La Procuraduría General de la Nación le ha solicitado al Ministerio de Salud un reporte detallado del inventario actual de vacunas con que cuenta esa entidad, informando detalles como el laboratorio fabricante y la fecha de vencimiento de cada lote de vacunas.
Además de estos datos la PGN le pide al ministerio que informe los costos, presupuesto asignando y presupuesto aprobado para 2023 para la compra de vacunas contra Covid-19. El mismo ministerio de salud y protección social había informado que en su almacén tenía un inventario de más de 6 millones de vacunas de 3 laboratorios farmacéuticos, todas con fechas de vencimiento entre junio y noviembre de 2023.
El ministerio deberá informarle a la PGN cómo ha sido el proceso de distribución de estas vacunas por territorio y de igual forma, que precise cómo está el inventario para la vigencia 2024 y los planes de compra de nuevas vacunas.
Resultaría muy grave que, un gobierno que ha sustentado la reforma al sistema de salud en fortalecer las acciones preventivas y predictivas por encima de los tratamientos curativos deje vencer en sus bodegas un número tan grande de vacunas contra la más reciente pandemia. Esto se agudiza aún más si tenemos en cuenta que durante los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, se reportó por las autoridades de salud pública un incremento en el número de casos de Covid-19 en varias zonas del país.
Más allá del discurso de la prevención y de que se promuevan acciones para evitar que ocurran las enfermedades, hay que ejecutar las acciones de forma oportuna y hacerlo con base en una planificación organizada que utilice con transparencia el dinero público. En este caso, sería desastroso para la imagen del ministerio y para su credibilidad, que las autoridades competentes encuentren que hubo un detrimento patrimonial y que con ello, se puso en riesgo la salud de millones de personas que requieren esta vacuna.
Recordemos que un par de semanas atrás el mismo ministerio confirmó que se vencieron más de un millón de vacunas pediátricas contra Covid-19 que, según el comunicado, no fueron utilizadas por las entidades territoriales. El ministerio dice allí que 1’121.000 dosis de vacunas se entregaron a cada territorio y que la responsabilidad por no haberlas aplicado y por su vencimiento, recae en las secretarías de salud respectivas. En ese momento la cifra que se publicó de detrimento de recursos públicos fue de cerca de 18 millones de dólares.
Nuevamente preocupa no solo el mensaje contradictorio que esto le envía al país, cuando se defiende la prevención y se pierden vacunas que son una de las medidas más efectivas desarrolladas en salud pública, para evitar enfermedades tan graves como Covid-19.
Defender los recursos públicos y en especial los que se requieren para proteger la salud de las personas es un deber de todas las instituciones del Estado. Es inaceptable que ocurran estas situaciones y que no exista una responsabilidad política ni técnica clara para asumir la gestión con mayor sentido técnico y con mayor transparencia. El llamado al gobierno es a que le dedique el tiempo y el esfuerzo necesarios a la salud pública, que, como lo hemos advertido en otros análisis, se relegado a un segundo plano, como consecuencia del énfasis del ministerio en la defensa del proyecto de reforma al sistema de salud.
