importante. En ese sentido, logró en dos semanas lo que la exministra Carolina Corcho no pudo hacer: poner andar la reforma a la salud. Así, la estrategia del nuevo Ministro se está centrando en hacer ciertas concesiones a las propuestas de los partidos tradicionales y al de la U: administración y gestión de los recursos y el papel o rol de las EPS en la reforma.

Su primera intervención en la Comisión mostró ese tono conciliador cuando se refirió a la autonomía legislativa y la importancia de los consensos para llegar a acuerdos.

 

Estrategias de los representantes

Cabe recordar que durante las semanas posteriores a la radicación de la reforma presentada por el gobierno se observó un clima desfavorable en el legislativo, incluso, se pensó que la reforma terminaría hundiéndose por dos razones: la posición inamovible de la ministra Carolina Corcho y los reparos sobre algunas proposiciones por parte de los partidos tradicionales y el partido de la U. Por lo tanto, los representantes de la bancada de gobierno en la Comisión Séptima de la Cámara también han implementado unas estrategias que hasta la fecha han rendido frutos. Estas estrategias entran en la mecánica propia del legislativo. Así, la primera estrategia fue congelar las discusiones durante casi dos semanas. Esto, ocurrió durante la crisis ministerial. El tiempo les sirvió a las congresistas para idearse ptras estrategias con el fin de destrabar la reforma.

Con el nuevo ministro posicionado las discusiones se reiniciaron. Por lo tanto, con la ponencia positiva aprobada el siguiente paso fue crear una subcomisión o comisión accidentada (segunda estrategia). Esta subcomisión fue propuesta por Alfredo Mondragón representante del Pacto Histórico. El objetivo de esta subcomisión sirvió para estudiar las proposiciones radicadas y reorganizar el texto o la ponencia positiva con el fin de debatirlo. A diferencia de otros momentos, en esta subcomisión se diálogo con los representantes de la Comisión y no con los directivos del partido Liberal, el partido Conservador y el partido de la U. Más sencillo negociar con quienes conforman la comisión y no sobre quiénes han realizado reparos a la misma.

En tercer lugar, como se ha venido observando en los últimos días, la mesa directiva de la Comisión tomó la decisión de votar en grandes bloques el articulado de la reforma, es decir, unificó por grupos los artículos que no tienen proposición. Esto con el fin de generarle celeridad al trámite, pero implica que no necesariamente se discutan a profundidad las propuestas más sensibles, como, por ejemplo, el artículo 123 del proyecto que menciona la responsabilidad del profesional de salud en términos de resultados y no de medios. Igualmente, el artículo 49 el cual menciona cómo sería la transición de las EPS en gestoras de salud y vida. Así mismo, el artículo 66 en el cual se le otorgan nuevas funciones a la ADRES, entre otros.

Frente a este tercer aspecto, algunos representantes de la oposición, que son miembros de la Comisión, sienten que los congresistas de la bancada de gobierno han utilizado la famosa táctica del “pupitrazo”, es decir, aprobar el articulado sin una deliberación real y sin hacer un análisis a profundidad de lo propuesto en cada uno, colando en esas votaciones por bloque los artículos polémicos, algunos de ellos mencionados con anterioridad. E incluso, abriendo la posibilidad para que aparezcan los famosos micos.

Al respecto, vale la pena mencionar que el texto original ha sufrido cambios significativos, incluso, el número de los artículos no es el mismo, con lo cual se hace un llamado para que los congresistas se tomen el tiempo y hagan su trabajo de manera adecuada. Votar las propuestas en bloque puede generar incertidumbre y más si se hace uso de la táctica del pupitrazo, ¿de qué sirve la celeridad si no hay calidad? Como dice el dicho, del afán solo queda el cansancio.